Juan Valencia Valle
Expediente 1233/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1233/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Valencia Valle
Actuaciones
- Principal
MESA II "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veintinueve de julio pasado (fojas 8 a 11), se desechó la demanda de garantías promovida por JUAN VALENCIA VALLE, el cual se notificó a la parte promovente el cuatro de agosto siguiente (foja 13 vuelta); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA II "... Vista la razón asentada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad para notificar el auto de veintinueve de julio pasado, a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicha determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, hasta que se señale domicilio para tal efecto..."
- Principal
MESA II "... Agréguese la copia del oficio SGA-VIII TER-21510/2016 y anexo del Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído de uno de junio de dos mil dieciséis, dictado en el cuaderno de varios 508/2016-VDA de su índice, asimismo remite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1233/2016. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Respecto al tema materia de este juicio -actos de la Comisión Federal de Electricidad-, existe la siguiente tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Décima Época. Registro: 2007678. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a. CVI/2014 (10a.). Página: 1093. Los preceptos y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existe la siguiente jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época). Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Finalmente, contempla la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, entendiéndose que éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de los demás gobernados. En el caso, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente dicha, como tampoco de un acto de particular que se conduzca con tal carácter, pues como se ve, los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, así como la orden de pago injustificado y suspensión de energía eléctrica, lo que conlleva a concluir que procede primeramente agotar la instancia en materia administrativa, como el juicio de nulidad, revocación o el recurso de revisión. Así también, constituye un acto derivado de un contrato de prestación de servicios, donde interviene la voluntad de ambos contratantes, lo que coloca a ambas partes en un plano de igualdad, por ello, el acto que emane de una de las partes, en el caso, de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, carecen de la naturaleza de un acto de autoridad, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no corresponde a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación) sino a una relación de coordinación entre aquéllos, originada mediante un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos, de ahí que los referidos actos dentro de esa relación, no corresponden a los privativos y de molestia previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no derivan de un mandamiento unilateral del Estado, sino de la mera consecuencia del contrato de suministro de energía eléctrica; por tanto, se reitera, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, y procede DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Amín Cholác Manzur, y únicamente para recibirlas, a Norma Laura Picazo Savournin Y Guillermina Alejandra Berriolope Orozco, sin las amplias facultades que prevé el normativo citado, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual está obligada en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. CONSTE.)
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