Juana Aguilar Franco
Expediente 1071/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/02/2019
Partes del expediente
- Juana Aguilar Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
v) Toluca, Estado de México a ocho de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio enviado a través de la plataforma Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 33/2019-V, derivado del presente juicio de amparo, a través del cual se solicitó notificar a la quejosa el auto de veinticinco de enero pasado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al oficio y anexo referido se le otorga pleno valor probatorio, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En ese sentido, para los efectos legales conducentes certifíquese el oficio de referencia, de conformidad con la Jurisprudencia 1a/J. 27/2007 visible en la página treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época, cuyo rubro es: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Por tanto, con fundamento el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por notificada a la quejosa Juana Aguilar Franco, el proveído de mérito, asimismo en lo relativo a las manifestaciones que realizó la quejosa consistentes en: "Su señoría con todo respeto solicito se dé seguimiento a mi petición de ministerio público ya que tanto la autoridad penitenciaria violaron mis derechos, art. 1 Carta Magna, 4, 8 y 25 Protección Judicial.". No ha lugar a realizar mayor proveído, en razón de que por auto de veinticinco de enero pasado, se acordó lo conducente respecto a dicha petición. Ahora bien, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento o la autorización de copias para alguna de las partes, por citar algunos, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal, máxime que el presente asunto, se encuentra total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
vi)Toluca, Estado de México a veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio enviado a través de la plataforma Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 15/2019-V, derivado del presente juicio de amparo, a través del cual se solicitó notificar a la quejosa el auto de catorce de los cursantes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al oficio y anexo referido se le otorga pleno valor probatorio, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En ese sentido, para los efectos legales conducentes certifíquese el oficio de referencia, de conformidad con la Jurisprudencia 1a/J. 27/2007 visible en la página treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época, cuyo rubro es: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Por tanto, con fundamento el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por notificada a la quejosa Juana Aguilar Franco, el proveído de mérito, asimismo téngase por hechas sus manifestaciones. Ahora bien, respecto a las manifestaciones que realiza la quejosa consistentes en: "Su señoría solicito de favor la intervención del Ministerio Público ya que mis derechos humanos fueron violados porque aún tenía la suspensión de plano cuando fui trasladada y en el expediente 148/2014 del Juzgado de ejecución de distrito Toluca no convalido el traslado que se me efectuó y por tal motivo, como es posible que la autoridad administrativa no haya respetado su orden de usted con la suspensión de no ser trasladada, y medidas de seguridad no existen pues la autoridad administrativa, no justificó ante el juzgado de ejecución que yo tenga medidas de seguridad apegando al artículo 1 de la carta magna y 8 y 25 de garantías y protección de la Justicia Federal e interpongo como prueba el acuerdo 23 de agosto de 2018, expediente 148/14 del juzgado de ejecución de distrito Toluca.". Ahora bien, dígasele a la promovente que se esté a lo acordado en auto de catorce del presente mes y año, en el cual este órgano determinó que la suspensión concedida se encontró en el supuesto de excepción (no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procedía de autoridades diversas a las señaladas como responsables), toda vez que el Coordinador General de Centros Federales, quien ordenó el traslado de la quejosa del C.P.R.S "Santiaguito" al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS"; no fue señalado como responsable. En otro orden, en cuanto a la petición de la quejosa de que se dé vista al Ministerio Público de la Federación adscrito con actos que estima constitutivos de una conducta antisocial, toda vez que, de acuerdo al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dicho sujeto procesal es parte en el presente juicio de amparo como representante de la sociedad y su función es la de vigilar que se cumpla exactamente la ley en el procedimiento, mas no la de ejercitar acción penal, por lo que si el promovente considera que la conducta de alguna de las partes pudiera ser constitutiva de delito, está en condiciones de hacerlo valer ante la autoridad investigadora que corresponda y no en la presente vía. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 388, Tomo XXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "MINISTERIO PUBLICO, INTERVENCION DEL, EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Los agentes del Ministerio Público que intervienen en los juicios de amparo, lo hacen en representación de la sociedad, como partes en dichos juicios, para velar por el exacto cumplimiento de la ley; por ser aquéllos de orden público, y no para ejercitar la acción penal, que, en forma exclusiva, corresponde a los agentes de dicha institución, que intervengan en los procesos, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, ya que el juicio de garantías no es el medio legal para hacer valer, ante la autoridad judicial, la expresada acción penal". Finalmente, En tal virtud, toda vez que la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; consecuentemente, como lo prevé el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera legislación por disposición de su artículo 2°, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la quejosa el presente auto. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.
