Juan Villarreal Zavala
Expediente 481/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2018
Partes del expediente
- Juan Villarreal Zavala
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, recurriera el proveído emitido el dos de octubre del año en curso, en el cual desechó la demanda de derechos fundamentales promovida por Juan Villareal Zavala. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, por tanto, háganse las anotaciones en el libro de juzgado que corresponda; en ese orden, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en virtud de que se considera que el expediente en que se actúa, dada su naturaleza y sentido del fallo, carece de relevancia documental, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo Primero fracción I, del invocado Acuerdo 1/2009. Consecuentemente, una vez transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este auto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero fracción II, del Acuerdo General de referencia, este expediente estará en aptitud de destruirse. Por último, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EN EL DOMILICIO DE LA PARTE PROMOVENTE JUAN VILLARREAL ZAVALA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Ensenada, Baja California, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto; el escrito de demanda de amparo promovida por Juan Villareal Zavala, contra actos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con sede en esta ciudad, registrada con el folio 9311; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de juzgado correspondiente bajo el número 481/2018. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente del amparo reclama lo siguiente: .. Ahora, es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercero Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese contexto, el suscrito Juzgador advierte de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo anterior es así, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con sede en esta ciudad, no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. En primer lugar, se detalla que los artículos antes transcritos literalmente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del contenido de los artículos trascritos, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías reconocidas por el orden jurídico nacional. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no son considerados como de autoridad para efectos del amparo. Cabe destacar, que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse aquel ente que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto con el que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares podrán equipararse a la autoridad responsable, para lo cual el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general, y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad. Así, para determinar si los actos reclamados pueden ser impugnados mediante juicio de amparo, ya sea que se hubieren emitido por autoridades o por particulares equiparados, debe atenderse a las notas que distinguen tales actos, y que son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Tomo XXXIV, Septiembre 2011, página 1089, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La causa de improcedencia invocada se surte plenamente, pues la parte quejosa acude a esta instancia federal, reclamando a la autoridad responsable Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con sede en esta ciudad, la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de julio del presente año, en el cual solicitó información sobre un puesto laboral dentro del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 8, de esta ciudad; sin que ello resulte ser un acto de autoridad, dado que el sindicato señalado como responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se verá a continuación. Los artículos 356, 360, fracción II, y 375 de la Ley Federal del Trabajo disponen: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." (.) Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato." De la interpretación literal de las disposiciones trascritas se advierte, en lo que interesa, que el Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; también se desprende que los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. Por otra parte, conviene atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Establecido lo anterior, de lo expuesto por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, así como de las constancias que obran en el presente juicio, se advierte que éste forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y se duele de la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de julio del presente año, en el cual solicitó información sobre puesto laboral dentro del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 8, de esta ciudad. Luego, si el sindicato es la asociación de trabajadores, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses y que representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente; por lo que, en el caso, resulta inconcuso que la relación existente entre el quejoso y el organismo de que se trata es de coordinación, en tanto que no se trata de una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Por tanto, se pone de manifiesto que el quejoso no pretende ejercer la acción constitucional contra un acto de autoridad, sino contra un acto derivado de una relación sindical (coordinación entre sindicado y agremiado), en la que, por ese motivo, no emerge la figura de autoridad, con relación al quejoso. Así, el acto que se pretende reclamar a la autoridad sindical señalada como responsable, no puede considerarse como tal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicho acto, deriva de la relación de coordinación con el quejoso, ya que el impetrante indica ser miembro sindicalizado, esto es, de actividades desarrolladas entre individuos iguales y libres entre las que no hay relación de poder. Apoya lo anterior por analogía, la tesis XXVII.3o.18 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2358, libro dieciséis, marzo de dos mil quince, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2008612, que a la letra dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." Lo resaltado y con negritas es de este Juzgado de Distrito. En estas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Villareal Zavala, contra actos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, con sede en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que lo anterior, deje al promovente en estado de indefensión y lo prive de la oportunidad de alegar la procedencia del juicio de amparo en estudio, puesto que la causa de improcedencia que se invoca se encuentra plenamente probada, es decir, se acredita de forma manifiesta e indudable su actualización, ya que por una parte, el extremo relativo a "causa manifiesta", se demuestra con el hecho de que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de julio del presente año, en el cual solicitó información sobre puesto laboral dentro del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 8, de esta ciudad; por otra parte, el requisito de "causa indudable", se satisface con el hecho de que la autoridad señalada no se puede considerar autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto y procede, como se dijo, desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia anteriormente detallada. Por otro lado, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda, así como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Manuel Valdez Figueroa, Hanz Herberto Jr. Ruiz Romero, Ana Elena Ruiz Romero y Angélica Ruíz Romero, ya que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, se tiene como autorizados en términos del segundo párrafo del aludido artículo a Javier Alfonso Ramos Higuera y Ana Paola Duarte Arredondo, por así haberlo solicitado la parte promovente. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria..."
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