Juan Trinidad Estrada González

Expediente 758/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
758/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
09/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Trinidad Estrada González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del sumario constitucional en que se actúa evidencia que en proveído de trece de mayo anterior, se reservó acordar lo conducente respecto a la solicitud de los terceros interesados, es decir, requerir a la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, a efecto de que aclarara la calidad del quejoso Mariano Rebollar Martínez y/o Félix Mariano Rebollar Martínez, una vez que este juzgado contara con las constancias requeridas al Registro Agrario Nacional (Oficinas Centrales), circunstancia que ya aconteció. Por tanto, se requiere a la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, para que en el plazo de tres días siguientes contados a partir de la fecha en que se notifique dicha determinación, plazo que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en vía de informe manifieste y aclare de conformidad con sus antecedentes que obran en dicha dependencia si el quejoso Mariano Rebollar Martínez y/o Félix Mariano Rebollar Martínez es o no ejidatario reconocido del Ejido de San Francisco Mihualtepec, municipio de Donato Guerra, Estado de México. Lo anterior, pues el quejoso exhibió en este juicio la documental pública consistente en la constancia de vigencia de derechos agrarios de veinte de abril de dos mil dieciséis, expedida a favor del quejoso Mariano Rebollar Martínez, por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional y a su vez los terceros interesados presentaron la documental consistente en una relación en original de los ejidatarios del Ejido del Ejido de San Francisco Mihualtepec, Municipio de Donato Guerra, Estado de México, expedida por la Registradora Integral de referencia, circunstancia que crea incertidumbre respecto al acto combatido y que será, en su caso, materia de la litis en el presente asunto. Apercibida que de hacer caso omiso o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción I, del ordenamiento legal invocado, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. Visto el escrito signado por el quejoso Juan Trinidad Estrada González, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias certificadas que solicita, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido que quien se presente a recibirlas, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 767/2015-I, promovido por Antonio Rubio Águila, por derecho propio y en representación de Antonella Boudib Rubio Salomón e Isabella Duahye Rubio Salomón, Zaida Edith Rubio Águila, Edith Águila Boudib, Zaida Águila Boudib y David Xjeda Boudib Salgado Águila, contra actos del Juez Séptimo Familiar de Querétaro, Querétaro y otras autoridades, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado de Distrito el veintiocho de mayo de dos mil quince, Antonio Rubio Águila, por derecho propio y en representación de Antonella Boudib Rubio Salomón e Isabella Duahye Rubio Salomón, Zaida Edith Rubio Águila, Edith Águila Boudib, Zaida Águila Boudib y David Xjeda Boudib Salgado Águila, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indica: "Autoridades responsables: Juez Séptimo de lo Familiar de Querétaro, Querétaro. Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, Querétaro. Procurador General de la República. Comisionado de Seguridad Nacional. Titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República. Comisionado General de la Policía Federal. Director de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de la República. Director de la Policía Federal. Secretario de Seguridad Pública Federal. Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro. Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Procurador General de Justicia del Estado de México. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Subdirector de Ejecución de Mandamientos Judiciales y Apoyos Oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Jefe General de la Policía de Investigación de la Policía Judicial del Distrito Federal. Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Director de la Policía de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, Querétaro. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Fiscal de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fiscal en Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fiscal de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Secretario de Seguridad Pública Municipal del Estado de Querétaro, Querétaro. Comisionado de Seguridad Pública Municipal de Toluca, Estado de México." "Actos reclamados: Todo lo actuado y, particularmente, la orden de restricción y/o de restitución de las menores Antonella Boudib Rubio Salomón e Isabella Duahye Rubio Salomón, girada en contra Antonio Rubio Águila dentro del expediente 578/2015-E. Todo lo actuado y, particularmente la orden de aprehensión y/o de detención girada en contra de los ahora quejosos dentro del acta de averiguación previa IV/1382/2015, seguida ante el Agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, Querétaro, por la probable comisión de los delitos de sustracción de menores y violencia familiar." SEGUNDO. Suspensión provisional y solicitud de informes previos. En auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, se formó por duplicado el incidente de suspensión para proveer respecto del acto combatido; se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo. TERCERO. Resoluciones interlocutorias. En resoluciones interlocutorias de fechas cinco y veintiséis de junio; catorce de julio, veintisiete de agosto, uno de diciembre, todas de dos mil quince, así como la de cuatro de enero, veintiséis de febrero del año en curso, se llevaron a cabo las audiencias incidentales respecto de las autoridades ahí señaladas. CUARTO. Recurso de queja. Por auto de diez de noviembre de dos mil quince, en acatamiento a la ejecutoria emitida en el recurso de queja civil 161/2015, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través de la cual declaró fundado el recurso interpuesto por la parte quejosa, contra los proveídos de veinte y veintitrés de julio de dos mil quince, dictados en el juicio principal, se ordenó la admisión de la ampliación de demanda promovida por Antonio Rubio Águila, por derecho propio y en representación de sus menores hijas Antonella Boudib e Isabella Duahye ambas de apellidos Rubio Salomón, contra las autoridades y actos reclamados insertos en dicho escrito, por lo que, con fundamento en los artículos 125, 128 y 138, fracción III de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito solicitó los respectivos informes previos, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició al tenor del acta procedente y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Precisión del acto reclamado en vía de ampliación. En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que la parte quejosa en vía de ampliación señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Séptimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales contra Menor y Violencia Intrafamiliar (averiguación previa IV/1382/2015). Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia, Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Director de Guardia Municipal. Director de CECOM (línea de emergencia 066). Dirección General de Control y Verificación Migratoria. Dirección General Adjunta de Información e Investigación Migratoria Dirección de Información Migratoria. Subdirector del Centro Nacional de Alertas de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración. "ACTOS RECLAMADOS. 1. La medida urgente consistente en la custodia provisional que se otorgó a Johanna Salomón Otero, respecto de sus menores hijas. 2. La orden de restitución de las menores Isabella Duahye y Antonella Boudib, Rubio Salomón. 3. La orden de restricción, a fin de que Antonio Rubio Águila se abstuviera de acudir al domicilio ubicado en la colonia El Refugio, privada Villa Romana, Paseo de Miguel Ángel número dieciséis, en Querétaro, Querétaro. 4. La orden de restricción provisional para que Antonio Rubio Águila, se abstuviera de acercarse a una distancia de cien metros del domicilio antes indicado, bajo apercibimiento de multa. 5. La orden de requerir la entrega inmediata de las menores Isabella Duahye y Antonella Boudib de apellidos Rubio Salomón, en favor de su madre, con el apercibimiento de que en caso de existir oposición o resistencia se haría uso de la fuerza pública. 6. La alerta migratoria emitida con fecha ocho de mayo de dos mil quince." SEGUNDO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables en el escrito de ampliación de demanda denominadas Director del Centro de Comunicación y Monitoreo y el Director de Guardia Municipal, ambos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Querétaro, al rendir sus respectivos informes previos, aceptaron la existencia de los actos que les atribuye el quejoso, consistente en la orden de restricción y/o de restitución de las menores Antonella Boudib Rubio Salomón e Isabella Duahye Rubio Salomón, girada en contra Antonio Rubio Águila dentro del expediente 578/2015-E. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales contra Menor y Violencia Intrafamiliar, no obra su informe de ley, no obstante de haber sido notificado para tal efecto el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, como se advierte del oficio y anexo remitido por la Jefa del COM Mexpost, por tanto, en términos de la última parte del artículo 142 de la Ley de Amparo, procede presumir la certeza del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 2563, del Tomo LXVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INFORME PREVIO, FALTA DEL. El artículo 131 de la Ley de Amparo dispone que las autoridades responsables deberán rendir el informe previo dentro del término de 24 horas y el artículo siguiente consigna que la falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión. Relacionando ambas disposiciones es jurídico concluir que la rendición del informe, después de vencido el término, equivale a la falta del mismo, esto es, que para los efectos legales, es lo mismo la ausencia absoluta del informe, que su