Juan Urbano Pineda Diaz

Expediente 448/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
448/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Urbano Pineda Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con veintiocho minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Juan Alfonzo Salazar Muñoz, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en sesión celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, comunicada a este órgano jurisdiccional por oficio CCJ/ST/6968/2019, asistido de Alejandro Haro Reyes, secretario de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo en acatamiento al artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda y con el estado que guarda el presente asunto. I. Relación de constancias. De conformidad con los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. El secretario da cuenta respecto de que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, para que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación a la existencia de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Zona Sur, con sede en El Rosario, Sinaloa, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendría por inexistente la misma. El secretario encargado del despacho acuerda: Visto el estado de autos, al no haber realizado la parte quejosa manifestación alguna respecto de la mencionada autoridad, se le hace efectivo el apercibimiento anunciado y se tiene por inexistente a la citada autoridad para efecto del presente juicio de amparo, ordenando suspender toda comunicación con la misma. Se abre el periodo de pruebas. El secretario hace constar y certifica que la parte quejosa a su escrito inicial de demanda anexó copia certificada del instrumento notarial número 8,251; certificado de defunción con número de folio 070556949 y acta de defunción con folio A251621959. Asimismo, la tercero interesada Estela Ontiveros Enriquez, exhibió copia certificada del certificado parcelario 000001039179 expedido a su nombre por el Delegado del Registro Agrario Nacional y acta de nacimiento suscrita por el Oficial 09 del Registro Civil; asimismo, ofertó la prueba testimonial a cargo de Jesús Ontiveros Hernández y Lucio Lerma Díaz. El secretario encargado del despacho acuerda: Se tienen por desahogadas las pruebas documentales exhibidas por la quejosa y la tercero interesada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora, por lo que hace a la testimonial ofertada por la tercero interesada debe desecharse, en virtud de que de las preguntas formuladas a los atestes, se desprende que solamente van dirigidas a demostrar la posesión del inmueble materia de litis constitucional; empero, con las mismas no se pretende acreditar la existencia de los actos reclamados; por tanto, y toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuye, como enseguida se verá, resulta innecesario el desahogo de la prueba testimonial, toda vez que a ningún fin práctico llevaría efectuarla. Sirve de apoyo la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dice: "PRUEBAS, INNECESARIO DESAHOGO DE. Si las autoridades responsables niegan los actos reclamados y las pruebas testimonial y pericial no tienden a demostrar la existencia de dichos actos, su falta de desahogo no causa perjuicio al quejoso, por lo que los agravios resultan fundados, pero son inoperantes, puesto que resultaría ocioso ordenar que se desahoguen las pruebas en cuestión, si ninguna influencia pueden tener en el sentido del fallo". (Octava Época; Registro: 230416; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo II, Julio a Diciembre de 1988; Materia(s): Común; Página: 443). Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Periodo de alegatos: El secretario hace constar que la tercero interesada, en su escrito de registro 12877 formuló diversos alegatos y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento. El secretario encargado del despacho acuerda: Se tienen por reproducidas las manifestaciones que realizó la tercero interesada en vía de alegatos. Al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente: V i s t o, para resolver el juicio de amparo 448/2019, promovido por Juan Urbano Pineda Díaz, contra actos del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las siguientes autoridades: 1. Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Rosario, Sinaloa. 2. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de El Rosario, Sinaloa. (autoridad declarada como inexistente). 3. Agente Tercero del Ministerio Público el Fuero Común Zona Sur, con sede en esta ciudad. 4. Jefe de Grupo o Comandante de la Partida Ministerial del Estado de Sinaloa, destacamentada en la ciudad de El Rosario, Sinaloa, cuya denominación correcta es Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con sede en El Rosario, Sinaloa. 5. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Rosario, Sinaloa. Actos reclamados:  La orden mediante la cual se le prohíbe disfrutar y disponer de la parcela número 118 Z1 P1/1, así como cortar y/o disponer de la fruta de los árboles de mango, bien inmueble que tiene en usufructo vitalicio, el cual se encuentra ubicado dentro del Ejido Aguaverde, del Municipio de Rosario, Sinaloa. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil diecinueve, previo escrito aclaratorio, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es la orden mediante la cual se le prohíbe disfrutar y disponer de la parcela número 118 Z1 P1/1, así como cortar y/o disponer de la fruta de los árboles de mango, bien inmueble que tiene en usufructo vitalicio, el cual se encuentra ubicado dentro del Ejido Aguaverde, del Municipio de Rosario, Sinaloa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia; Comandante "C" de Policía de Policía de Investigación del Estado; y, Director de Seguridad Pública Policía y Tránsito Municipal, todos con sede en El Rosario, Sinaloa; Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados . Aunado a ello, el peticionario de amparo no aportó prueba idónea que desvirtuara dicho aserto; en consecuencia, es patente la inexistencia de los actos reclamados. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de tales actos y autoridades. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 123, 124, 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Urbano Pineda Díaz, contra los actos reclamados al Juez de Primera Instancia; Comandante "C" de Policía de Policía de Investigación del Estado; y, Director de Seguridad Pública Policía y Tránsito Municipal, todos con sede en El Rosario, Sinaloa; Agente Tercero del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA EL QUEJOSO JUAN URBANO PINEDA DÍAZ Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Pieza postal devuelta. Se tiene por recibida la pieza devuelta por el Administrador Postal, con residencia en esta ciudad, relativa al oficio 23305/2019, dirigido al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Zona Sur, con sede en El Rosario, Sinaloa, en razón de la imposibilidad de entregarla, por el motivo que en la misma se expone. Autoridad inexistente. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de once de julio de dos mil diecinueve, y se tiene por inexistente a la citada autoridad para efecto del presente juicio de amparo, ordenando suspender toda comunicación con la misma; quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su existencia, o bien, corregir su denominación, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. I. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se decretó la inexistencia de la autoridad responsable señalada por el quejoso bajo la denominación de Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Zona Sur, con sede en El Rosario, Sinaloa. Sin embargo, se omitió notificar personalmente el citado proveído, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera, al ser una carga para el quejoso señalar correctamente la denominación de la autoridad responsable como requisito de su demanda, en términos del numeral 108, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que, se estima necesario que el quejoso tenga conocimiento de tal circunstancia, para que una vez enterado de ello, corrija o aclare el nombre de la autoridad que designó como responsable o pruebe que sí existe bajo la denominación que indicó en su demanda. Encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se trascribe: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió. (Décima Época, Registro: 2021029, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 15 de noviembre de 2019, Materia Común) II. Se ordena notificación personal para la parte quejosa. En consecuencia, se ordena notificar al quejoso el proveído de veinticinco de julio del año en curso, y se le requiere para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de su notificación, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la inexistencia de la citada autoridad. III. Apercibimiento para el quejoso. Se apercibe al quejoso que de no realizar manifestación al respecto, en el término concedido, subsistirá la inexistencia decretada en el citado proveído. IV. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese en término de ley, así como el diverso proveído de veinticinco de julio del año en curso.

  3. Principal

    Notifíquese en término de ley, así como el diverso proveído de veinticinco de julio del año en curso.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Difiere audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con veintiocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, ante la imposibilidad de celebrarla, acorde al primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." Notifíquese.

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