Juan Víctor Corona Hernández
Expediente 1913/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1913/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Víctor Corona Hernández
- Titular de la Dirección de la Clínica de Médicina Familiar Observatorio, En la Ciudad de México del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
(14/04/2023).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 10/04/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa fue omisa en dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que, no informó si ya le fue suministrado el medicamento denominado INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE 58.00 UI. -suspensión o solución inyectable, pese a estar debidamente notificada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que este juzgado federal estima que le fue otorgado a su entera satisfacción el medicamento de mérito. En tal circunstancia, se considera que respecto del acto reclamado, consistente esencialmente en la omisión de suministrar el medicamento INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE 58.00 UI. - suspensión o solución inyectable, a la parte quejosa en el presente juicio, y por el cual se admitió la demanda mediante acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, por las siguientes consideraciones: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma norma, que a la letra establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)." Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113, de la misma Ley. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17, del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, de rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) En el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente esencialmente en la omisión de las autoridades señaladas como responsables de proporcionar el medicamento denominado INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE 58.00 UI. -suspensión o solución inyectable, a la parte quejosa, en virtud de que, ya le fue suministrado el medicamento reclamado motivo del juicio de amparo en que se actúa. Conviene traer a la cuenta el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es necesario precisar lo siguiente: Juan Víctor Corona Hernández, por su propio derecho, reclamó esencialmente la omisión de suministrar el medicamento denominado INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE 58.00 UI. -suspensión o solución inyectable, debidamente prescrito por la dirección médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. En auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Titular de la Delegación Regional Zona Poniente y Titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar "Observatorio", este último, informando que el pasado veinte de enero próximo, le fue proporcionado a la parte quejosa el medicamento de mérito, anexando a su oficio copia certificada de la receta médica de fecha veinte de enero de dos mil veintitrés. Dicha receta médica al ser un documento público de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene eficacia probatoria plena, para demostrar que el quejoso recibió el medicamento en comento, lo cual es suficiente para considerar que se entregó dicho medicamento; no obstante que el enjuiciante fue notificado debidamente en el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, sin que hubiere atendido con lo ahí señalado. Se tiene que está agregada constancia suficiente que acredita que se proporcionó el medicamento que no había sido suministrado y como el quejoso se abstuvo de hacer alguna manifestación al respecto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, teniendo por entendido que se otorgó el medicamento al quejoso a su entera satisfacción, con lo cual, se entiende que han cesado los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable, por analogía, la tesis número P.CL/97, que expresa: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. (Número de Registro: 197,367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71) En las relatadas circunstancias, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, pues se entregó al quejoso el medicamento denominado INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE 58.00 UI. -suspensión o solución inyectable. Y por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la Ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, con quien actúa y da fe. Doy fe"""""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos la copia de conocimiento, mediante la cual, el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta en que la delegada del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en atención al requerimiento formulado al Director General de dicho instituto, en proveído de veintisiete de febrero de este año, señala la denominación de las autoridades competentes para proporcionar la información solicitada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, considerando que es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 117/2022, derivado del juicio de amparo 370/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que estableció: "En ese orden de ideas, aun cuando el referido Tribunal Colegiado de Circuito ha estimado procedente remitir a este Alto Tribunal el incidente respectivo, importa destacar que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los incidentes de inejecución 9/2022 y 20/2022, estableció que el respectivo procedimiento de ejecución debe cumplir con las siguientes formalidades: 1. Consistencia en el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito debe emitir dictamen consistente con la secuela procesal del asunto, por lo que si el incidente de inejecución de sentencia inició por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, y no así por las acciones de su superior jerárquico, no es dable que ese órgano jurisdiccional proponga la separación de esta última, que no fue previamente multada y, en consecuencia, requerida antes de la apertura del incidente. 2. Plazo razonable entre la imposición de la multa y el acuerdo que ordena la apertura del incidente de inejecución. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, no es adecuado que en el mismo auto en el que se imponga la multa se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. 3. Suficiencia de requerimientos a las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y superiores jerárquicos. El juez de amparo debe operar bajo una actitud oficiosa para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, sin quedarse en una posición expectante, de ahí que debe ir más allá y requerir a la autoridad que manifestaba un obstáculo para cumplir, ya fuera la responsable o la vinculada al cumplimiento, que informara y acreditara que llevó a cabo todas las gestiones a su alcance para superar el obstáculo anunciado. Así, en caso de que las autoridades se concreten a informar que estaban a la espera de que otra autoridad actuara, el juez de amparo debe requerir que acrediten que habían solicitado la información o documentación faltante a la diversa autoridad y no asumir una actitud pasiva de simple espera; ni mucho menos emitir requerimientos genéricos, sino adecuarlos a la situación expresada de manera particular por las autoridades requeridas. En la misma tónica, resulta insuficiente que el Juez de Distrito encuentre satisfechos los requerimientos a la autoridad superior jerárquica de las responsables con la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues aquélla debe acreditar ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que ambas autoridades se señalaban una a la otra, y no solo que se plantó como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a las dependientes de ésta, pues de, hacerlo solo así, resulta acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. 