Juan Ventura Reséndiz
Expediente 893/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Ventura Reséndiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el toca relativo al recurso de queja administrativa 337/2019, interpuesto en contra del proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, dictado por este juzgado; agréguese al expediente en que se actúa, el oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En tal virtud, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de queja.
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Ventura Reséndiz, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintiséis de septiembre del año en curso, por el que este juzgado federal desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, agréguese una copia del ocurso que se provee al juicio en que se actúa; remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que señaló la parte quejosa y las que este juzgado federal estime pertinentes, para el efecto de que se substancie el recurso de mérito. Ahora bien, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto únicamente el acto relativo a la emisión del proveído que refiere. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en auto de diecinueve de septiembre actual. IMPROCEDENCIA Una vez desahogado el requerimiento de referencia, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda en concatenación con el diverso de desahogo se pueden obtener los siguientes antecedentes: 1. Que la parte quejosa laboró para el Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2. Que el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, fue emitido laudo laboral por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en el cual las partes interpusieron los medios de defensa que consideraron necesarios y una vez que fueron agotados se declaró ejecutoriado dicho laudo, señalándose fecha para la reinstalación en el centro de trabajo, condenándose al pago de $1'052,033.69 (un millón cincuenta y dos mil treinta y tres pesos 69/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos. 3. Que el día seis de septiembre del año en curso, fue llevada a cabo la diligencia de la reinstalación de su puesto de trabajo, la cual se llevó a cabo sin ningún impedimento. 4. Que en esa misma diligencia se requirió a la parte patronal el pago por la cantidad de $1'052,033.69 (un millón cincuenta y dos mil treinta y tres pesos 69/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos, obteniendo una respuesta negativa por parte de los apoderados de la demandada. En mérito de lo anterior, se determina que el presente juicio deviene improcedente, respecto del acto reclamado a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Juárez, Guerrero, consistente en la negativa de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 1073/2012, toda vez que refiere que éstas se han negado a ordenar el pago por la cantidad a la que fue condenado dicho Ayuntamiento. Lo anterior se estima así, partiendo del hecho de que en el caso, las citadas autoridades carecen del carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo. En efecto, en relación con ello, de la interpretación sistemática de los artículos 73, fracción XVIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, se concluía que el juicio de amparo era improcedente cuando los actos reclamados no provenían de una autoridad; ya que dicha legislación, preveía que era autoridad responsable la que dictaba, promulgaba, publicaba, ordenaba, ejecutaba o trataba de ejecutar la ley o el acto reclamado. En diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso provenientes de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como provenientes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. Luego, para dilucidar sobre el particular, debe tenerse en consideración que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al integrar la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, publicada en la página 448, del Tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." sostuvo que la omisión de dar cumplimiento voluntario de una sentencia condenatoria por parte de las dependencia de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas constituye un acto de autoridad, ello acontece en virtud de lo establecido en el aludido ordinal 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, ya que la entidad del estado se encuentra colocada en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; lo cual deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; por lo que el uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó, en tanto que la actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, cuando en la legislación aplicable se prevé un procedimiento para ejecutar la sentencia definitiva, como acontece en el juicio laboral burocrático, no se actualiza aquel privilegio establecido en el invocado ordinal 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, y por ende, el gobernado no se ubica en un plano de desigualdad frente a la entidad estadual que acudió a la instancia natural como patrón. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.) que integró la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 478, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Asimismo, conviene citar la diversa jurisprudencia 79/2014, que integró la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 699 de la Gaceta del semanario judicial de la federación, agosto del dos mil catorce, Decima época del rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Por tanto, no obstante el resultado negativo de la diligencia de requerimiento de pago a las autoridades demandadas en el juicio natural, de ello no se obtiene la actualización de la hipótesis a que se refiere la invocada jurisprudencia 2a./J. 85/2011, pues queda de relieve la existencia de una relación jurídica de coordinación entre el ente de la administración pública (Ayuntamiento Constitucional de Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero) y la particular (quejosa), esto es, una relación que se entabló en un plano de igualdad y bilateralidad que se sometió a la jurisdicción de un tribunal ordinario, el cual cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.(I Región) J/1 (10a.) que integró el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en la página 1511, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Por lo expuesto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la propia ley; la cual es manifiesta, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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