Juan Zahid Pérez Salinas

Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
107/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Zahid Pérez Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, y se ordena que cualquiera de los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional se constituya en el domicilio de la parte quejosa con copia del oficio y anexo de mérito, así como los diversos 16488 y 21378 (fojas 187 a 189 y 206 a 209), respectivamente, enviados por el Delegado Regional Zona Norte de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con los que pretende acreditar el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, a fin de notificarle de manera personal su contenido, así como este proveído, y le requiera para que en un plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo apercibida que de no hacerlo así se resolverá con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. ... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa; en atención a su contenido, en términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados en términos amplios a las personas señaladas en la certificación de cuenta y en términos del último párrafo del mismo numeral a las indicadas en el escrito de cuenta, dado que no cuentan con el registro correspondiente en el sistema del Poder Judicial de la Federación Asimismo; téngase por revocado el domicilio y a todas las personas autorizadas con anterioridad. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE SEÑALA: Con la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 107/2018 y dese de alta en el sistema correspondiente. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda y si se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Las causas de improcedencia son de estudio preferente en el juicio de amparo al ser una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. La parte promovente señala como acto reclamado la emisión de la Ley de Seguridad Nacional, en específico los artículos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 30, de forma autoaplicativa, es decir, por su sola entrada en vigor. La demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, en virtud de que se ACTUALIZA la causa de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para sostener lo anterior, resulta necesario invocar las normas generales citadas Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. Así, el Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Conforme a lo expuesto, pueden identificarse algunos rasgos característicos que diferencian al interés legítimo del interés jurídico, los cuales pudieran resultar orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro a fin de acreditar el interés exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, siendo estos, los que se presentan en el concentrado siguiente: ELEMENTO DIFERENCIADOR INTERÉS JURÍDICO INTERÉS LEGÍTIMO Titularidad del interés Una persona de manera individual y exclusiva Un grupo de personas Poder de exigencia del titular del interés Exigir de otro, en este caso, la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer, en su beneficio exclusivo No puede exigir una prestación para sí, sino solo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a la ley le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. Norma que hace nacer el interés La norma que lo genera está creada para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados La norma que lo genera está creada para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social. Tipo de afectación que sufre el titular del interés. La afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado. La afectación se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino una lesión a la comunidad, sin embargo dicha lesión afecta o impacta de manera calificada a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito. Lo anterior implica que la acción será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no se refiere a los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Asimismo, sirve de fundamento a la anterior consideración, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor del peticionario de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. Asimismo, la reforma a la fracción I, del artículo 107 constitucional, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, sin embargo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda a dicho medio de control constitucional, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple, entendido como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por tanto, si la emisión de la norma impugnada tiene como finalidad regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, es evidente que no existe tutela jurídica alguna del interés en que se apoya la pretensión del peticionario del amparo, que acredite agravio jurídico alguno -directo o indirecto- que lo legitime para instar esta vía constitucional, es decir, dicho contendiente no se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad ante la posible afectación con la entrada en vigor de la norma que reclama; por tanto, puede decirse que sólo le asiste un interés simple, el cual no da lugar a la procedencia del juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 1078, número 2 A /J 57/2017 (10ª), del tomo II, junio de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ...En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de que se trata, dado que únicamente se acude al amparo bajo un interés simple (al tratarse de un interés genérico de la sociedad relacionado con la seguridad interior del Estado), que por sí no faculta al particular para instar esta vía constitucional, con fundamento en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por Juan Zahid Pérez Salinas. No es óbice a lo anterior, que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizado en amplios términos al profesionista señalado en la certificación de cuenta y a los restantes, únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes, una vez que inscriban en el registro correspondiente sus cédulas profesionales que los faculte para ejercer su profesión, se les reconocerá las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. Por lo que hace al resto de las personas señaladas se les autoriza en términos del artículo 24 de la ley de la materia. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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