4. Identificación de las personas físicas que se desempeñan como titulares de las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y su superior jerárquico. Para que se considere adecuadamente integrado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, es indispensable que el juzgador de amparo, al requerir el cumplimiento, identifique de manera clara a la persona que le corresponde actuar en consecuencia, y no dejar ese aspecto al tribunal colegiado de circuito ni a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno. Es por ello que, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto proponga la destitución de las personas titulares de la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquica, debe expresar sus nombres. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan diferentes actos cuya emisión constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que señala que en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. 5. Vinculación al juez o sala del tribunal ordinario que resolvió el juicio de nulidad. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto implique la ejecución de una diversa sentencia dictada por un juez o una sala de un tribunal ordinario, debe vincularse en el procedimiento correspondiente a quien la emitió, tomando en cuenta que ese juez o tribunal emisor deben ser los principales operadores jurídicos encargados de velar por el exacto cumplimiento de lo sentenciado, para lo cual deben desplegar todas las facultades que les encomiende la ley que les rige, de ahí aun cuando se ha llegado a un punto en el que fue necesaria la intervención de un juez de amparo, deben continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para logar el cumplimiento de sus fallos, por lo que el juzgador de amparo habrá de vinculares para que, en ejercicio conjunto de sus facultades procuren la total observancia de lo ordenado, para materializar la eficacia del acceso a la justicia. Así pues, tratándose del cumplimiento de fallos del orden administrativo, el procedimiento ordinario debe satisfacer los estándares de rigurosidad, claridad y exactitud con los que se debe dictar y procurar el cumplimiento de las sentencias de orden administrativo, de esta manera las actuaciones del tribunal administrativo no deben constreñirse a la remisión de los autos que integraron el juicio de nulidad, sino también a realizar las acciones que le faculta la ley para dictar y dar cumplimiento a las sentencias en materia administrativa, en el entendido de que la falta de determinación de las acciones que las autoridades demandadas debían realizar, los requerimientos hechos a éstas, e incluso la falta de rigor en la imposición del sistema sancionatorio previsto en la ley ordinaria administrativa, no cumplen con los estándares de exactitud y claridad con los que se debe conminar al cumplimiento de una sentencia. 6. Determinación la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa, tratándose de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo implique la observancia de una sentencia de un tribunal ordinario que condena al pago de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación, la determinación y cuantificación de dicha cantidad constituye un aspecto esencial para determinar la forma y el momento en que se tendrá por cumplido el fallo protector, de ahí que es procedente que se tramite el incidente que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, sin que, por tanto, la presentación de la planilla de liquidación ante el Juez de Distrito, así como sus actualizaciones anuales sin modificarse el periodo que abarca la prestación a pagar, resulten suficientes para determinar el monto de la cantidad en favor de la persona quejosa, máxime si de las constancias que integran el asunto no se desprende que la autoridad responsable del cumplimiento, al momento de fijar las cantidades correspondientes por el concepto de la prestación periódica respectiva, haya señalado de forma clara y precisa el procedimiento aritmético, así como los fundamentos y motivos que utilizó para obtener la cantidad resultante en la planilla de liquidación, sobre todo, al destacarse la necesidad de establecer, en primer término, el periodo que abarca la prestación liquidada." De lo transcrito se observa que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el procedimiento de ejecución de sentencia debe cumplir lo siguiente: 1.- En los casos en los que la autoridad vinculada al cumplimiento manifieste que se encuentra a la espera de que otra autoridad actúe, el juez de amparo deberá requerir que acredite haber solicitado la información o documentación faltante. 2.- Cuando se requiera a la autoridad superior jerárquica de las responsables, este juzgado deberá verificar si acreditó haber ejercido verdaderamente sus facultades como superior jerárquico para vencer la renuencia al cumplimiento, esto es, que impuso medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del juzgado de distrito, o bien, que solventó el punto en el que diversas autoridades se señalaban una a la otra. 3.- Al requerir el cumplimiento de la sentencia, el juez de amparo deberá identificar de manera clara a la persona que corresponde actuar, es decir, deberá expresar sus nombres. 4.- Además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar el fallo protector. En consecuencia, tomando en consideración establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el objeto de agotar el procedimeinto de ejecución de sentencia en los términos señalados, resulta necesario identificar de manera clara al funcionario público que deba llevar a cabo las acciones relacionadas con el cumplimiento del fallo protector, por tanto, con fundamento en los artículos 192 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase al SUBDIRECTOR DE PERSONAL, así como al SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN y al JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación que se le haga del presente proveído, respectivamente, informen el nombre completo de las personas físicas que ostentan los cargos de Directora Normativa de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales y del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Sur en la Ciudad de México, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Apercibidos que en caso de no hacerlo así, se les impondrá a cada una de ellas y por separado, una multa equivalente a cincuenta unidades de cuenta para la Ciudad de México, en términos de la fracción I del numeral 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, la cual podría aumentar gradualmente hasta llegar a mil unidades de cuenta, sin perjuicio de continuar con el procedimiento de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación de sus respectivos cargos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado mediante proveído de tres de marzo del año curso, por el cual se le requirió a la parte quejosa informara a este órgano si ya recibió el medicamento denominado INSULINA LISPRO PROTAMINA SUSPENSIÓN INYECTABLE 58.00 UI. -suspensión o solución inyectable-. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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