Juan Vidal Vázquez
Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Vidal Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por el quejoso Juan Vidal Vázquez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Vidal Vázquez, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos expuestos en el TERCERO y QUINTO apartados considerativos de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
???????????? SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 626/2021-7, promovido por Juan Vidal Vázquez, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente, Juan Vidal Velázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La OMISIÓN de la autoridad responsable DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO en los artículos 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y DAR CONTESTACIÓN A LOS ESCRITOS DE PETICIÓN Y/O SOLICITUDES DE PRE AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE FECHAS 02 DE MARZO DEL 2021 Y 08 DE ABRIL DEL 2021 RESPECTIVAMENTE, mismos que fueron recepcionados por la ventanilla de trámites del transporte de la hoy autoridad responsable los días 04 DE MARZO Y 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 RESPECTIVAMENTE, en virtud que desde las fechas antes mencionadas la responsable no ha dado contestación a los escritos y/o solicitudes antes señaladas, haciendo caso omiso a lo manifestado en por el artículo 7 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a lo que se refiere a que sic: "ARTICULO 7°._ Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: [. ..] IV.- Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica v respetuosa: a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos:...]". Sin que hasta el momento la autoridad responsable haya dado contestación a los escritos de petición y/o solicitudes de pre autorización de cesión de derechos que el hoy quejoso solicité ante esa Secretaría de Movilidad, en la cual propuse al C. LUIS LORENZO HERNÁNDEZ, como nuevo titular de la concesión que hoy ostento respecto del Taxi registrado bajo el número económico 871 de la Unión de Taxis Amarillos del municipio de Centro; por lo que con dicha omisión, se violentan mis garantías individuales consagradas en los artículos 8vo y 17 constitucional; violentando con esto mis garantías de legalidad y seguridad jurídica por parte de las autoridades responsables lo cual controvierte el principio de justicia pronta y expedita, ya que con dichas omisiones violan mis derechos, garantías individuales y de seguridad jurídica que me concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual solicito el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos de que se dé contestación a mi escrito de petición y/o solicitud que promoví ante la hoy autoridad responsable".???????????? AUTORIDADES RESPONSABLES "AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 626/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Movilidad, por conducto de su apoderado legal, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes. Asimismo, en ese mismo acuerdo, se dio vista a la parte quejosa en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de quince días manifestará si era su deseo ampliar su demanda de amparo en relación al contenido del oficio SM/SST/DT/INT/0775/2021, con el que la autoridad responsable refirió haber dado contestación al derecho de petición reclamado. En ese orden, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa Juan Vidal Vázquez, ampliando su demanda de amparo, en relación al contenido del oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable denominada Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. En esa medida, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley??????????? de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".1 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: 1. La falta de respuesta a los escritos presentados el cuatro de marzo y quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, 1 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.?????????? ante el despacho de la autoridad responsable. 2. La contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, quien al rendir sus informes justificados si bien negó los actos reclamados, lo cierto es que de sus manifestaciones se desprenden que son ciertos. Lo que se corrobora con el oficio SM/SST/DT/INT-0775/2021, signado por el Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo a la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio; además, su estudio debe realizarse previamente, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."????????????? En la especie, se advierte que en relación con el acto consistente en la falta de respuesta a los escritos presentados el cuatro de marzo y quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, ante el despacho de la autoridad responsable, cobra vigencia el motivo de improcedencia señalado en la fracción XXI del normativo 61 de la ley de la materia, la cual textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.39.31.39.33.36.36 22/05/22 12:27:21 10 de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo emite sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable emita, deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En efecto, si se toma en consideración, que la parte quejosa reclamó la omisión de dar contestación a la petición contenida en las promociones que presentó ante la autoridad responsable el cuatro de marzo y quince de abril de dos mil veintiuno; y de las constancias que obran en el presente sumario constitucional, se pone de manifiesto que mediante oficio SM/SST/DT/INT-0775/2021, de quince de julio de dos mil veintiuno, signado por el Director de???????????? Transporte de esa Secretaría, dio contestación a los citados oficios. Consecuentemente, los efectos omisivos del acto impugnado, han cesado. Esto es, la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues como se acredita con la copia certificada del oficio SM/SST/DT/INT- 0775/2021, de quince de julio de dos mil veintiuno, signado por el Director de Transporte de esa Secretaría, que anexó a su informe justificado la citada autoridad, ésta dio contestación a las solicitudes formuladas por el quejoso, de cuya omisión se quejaba, lo cual implica la desaparición total de sus consecuencias, restituyéndolo en el pleno goce de sus derechos como si se hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en comento. En esas condiciones, con fundamento en la fracción XXI, del normativo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de la falta de respuesta a los escritos presentados el cuatro de marzo y quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, ante el despacho de la autoridad responsable, reclamado a la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la legislación en consulta. Es aplicable a la consideración anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIX, Enero de 2009, Página 605 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por otra parte, en relación con el acto consistente en la contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, cobra vigencia el motivo de improcedencia señalado en la??????????? fracción XII del normativo 61 de la ley de la materia, la cual textualmente dispone: Este precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando con el acto reclamado no se lesionan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Entendiéndose que existe tal agravio, cuando los actos u omisiones de autoridad violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Interés jurídico en el amparo. El precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando el acto reclamado no cause un agravio real y actual a la esfera jurídica del quejoso. