Juan Valencia Moreno

Expediente 2975/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2975/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • Juan Valencia Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el uno de febrero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al párrafo último del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se sobreseyó en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. IV. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 2975/2018, promovido por Juan Valencia Moreno, Tomás Aguilar María, Ramón Covarrubias Cuevas y Roberto Gaviño Hernández, contra el acto que reclama de las autoridades responsables Congreso y Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ambos del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciocho, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en esta ciudad, y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Juan Valencia Moreno, Tomás Aguilar María, Ramón Covarrubias Cuevas y Roberto Gaviño Hernández solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y contra las autoridades siguientes: I. Autoridades responsables:  Congreso del Estado de Jalisco.  Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. II. Acto reclamado:  La omisión de suspender en el cargo por quince días sin goce de sueldo al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en del juicio laboral 1784/2007-C1. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho , se admitió a trámite la demanda propuesta, a la que le correspondió el expediente 2975/2018, se solicitó a las autoridades responsables rindieran informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se dio inicio en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como con los preceptos 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado consiste en: 1. La omisión de suspender en el cargo por quince días sin goce de sueldo al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en del juicio laboral 1784/2007-C1, por parte de éste y del Congreso del Estado de Jalisco. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no obstante haber manifestado que era cierto al rendir su informe justificado . Ello es así, pues de las manifestaciones del Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Estado, realizadas en su informe justificado, se advierte que el trece de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de esa entidad federativa, realizó la ratificación de la solicitud de suspensión del Presidente Municipal de La Huerta, Jalisco, por el plazo referido; de ahí que se estime que la omisión atribuida a esta autoridad resulte inexistente a la fecha en que se presentó la presente demanda de amparo. En efecto, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia del acto impugnado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En cuanto al Congreso del Estado de Jalisco, el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, al rendir su informe justificado , manifestó que no eran ciertos los actos que se le reclamaron, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, aun cuando se le dio vista con dichos informes, pues no ofreció medio de convicción idóneo para ese fin. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "Época: Sexta Época Registro: 1002350 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 305 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Para arribar a esta conclusión, se estima conveniente reproducir el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Conforme a lo anterior, el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos no quede demostrada la existencia de los actos impugnados a las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, para dar mayor claridad a esta resolución, conviene precisar el marco jurídico aplicable al procedimiento que se debe seguir a efecto de suspender por el plazo de quince días a un servidor público municipal. En esa tesitura, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, faculta al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para aplicar distintas sanciones, con el fin de hacer cumplir sus determinaciones, al disponer: "Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones de diez hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. La suspensión empezará a partir del día siguiente de su notificación y los actos que se realicen en desacato al resolutivo respectivo serán nulos. El cumplimiento del laudo interrumpe la suspensión. Si no obstante la sanción prevista en el párrafo segundo y subsecuentes, se persiste en el incumplimiento, la suspensión se repetirá contra los responsables y podrá ampliarse en contra de quienes les sustituyan. Los magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrán la responsabilidad de hacer cumplir los laudos. La negativa de decretar la suspensión temporal de algún servidor público que incurriere en alguna de las causas señaladas en el presente artículo, será motivo para que a dichos funcionarios se les aplique la sanción que corresponda en acatamiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo que se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o municipios, en cuyo caso remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente." Como se advierte, el precepto legal transcrito constituye una garantía instrumental al servicio del derecho humano de tutela judicial. Esto es así, porque el Tribunal podrá imponer como medida de apremio, entre otras, la suspensión en el cargo hasta por quince días sin goce de sueldo del funcionario obligado a cumplir con el laudo. Respecto de la ejecución de esa medida de apremio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 217/2018, consideró que de la interpretación del párrafo último de artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se advertía que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento de un laudo, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público. Ello era así, pues en términos del artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el Congreso local era el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal. Criterio visible en la tesis de jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro: 2018369 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de noviembre de 2018 10:20 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: 2a./J. 111/2018 (10a.) SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN. De acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan tenido la oportunidad de defenderse. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé, entre las medidas que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje puede emplear para lograr el cumplimiento de un laudo, la suspensión del servidor público obligado a acatarlo; no obstante, de la interpretación de su último párrafo, se advierte que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público, pues en términos de la Constitución Federal éste es el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal." Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que para hacer efectiva la medida de apremio de suspensión en el cargo de un Presidente Municipal, para lograr el cumplimiento de un laudo, era necesario que la substanciación del procedimiento respectivo, a efecto de verificar si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público. Al respecto, los artículos 203 a 211 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco vigentes , prevén el procedimiento de suspensión de miembros de los ayuntamientos por causas graves, que, a la letra dicen: "Substanciación del trámite para la desintegración de ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato a alguno de sus miembros Artículo 203. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los ayuntamientos, concejos municipales, la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados. Artículo 204. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra ayuntamientoso (sic) miembros de estos cuerpos colegiados por alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, procede con lo contenido al presente capítulo. Artículo 205. 1. Una vez ratificada la queja o denuncia, se presenta a la Asamblea del Congreso del Estado para que se turne a la comisión competente, la cual califica si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y, si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, se dictamina en un plazo de hasta cuarenta y cinco días hábiles. 2. Si la comisión resuelve que la queja o denuncia no debe atenderse, propone dictamen de acuerdo legislativo en determinado sentido, para que sea la Asamblea la que resuelva lo conducente. 3. En caso de que la Asamblea apruebe la substanciación del trámite, elpresidente (sic) de la comisión competente,instruye (sic) la notificación inmediatamente al denunciante y a los denunciados. Artículo 206. 1. Los Ayuntamientos o sus miembros denunciados, pueden manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que fueron notificados. Artículo 207. 1. La comisión competente, actúa como instancia instructora del Congreso del Estado, la cual sustancia la causa, se allega y recibe información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y en general todas las pruebas necesarias y desahoga las mismas para el esclarecimiento de la verdad. 2. En cualquier tiempo la comisión señalada en este artículo puede recabar información o hacer los requerimientos que considere pertinentes para el mayor esclarecimiento de los hechos. Artículo 208. 1. Dentro de los quince días naturales siguientes, se señala día y hora para que ante la comisión instructora se celebre una audiencia, misma que se debe efectuar dentro de los quince días naturales siguientes. 2. En dicha audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y se expresan los alegatos, citándose al denunciante y al representante del ayuntamiento o al miembro denunciado. Concluida la audiencia, la comisión presenta, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictamen proponiendo el sentido de la resolución que deba adoptar el Congreso del Estado, según el caso. Artículo 209. 1. Si la resolución que adopte el Congreso del Estado se refiere a la desintegración del ayuntamiento y esto ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio, previo decreto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resolución y los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias. 2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta de la comisión competente, a los integrantes del Concejo Municipal que concluyen el periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Estado y la ley estatal de la materia. 3. El Congreso del Estado nombra una comisión especial encargada de instalar de inmediato el Concejo Municipal. Artículo 210. 1. Cuando la queja sea por la ausencia absoluta de la mayoría de los miembros propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el ayuntamiento, basta que la comisión competente constateel (sic) hecho y que sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la desintegración del ayuntamiento y se proceda a la designación de un Concejo Municipal o se convoque a la celebración de elecciones extraordinarias si así procede. Artículo 211. 