Juan Tomás Rodríguez
Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Tomás Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Se recibe el escrito de cuenta mediante el cual, la autorizada en términos amplios de la parte quejosa manifiesta que cesaron los efectos de los actos reclamados de la autoridad responsable. En el caso, se verifica la hipótesis de inviabilidad prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En principio, se toma en cuenta que el acto se vincula con el derecho de petición, que está reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo trascrito se desprende que los funcionarios y empleados públicos, cuando actúan con imperio, deben respetar el derecho de petición que los obliga a: a) recibir el escrito mediante el cual se hace valer; y b) dictar un acuerdo, también por escrito, en el que se dé respuesta, que deberá hacerse del conocimiento del peticionario en breve tiempo. Conviene destacar que en modo alguno la garantía individual en comento implicará que, necesariamente, la respuesta deba ser favorable. Bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe de ley se colige que han cesado los efectos de tal acto, como se evidenciará. En el caso, la parte quejosa reclamó la falta de respuesta a la petición de cinco de abril de dos mil veintiuno donde solicitó se le devolviere y entregara las aportaciones por concepto de vivienda por le periodo de tiempo ahí indicado, así como de los intereses generados. Con posterioridad, la responsable emitió los oficios XVl/ASJ/853/2021 y XVl/ASJ/877/2021 de treinta y uno de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, por los cuales respondió dicha solicitud, en el primero, al quejoso se le requirió ciertos documentos para tramitar su petición y, en el segundo, se le dijo que hasta en tanto adjuntara los documentos solicitados se atendería su trámite. Petición que la responsable atendió conforme al artículo 8° Constitucional según se advierte de la documentación que anexó a su informe justificado (promoción 8313). Si bien la autoridad responsable no demostró que notificó a la parte peticionaria la respuesta dada a su solicitud, lo cierto es que tuvo conocimiento de ella durante la tramitación de esta instancia constitucional, en virtud de la notificación electrónica realizada por este juzgado a la parte quejosa el catorce de junio de dos mil veintiuno; por lo que se tiene subsanada la falta de notificación al peticionario de la contestación a su escrito. Por otra parte, no es posible ya entrar al estudio oficioso de los diversos postulados de derecho de petición (congruencia, notificación, plazo razonable, fundamentación y motivación), puesto que el peticionario, a la postre ha sido omiso en ampliar la demanda de amparo contra la respuesta que recayó a su solicitud, con la cual se dio vista el pasado once de junio. Sin que sea impedimento que dicho plazo de ampliación a la fecha siga transcurriendo, dado que en el escrito de cuenta se manifestó: De ahí que se tenga a la parte quejosa desinteresada en ampliar la demanda de amparo contra la respuesta que recayó a su petición. Es aplicable, la tesis el siguiente criterio: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." En esa condición, al materializarse el motivo de inviabilidad en estudio, se impone sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esa virtud, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada.
- Principal
Por auto de once de junio de dos mil veintiuno, se dio vista personal a la parte quejosa a efecto de que ampliara la demanda dentro del plazo que para tal fin establece la ley, lo cual le fue notificado de manera personal el catorce siguiente. Por tanto, se advierte que transcurre el plazo concedido a la parte quejosa en acuerdo de once de junio del año en curso, para que amplíe su demanda. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo.
- Principal
Agréguese el pedimento ministerial de cuenta y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que se ordena relacionar y recibir en la audiencia constitucional... Con apego a lo establecido por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia respectiva, expídasele copia certificada de dicha resolución.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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