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho que alega ha sido infringido por la autoridad, causándole con ello un perjuicio. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y sólo quien resiente ese agravio real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir al juicio de biinstancial.????????????? Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, materia Común, página 55, registro 245886, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En ese orden de ideas, el interés jurídico preceptuado en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos conculcados. En ese contexto, cabe referir que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se???????????? acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos; y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en juicio de derechos fundamentales. De lo anterior se deduce que, quien ejercita la acción de amparo debe ostentarse como titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de la autoridad responsable, y ante tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal; siendo imprescindible a tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo, sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues de otra forma no se surtirían los supuestos de los citados numerales 107, fracción I, de la Carta Magna, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Así, es posible afirmar que el interés jurídico para impugnar mediante el juicio constitucional un acto de autoridad, deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos del gobernado legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo que se sigue que, si no se demuestra la existencia del derecho que la norma positiva tutela o si no se resiente un perjuicio por el acto de autoridad que se reclama, no es dable tenerlo por acreditado. Por consiguiente, para que la acción constitucional proceda, no basta el simple impulso emanado de un interés cualquiera, sino que es necesario que tal interés descanse en un derecho protegido por la ley. Así, puede concluirse que el promovente del juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos. Es oportuno asentar que conforme a la teoría procesal, sólo aquél que es titular del derecho que se hace valer en juicio está legitimado en la causa; la titularidad del derecho materia del juicio legitima al que la ostenta. Trasladados los anteriores conceptos al procedimiento del amparo, es válido afirmar que??????????? está legitimado en la causa aquel sujeto que es titular del derecho que se dice infringida y que por ende, le causa el consiguiente agravio. Caso concreto Así, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que Juan Vidal Vázquez, quien promueve por propio derecho, solicitó el trámite de preautorización de cesión de derechos, toda vez que dice ser socio del taxi con número económico 871, con número de placas A372 VMF de la concesión número 074 del servicio público, proponiendo a Luis Lorenzo Hernández. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico en el amparo, ya que no exhibe el título de concesión que lo identifica precisamente, ni algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución en la que se acordó favorable la concesión a su favor. Se justifica lo anterior, ya que de las constancias que ofreció el quejoso, así como del informe justificado de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y constancias que se anexaron, se obtiene lo siguiente: 1. Escritos de fecha dos de marzo y ocho de abril, ambos de este año, signados el primero por Juan Vidal Vázquez y otros y, el segundo, por el primero de ellos, presentados ante la responsable el cuatro de marzo y quince de abril de dos mil veintiuno, en el que solicitan la preautorización de cesión de derechos. 2. Oficio de respuesta SM/SST/DT/INT- 0775/2021, de quince de junio de dos mil veintiuno, signado por el Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, del que se desprende que le hacen saber a Juan Vidal Vázquez, que resultó improcedente su solicitud debido a que no reúne los requisitos plasmados en los artículos 163 fracciones II, III y IV, 157 fracciones V, VI, IX, X, y XII de la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, 110 del Reglamento de la Ley de Transportes para el estado de Tabasco y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 3. Copia simple de los escritos de solicitud de preautorización de derechos de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve y trece?????????? de enero de dos mil veinte, signado por la Unión de Trabajadores Propietarios de Automóviles de alquiler con servicio de taxis, radio taxis, similares y conexos del municipio de Centro, en esta ciudad, del que se desprende que se le solicita a la Secretaría de Movilidad, que autorice el trámite de preautorización de cesión de derechos de Juan Vidal Vázquez, socio de taxi con número económico 871, con número de placas 4025VMG, de la concesión número 074 del servicio público, proponiendo a Luis Lorenzo Hernández. 4. Copias simples de recibos de pago de fechas cuatro de septiembre de dos mil quince y once de diciembre de dos mil diecinueve. 5. Copia simple de la cédula de trámite de preautorización de cesión de derechos. 6. Copia simple del oficio SM/ST/DT-PA- 303/2019, diez de diciembre de dos mil diecinueve, signado por el Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. 