1. Si la resolución que adopte el Congreso del Estado se refiere a la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros del ayuntamiento, se notifica al ayuntamiento para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no puede exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato." De los numerales anteriores, se desprende el procedimiento para suspender en el cargo a algún miembro de un ayuntamiento, por causas graves, el cual, en lo que interesa, se íntegra de las etapas siguientes: 1. Presentación de la denuncia o queja y su ratificación a la Asamblea del Congreso del Estado. 2. Hecho lo anterior, turno a la comisión competente. 3. En un plazo de hasta cuarenta y cinco días hábiles, la Comisión competente calificará si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y, si la denuncia reúne los requisitos de procedencia; asimismo, dictaminará y propondrá el dictamen de acuerdo legislativo en determinado sentido, para que sea la Asamblea la que resuelva lo conducente. Ahora, de autos se desprende, en lo que interesa, que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco impuso en proveído de seis de noviembre de dos mil diecisiete, como medida de apremio para lograr el cumplimiento de lo laudado en el juicio de origen, la suspensión de quince días sin goce de sueldo en el cargo al Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, ello ante el desacato de diverso proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete. También se advierte que esa determinación se comunicó y ratificó ante el Congreso del Estado de Jalisco, el trece de marzo de dos mil dieciocho; quien, a su vez, la turnó a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal del propio órgano legislativo, el veintitrés de marzo siguiente. Como se aprecia de lo anterior, es evidente que tanto el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, como el Congreso del Estado de Jalisco, al momento de la presentación de la demanda -diez de octubre de dos mil dieciocho-, ya habían realizado los actos tendentes a la ejecución de la medida de apremio, que conforme a sus facultades estaban obligados, sin que se advierta que el impetrante haya señalado como autoridades responsables a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, que los hubieran vinculado con este juicio constitucional. Consecuentemente, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo presentado por Juan Valencia Moreno, Tomás Aguilar María, Ramón Covarrubias Cuevas y Roberto Gaviño Hernández, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Tribunal de Arbitraje y Escalafón y Congreso, ambos del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el telegrama del Director General de Política de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, toda vez que mediante proveído de seis de los actuales, se proveyó al respecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Superior Conmina. Visto el contenido del oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, actuando en representación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual informa, que mediante oficio recibido el diecinueve de octubre del presente año, suscrito por el diputado presidente de la mesa directiva, en su carácter de superior jerárquico, le conmina para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando que se le dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio. De igual manera el diputado presidente de la mesa directiva del referente Congreso, informa a los Presidentes de la Comisión de Desarrollo Municipal y de la Comisión de Gobernación del mismo, tal encomienda de cumplimiento, en virtud, de que manifiesta que ellos son los responsables de acatar el presente fallo protector. Requerimiento. Asimismo, visto el estado de autos y toda vez que la referida autoridad responsable, no ha acatado el requerimiento de quince de octubre pasado, en virtud de, como se advierte de autos, así como del oficio S.A.G.-S.I/M-0980/2018, primeramente que a las once horas del día diez de octubre de dos mil dieciocho, se tenía contemplada la audiencia de desahogo de pruebas, relativas a la suspensión del cargo de los Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, circunstancia que no aconteció, por lo que, por auto de cuatro de octubre pasado, de nueva cuenta se le requirió al Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, para que dentro del término ahí contemplado en dicho auto, remitiera constancia fehaciente de lo acontecido en la fecha señalada para que tuviera tal verificado la multicitada audiencia de desahogo de pruebas. Después, por oficio registrado en este Juzgado Federal con número 30090, signado por el mismo Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, en su parte toral de advierte que mediante oficio LXI-812/GOB/2018, de diez de octubre pasado, suscrito por el Diputado Jorge Arana Arana, solicitó realizar las notificaciones correspondientes, a efecto de celebrar el diez de octubre del año en curso a la once horas, la referida audiencia, circunstancia que no aconteció por los motivos expuestos. Por tanto, a fin de esclarecer tal situación, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día que surta efectos la presente notificación: Informe la determinación alcanzada, respecto a la imposibilidad que le asistió, para el desahogo de la audiencia de pruebas, relativa a la suspensión del cargo de los Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, esto es, regularice dicha circunstancia, lo anterior, ante la imposibilidad de notificarle a los regidores la data para dicho desahogo de pruebas. Asimismo, remita copia certificada de la totalidad de las constancias de notificación, a que hace alusión en su memorándum de nueve de octubre del presente año, signado por el Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, con turno de folio oficialía de partes 3518. Lo anterior, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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