Juan Vega Muratalla

Expediente 1095/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1095/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Juan Vega Muratalla
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó el amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en el incidente de suspensión se negó la provisional y se negó la definitiva; en consecuencia, ambos cuadernos son destruibles. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1095/2018. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: NúmeroAUTORIDADES RESPONSABLES.SENTIDO FOJA 1 PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACAN. CIUDAD. CIERTO 95 ACTOS RECLAMADOS: La parte quejosa señala como tal la omisión de radicar la demanda y emplazar a la parte demanda. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo (fojas 81 a 86); se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Presupuestos procesales. Se encuentran satisfechos, sin ser objeto de controversia, los presupuestos procesales relativos a la competencia para resolver el asunto. SEGUNDO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Actos existentes. La autoridad responsable al rendir el informe justificado los reconoció expresamente. Argumentó que por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el expediente laboral ********************, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, citó a las partes a una audiencia conciliatoria personalísima a celebrarse a las diez horas del veintinueve de enero de dos mil diecinueve (foja 101). Lo anterior se corrobora con las constancias que la referida autoridad remitió con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para sostener lo anterior, en principio, debe decirse que para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte: Mediante oficio TCA/P/268/2019, suscrito por el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional que por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral ********************, y de conformidad con el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, citó a las partes a una audiencia de conciliación, misma que habría de celebrarse a las diez horas del veintinueve de enero de dos mil diecinueve. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, el acto reclamado, ha cesado sus efectos, dado que, como se advierte de las manifestaciones del Presidente Suplente del Tribunal Laboral, dejó de causarle agravio la omisión de la que se dolía el quejoso, ello en virtud de que radicó y dio trámite a la demanda promovida; asimismo, citó a la partes a una audiencia conciliatoria, bajo apercibimiento que de no presentarse, al actor, será acreedor a los medios de apremio que señala al artículo 731 de la Ley Supletoria, Ley Federal del Trabajo y a la demandada se le impondría una multa por la cantidad de cien unidades de medida de actualización en términos del tercer y cuarto párrafo del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios. Es decir, cesaron los efectos de la omisión en que incurría la responsable, pues como ya se destacó al emitir el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dio trámite a la demanda que en la vía laboral promovió el quejoso, y citó las partes a una audiencia conciliatoria. Como sustento a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí impugnados, en virtud de que ya no continúan surtiendo sus efectos, ni los surtirá; y, además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable. En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro que se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." CUARTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. QUINTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando cuarto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, UBALDO GARCÍA ARMAS, ante el secretario Josué Romero Mena, con quien actúa y da fe.

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