Juan Zarate Sánchez

Expediente 603/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
603/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • Juan Zarate Sánchez y Otros.
  • Juan Zarate Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, existen documentos certificados exhibidos por la parte quejosa y carecen de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa en copia certificada, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por xxx, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Ayuntamiento Constitucional de Corregidora, Querétaro, 2. Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro y 3. Director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Corregidora. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 603/2016-IV-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, consistentes en: 1. Omisión de notificar a los quejosos la firma y contenido del contrato de donación de diecisiete de abril de dos mil ocho. 2. El contrato de donación suscrito entre el municipio de Corregidora, Querétaro, su presidente municipal y la Asociación de Colonos de la colonia Filosofal, A.C. 3. Como consecuencia del citado contrato, la desposesión y/o desalojo del terreno ubicado en la colonia Filosofal A.C. de 1,925.71 m2 y de una fracción del mismo de 185.47 metros cuadrados. La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 1 fracción I y 5, fracción II, del primero de los ordenamientos citados, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Los dispositivos legales incluyen como autoridad responsable a aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción II y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Según se ve, el texto de la Ley de Amparo, modifica el concepto tradicional de autoridad responsable, para contemplar ahora a los particulares como tales, es decir, se aleja de naturaleza formal del emisor del acto, para atender a la unilateralidad del mismo y, por ende, se considera que aquellos particulares podrán ser llamados como responsables dentro del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad formal que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De forma que, para estimar que un acto realizado por un particular sea considerado como de autoridad para efectos del amparo, es necesario que éste reúna los siguientes requisitos: a) Dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar un acto; b) Que ese acto sea dictado en forma unilateral y obligatoria; c) que el acto, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que las funciones estén determinadas por una norma general. Precisado lo anterior, se advierte que los actos reclamados no cumplen con el elemento marcado con el inciso d), pues de los antecedentes narrados la parte quejosa manifestó que como consecuencia del contrato de donación suscrito entre el municipio de Corregidora, Querétaro, su presidente municipal y la Asociación de Colonos de la colonia Filosofal, A.C., se ordenó su lanzamiento del predio en cuestión, sin embargo, tales actos derivan de un contrato privado entre particulares y lo que se pretende es una nulidad de éste. Así de las documentales ofertadas por los promoventes se encuentra el Contrato descrito, en el cual se asentó que la donación la realiza una persona moral Asociación de Colonos de la colonia Filosofal, A.C., cuyas funciones no están determinadas por una norma general. Por otra parte, si bien las funciones del donatario municipio de Corregidora, Querétaro y su presidente municipal, sí tiene funciones regladas por una norma general -Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro-, el acto en esta vía reclamado no se realiza en ejercicio de éstas sino como particular derivado de un contrato de donación. En tales términos, resulta claro que los actos que realicen las autoridades señaladas como responsables, lo harán atendiendo al contrato en cita y no en su carácter de autoridad, es decir, no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general de orden público, por lo cual, no puede estimarse que se coloque en un plano equivalente al de una autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Refuerza la determinación anterior, la emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Tercera Parte, página 71, de rubro y texto siguientes: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE UN AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ORIGINADOS EN UN CONTRATO CELEBRADO POR ESTE COMO PERSONA MORAL Y NO CON EL CARACTER DE AUTORIDAD. Si los actos reclamados se hacen consistir en el desposeimiento que un Ayuntamiento constitucional trata de hacer de una fracción de terreno que los quejosos dicen han venido poseyendo como bien comunal, y según éstos aseveran, ese desposeimiento será consecuencia de la adquisición de dicho predio por el mencionado Ayuntamiento, en virtud de un contrato que celebró como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones (artículo 25, fracción I, del Código Civil Federal) y no con el carácter de autoridad, es claro que las posibles consecuencias de dicho contrato no son reclamables en juicio de garantías, por no constituir actos de autoridad; motivo por el cual se surte la causal de improcedencia que deriva de los artículos 1o., fracción I, (contrario sensu) y 73, fracción XVIII -relacionados entre sí-, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en términos del numeral 74, fracción III, del propio ordenamiento. En este orden, es dable concluir que se actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en los numerales 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 fracción I y 5 fracción II de la Ley de Amparo y, en consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda. DOCUMENTALES EXHIBIDAS Con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena la apertura de un tomo por separado a fin de que se glosen las documentales exhibidas por la parte promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por XXX y XXX, por derecho propio, contra actos de: 1. Ayuntamiento Constitucional de Corregidora, Querétaro, 2. Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro y 3. Director de Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Corregidora. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 603/2016-IV-C. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 110, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con el número de copias para cada una de las partes, precisen el acto reclamado, toda vez que de su escrito se advierte lo siguiente: De la demanda de amparo, se desprende por un lado, que reclaman la firma del contrato de donación suscrito entre el Municipio de corregidora Querétaro, Presidente Municipal de dicho municipio y la XXX de diecisiete de abril de dos mil ocho y por otro, la omisión de notificarlos personalmente sobre la firma de dicho contrato. Asimismo, señalan como acto reclamado la desposesión y desalojo del terreno materia del contrato antes mencionado, el cual aducen es de su propiedad. Ahora bien, de los conceptos de violación que formulan, se advierte que van encaminados a combatir un ilegal emplazamiento, es decir, citan diversas porciones normativas previstas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, donde entre otras cosas, manifiestan que no fueron debidamente llamados como parte demandada, sin embargo, del contenido de su ocurso, no se advierte la existencia algún procedimiento seguido en su contra. En virtud de lo anterior, se les requiere para que precisen el acto reclamado, es decir, deberán manifestar que les causa perjuicio en concreto y si existe algún procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en su contra, donde en caso afirmativo, deberán señalar quiénes son las partes, el tipo de juicio, acción puesta en ejercicio, así como la etapa procesal que guarda el mismo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a los promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en XXX, Querétaro y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a JuXXX, por así solicitarlo la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. REPRESENTANTE COMÚN En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicitan los promoventes, se tiene como representante común a XXX. Notifíquese personalmente al quejoso.

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