Juan Vicente Rizo Rodríguez y Otros.
Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Juan Vicente Rizo Rodríguez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por los quejosos, a través de su apoderada legal, contra el proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; mismo que quedó registrado bajo el número 236/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad informando la admisión del recurso en cita y acusando el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las anotaciones en los libros electrónicos correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista; la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial de la adscripción, relativa a la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 15327/2023 y 15328/2023, dirigidos a las autoridades responsables AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS Y ********************, PRESIDENTA MUNICIPAL SUSTITUTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA, CHIAPAS, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, bajo el motivo siguiente que le señaló la persona con la que atendió la diligencia: "[.] que no cuenta con la autorización de su jefe el licenciado Javier Ricardo Moguel Coello, titular del despacho jurídico donde nos encontramos, toda vez que este último, dejó de prestar sus servicios para dicha autoridad, y me expone que la documentación dirigida a dicho Ayuntamiento deberá ser enviada a sus oficinas ubicadas en el Palacio Municipal, colonia Centro, El porvenir, con código postal 30970, del municipio de Teopisca, Chiapas [.]" (sic). Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la razón de cuenta, para que obre como corresponda. En ese orden de ideas, en obvio de mayores dilaciones procesales en detrimento de la celeridad del proceso, mediante diversos que al efecto se giren, REENVÍENSE las comunicaciones 15327/2023 y 15328/2023, de catorce de junio de esta anualidad, a la autoridades responsables Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teopisca, Chiapas y Josefa María Sánchez Pérez, Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teopisca, Chiapas, en el domicilio señalado en párrafos precedentes, a efecto de que se impongan de su contenido y desahoguen el requerimiento formulado. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por ********************quien se ostenta como apoderada legal de********************, contra actos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Chiapas, residente en esta ciudad y otra autoridad. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 935/2023-V. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al secretario de Jugado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como autoridad responsable al 1. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en Chiapas, con sede en esta ciudad, de quien reclama la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. En ese orden de ideas, esta juzgadora advierte que en el caso particular se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público." (.)" De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que del estudio de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, no se observa que el acto reclamado produzca una afectación personal y directa, y sobre todo actual, en relación a los directamente quejosos, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de los gobernados, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que, se reitera, la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido por la normatividad antes precisada. Sentado lo anterior, se reitera que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, por medio del cual, se dio por concluido ese procedimiento de conciliación prejudicial. Sin embargo, lo anterior no constituye un acto que produzca una afectación personal y directa a la parte promovente, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de la misma, ya que aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que, en la especie, no acontece. Se dice lo anterior, toda vez que con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación se elevó a rango constitucional, como se desprende del artículo 123, Apartado A, fracción XX, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, de conformidad con los artículo 684-B y 684-E, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, en el que, de llegar a un arreglo armonioso, las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste; pero en caso de que no se llegue a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial. Por su parte, el artículo 872, apartado B, fracción I, de la legislación en comento, prevé que a la demanda deberá anexarse, entre otros documentos, la constancia expedida por el Organismo de Conciliación que acredite la conclusión del procedimiento de conciliación prejudicial sin acuerdo entre las partes. Como se ve, de acuerdo con la referida reforma, las partes en conflicto se encuentran obligadas a agotar el procedimiento conciliatorio prejudicial, antes de acudir a juicio ante el Tribunal del Trabajo. Por tanto, de la lectura que se hace al escrito de demanda y la constancia anexa, se advierte que la autoridad responsable únicamente expidió la constancia de haber concluido el procedimiento de conciliación prejudicial a que se refiere el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, sin que se advierta que dicha constancia limite o restrinja el derecho que tienen los aquí quejosos de acudir ante el Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estimen pertinentes. Lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues tiene expedito su derecho para acudir al Tribunal del Trabajo a demandar las prestaciones que estime pertinentes; por lo que, en todo caso, el acto que le depararía algún perjuicio, sería que el mencionado tribunal de acuerdo con sus facultades, y con base en el análisis que haga de los documentos que deban anexarse al escrito de demanda, entre ellos, la constancia de referencia, determine desechar la demanda, causando una afectación a su esfera jurídica. Lo anterior, sin que pase desapercibido para esta juzgadora, la circunstancia de que los promoventes del amparo, hubieran señalado como acto reclamado destacado la omisión de expedir la constancia respecto haber agotado el procedimiento de conciliación sin llegar al acuerdo correspondiente, ya que la omisión que reclama se hace depender precisamente del acto sobre el que se actualiza la causal de improcedencia analizada en párrafos precedentes. Es así, pues precisamente lo que reclamó como acto primigenio fue la Constancia de Conclusión del Procedimiento de Conciliación Prejudicial, de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************, por medio del cual, se dio por concluido dicho procedimiento. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al actualizarse la causa de improcedencia aquí analizada, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio, por notoria y manifiesta improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Atento, a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario ********************, para consultar de manera electrónica el presente juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otro lado, de la demanda de amparo aquí analizada, se aprecia que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, en razón de que solicitó la autorización para consultar el expediente electrónico; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer la notificación de este proveído de manera electrónica a través del usuario ********************; por lo cual, se instruye a los actuarios de la adscripción para que habiliten la casilla respectiva para el caso de las notificaciones personales. Y como autorizado en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Cédula Profesional, de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, como autorizada en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, parte in fine, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, a ******************** por así haberlo solicitado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Pablo Cancino Osorio, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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