Juan Villarreal Reyna

Expediente 976/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
976/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Villarreal Reyna

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Feral, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo desechado, asimismo que carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Juan Villarreal Reyna, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con sede en Colima; en consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 976/2021-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. En mérito de lo anterior, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, debe precisarse que del análisis de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: La citación a la audiencia inicial dentro de la causa penal 103/2021, del índice del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Oral Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima, con sede en la ciudad de Colima. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Lo anterior es así, dado que como lo menciona el último de los citados dispositivos, para el promovente del juicio, pueda tener el carácter de quejoso, es necesario que los actos reclamados produzcan una afectación real y actual en su esfera de derechos, es decir, la violación de la cual se duele, debe verse materializada al momento mismo de la promoción del juicio constitucional, una transgresión a derechos sustantivos del accionante. Sin embargo, en la especie, para efectos del amparo, el aludido acto no resulta procedente, ya que es de realización futura e incierta, debido a que no se tiene certeza que efectivamente vaya a producirse, pues la naturaleza misma de la orden de citación o citatorio, no vulnera por sí misma la libertad personal del quejoso, puesto que dicho acto únicamente tiene la característica de ser una simple comunicación para que comparezca a la audiencia inicial, en la cual se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se le harán de su conocimiento los hechos por los cuales se le formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; de lo que, además se advierte que no se trata de un acto de imposible reparación ya que no afecta de manera inmediata algún derecho sustantivo, pues no tiene por objeto privar de los derechos de audiencia y legalidad a la amparista, ya que es hasta la resolución de plazo constitucional o de su duplicidad, cuando se reflejará esa afectación; empero, sus efectos pueden quedar destruidos no sólo en caso de dictarse una sentencia absolutoria, sino anticipadamente, si se decreta la no vinculación a proceso; de ahí que, es improcedente el juicio de amparo que nos atañe. De modo que, el posible perjuicio que pudiera deparar dicho acto que reclama el promovente a la autoridad responsable, sería hasta en tanto existiera certeza de que no compareció a la audiencia inicial y que se evidencie la intención del agente investigador de hacerlo comparecer mediante una orden de aprehensión o bien, en caso de que se dictará un auto de vinculación a proceso en su contra y se le sometiera a una medida cautelar. Circunstancias que en la especie no se actualizan, pues de la demanda de amparo no se desprende ni se acredita mediante las constancias respectivas la inminencia del mencionado acto que reclamó el quejoso. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la Jurisprudencia 1ª./J.78/2018 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis V.3o.A.T.29 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Enero de 2001, página 1675, registro 170134, del rubro y texto siguientes: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto. Ante esa perspectiva, dada la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la referida legislación, se procede desechar por notoriamente improcedente la demanda, respecto a los actos reclamados que refiere. Es aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 997, del Tomo VIII, relativo a Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Francisco Cortez Coronado (cédula profesional 2685217), quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órgano Jurisdiccionales; asimismo, téngasele proporcionado el correo electrónico y número telefónico que menciona en su demanda, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.

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