Juana Aguilar Franco
Expediente 792/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/06/2018
Partes del expediente
- Juana Aguilar Franco
Actuaciones
- Principal
VI.- De la certificación de cuenta se advierte que se encuentran señaladas las once horas con quince minutos de esta fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, mediante comparecencia de trece de junio del año, por medio de la cual acudieron al inmueble motivo de Litis a fin de que el perito oficial emita el dictamen que le fue requerido, otorgándole en dicha comparecencia un plazo de diez días a dicho experto para tal fin. Por tanto, no está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy; en consecuencia se difiere, y en su lugar se señalan las once horas con cinco minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo el desahogo de la misma.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta aparentemente signados por la quejosa Juana Aguilar Franco, mediante los cuales pretende desahogar la prevención formulada en el auto aclaratorio de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 04 a 10). Ahora, de la constancia de notificación personal practicada el treinta de mayo de dos mil dieciocho, por el Actuario Judicial adscrito a este órgano Jurisdiccional (foja 21), en la cual obra la firma estampada por la quejosa, se advierte que ésta difiere notablemente de las visibles en la demanda de amparo (foja 03), y en los escritos de cuenta. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la constancia de notificación de treinta de mayo de dos mil dieciocho (foja 21), tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Ahora, de la diligencia referida se advierte que la firma estampada por la quejosa difiere notablemente de las visibles en la demanda de amparo y de los escritos aclaratorios de cuenta; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de grafoscopía y caligrafía para determinar si Juana Aguilar Franco fue quien suscribió el escrito inicial, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico especular que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, toda vez que la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por Juana Aguilar Franco. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 6° de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso precepto legal 5º, de la misma legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir la firma estampada por Juana Aguilar Franco en la diligencia de notificación de treinta de mayo de dos mil dieciocho (foja 21), con la que calza la demanda de amparo (foja 03) y las asentadas en los escritos cuenta, se advierte que dichos signos gráficos no fueron realizados por la propia quejosa, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica la actuación reclamada, con lo que se viola el principio de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta que signa el Subdirector en representación del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, México, en su denominación correcta, mediante los cuales en el primero rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio decretada en autos; y, en el segundo informa que la autoridad responsable señalada por la quejosa como "Comandante del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México", no existe en el Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social. En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con copia simple del referido informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se tiene por hecha la manifestación que hace el oficiante relativa a la inexistencia de la autoridad denominada por la quejosa como "Comandante del Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México"". En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena requerir a la quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación correcta de la autoridad referida, apercibido que de no hacerlo, o bien, de señalar otra cuya denominación resulte incorrecta o inexistente, se dejará de tener como responsable en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), respecto de la denominación correcta de la autoridad responsable que rinde informe de suspensión de plano y oficio, a saber, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, México. Notifíquese; y personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión, con copia del informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio descrito en el presente auto.
- Principal
III.- Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, mediante el cual informa que mediante oficio 400LJ2010/238/2018, instruyó al Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Metepec, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, informa que una vez que el Agente del Ministerio Público responsable cuente con el resultado de la información solicitada, lo hará saber a este Juzgado Federal. También, remite las constancias para acreditar su dicho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta y sus anexos para los efectos legales procedentes; se toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo decretados en auto de dieciocho de mayo pasado (fojas 1956 a 1960). Se reserva realizar mayor pronunciamiento respecto de las diligencias encaminadas a lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto la autoridad responsable referida Agente del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Metepec, haga del conocimiento el resultado de las encomiendas ordenadas en el citado acuerdo de dieciocho de los actuales, para lograr la localización de la menor, su progenitor y sus abuelos paternos, o bien, fenezca el plazo concedido para tal efecto.
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