7. Copia simple de la resolución definitiva sobre la cesión de derechos solicitada de fecha doce de marzo de dos mil veinte, signado por el Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco. Sentados los anteriores antecedentes, deviene necesario fijar la aplicación e interpretación de las figuras jurídicas como concesión y concesionario, conforme a la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. Ley de orden público e interés social, de observancia general para el Estado de Tabasco, que tiene por objeto establecer las bases y directrices para planear, regular, supervisar, evaluar y gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando las condiciones y los derechos humanos necesarios para un desplazamiento efectivo, seguro, igualitario, eficiente y sostenible. Y establece las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio de transporte público y privado. En su artículo 3, fracción XII, indica que la concesión es un acto administrativo mediante el cual el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Movilidad, otorga a una persona física o jurídica colectiva, ambas con residencia en el Estado de Tabasco, la operación y explotación?????????? del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, en los viajes y rutas del ámbito estatal y por un tiempo determinado. En la fracción XIII del artículo 3, precisa que el concesionario es la persona física o jurídica colectiva titular de una concesión otorgada en términos de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. Ahora, en relación a la figura jurídica de la concesión, atento a los artículos 161, 162, 163, 173, 174, y 175, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, se obtiene que: I. Las concesiones tendrán una vigencia hasta de diez años. II. La Secretaría de Movilidad con el acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado, podrá autorizar la prórroga de una concesión de transporte público hasta por un periodo igual al que fue otorgado. III. El otorgamiento de las concesiones y permisos de transporte público obliga a sus titulares a la prestación directa del servicio; por lo tanto, los derechos que amparan no pueden ser objeto de comodato, usufructo, arrendamiento, venta, transferencia o enajenación. Únicamente podrán cederse, previa autorización de la Secretaría de Movilidad. IV. Los socios de una persona jurídica colectiva titular de una concesión de transporte público no podrán sustituir a ésta en los derechos del título de concesión de transporte público (conforme al artículo 173 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco). V. El otorgamiento de concesiones de transporte público, no implica preferencia ni exclusividad en la explotación del servicio, no crea derechos reales y concede exclusivamente a sus titulares en forma temporal y condicionada el derecho de uso, aprovechamiento y explotación del servicio (conforme al artículo 174 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco). VI. Una persona física o jurídica colectiva sólo podrá contar con una concesión de una sola modalidad de transporte. VII. Las personas físicas o jurídicas colectivas que hayan dejado de ser titular de una concesión de transporte público por cesión de derechos o???????????? cancelación, no podrán ser beneficiarias de otra autorización, bajo ningún supuesto. De la interpretación del artículo 163 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco se desprende que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad). Por consiguiente, cuando el peticionario de amparo, no exhibe la concesión a que se refiere el citado precepto, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de amparo. Considerando que, conforme al artículo 160 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, la concesión deberá contener, entre otros, los siguientes datos: I. Nombre o razón social, en su caso, y domicilio del concesionario; II. Derechos y obligaciones del concesionario; III. Vigencia de la concesión; IV. Causales de revocación, suspensión y cancelación; V. Jurisdicción, itinerario y, en su caso, ruta; VI. Tipo y clase de servicio autorizado; VII. Número y características de vehículos autorizados; VIII. Depósitos de vehículos autorizados, en el caso del servicio de grúas y remolques; y IX. Los demás que resulten necesarios en términos de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, su Reglamento y que la Secretaría de Movilidad considere necesarios. Sin que, conforme al numeral 173 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, el certificado de aportación con el que se acepta como socio, sea un documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado. Pues los socios de una persona jurídica colectiva titular de una concesión de transporte????????? público no podrán sustituir a ésta en los derechos del título de concesión de transporte público. Por lo que, aun cuando Juan Vidal Vázquez, diga ser socio y concesionario del servicio de transporte público número 871, con concesión 74; no es suficiente, pues dicha personalidad la debió acreditar con un documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado. Y con ello, no acredita el interés jurídico en el amparo. Ya que para ello, era necesario que se exhibiera la concesión otorgada por la autoridad competente (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad). Máxime que, los socios de una persona jurídica colectiva titular de una concesión de transporte público no podrán sustituir a ésta en los derechos del título de concesión de transporte público. Asimismo, los escritos donde se solicita la preautorización de cesión de derechos, tampoco es un documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado. Aunado a que, en la resolución definitiva sobre la cesión de derechos solicitada de doce de marzo de dos mil veinte, signado por el Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, de la que se desprende que se revocó y dejó sin efecto la preautorización de cesión de derechos, con número de oficio SM/ST/DT-PA-309/2019 de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, firmada por el Director de Transporte, en virtud de que el Director de Transporte carecía de facultades para emitirla. Asimismo, se desprende que la responsable indicó que la preautorización correspondiente a la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros (taxi), con la unidad número económico 871, de la concesión 074, con jurisdicción en Villahermosa, lo anterior, en términos de los artículos 163 en correlación a los numerales 76, 154 y 157 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. De igual manera, refirió la responsable que del análisis a la documentación que se integró con motivo del trámite de "cesión de derechos", Luis Lorenzo Hernández, no reúne los requisitos ordenados en las fracciones II, V y VI del artículo??????????? 