Juan Vázquez Hernández
Expediente 1651/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Vázquez Hernández
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto: Téngase por recibido el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL, a través del cual solicita por los motivos que expone el diferimiento de la audiencia constitucional que se encontraba fijada para el veinticinco de los corrientes, así como que se acuerde lo relativo a las testimoniales ofertadas por la parte promovente, a cargo de los atestes ******************** y ********************. En ese sentido, infórmese al autorizado ocursante, que por acuerdo de treinta del actual mes, este órgano jurisdiccional se pronunció en relación a las pruebas testimoniales anunciadas por la parte oferente y acordó lo conducente en relación al diferimiento de la audiencia constitucional señalada para la fecha indicada con antelación, por los motivos expuestos en dicho proveído; por lo que la parte quejosa deberá estarse a lo acordado en dicho auto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ********************, quien se ostenta apoderada legal de ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Yucatán, así como de su Presidente, que hizo consistir en: ACTO RECLAMADO Según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ********************. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1651/2023-VI-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD Con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase por reconocido el carácter con que se ostenta la promovente, dada su calidad en el juicio laboral de origen y en términos de la copia con firmas autógrafas de la audiencia celebrada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en autos del expediente de origen. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107 Constitucional. De los citados preceptos se desprende que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, resulta pertinente dejar sentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo. Los que deben entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso, el juicio de amparo pretendido es improcedente porque no existe un acto que produzca esa afectación personal y directa al promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica de derechos de quien acude a esta instancia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° fracción I y 5°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, si bien la promovente señala como acto reclamado, la omisión de la autoridad de dar contestación al escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ********************, por ahora, dicho acto no produce una afectación personal y directa a su esfera jurídica. Ello se afirma, partiendo de la base de que el acto reclamado no se traduce en una abierta dilación en su tramitación que vulnere derechos sustantivos del impetrante, atendiendo a la fecha en que el quejoso dice que fue presentado el escrito relativo (veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés), en relación con la data de presentación de la demanda de amparo (dieciséis de octubre siguiente); por lo que en modo alguno le genera una afectación a sus derechos fundamentales. Ahora bien, toda vez que se trata de una omisión de proveer en relación con la presentación de un escrito, con el que la parte promovente solicita que se dicte el auto de ejecución y/o embargo, como cumplimiento del laudo pronunciado en el procedimiento laboral de origen, es que se concluye que debe estarse a la regla genérica para acordar una promoción, que es de cuarenta y ocho horas que tiene la autoridad para atender dicha promoción, ello conforme al artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". De tal forma que siguiendo la narrativa de los hechos relativos a los antecedentes del acto reclamado, se tiene que si la parte quejosa presentó dicho memorial el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se tiene que las cuarenta y ocho horas comprenden los días veintisiete y veintiocho de septiembre siguientes, por lo que la Junta responsable debía pronunciarse el veintinueve siguiente, y publicar dicho auto al día hábil siguiente (dos de octubre consecuente). Siendo que el promovente presentó la demanda de amparo, a través de su apoderada, al octavo día siguiente hábil de ello, es decir dieciséis de octubre del año en curso; por tanto, es claro que dada la proximidad de las fechas relacionadas, no se advierte que exista en el caso una abierta dilación que cause alguna afectación en sus derechos fundamentales, que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, por analogía, el siguiente criterio: "Registro digital: 2020122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVI.5 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5157 Tipo: Aislada DILACIONES PROCESALES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS. EN CADA CASO PARTICULAR, LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE ANALIZARSE EN ATENCIÓN A LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE AQUÉLLAS DEBIERON PRONUNCIARSE LEGALMENTE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS, CONFORME A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA DE QUE SE TRATE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", sostuvo que, por lo que hace a la materia laboral, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta para ello, que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así, siguiendo el criterio sostenido en la mencionada jurisprudencia, se concluye que en cada caso particular, dependiendo de la materia del asunto, deberá analizarse la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra las dilaciones presuntamente excesivas en que incurran las autoridades responsables en el dictado de proveídos, en atención a la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse éstas o diligenciarse los actos procesales respectivos, conforme a la ley aplicable a la materia de que se trate. Luego, deberá tomarse en cuenta el periodo máximo que la ley aplicable a cada caso concreto tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción de las partes contendientes, para dar impulso al procedimiento para su trámite, en el entendido de que si éste no se activa, la sanción procesal será la caducidad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como su autorizado, a la persona que menciona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada su calidad de parte trabajadora en el juicio laboral de origen. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES). En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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