Juana Aguilar Franco

Expediente 963/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
963/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Juana Aguilar Franco
  • Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis Cps Femenil Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que el acuerdo dictado por este Juzgado de Distrito el veintiuno de abril del presente año, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; por lo que, deberán conservarse solo las constancias relativas a dicha suspensión. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, toda vez que la quejosa Juana Aguilar Franco, se encuentra interna en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de "Santiaguillo", en Almoloya de Juárez, Estado de México, con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro penitenciario antes referido, a fin de que le notifique el presente proveído a la aquí quejosa Juana Aguilar Franco, debiendo asentar tal circunstancia; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en atención a que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 38/2021, que le fue remitido por este órgano jurisdiccional a efecto de notificar a la quejosa Juana Aguilar Franco, el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. En ese tenor, y vista la constancia de notificación respectiva se tiene por legalmente notificada a dicha quejosa del auto en comento, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Ahora bien, vista la constancia de notificación practicada a la quejosa de referencia, se advierte que realiza diversas manifestaciones; sin embargo, lo expuesto no forma parte de la litis planteada en el presente asunto, aunado a que por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar vía electrónica a la perito en materia de psicología Susana Hernández Nava, el acuerdo de veintiuno de abril actual, en razón de que hasta el momento no ha acusado de recibo; no obstante, únicamente glósese la razón de cuenta, sin proveer mayor acuerdo, en atención a que se giró atento oficio a la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud Morelos, para tal efecto, obrando en autos el acuse de recibo respectivo. Notifíquese; y cúmplase.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito remitido por ***, en su carácter de asesor jurídico de la parte quejosa, mediante el cual en atención a la vista otorgada en autos, informa que la quejosa Juana Aguilar Franco, egresó el dieciséis de abril del año en curso, del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", en razón de que fue trasladada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de "Santiaguillo", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en cumplimiento al oficio SSPC/PRS/03312/2021. Asimismo, se tiene por recibida la razón actuarial identificada con el número 2391, en la que el actuario de la adscripción hace constar la imposibilidad que tiene para notificar a la directa quejosa el auto de dieciséis de abril del presente año, en virtud de que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", fue informado por el abogado penitenciario (Gabriel Linares), que la quejosa de referencia egresó de dicho centro penitenciario por traslado, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada. En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que la quejosa reclamó en esta instancia constitucional la tortura psicológica. Ahora bien, se advierte que mediante oficio SSPC/PRS/03312/2021, signado por el Coordinador General de Centros Federales, se autorizó el egresó de la quejosa Juana Aguilar Franco, para ser trasladada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Santiaguillo, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo cual fue llevado a cabo el egresó por traslado en comento. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional, aún se encontraba recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", el dieciséis de abril del año en curso, la quejosa egresó de dicho centro penitenciario en el que guardaba reclusión para ser trasladada al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Santiaguillo, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por lo cual dejó de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egresó del impetrante de amparo, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que el acto reclamado que se combate es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues la misma ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (tortura psicológica) la concesión de amparo que pudiera alcanzar la quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que la quejosa egresó del centro penitenciario en donde se encontraba recluida para ser trasladado a uno diverso, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIUCATRO MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. En otro aspecto, gírese sendo oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y a la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud de Morelos, a efecto de hacer de su conocimiento la determinación emitida por este juzgado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, toda vez que sobreseyó fuera de audiencia el presento asunto, infórmese a la perito en materia de psicología Susana Hernández Nava, que se dejó sin efectos la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, por lo que no será necesario que rinda su dictamen; por tanto, comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción para que notifique el presente auto, a la perito en cita, por medio del correo electrónico "s_hdezz@hotmail.com" (número telefónico 777-287-03-96). Finalmente, toda vez que la quejosa Juana Aguilar Franco, se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de "Santiaguillo", en Almoloya de Juárez, Estado de México, con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro penitenciario antes referido, a fin de que le notifique el presente proveído a la aquí quejosa Juana Aguilar Franco, haciéndole entrega de la copia autorizada del mismo, debiendo asentar tal circunstancia; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SISE, lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en atención a que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la constancia de notificación de doce de abril del presente año, de la que se advierte que la quejosa ***, manifestó lo siguiente: "Solicito de favor su señoría se me expidan copias de la documentación oficial enviada por mi persona vía correo donde se corrobora el uso indebido del servicio público y corrupción por la autoridad responsable expedido 16 de junio 220 firmado por el coordinador de los centro federales." En tal virtud, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la quejosa en cita, copia del escrito registrado con el folio 13291 y anexos, las cuales le serán entregadas por conducto del actuario judicial de la adscripción. Notifíquese; y personalmente a la quejosa ***.

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