157 de la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, que establece el trámite solicitado. En esa medida, se desprende que la parte quejosa, no exhibió documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado, pues se itera que para ello era necesario que exhibiera la concesión otorgada por la autoridad competente (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad). Así, no acredita su interés jurídico en el amparo, ya que no exhibe el título de concesión que lo identifica precisamente con esa calidad (concesionario), ni algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución en la que se acordó favorable la concesión a su favor. En ese contexto, para acreditar el interés jurídico y demostrar que se tiene la concesión de prestación del servicio público de transporte de pasajeros, era menester ofrecer como prueba el título de la concesión, conforme al artículo 160 y 163 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. En relación a que, para demostrar que se tiene la concesión de prestación del servicio público de transporte de pasajeros, era menester ofrecer como prueba el título de la concesión, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 7/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1113, Novena Época, materia Administrativa, registro digital 162713, de rubro y texto: "SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA SOLA POSESIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA PRESTARLO NO GENERA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD DE UNA CONCESIÓN NI PUEDE SER DEMOSTRATIVA DE LA EXISTENCIA DEL TÍTULO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).- El artículo 15 de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, vigente hasta el 29 de noviembre de 2006, al prever que las placas de circulación expedidas por la autoridad competente para brindar el servicio público de transporte constituyen una consecuencia de la concesión otorgada en los términos de esa Ley, no establece presunción legal alguna acerca de la titularidad de una concesión para explotar ese servicio cuando sólo se demuestra la posesión de las placas vehiculares para circular, ya que tal enunciado solamente permite interpretación en el sentido de que las placas deben estar respaldadas por la expedición de la concesión respectiva, pues la función de aquéllas se limita a servir como????????????? identificación numérica, a la vista del público y de las autoridades. En efecto, la calidad de concesionario se adquiere mediante un acto administrativo expreso por parte del Estado, que debe materializarse en el correspondiente título de concesión. Consecuentemente, si el propietario o poseedor de las placas está desprovisto o no demuestra fehacientemente la existencia de ese título concesión como fuente de expedición de aquéllas, tal circunstancia puede producir la declaración de nulidad mediante la instauración del juicio de lesividad". Así como la tesis aislada con registro digital 2005264, publicada en la página 2678, Tomo IV, de enero 2014, Libro 2, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. EL FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL, CANJE DE PLACAS Y REFRENDO ANUAL DE CALCOMANÍA, NO CONSTITUYE EL TÍTULO CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Tal formato sólo se extiende para el pago de contribuciones que son enteradas y recibidas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la oficina recaudadora correspondiente, pero no constituye el título de concesión del servicio público de transporte, como tampoco puede considerarse como prueba fehaciente para acreditar el carácter de concesionario, porque sólo justifica su contenido, esto es, el propio pago ante la autoridad recaudadora de diversas cantidades y conceptos, ya que aquella calidad se adquiere mediante un acto administrativo expreso del Estado". Consecuentemente, si el quejoso no probó contar con un título de concesión para el servicio de transporte público de personas, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno; no le afecta su interés jurídico y, en esa virtud, el juicio de amparo es improcedente conforme al precepto 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, en relación a qué se requiere para acreditar el interés jurídico en el amparo tratándose del servicio de transporte público de personas, la jurisprudencia XX.2o. J/9, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1635, Novena Época, materia Administrativa, registro digital 177594, de rubro y texto: JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ?????????? "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO.- De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado". Además, sirve de apoyo la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 2678, Décima Época, materias Común, Administrativa, registro digital 2005266, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN SE OSTENTA CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, PERO NO EXHIBE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE O ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE JURÍDICAMENTE EL DERECHO SUBJETIVO CONSAGRADO EN SU FAVOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Si una persona se ostenta como concesionaria del servicio público de transporte en el Estado de Michoacán, para acreditar su interés jurídico -no legítimo- en el amparo, es necesario que exhiba el título de concesión que la identifica precisamente con esa calidad, y aun cuando fuera materialmente imposible exhibir el título, es necesario algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, en la que acordó favorable la solicitud que, en su momento, formuló, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, o con diversa constancia expedida por la autoridad administrativa competente, en la que se certifiquen aquella calidad y los términos de la concesión, de acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada".???????????? Conclusión, como resultado lógico que se deduce de las anteriores premisas En corolario, se obtiene que el quejoso no probó contar con el título de concesión otorgado por la autoridad competente (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad) para el servicio de transporte público de personas, por lo que, el acto reclamado consistente en la contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno; no le afecta su interés jurídico y, en esa virtud, el juicio de amparo es improcedente conforme al precepto 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, ya que en el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, octubre de 1994, página 17, Octava Época, materia Común, registro digita 206338, que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En esas condiciones, quedó de manifiesto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61; por lo que, en términos del diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Puesto que el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la Ley de Amparo; como en el caso sucede, puesto que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 61 fracción XII, de la ley de la materia. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para???????????? oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Vidal Vázquez, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos expuestos en el TERCERO y QUINTO apartados considerativos de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