- Principal
V)Toluca, Estado de México a catorce de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio enviado a través de la plataforma Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por la Juez del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 587/2018-V, derivado del presente juicio de amparo, a través del cual se solicitó notificar a la quejosa el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al oficio y anexo referido se le otorga pleno valor probatorio, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En ese sentido, para los efectos legales conducentes certifíquese el oficio de referencia, de conformidad con la Jurisprudencia 1a/J. 27/2007 visible en la página treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época, cuyo rubro es: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Por tanto, con fundamento el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por notificada a la quejosa Juana Aguilar Franco, el proveído de mérito, asimismo téngase por hechas sus manifestaciones. Ahora bien, respecto a las manifestaciones que realiza la quejosa consistentes en: "DE FAVOR SOLICITO A SU SEÑORÍA MI TRASLADO DE CEFERESO #6 AL C.P.R.S "SANTIAGUITO" ALMOLOYA DE JUÁREZ, YA QUE FUI SUSTRAÍDA EL 18 AGOSTO 2018 CONTANDO CON SUSPENSIÓN DE PLANO AMPARO 1071, DESPUÉS FUI NOTIFICADA POR JUZGADO DE EJECUCIÓN DISTRITO TOLUCA, SANTIAGUITO, LIC. TELMA GUZMÁN ROMERO JUEZ DE EJECUCIÓN EXPEDIENTE 148/14 CON FECHA O OCTUBRE DE QUE ELLA NO CONVALIDA EL TRASLADO Y LO CREE DE ILEGAL PUES EL INFORME PRESENTO EL DIRECTOR DEL C.P.R.S NO ES SUFICIENTE PARA HABERME TRASLADADO ASÍ QUE NECESITARA MI JUEZ DE EJECUCION NO CALIFICA TRASLADO OFICIO 122. ASIMISMO PIDO SE NOTIFIQUE DE ESTE JUICIO A MI ESPOSO JOSE DE JESÚS ARELLANO PEÑA, INTERNO EN EL P.R.S "SANTIAGUITO" Y A MI SE ME DESIGNE UN DEFENSOR DE OFICIO." (SIC). En primer término, dígasele a la promovente, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud, que si bien mediante auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (f. 6-9), se concedió a la quejosa la suspensión de plano y oficio en contra de la orden de traslado; sin embargo, se le informó que dicha medida no surtirá efectos en los casos siguientes: "Suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y oficio el acto reclamado, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]". La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; Peligro para los internos; Seguridad del propio quejoso; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluida la quejosa, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria.". Es decir, en el presente asunto, se señaló como autoridades responsables y como acto reclamado lo siguiente: "III Autoridades Responsables. Se señalan como autoridades responsables al C. Director General de Prevención y Reinserción Social y al C. Director de Seguridad y Operaciones dependientes a la Dirección General. IV Acto Reclamado Reclamo de las autoridades señaladas como responsables el hecho de que pretendan trasladarme a otro penal distinto al que me encuentro sin existir razón legal para justificar tan arbitraria pretensión y no existe orden judicial para el traslado pretendido y no existe el riesgo de alterar el orden y la seguridad del centro." (sic) Y el traslado que se adolece lo ordenó el Coordinador General de Centros Federales por instrucciones del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/17863/2018 (f. 40-54), ordenó el traslado de la quejosa del C.P.R.S "Santiaguito" al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS FEMENIL MORELOS"; en virtud a ello, la suspensión concedida a la quejosa, se encontró en el supuesto de excepción decretado en auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho (f. 6-9), ya que como se dijo en párrafos que anteceden, dicha medida concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridades diversas a las señaladas como responsables (se actualiza) o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugna; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluida la quejosa, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria (se actualiza; por tanto, deberá imperar el sentido del presente auto. Por otra parte, en relación a que se notifique de este juicio a su esposo Jesús Arellano Peña, no se acuerda favorable, porque no es parte en el presente asunto. Ahora bien, por lo que hace a la solicitud de un defensor de oficio, y no obstante de que la Ley de Amparo no prevé el supuesto de que, como lo solicita el quejoso, se le designe defensor, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y velando el derecho humano a una defensa adecuada, gírese oficio, con copia de la diligencia que se atiende, a la Delegación Estado de Morelos del Instituto Federal de Defensoría Pública, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), con número de registro 2014075, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1616, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO: El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." Por otra parte, vista el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues, se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, En tal virtud, toda vez que la quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; consecuentemente, como lo prevé el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera legislación por disposición de su artículo 2°, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la quejosa el presente auto. Por lo que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.
- Principal
V-Toluca, Estado de México a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos razón signada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de forma personal a la quejosa Juana Aguilar Franco el auto de catorce del presente mes y año, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En tal virtud, no ha lugar a realizar mayor proveído, toda vez que mediante auto de veinte de los cursantes, se ordenó la notificación del auto de mérito mediante exhorto. Cúmplase.
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