Juan Víctor Cabrera Ferreyra
Expediente 363/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Víctor Cabrera Ferreyra
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintisiete de diciembre del año pasado, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos, toda vez que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión por no haberlo solicitado y no se ofrecieron los últimos. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, envió un legajo de copias de donde emana el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrá como recibido a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el comunicado del Juez Mixto de Primera Instancia con residencia en Zinapécuaro, Michoacán, en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado número 36242, con el cual se le notifica la ejecutoria pronunciada en el juicio en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JUAN VÍCTOR CABRERA FERREYRA. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y que la parte quejosa realizó manifestaciones; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . Al respecto, debe decirse que por ejecutoria de once de septiembre de dos mil diecisiete pronunciada por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Zacatecas, Estado del mismo nombre, (fojas 54 a 71), se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la sala responsable, deje firme las consideraciones atinentes a la existencia del delito, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, y para determinar lo conducente en torno a la traslación del tipo penal de abusos deshonestos por el de violación, también analice si tales delitos admiten o no el beneficio de la libertad provisional bajo caución y, en su caso, la trascendencia de esa circunstancia; hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho corresponda, respecto al tópico apuntado" (foja 70 vuelta). Ahora, en acatamiento al fallo protector la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, emitió una resolución en la que, con vista del toca penal I-13/2017, resolvió el recurso de apelación promovido en contra del auto de formal prisión emitido en la causa penal 363/2010, instruida en contra del quejoso por su probable participación en la comisión del delito de abusos deshonestos. De esa resolución este juzgador advierte que el titular de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reiteró las consideraciones atinentes a la existencia del delito, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, con lo cual quedó firme ese aspecto del fallo que fue sometido a control de regularidad constitucional. Asimismo, en torno a la determinación relacionada con la traslación del tipo penal del ilícito que se encontraba previsto en el artículo 264, del Código Penal del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado en mil novecientos ochenta, al contemplado en el 164, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo en vigor, determinó que este último era el aplicable al caso, ya que al confrontar las disposiciones involucradas concluyó que se trata del mismo ilícito, que la pena de prisión es la misma (de cinco a quince años de prisión), empero, que la nueva legislación no contempla la multa como pena adicional a la prisión y que, por ello, bajo el principio de la aplicación retroactiva de la ley penal cuando ello resulte más favorable, era la nueva legislación la que resultaba aplicable al caso (foja 111 vuelta). De igual forma, se advierte que la autoridad responsable realizó un estudio pormenorizado, tanto del delito de abusos deshonestos previstos en la legislación abrogada como el de violación equiparada prevista en el actual, a la cual se trasladó la conducta imputada, y arribó a la conclusión de que en ambos casos la gravedad del delito impide que se conceda la libertad provisional bajo caución, porque, aunque el nuevo tipo describe una conducta ilícita que debe ser procesada conforme al sistema penal acusatorio y oral, que difiere del tradicional mixto dado que la prisión preventiva en aquél es la última ratio y sólo puede ser impuesta como medida cautelar en aquellos delitos que la constitución previó como de prisión preventiva oficiosa o, cuando el Ministerio Público justifique la necesidad de la cautela más alta, lo cierto es el delito de violación se encuentra previsto en el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud". Sin que se óbice a lo anterior que el tipo específico de violación previsto en el artículo 164, párrafo tercero del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, al que se traslad la conducta imputada, prevea una conducta distinta a la imposición de la cópula como verbo típico del delito; sin embargo, la conducta descrita en el citado numeral que consiste en la introducción por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia física o psicológica, fue considerado por el legislador como violación, es decir, no se trata de un tipo penal autónomo sino del mismo delito. Ahora, de la confrontación ente las obligaciones que fueron impuestas por el Juzgado de Distrito, y lo realizado por la autoridad responsable se determina que el fallo quedó cumplido. Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por el defensor particular de la parte quejosa en el sentido de que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque a su juicio, la traslación de la conducta a un tipo penal diverso (nomen iuris), le perjudica porque en la actualidad se encuentra gozando de la libertad, la que le será privada por el cambio de figura típica, lo que a su juicio no reporta ningún beneficio. Al respecto conviene destacar que en la ejecutoria no se estableció ningún lineamiento o directriz en el sentido de que para la traslación del tipo se tomara en consideración si le causaría algún perjuicio o no; sino que, el sentido del fallo fue que la Sala Penal valorara y resolviera lo que en derecho corresponda, dejándole a la autoridad judicial responsable libertad de jurisdicción para decidir el sentido en que sería emitido el fallo, lo que no puede objeto de estudio en esta resolución. Lo anterior porque con base en los criterios que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en relación con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas, porque son precisamente éstas, las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 75/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓNDE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo". Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO" . Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, como lo establece el punto décimo primero, del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de esta determinación en el expediente electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Juan Rios Servín135/2018
- Juan Saucedo Cervantes877/2018
- Juan Simón Mercado Farfan495/2019
- Juan Solorzano Zamora780/2017
- Juan Suárez Barrón458/2018
- Juan Vega Arcos1380/2019
- Juana Alicia Muñiz Rocha342/2014
- Juana Carrillo Espinoza61/2020
- Juana Claudia Fajardo Linares697/2016
- Juana Claudia Fajardo Linares367/2019
- Juana Escalante Valdovinos792/2015
- Juana Estela Becerra Serrato219/2018