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NOTIFICCIÓN ESTABLECIDO COMNFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SENTENCIA CONSTITUCIONAL VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 626/2021-7, promovido por Juan Vidal Vázquez, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17, 103, 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente, Juan Vidal Velázquez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "La OMISIÓN de la autoridad responsable DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO en los artículos 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y DAR CONTESTACIÓN A LOS ESCRITOS DE PETICIÓN Y/O SOLICITUDES DE PRE AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE FECHAS 02 DE MARZO DEL 2021 Y 08 DE ABRIL DEL 2021 RESPECTIVAMENTE, mismos que fueron recepcionados por la ventanilla de trámites del transporte de la hoy autoridad responsable los días 04 DE MARZO Y 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 RESPECTIVAMENTE, en virtud que desde las fechas antes mencionadas la responsable no ha dado contestación a los escritos y/o solicitudes antes señaladas, haciendo caso omiso a lo manifestado en por el artículo 7 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a lo que se refiere a que sic: "ARTICULO 7°._ Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: [. ..] IV.- Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica v respetuosa: a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos:...]". Sin que hasta el momento la autoridad responsable haya dado contestación a los escritos de petición y/o solicitudes de pre autorización de cesión de derechos que el hoy quejoso solicité ante esa Secretaría de Movilidad, en la cual propuse al C. LUIS LORENZO HERNÁNDEZ, como nuevo titular de la concesión que hoy ostento respecto del Taxi registrado bajo el número económico 871 de la Unión de Taxis Amarillos del municipio de Centro; por lo que con dicha omisión, se violentan mis garantías individuales consagradas en los artículos 8vo y 17 constitucional; violentando con esto mis garantías de legalidad y seguridad jurídica por parte de las autoridades responsables lo cual controvierte el principio de justicia pronta y expedita, ya que con dichas omisiones violan mis derechos, garantías individuales y de seguridad jurídica que me concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el cual solicito el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos de que se dé contestación a mi escrito de petición y/o solicitud que promoví ante la hoy autoridad responsable".???????????? AUTORIDADES RESPONSABLES "AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 626/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretaría de Movilidad, por conducto de su apoderado legal, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes. Asimismo, en ese mismo acuerdo, se dio vista a la parte quejosa en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de quince días manifestará si era su deseo ampliar su demanda de amparo en relación al contenido del oficio SM/SST/DT/INT/0775/2021, con el que la autoridad responsable refirió haber dado contestación al derecho de petición reclamado. En ese orden, en proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa Juan Vidal Vázquez, ampliando su demanda de amparo, en relación al contenido del oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable denominada Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. En esa medida, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley??????????? de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".1 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: 1. La falta de respuesta a los escritos presentados el cuatro de marzo y quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, 1 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico.?????????? ante el despacho de la autoridad responsable. 2. La contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, quien al rendir sus informes justificados si bien negó los actos reclamados, lo cierto es que de sus manifestaciones se desprenden que son ciertos. Lo que se corrobora con el oficio SM/SST/DT/INT-0775/2021, signado por el Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo a la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio; además, su estudio debe realizarse previamente, lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."????????????? En la especie, se advierte que en relación con el acto consistente en la falta de respuesta a los escritos presentados el cuatro de marzo y quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, ante el despacho de la autoridad responsable, cobra vigencia el motivo de improcedencia señalado en la fracción XXI del normativo 61 de la ley de la materia, la cual textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.39.31.39.33.36.36 22/05/22 12:27:21 10 de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo emite sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable emita, deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En efecto, si se toma en consideración, que la parte quejosa reclamó la omisión de dar contestación a la petición contenida en las promociones que presentó ante la autoridad responsable el cuatro de marzo y quince de abril de dos mil veintiuno; y de las constancias que obran en el presente sumario constitucional, se pone de manifiesto que mediante oficio SM/SST/DT/INT-0775/2021, de quince de julio de dos mil veintiuno, signado por el Director de???????????? Transporte de esa Secretaría, dio contestación a los citados oficios. Consecuentemente, los efectos omisivos del acto impugnado, han cesado. Esto es, la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues como se acredita con la copia certificada del oficio SM/SST/DT/INT- 0775/2021, de quince de julio de dos mil veintiuno, signado por el Director de Transporte de esa Secretaría, que anexó a su informe justificado la citada autoridad, ésta dio contestación a las solicitudes formuladas por el quejoso, de cuya omisión se quejaba, lo cual implica la desaparición total de sus consecuencias, restituyéndolo en el pleno goce de sus derechos como si se hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en comento. En esas condiciones, con fundamento en la fracción XXI, del normativo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de la falta de respuesta a los escritos presentados el cuatro de marzo y quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, ante el despacho de la autoridad responsable, reclamado a la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la legislación en consulta. Es aplicable a la consideración anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXIX, Enero de 2009, Página 605 que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por otra parte, en relación con el acto consistente en la contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, cobra vigencia el motivo de improcedencia señalado en la??????????? fracción XII del normativo 61 de la ley de la materia, la cual textualmente dispone: Este precepto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando con el acto reclamado no se lesionan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Entendiéndose que existe tal agravio, cuando los actos u omisiones de autoridad violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y con ello se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Interés jurídico en el amparo. El precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando el acto reclamado no cause un agravio real y actual a la esfera jurídica del quejoso. La figura del interés jurídico está íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque quien solicita la protección de los tribunales federales, se ostenta titular de un derecho que alega ha sido infringido por la autoridad, causándole con ello un perjuicio. Así, de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que quien lo promueve haya resentido una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y sólo quien resiente ese agravio real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, puede acudir al juicio de biinstancial.????????????? Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 72, Séptima Parte, materia Común, página 55, registro 245886, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". En ese orden de ideas, el interés jurídico preceptuado en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos conculcados. En ese contexto, cabe referir que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se???????????? acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos; y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en juicio de derechos fundamentales. De lo anterior se deduce que, quien ejercita la acción de amparo debe ostentarse como titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de la autoridad responsable, y ante tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal; siendo imprescindible a tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo, sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues de otra forma no se surtirían los supuestos de los citados numerales 107, fracción I, de la Carta Magna, 5 y 6 de la Ley de Amparo. Así, es posible afirmar que el interés jurídico para impugnar mediante el juicio constitucional un acto de autoridad, deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos del gobernado legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo que se sigue que, si no se demuestra la existencia del derecho que la norma positiva tutela o si no se resiente un perjuicio por el acto de autoridad que se reclama, no es dable tenerlo por acreditado. Por consiguiente, para que la acción constitucional proceda, no basta el simple impulso emanado de un interés cualquiera, sino que es necesario que tal interés descanse en un derecho protegido por la ley. Así, puede concluirse que el promovente del juicio de amparo debe ser titular del derecho que alega fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en sus intereses jurídicos. Es oportuno asentar que conforme a la teoría procesal, sólo aquél que es titular del derecho que se hace valer en juicio está legitimado en la causa; la titularidad del derecho materia del juicio legitima al que la ostenta. Trasladados los anteriores conceptos al procedimiento del amparo, es válido afirmar que??????????? está legitimado en la causa aquel sujeto que es titular del derecho que se dice infringida y que por ende, le causa el consiguiente agravio. Caso concreto Así, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que Juan Vidal Vázquez, quien promueve por propio derecho, solicitó el trámite de preautorización de cesión de derechos, toda vez que dice ser socio del taxi con número económico 871, con número de placas A372 VMF de la concesión número 074 del servicio público, proponiendo a Luis Lorenzo Hernández. Sin embargo, la parte quejosa no acredita su interés jurídico en el amparo, ya que no exhibe el título de concesión que lo identifica precisamente, ni algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución en la que se acordó favorable la concesión a su favor. Se justifica lo anterior, ya que de las constancias que ofreció el quejoso, así como del informe justificado de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco y constancias que se anexaron, se obtiene lo siguiente: 1. Escritos de fecha dos de marzo y ocho de abril, ambos de este año, signados el primero por Juan Vidal Vázquez y otros y, el segundo, por el primero de ellos, presentados ante la responsable el cuatro de marzo y quince de abril de dos mil veintiuno, en el que solicitan la preautorización de cesión de derechos. 2. Oficio de respuesta SM/SST/DT/INT- 0775/2021, de quince de junio de dos mil veintiuno, signado por el Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, del que se desprende que le hacen saber a Juan Vidal Vázquez, que resultó improcedente su solicitud debido a que no reúne los requisitos plasmados en los artículos 163 fracciones II, III y IV, 157 fracciones V, VI, IX, X, y XII de la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, 110 del Reglamento de la Ley de Transportes para el estado de Tabasco y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 3. Copia simple de los escritos de solicitud de preautorización de derechos de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve y trece?????????? de enero de dos mil veinte, signado por la Unión de Trabajadores Propietarios de Automóviles de alquiler con servicio de taxis, radio taxis, similares y conexos del municipio de Centro, en esta ciudad, del que se desprende que se le solicita a la Secretaría de Movilidad, que autorice el trámite de preautorización de cesión de derechos de Juan Vidal Vázquez, socio de taxi con número económico 871, con número de placas 4025VMG, de la concesión número 074 del servicio público, proponiendo a Luis Lorenzo Hernández. 4. Copias simples de recibos de pago de fechas cuatro de septiembre de dos mil quince y once de diciembre de dos mil diecinueve. 5. Copia simple de la cédula de trámite de preautorización de cesión de derechos. 