Juan Tomás Castillo Escobar
Expediente 556/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Tomás Castillo Escobar
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de agosto de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese para que obre como corresponda, el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 746/2022-I, promovido por .... ello, en razón de que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto; declinando la misma a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que mediante proveído de veintinueve de julio pasado, este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada, ordenó la devolución del juicio de amparo 746/2022-I, al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por tanto, mediante oficio que derive del presente acuerdo, remítase el original de la demanda de amparo, solicitándose el acuse de recibo de estilo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de julio de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese para que obre como corresponda, el oficio de el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, derivado del juicio de amparo 746/2022, promovido por ... contra actos del Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, Secretario de acuerdos y Actuarios de la misma adscripción; ello, en razón de que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto; declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Tomás Castillo Escobar, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, Secretario de acuerdos y Actuarios de la misma adscripción, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. REGISTRO. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 556/2022 PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON LA COMPETENCIA PLANTEADA. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de veintidós de julio de dos mil veintidós, el Juez Oficiante estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por la que el quejoso reclama la ejecución de todos y cada uno de los acuerdos dictados por el Juez Segundo de los Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 454/2016, todo lo actuado en el mismo, así como la orden de bloqueo de la cuenta maestra ... a nombre del quejoso, aperturada en esta ciudad y bloqueada por una orden judicial del Juzgado de Oralidad Mercantil, expediente ... en San Luis Potosí; competencia que declinó en favor de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, por el lugar de ejecución del acto reclamado, ello, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad, toda vez que la cuenta bancaria fue aperturada en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Sin embargo, respetuosamente, esta Juzgadora no comparte el criterio que sostiene el Juzgador declinante y por ende, no acepta la competencia planteada. Al respecto, es pertinente traer a contexto las autoridades responsables y actos que reclama la parte quejosa: ... Y en segundo lugar la de los acuerdos emitidos por diverso juzgado de oralidad mercantil, expediente 405/2022, en San Luis Potosí, ya que según me respondieron del banco BBVA Bancomer mi cuenta maestra ... a mi nombre fue bloqueada por una orden judicial del Juzgado de Oralidad Mercantil SLP expediente ... pues bajo protesta de decir verdad el suscrito no he sido llamado a juicio, no me han emplazado a juicio alguno en mi contra, con lo que se me negó el derecho a tener una defensa adecuada y se me negó la oportunidad y derecho de ser oído y vencido en juico, Además, tengo el temor fundado de que me puedan bloquear las demás cuentas bancarias, generando con ello una grave afectación, ya que tengo gente que trabaja con el suscrito y para el caso de que se bloquearan las cuentas se generaría afectación a mis empleados también pues no tendría con que pagarles." Asimismo, el quejoso bajo protesta de decir verdad narra en su demanda lo siguiente: ... En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: ... De la hipótesis normativa se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de Distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: I. La primera regla nos dice que es competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. II. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. III. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Siguiendo los lineamientos expuestos, en primer término se debe acudir al examen del tipo de acto reclamado, en segundo lugar, si dicho acto es o no de aquellos que tienen una ejecución material y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable para resolver el tópico en estudio. En el caso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito, en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, la intención del legislador al fijar dicha competencia, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los Distritos cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera el gobernado puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo su ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles, conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Asimismo, es importante destacar que, para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad, aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del Juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Así, contrario a lo que sostiene el Juzgador declinante, este órgano jurisdiccional, estima que, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que son susceptibles de desprenderse del contexto integral de la demanda de derechos fundamentales, y que para mayor comprensión previamente se transcribieron, se advierte que, adverso a lo señalado por el órgano declinante, no se está en la hipótesis primera del artículo 37 de la Ley de Amparo, antes destacado, sino en la diversa regla segunda que regula dicho numeral y que es la que atiende aquellas resoluciones que contienen actos que conllevan una ejecución material, los cuales van a tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; por lo tanto, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda de amparo, será competente. Tal postura legal obedece así, porque de la literalidad de la segunda regla relativa a la competencia antes indicada, el legislador no hizo distingos en cuanto a la jerarquía de los actos reclamados, esto es, cuál por su fuerza ejecutiva debe regir la competencia cuando existan varios actos que ejecutar en distintos lugares, sino que el espíritu del legislador fue que basta que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, para que el competente sea el que previno en el conocimiento del asunto ante el que se presentó la demanda de amparo. Dicho en otros términos, si el legislador no plasmó en la norma esa distinción de jerarquización de los actos que requieran ejecución material, atendiendo a la regla de derecho que donde el legislador no distingue, el Juzgador no puede establecer distinciones, entonces, esta Juzgadora sostiene que, no es válido jurídicamente hacer esa distinción para fincar competencia, puesto que, al margen de la naturaleza que contenga los actos reclamados, es decir, accesorios o no de otros diversos que posiblemente también tienen ejecución material en la jurisdicción de este Juzgado Federal, es incuestionable que están teniendo o van a tener ejecución material alguno o algunos de ellos en la jurisdicción territorial donde ejerce competencia el juzgado declinante, y que el declinante es el que previno en el conocimiento de la demanda de garantías. Luego, si en el caso particular nacen a la vida jurídica esos dos extremos que, en abstracto, contienen la segunda regla estatuida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, el Juzgado de Distrito fue el que conoció del asunto en primer término y, alguno o algunos de los actos que reclaman la parte quejosa, están teniendo