presentación extemporánea, pues de otra suerte carecería de objeto el término legal." De igual forma, tiene se invoca la tesis publicada en la página 2177, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 299106, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME PREVIO. A pesar de que la autoridad ejecutora no rindió su informe previo, no puede presumirse que sea cierto el acto que le atribuyen los quejosos, si la autoridad ordenadora niega en su informe previo haber dictado el acto que se le atribuye, y los quejosos no rindieron prueba alguna para desvirtuar esa negativa." Consideraciones de la concesión de la suspensión definitiva. En ese orden de ideas, respecto a las consecuencias de los actos reclamados indicados, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, si a la fecha no se han ejecutado los actos reclamados, éstos no se lleven a cabo. Lo anterior, pues el quejoso adjuntó a su demanda de amparo el original del informe psicológico, signado por el licenciado en psicología Ángel René Pérez Herrera (cédula profesional 5051291), con el que revela de manera indiciaria que las menores Antonella Boudib Rubio Salomón e Isabella Duahye Rubio Salomón, corren riesgo en su integridad mental en caso de ejecutarse los actos reclamados. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia PC.I.C. J/9 C (10a), publicada en la página 1816, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR. Si se solicita la suspensión contra la orden derivada de la vía de apremio para el cumplimiento de un convenio aprobado previamente por la autoridad judicial y elevado a la categoría de cosa juzgada, por el que se otorgó a uno de los progenitores la guarda y custodia de un menor de edad, y dicha orden consiste en que el que no la tiene y retuvo al menor, lo restituya al primero, aquélla debe negarse al ponderar el carácter de sentencia ejecutoria que le reviste al convenio judicial, cuyo cumplimiento es de interés social, y en atención al interés superior del menor, al procurarle la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación, salvo que del análisis realizado por el juzgador de amparo, en forma valorada-concreta, al acto reclamado, incluyendo las manifestaciones formuladas por las partes y los elementos de convicción aportados por éstas al incidente de suspensión, o bien, aquellos que el juzgador recabe de oficio si lo estima necesario, revelen al menos de manera indiciaria, la existencia de algún riesgo real para la integridad del menor en caso de ejecutarse el acto reclamado, pues de haberlo, procede suspender la ejecución del acto hasta que se resuelva el amparo." Asimismo, cabe indicar que los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." "Artículo 4º. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Del análisis de dichos preceptos se desprende de forma clara la voluntad que existe por parte del Estado para otorgar las condiciones necesarias para la consecución de un sano y adecuado desarrollo de la niñez, motivo por el cual el interés de los menores se encuentra por encima de cualquier otro que pretenda hacer valer persona alguna. Asimismo, resulta oportuno establecer que la Convención Sobre los Derechos del Niño firmada por el entonces Presidente de la República el veintiséis de enero de mil novecientos noventa, en lo conducente dispone lo siguiente: "Artículo 1. Para los efectos de la presenta Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales (.) Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.) Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. (.) Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." De una interpretación de los numerales citados, se desprende que la circunstancia de que sean los padres de los menores quienes soliciten el reconocimiento del derecho de convivencia con éstos, no significa que ellos sean los titulares absolutos sobre el contenido y alcance de aquél, sino que, éste se encuentra subordinado siempre al interés superior de los niños. A la consideración anterior sirve de sustento la tesis CXLI/2007, publicada en la página 265, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, Materia Civil, Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." Así como la diversa XLV/2008, públicada en la página 712, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Constitucional, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios." Es decir, debe ponderarse el derecho de lograr la estabilidad personal y emocional de los menores, al proporcionarles afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, y del efectivo cumplimiento de la convivencia determinada por el juez responsable depende su desarrollo armónico e integral, en cuya observancia está interesada la sociedad y el Estado; por tanto, el goce y disfrute de esos derechos no pueden impedirse sin justa causa. A mayor abundamiento, debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, siempre que no exista algún factor grave que ponga en riesgo su seguridad o adecuado desarrollo. Al caso se invoca por su contenido, la tesis III.4º. (III Región) 2C (10ª), publicada en la página 1961, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Materia