6. Copia simple del oficio SM/ST/DT-PA- 303/2019, diez de diciembre de dos mil diecinueve, signado por el Director de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco. 7. Copia simple de la resolución definitiva sobre la cesión de derechos solicitada de fecha doce de marzo de dos mil veinte, signado por el Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco. Sentados los anteriores antecedentes, deviene necesario fijar la aplicación e interpretación de las figuras jurídicas como concesión y concesionario, conforme a la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. Ley de orden público e interés social, de observancia general para el Estado de Tabasco, que tiene por objeto establecer las bases y directrices para planear, regular, supervisar, evaluar y gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando las condiciones y los derechos humanos necesarios para un desplazamiento efectivo, seguro, igualitario, eficiente y sostenible. Y establece las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio de transporte público y privado. En su artículo 3, fracción XII, indica que la concesión es un acto administrativo mediante el cual el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Movilidad, otorga a una persona física o jurídica colectiva, ambas con residencia en el Estado de Tabasco, la operación y explotación?????????? del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, en los viajes y rutas del ámbito estatal y por un tiempo determinado. En la fracción XIII del artículo 3, precisa que el concesionario es la persona física o jurídica colectiva titular de una concesión otorgada en términos de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. Ahora, en relación a la figura jurídica de la concesión, atento a los artículos 161, 162, 163, 173, 174, y 175, de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, se obtiene que: I. Las concesiones tendrán una vigencia hasta de diez años. II. La Secretaría de Movilidad con el acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado, podrá autorizar la prórroga de una concesión de transporte público hasta por un periodo igual al que fue otorgado. III. El otorgamiento de las concesiones y permisos de transporte público obliga a sus titulares a la prestación directa del servicio; por lo tanto, los derechos que amparan no pueden ser objeto de comodato, usufructo, arrendamiento, venta, transferencia o enajenación. Únicamente podrán cederse, previa autorización de la Secretaría de Movilidad. IV. Los socios de una persona jurídica colectiva titular de una concesión de transporte público no podrán sustituir a ésta en los derechos del título de concesión de transporte público (conforme al artículo 173 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco). V. El otorgamiento de concesiones de transporte público, no implica preferencia ni exclusividad en la explotación del servicio, no crea derechos reales y concede exclusivamente a sus titulares en forma temporal y condicionada el derecho de uso, aprovechamiento y explotación del servicio (conforme al artículo 174 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco). VI. Una persona física o jurídica colectiva sólo podrá contar con una concesión de una sola modalidad de transporte. VII. Las personas físicas o jurídicas colectivas que hayan dejado de ser titular de una concesión de transporte público por cesión de derechos o???????????? cancelación, no podrán ser beneficiarias de otra autorización, bajo ningún supuesto. De la interpretación del artículo 163 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco se desprende que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad). Por consiguiente, cuando el peticionario de amparo, no exhibe la concesión a que se refiere el citado precepto, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de amparo. Considerando que, conforme al artículo 160 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, la concesión deberá contener, entre otros, los siguientes datos: I. Nombre o razón social, en su caso, y domicilio del concesionario; II. Derechos y obligaciones del concesionario; III. Vigencia de la concesión; IV. Causales de revocación, suspensión y cancelación; V. Jurisdicción, itinerario y, en su caso, ruta; VI. Tipo y clase de servicio autorizado; VII. Número y características de vehículos autorizados; VIII. Depósitos de vehículos autorizados, en el caso del servicio de grúas y remolques; y IX. Los demás que resulten necesarios en términos de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, su Reglamento y que la Secretaría de Movilidad considere necesarios. Sin que, conforme al numeral 173 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, el certificado de aportación con el que se acepta como socio, sea un documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado. Pues los socios de una persona jurídica colectiva titular de una concesión de transporte????????? público no podrán sustituir a ésta en los derechos del título de concesión de transporte público. Por lo que, aun cuando Juan Vidal Vázquez, diga ser socio y concesionario del servicio de transporte público número 871, con concesión 74; no es suficiente, pues dicha personalidad la debió acreditar con un documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado. Y con ello, no acredita el interés jurídico en el amparo. Ya que para ello, era necesario que se exhibiera la concesión otorgada por la autoridad competente (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad). Máxime que, los socios de una persona jurídica colectiva titular de una concesión de transporte público no podrán sustituir a ésta en los derechos del título de concesión de transporte público. Asimismo, los escritos donde se solicita la preautorización de cesión de derechos, tampoco es un documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado. Aunado a que, en la resolución definitiva sobre la cesión de derechos solicitada de doce de marzo de dos mil veinte, signado por el Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, de la que se desprende que se revocó y dejó sin efecto la preautorización de cesión de derechos, con número de oficio SM/ST/DT-PA-309/2019 de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, firmada por el Director de Transporte, en virtud de que el Director de Transporte carecía de facultades para emitirla. Asimismo, se desprende que la responsable indicó que la preautorización correspondiente a la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros (taxi), con la unidad número económico 871, de la concesión 074, con jurisdicción en Villahermosa, lo anterior, en términos de los artículos 163 en correlación a los numerales 76, 154 y 157 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. De igual manera, refirió la responsable que del análisis a la documentación que se integró con motivo del trámite de "cesión de derechos", Luis Lorenzo Hernández, no reúne los requisitos ordenados en las fracciones II, V y VI del artículo??????????? 157 de la Ley de Movilidad del Estado de Tabasco, que establece el trámite solicitado. En esa medida, se desprende que la parte quejosa, no exhibió documento idóneo para demostrar la titularidad del derecho cuestionado, pues se itera que para ello era necesario que exhibiera la concesión otorgada por la autoridad competente (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad). Así, no acredita su interés jurídico en el amparo, ya que no exhibe el título de concesión que lo identifica precisamente con esa calidad (concesionario), ni algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución en la que se acordó favorable la concesión a su favor. En ese contexto, para acreditar el interés jurídico y demostrar que se tiene la concesión de prestación del servicio público de transporte de pasajeros, era menester ofrecer como prueba el título de la concesión, conforme al artículo 160 y 163 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco. En relación a que, para demostrar que se tiene la concesión de prestación del servicio público de transporte de pasajeros, era menester ofrecer como prueba el título de la concesión, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 7/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 1113, Novena Época, materia Administrativa, registro digital 162713, de rubro y texto: "SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. LA SOLA POSESIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA PRESTARLO NO GENERA PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD DE UNA CONCESIÓN NI PUEDE SER DEMOSTRATIVA DE LA EXISTENCIA DEL TÍTULO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).