Juan Vargas Martínez
Expediente 239/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Juan Vargas Martínez
- Felipe Saenz Curiel
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintidós de febrero dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Sauceda Estrada, Oscar Manuel Rojas Morales, Felipe Saenz Curiel, Juan Vargas Martínez, Miguel Ángel Pérez Robledo, Elizabeth Castillo Guerrero e Irma López Santana, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Cuernavaca y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 239/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridades responsables: Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. Director General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) Director Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro-Sur. Transcripción del acto reclamado. La violación a nuestro derecho humano de acceso al agua potable. El corte inminente corte o suspensión del suministro de agua potable en cada una de las tomas de agua potable domiciliarias que tenemos contratadas con SAPAC. La suspensión de la prestación del servicio público de agua potable por parte del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC) La suspensión de la prestación del servicio público de energía eléctrica al pozo de extracción de agua potable POZO AMATITLÁN, ubicado en Calle Atlacomulco S/N colonia Acapatzingo de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. La omisión por parte de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables de garantizar a los usuarios demandante el acceso del servicio público de agua potable de uso personal y domiciliario. De la improcedencia. En relación con la aludida hipótesis, es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el juzgador examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En apoyo a lo anterior se cita la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro rápido de localización 2004008, que es del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, debe tomarse en cuenta lo previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro rápido de localización 2002812, cuyo rubro indica "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Así, el juicio de amparo es un medio de control y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el artículo 107 constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular este segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de autoridades administrativas. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: a. La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. b. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. c. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés jurídico, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, con registro rápido de localización 2004501, cuyo rubro se lee: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En el caso, los actos reclamados hechos valer por la parte quejosa consisten en: La suspensión de la prestación del servicio de agua potable, derivado del corte de suministro de energía eléctrica al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, al "pozo Amatitlán". Asimismo, los peticionarios del amparo aducen, ser usuarios del servicio público del agua potable, por el cual efectúan pago por el consumo de manera mensual o bimestral; asimismo, aducen que en días pasados, el Suministrador de Servicios Básicos, División Comercial Centro Sur comisión Federal de Electricidad ha cortado el suministro de energía al referido pozo que abastece el vital líquido a diversas colonias de Cuernavaca. Por tanto, se advierte una prestación que la Comisión Federal de Electricidad realiza en su favor, de ello se colige que existe entre ambos entes un contrato para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Sin embargo, lo anterior se trata de un interés simple derivado de su condición de gobernado, pues, aducen, que tienen interés en impugnar dicho acto reclamado como habitantes de Cuernavaca, Morelos, usuarios del servicio que presta el Sistema Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, esto es, invocan un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refieren las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. En efecto, los peticionarios de amparo aducen como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, les corresponde como gobernados del estado, usuarios de los servicios que presta el sistema antes mencionado; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Para corroborar la conclusión alcanzada, como se dijo, basta la lectura integral del escrito inicial de demanda, de donde se advierte que la única causa o motivo en que se sustenta la supuesta existencia un interés legítimo, es en el hecho de que los quejosos aducen tener un interés jurídico y que de facto se transgrede el orden jurídico y permite la afectación de la esfera jurídica de los gobernados. En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple de todo gobernado, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Esto es, en el acto protestado en amparo el quejoso tiene un interés simple como todo miembro de la comunidad en la que habita de que las autoridades de que se tratan, desplieguen, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se abstengan de cortar el suministro de energía eléctrica al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, ente respecto del cual, los quejosos son usuarios de sus servicios, así como de afectar los equipos de bombeo que el sistema emplea para cumplir con su fin primordial. Efectivamente, el derecho que aducen violado los peticionarios de amparo constituye un derecho abstracto (interés en la mera legalidad), sin que con la consecución del mismo pueda obtenerse un provecho concreto en su esfera jurídica particular. En estas condiciones, se concluye que no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto, la que puede denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría a que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos, tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con ciertos requisitos legales. Consecuentemente, no puede considerase que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad de que con base en un interés simple se acuda al juicio de amparo, aduciendo como única condición legitimante el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto. Por el contrario, la visión de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una derecho humano violado -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Por tanto, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintieron los gobernados. Así las cosas, si en la especie los impetrantes de amparo basan su legitimación en el hecho de ser ciudadanos, gobernados en el Estado y en atención a su calidad de usuarios de los servicios de un ente suministrador de agua potable, aducen ser titulares del derecho de que se les imparta justicia por tribunales que estarán expeditos para ello y, por ende, de reclamar actos que inciden sobre la esfera jurídica de un diverso ente, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 17 constitucional, resulta incuestionable que ese derecho que aduce en su favor y la razón en la que basa la procedencia del juicio de amparo, la tienen todos los ciudadanos de la entidad, lo que se traduce en un mero interés simple en la legalidad, el cual no puede considerarse como legítimo mientras no se demuestre que la ilegalidad de los actos reclamados trascienden en perjuicio de la quejosa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De modo que si la pretensión de la parte quejosa no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que les asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto no basta para iniciar la acción constitucional. En razón de todo lo expuesto, se concluye que si los quejosos acuden al juicio de amparo ostentándose como gobernados, usuarios de los servicios de un ente suministrador de agua potable y habitantes del estado, lo que se traduce en un interés simple y no legítimo, resulta innecesario esperar hasta el dictado de la sentencia para sobreseer en el juicio, en tanto que ningún beneficio le reportaría el que se desahogara la etapa probatoria, ya que no podría demostrar como sustento de su interés para accionar el juicio constitucional una cuestión que no adujo en su escrito de demanda de amparo. Por tanto, como los quejosos solo tienen un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para defender la legalidad de los actos reclamados, es incuestionable que no es procedente el juicio de amparo en tanto que para la promoción de este medio extraordinario de defensa no basta la existencia de un interés simple, sino que se requiere de un interés legítimo, el cual, en todo caso, podría ostentar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, por ser quien reciente una afectación en su esfera jurídica, derivado del corte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. De ahí que se considere actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, registro 2014433, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De igual forma, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro rápido de localización 2007921, cuyo rubro indica: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Asimismo, se robustece de acuerdo al criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Además, resulta aplicable, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.) de la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 448, con registro digital 2009201, el tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." Conclusión. En las narradas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5° fracción I y 6°, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha la demanda de amparo por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Emmanuel Josua Sánchez Delgado, en razón de que se trata de un asunto en materia administrativa y no acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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