Juan Ulises Falcón Campos
Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Ulises Falcón Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito; al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativa 689/2022, interpuesto por Juan Ulises Falcón Campos. Acúsese recibo de estilo y comuníquese a las partes que la superioridad, al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Juan Ulises Falcón Campos, por lo cual se confirma el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo 1149/2022." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el punto 8.1.1, número 1, inciso c), del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 20, fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.
- Principal
Visito el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual trascribe el proveído dictado en el recurso de queja administrativo 689/2022 de su índice, del que se advierte que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el quejoso contra el auto de veintidós de septiembre del presente año en el que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, este juzgado de distrito queda en espera de lo que tenga a bien determinar la superioridad para proveer lo que en derecho proceda.-
- Principal
ntégrese al expediente el escrito signado por el quejoso; atento a su contenido y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto recurso de queja contra el auto de veintidós de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano su demanda. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimosexto Circuito. En vía de informe, comuníquese al tribunal de alzada que mediante el proveído recurrido se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, no obstante, se sostiene su legalidad al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Para justificar lo anterior, remítase copia certificada de todo lo actuado en el expediente 1149/2022-IV a efecto de que el Tribunal que conozca del tal medio de impgnación esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que resulte necesario notificar a persona alguna en términos de lo que dispone la primera parte del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que al tratarse de una demanda que se desechó por notoriamente improcedente, no existen partes integradas a la relación procesal, a quienes deba notificarse de la interposición del recurso de queja.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Juan Ulises Falcón Campos, contra actos del Magistrado Propietario de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Fórmese expediente y regístrese con el número 1149/2022-IV. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias anexas, se observa que el acto reclamado consiste en el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado Propietario de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el expediente 258/2aSala/2019 de su índice, en el cual el quejoso es parte actora y que, en lo que interesa, acordó lo siguiente: ... En ese sentido, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo, 61, fracción XXIII en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y la tesis sin número sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 232011, que dice: Los invocados dispositivos, sobre el particular establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) De los preceptos legales antes trascritos, así como del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citado, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando la improcedencia resulta de alguna disposición de la Ley de Amparo, en tanto que del numeral 217 de ésta última, se desprende que la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las Salas de la misma, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Para que esta causa de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución; y, b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En el entendido, de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; o cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 2) Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. En el caso, en el proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós que reclama el quejoso, el Magistrado de la Sala responsable determinó que no había lugar a requerir a la autoridad demandada, el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente 258/2aSala/2019, en razón de que en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, tuvo cumplida la sentencia emitida en ese asunto y ordenó su archivo definitivo. Además, en el proveído que reclama el quejoso, la responsable destacó que el propio actor y aquí quejoso presentó promoción el dos de agosto del año en curso, en el sentido de estar conforme con el pago de las prestaciones que le hizo la autoridad demandada. Entonces, si el quejoso no impugnó el proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se colige que lo consintió. Así, si consintió el proveído que declaró cumplida la sentencia emitida en el juicio de origen y ordenó su archivo definitivo, resulta claro que el proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós por el que la autoridad se niega a requerir su cumplimiento, no es más que una consecuencia de un acto consentido. Suponer lo contrario equivaldría permitir a los quejosos que impugnaran en cualquier tiempo los actos contra los que no se inconformaron oportunamente, pues los actos que son consecuencia natural de estos, se sustentan en las mismas bases jurídicas, de manera que al ser estudiados en una instancia de amparo, se estarían analizando aquéllos de los que surgen; pues la falta de impugnación del acto del que deriva el reclamado constituye una manifestación de la voluntad que entraña también la conformidad en éste, como consecuencia lógica y natural de aquél. Por consiguiente, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), por actualizarse las causas de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII en relación con el 217, de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio del promovente, el ubicado en calle en esta ciudad. Asimismo, ténganse como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Portillo López, en virtud de sí que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a Francisco Javier Gómez Monjaraz, por no contar con registro en dicho sistema. se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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