Juan Villares Avalos
Expediente 1579/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1579/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Villares Avalos
Actuaciones
- Principal
VIII. Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso JUAN VILLARES AVALOS, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
VIII. Agréguese a esto auto el informe justificado rendido por el Secretario del Consejo Consultivo y Jefe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, atento al contenido del informe, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo anterior, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de emitir respuesta a la solicitud de revaloración por un riesgo de trabajo que formuló de treinta de marzo de dos mil diecisiete y en la que también pidió en su caso emitir otra resolución sobre la pensión. Ahora bien, del informe justificado se desprende que el Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante oficio 339001230100/DT/367/JSTPES/275, de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, respondió la petición del aquí quejoso Juan Villares Avalos e indicó que derivado del análisis de la documentación presentada para su trámite de solicitud de pensión de invalidez realizado ante dicho instituto, se determinó que no cumple con los requisitos del artículo 119 de la Ley del Seguro Social, por lo que no se configuró un estado de invalidez y que el dictamen ST-4 de "No invalidez" elaborado previamente está motivado y fundado y se ratificaba en todos sus términos. Tal determinación se le notificó al quejoso hasta el diez de diciembre de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no obstante que en el momento en que promovió el quejoso el presente juicio, ya no imperaba la omisión reclamada, es evidente que la conducta omisiva cesó en sus efectos, el diez de diciembre de esta anualidad, en el que se notificó a la justiciable la respuesta relativa a la solicitud que realizó el treinta de marzo de dos mil diecisiete, en relación con la revaloración que pidió y el trámite de una pensión de invalidez, pues si bien la autoridad emitió una respuesta el auto el trece de octubre de dos mil diecisiete, lo cierto es que se le notificó personalmente al quejoso hasta el diez de diciembre del año en curso, esto es con posterioridad a la presentación de la presente demanda de amparo y hasta ese momento es que pueden considerarse destruidos todos los efectos que propició la omisión reclamada. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisado lo anterior, se llega a la conclusión que la autoridad señalada como responsable cumplió con la obligación a contestar la solicitud que le fue planteada, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, de conformidad al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo cual faculta al justiciable a acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Sin embargo, respecto de la respuesta que formuló la autoridad adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social, no procede dar vista al quejoso, ya que no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, pues en el caso, el quejoso, como asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisfizo su interés, se encuentra en posibilidad de acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social; ello, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VIII. Agréguese a esto auto el informe justificado rendido por el Secretario del Consejo Consultivo y Jefe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, atento al contenido del informe, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo anterior, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de emitir respuesta a la solicitud de revaloración por un riesgo de trabajo que formuló de treinta de marzo de dos mil diecisiete y en la que también pidió en su caso emitir otra resolución sobre la pensión. Ahora bien, del informe justificado se desprende que el Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación Estatal en Yucatán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, mediante oficio 339001230100/DT/367/JSTPES/275, de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, respondió la petición del aquí quejoso Juan Villares Avalos e indicó que derivado del análisis de la documentación presentada para su trámite de solicitud de pensión de invalidez realizado ante dicho instituto, se determinó que no cumple con los requisitos del artículo 119 de la Ley del Seguro Social, por lo que no se configuró un estado de invalidez y que el dictamen ST-4 de "No invalidez" elaborado previamente está motivado y fundado y se ratificaba en todos sus términos. Tal determinación se le notificó al quejoso hasta el diez de diciembre de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no obstante que en el momento en que promovió el quejoso el presente juicio, ya no imperaba la omisión reclamada, es evidente que la conducta omisiva cesó en sus efectos, el diez de diciembre de esta anualidad, en el que se notificó a la justiciable la respuesta relativa a la solicitud que realizó el treinta de marzo de dos mil diecisiete, en relación con la revaloración que pidió y el trámite de una pensión de invalidez, pues si bien la autoridad emitió una respuesta el auto el trece de octubre de dos mil diecisiete, lo cierto es que se le notificó personalmente al quejoso hasta el diez de diciembre del año en curso, esto es con posterioridad a la presentación de la presente demanda de amparo y hasta ese momento es que pueden considerarse destruidos todos los efectos que propició la omisión reclamada. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisado lo anterior, se llega a la conclusión que la autoridad señalada como responsable cumplió con la obligación a contestar la solicitud que le fue planteada, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, de conformidad al derecho reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, lo cual faculta al justiciable a acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Sin embargo, respecto de la respuesta que formuló la autoridad adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social, no procede dar vista al quejoso, ya que no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, pues en el caso, el quejoso, como asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisfizo su interés, se encuentra en posibilidad de acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social; ello, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, así como el anexo que adjuntó en copia certificada, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento. Se dice lo anterior, en virtud de que la citada autoridad señaló que el título de propiedad número 1004425, mismo que ampara la parcela en litis, se encuentra a disposición del quejoso en el Centro de Atención de Usuarios de esa Delegación. En atención a lo anterior y a fin de evitar mayores dilaciones en el cumplimiento de la sentencia de amparo, notifíquese personalmente la presente determinación a la parte quejosa, haciendo de su conocimiento el contenido del oficio de mérito, para el efecto de que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, se presente ante el Centro de Atención de Usuarios de la Delegación responsable a fin de recoger su título de propiedad correspondiente; con el apercibimiento que de no hacerlo se entenderá su falta de interés y se procederá a resolver lo que en derecho corresponda de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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