- El artículo 15 de la Ley de Transporte para el Estado de Nuevo León, vigente hasta el 29 de noviembre de 2006, al prever que las placas de circulación expedidas por la autoridad competente para brindar el servicio público de transporte constituyen una consecuencia de la concesión otorgada en los términos de esa Ley, no establece presunción legal alguna acerca de la titularidad de una concesión para explotar ese servicio cuando sólo se demuestra la posesión de las placas vehiculares para circular, ya que tal enunciado solamente permite interpretación en el sentido de que las placas deben estar respaldadas por la expedición de la concesión respectiva, pues la función de aquéllas se limita a servir como????????????? identificación numérica, a la vista del público y de las autoridades. En efecto, la calidad de concesionario se adquiere mediante un acto administrativo expreso por parte del Estado, que debe materializarse en el correspondiente título de concesión. Consecuentemente, si el propietario o poseedor de las placas está desprovisto o no demuestra fehacientemente la existencia de ese título concesión como fuente de expedición de aquéllas, tal circunstancia puede producir la declaración de nulidad mediante la instauración del juicio de lesividad". Así como la tesis aislada con registro digital 2005264, publicada en la página 2678, Tomo IV, de enero 2014, Libro 2, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. EL FORMATO MÚLTIPLE DE PAGO DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN ANUAL, CANJE DE PLACAS Y REFRENDO ANUAL DE CALCOMANÍA, NO CONSTITUYE EL TÍTULO CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Tal formato sólo se extiende para el pago de contribuciones que son enteradas y recibidas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la oficina recaudadora correspondiente, pero no constituye el título de concesión del servicio público de transporte, como tampoco puede considerarse como prueba fehaciente para acreditar el carácter de concesionario, porque sólo justifica su contenido, esto es, el propio pago ante la autoridad recaudadora de diversas cantidades y conceptos, ya que aquella calidad se adquiere mediante un acto administrativo expreso del Estado". Consecuentemente, si el quejoso no probó contar con un título de concesión para el servicio de transporte público de personas, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno; no le afecta su interés jurídico y, en esa virtud, el juicio de amparo es improcedente conforme al precepto 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, en relación a qué se requiere para acreditar el interés jurídico en el amparo tratándose del servicio de transporte público de personas, la jurisprudencia XX.2o. J/9, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1635, Novena Época, materia Administrativa, registro digital 177594, de rubro y texto: JORGE TESLA SALAZAR DE LA CRUZ?????????? "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO.- De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado". Además, sirve de apoyo la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 2678, Décima Época, materias Común, Administrativa, registro digital 2005266, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN SE OSTENTA CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, PERO NO EXHIBE EL TÍTULO DE CONCESIÓN CORRESPONDIENTE O ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE JURÍDICAMENTE EL DERECHO SUBJETIVO CONSAGRADO EN SU FAVOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).- Si una persona se ostenta como concesionaria del servicio público de transporte en el Estado de Michoacán, para acreditar su interés jurídico -no legítimo- en el amparo, es necesario que exhiba el título de concesión que la identifica precisamente con esa calidad, y aun cuando fuera materialmente imposible exhibir el título, es necesario algún otro documento que evidencie jurídicamente el derecho subjetivo consagrado en su favor, como puede ser alguna prueba que llevara al conocimiento de que se verificó el procedimiento que culminó con la resolución del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, en la que acordó favorable la solicitud que, en su momento, formuló, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, o con diversa constancia expedida por la autoridad administrativa competente, en la que se certifiquen aquella calidad y los términos de la concesión, de acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada".???????????? Conclusión, como resultado lógico que se deduce de las anteriores premisas En corolario, se obtiene que el quejoso no probó contar con el título de concesión otorgado por la autoridad competente (Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad) para el servicio de transporte público de personas, por lo que, el acto reclamado consistente en la contestación contenida en el oficio SM/SST/DT/INT/-0775/2021, de fecha quince de julio de dos mil veintiuno; no le afecta su interés jurídico y, en esa virtud, el juicio de amparo es improcedente conforme al precepto 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, ya que en el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, octubre de 1994, página 17, Octava Época, materia Común, registro digita 206338, que establece: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En esas condiciones, quedó de manifiesto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61; por lo que, en términos del diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Puesto que el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere la Ley de Amparo; como en el caso sucede, puesto que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 61 fracción XII, de la ley de la materia. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para???????????? oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Juan Vidal Vázquez, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos expuestos en el TERCERO y QUINTO apartados considerativos de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
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