Civil, del contenido: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA DE MENORES. PARA DETERMINAR SI PUEDEN CONVIVIR CON SUS PADRES, TANTO CON QUIEN EJERCE SU CUSTODIA COMO CON QUIEN DEMANDÓ AQUELLA CONTROVERSIA FAMILIAR, LA AUTORIDAD DEBE EJERCER EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO Y PRIVILEGIAR EL DERECHO DE LOS NIÑOS A CONVIVIR CON AMBOS PROGENITORES. De acuerdo con la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011, en aras de proteger los derechos humanos del gobernado, los órganos jurisdiccionales deben ejercer el control convencional difuso, bajo el principio de interpretación conforme (acceso efectivo a la justicia), para lograr la armonización sobre los derechos nacional e internacional; técnica hermenéutica mediante la cual los derechos y postulados constitucionales son armonizados con valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por los Estados, para obtener su mejor eficiencia y protección. Por otro lado, el artículo 4o., párrafo octavo, constitucional consagra el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, cuestiones respecto de las cuales los ascendientes, tutores y custodios están obligados a preservar, siendo el Estado quien proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de dichas prerrogativas. En ese sentido, si el planteamiento de la litis en el juicio natural consiste en determinar la procedencia de la convivencia de un menor con sus progenitores, tanto con quien ejerce su custodia, como con el demandante de la controversia familiar relativa, es necesario ejercer el control de convencionalidad difuso y revisar los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con la comunidad internacional, para lo cual, debe acudirse a los artículos 9, numeral 3 y 10, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, que prevén que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. Además, de la interpretación armónica del pacto internacional y la Carta Magna, se concluye que en caso de la separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del niño y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres, siempre que no exista algún factor grave que ponga en riesgo su seguridad o adecuado desarrollo. A partir de estas premisas, las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores, pues de acuerdo con el pacto internacional aludido, los Estados Partes deberán respetar el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." Y la jurisprudencia I.6o.C.J/49, publicada en la página 1289, del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2005, Tomo XXII, Materia Civil, Novena Época, que dice: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores." Asimismo, la tesis I.7o.C.60 C, publicada en la página 819, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia Civil, Novena Época, que a la letra dice: "MENORES. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SI SE RECLAMA EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA AL PADRE LA ENTREGA DE SU MENOR HIJO A SU MADRE, ANTE LA NATURALEZA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE CAUSARÍAN. Si se reclama en amparo la resolución que ordena al padre la entrega del menor hijo a su madre, la suspensión debe negarse, al existir en el Código Civil del Distrito Federal disposición de orden público que señala que quien mejor puede cuidar a los hijos menores de cierta edad es la madre. Sin embargo, dicha regla legal admite una excepción: cuando, de negarse la medida suspensional solicitada, se afectaría el interés superior del niño, protegido por el artículo 4o. de la Constitución General de la República y por la Convención de los Derechos del Niño, entendido dicho interés superior, como la institución a través de la cual se procura el desarrollo pleno e integral del infante, proporcionándole la estabilidad, cuidados y asistencia necesarios para lograrlo. Esta hipótesis se actualiza, cuando el menor desde siempre, ha vivido con su padre, pues de no concederse la suspensión del acto reclamado, se le pudieran causar daños y perjuicios imposibles de reparar, ya que la entrega que de él se hiciera a su madre, equivaldría a quebrantar la estabilidad de su entorno, con la posibilidad de que resuelto en definitiva el juicio de amparo, de ser favorable la sentencia respectiva, de nueva cuenta tuviera que regresar a vivir con su progenitor, movilidad ésta que inevitablemente repercutiría en su sano desarrollo integral, que también constituye una cuestión de orden público y, por ende, ante la naturaleza de los daños y perjuicios que se causarían al menor con la ejecución del acto reclamado, procede conceder la suspensión definitiva solicitada." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se concede a Antonio Rubio Águila, por derecho propio y en representación de sus menores hijas Antonella Boudib Rubio Salomón e Isabella Duahye Rubio Salomón, Zaida Edith Rubio Águila, Edith Águila Boudib, Zaida Águila Boudib y David Xjeda Boudib Salgado Águila, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en el considerando primero y segundo de esta resolución. Notifíquese.

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