o van a tener ejecución material en la jurisdicción donde dicho órgano oficiante ejerce competencia territorial, esos extremos son suficientes para concluir que en ese Juzgado Federal recae la competencia para conocer de la presente demanda de derechos fundamentales. Bajo ese panorama, en la especie, la parte quejosa reclama la ejecución de todos y cada uno de los acuerdos dictados por el Juez Segundo de los Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, en el juicio ejecutivo mercantil 454/2016, todo lo actuado en el mismo, en el que se ordenó el bloqueo de su cuenta o cuentas bancarias, según lo aduce la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, al momento de solicitar la suspensión de los actos reclamados. Ahora, el juez declinante intenta fundar la competencia de este órgano jurisdiccional en que, uno de los actos, esto es el bloqueo de la cuenta maestra PYME BBVA ...a nombre del quejoso, tiene ejecución material en esta ciudad, toda vez que la cuenta bancaria referida fue aperturada en Ciudad Valles, San Luis Potosí; sin embargo, lo cierto es que tal bloqueo de cuenta bancaria deriva de la orden del Juez Segundo de los Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, dentro del juicio ejecutivo mercantil ... pues así se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, por lo que constituye una continuación de la actividad jurisdiccional de este; aunado a que además dicho acto reclamado no es el único del que se duele, sino también todo lo actuado en el expediente ... del índice del Juzgado Segundo de los Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. De lo así expuesto, resulta evidente que en la especie no se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37, de la Ley de Amparo, como invoca el homólogo declinante, pues al fundarla únicamente en que la cuenta bancaria bloqueada se aperturó en esta ciudad, se tiene que dicho acto es continuación de lo determinado por el Juez Segundo de los Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, dentro del expediente de origen 454/2016; por lo que la competencia para conocer del juicio constitucional se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, por ser el que ejerce jurisdicción en lugar en el que emanaron los actos reclamados. Cobra aplicación, la tesis Jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 293, registro 2003502, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. ... Si bien este criterio hace referencia a la legislación vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que la regla normativa que alude es sustancialmente idéntica a la prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, de manera que sigue siendo aplicable, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la ley en cita, en el cual establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Ahora bien, en términos de la jurisprudencia transcrita, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto; y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen. Esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional. No obstante lo anterior, ante la falta de regulación expresa para definir qué juzgado debe avocarse a su conocimiento, el Alto Tribunal determinó jurisprudencialmente que la competencia se surte a favor del juez que previno (con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo) para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. De esta índole, resulta que el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Juan Tomás Castillo Escobar, contra los actos que reclamó del Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, Secretario de acuerdos y Actuarios de la misma adscripción; al ser el juzgado que previno, pues la parte quejosa presentó la demanda de amparo ante ese juzgado federal, con residencia en la Ciudad de México. Así, del texto de la ejecutoria del criterio de referencia, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País advirtió que eran los diversos actos reclamados que se llevan en el trámite del juicio de origen que al no tener ejecución material los que otorgaban competencia al juez de amparo del lugar del proceso, al establecer: "Por ello, resulta relevante para el caso considerar que acorde con las máximas de la experiencia, en la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil en el cual se emplazó al demandado por medio de exhorto y ha culminado con el dictado de una sentencia ejecutoria de condena, necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material. En esa tesitura, no puede perderse de vista que el señalamiento de tales actos reclamados, constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del juez que habrá de conocer de la demanda de garantías, ya que el supuesto en el que el acto reclamado no requiere de ejecución material, también se encuentra prevista por la Ley de Amparo como un dato que sirve para fijar la competencia del juez de Distrito que debe conocer del juicio de garantías promovido en contra de 'todo lo actuado en el juicio." De lo transcrito se advierte que en la tramitación de un juicio mercantil necesariamente existen pronunciamientos judiciales y actuaciones que no requieren de ejecución material como pueden ser, de manera enunciativa, el auto que tiene por contestada la demanda o declara que transcurrió el término para que fuera contestada; el auto que abre el juicio a prueba o decreta que no procede abrir tal período; el auto que cita para sentencia; etcétera. Así, lo importante es advertir que existen diversos actos reclamados (aparte del bloqueo de cuentas bancarias) que se llevan en el trámite del juicio de origen que al no tener ejecución material otorga competencia al juez de amparo del lugar del proceso, pues aun cuando la orden de bloqueo de la cuenta bancaria cuya apertura fue esta ciudad, esta no puede verse aislada del resto de los actos que también se señalaron como reclamados, como lo son todas las actuaciones del juicio ejecutivo especial mercantil de origen, así como los actos de ejecución; por lo que es competente el juez que previno. Tiene aplicación por la idea que informa la jurisprudencia 2a./J. 110/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1204, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO POR VICIOS PROPIOS Y LOS ACTOS QUE PROSIGUIERON. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). ... En tales términos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, ese juzgado federal, no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita, la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, es oportuno precisar que la aludida demanda fue recibida vía correo institucional en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de julio del año en curso, la cual se registró con el registro OCC: ...y se turnó a este Juzgado Quinto de Distrito en esa misma data, y al respecto, las documentales de mérito se aprecia que sólo se encuentran digitalizadas, esto es, no fueron remitidas las constancias originales de dicho juicio de amparo 746/2022, promovido por ... del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, así como lo dispone el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin embargo, con motivo de la decisión aquí adoptada, se considera innecesario postergar dicho pronunciamiento en la espera de las constancias referidas, si la decisión en torno a la no aceptación de la competencia planteada no cambiaría por parte de esta Juzgadora, y por el contrario, sería en perjuicio del quejoso, pues se vulneraría su derecho de acceso a la justicia pronta. Es aplicable en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , página 1754, registro: 2023741, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). .... DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.
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