Juan Suárez Ósorio
Expediente 240/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Suárez Ósorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos.
- Principal
VISTO para resolver los autos del juicio de amparo 240/2018-IV-B; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, turnado en su momento a este juzgado; Juan Suárez Osorio, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: 1. Juez Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México. 2. Directora General de Operación Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México. 3. Fiscal General de Justicia del Estado de México. 4. Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México. 5. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa uno de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 6. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa dos de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 7. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa tres de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuarta de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 9. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa quinta de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 10. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa sexta de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 11. Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa séptima de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 12. Comisario General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 13. Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 14. Secretaría de Seguridad del Estado de México. 15. Residente Local de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México. 16. Inspector, Notificador o Ejecutor adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección Regional Valle de México, Zona Nororiente, Residencia Local de Tlalnepantla, Estado de México. a. La orden de desposesión y restricción de los derechos de propietario que ostenta respecto del inmueble ubicado en cerrada de Aries, lote 1 y 2, manzana 1, colonia sagitario, Atizapán II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el presente juicio, toda vez que el quejoso dijo tener conocimiento el acto reclamado el once de noviembre de dos mil diecisiete (foja 12 del juicio de amparo); por tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del trece de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, con descuento de los días dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, dos y tres de diciembre, de dos mil diecisiete, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Directora General de Operación Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México (foja 123), Fiscal General de Justicia del Estado de México (foja 84), Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México (foja 130), Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa uno de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 58), Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa dos de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 59), Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa tres de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 62), Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cuarta de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 60), Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa sexta de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 61), Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa séptima de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 63), Comisario General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (foja 109), Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (foja 64); y, Secretaría de Seguridad del Estado de México (foja 187), al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa cinco de Investigación de la Unidad B1, de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello (foja 76); sin embargo, no es dable presumir de cierto el acto que se le atribuye, partiendo del hecho que en la narrativa de los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la existencia del acto deriva del oficio 21360000-178-2007, emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa segunda de la Fiscalía Especial, en la averiguación previa PRE/MIPE/054/99 (foja 13 de autos). Todo lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado medio de prueba para desvirtuar las negativas formuladas, o en su caso, demostrar que el acto reclamado lo haya emitido o ejecutado la autoridad antes referida. En tales condiciones, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades señaladas en este apartado. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, página 305, Sexta Época, con registro 1002350, que dispone: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. El Juez Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México (foja 82 de autos), al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado; negativa que se desvirtúa con sus propias manifestaciones, así como con las constancias que remitió en el diverso juicio 797/2017-I-B, de las que se desprende que en la causa penal 2232/2015, se dejó a su disposición el inmueble identificado como sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con una superficie de 17,278.99 metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: al norte 163 metros, colindante de un terreno baldío; al sur 106 metros, en colindancia con instalaciones de la Comisión Nacional del Agua; al este 163 metros, colindante con propiedad privada; al oeste 163 metros y colinda con la colonia ex hacienda del Pedregal. Inmueble que quedó bajo custodia del Residente Local de Tlalnepantla, Estado de México. Circunstancia que se hacen valer como hecho notorio para el suscrito en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en la materia; extrayendo copia certificada de las constancias remitidas por el Residente Local de Tlalnepantla, con jurisdicción en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el Agente del Ministerio adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y contra el Ambiente; y el Juez Penal de referencia, para que obren en este juicio, en términos del artículo 75 y 119 de la Ley de Amparo. Documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Por su parte, el Residente Local de Tlalnepantla, Estado de México (foja 112 de autos), al rendir su respectivo informe señaló que únicamente se limitó a dar cumplimiento a lo ordenado en el oficio 21360000-178-2007, de treinta de mayo de dos mil siete, girado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa segunda de la Fiscalía Especial para combatir delitos cometidos por fraccionadores, en el que se dejó bajo su custodia el inmueble ubicado en sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Consecuentemente, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. En otro orden de ideas, el Inspector, Notificador o Ejecutor adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección Regional Valle de México, Zona Nororiente, Residencia Local de Tlalnepantla, Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto (foja 76 de autos), por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye, a más que, el Residente Local de Tlalnepantla, Estado de México, informó que en cumplimiento a la custodia decretada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa segunda de la Fiscalía Especial para combatir delitos cometidos por fraccionadores, se emitieron oficios para los lotes de terreno materia del asunto, de los cuales se ordenó su notificación. De ahí que también se tenga por cierto, el acto reclamado a esta autoridad en su calidad de ejecutora. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón que el solicitante de amparo no acredita el interés jurídico para promover el juicio constitucional, debido a las razones que se expondrán en líneas contiguas. A fin de demostrar la improcedencia aludida, es menester traer a contexto el precepto legal en comento: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de amparo, en su artículo 5º, fracción I, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional en el que sea parte el Estado Mexicano, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico. Cuando se alegue ser titular de algún derecho subjetivo vulnerado por un acto de autoridad o por la norma general, se supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, protegido por el ordenamiento legal objetivo, lo que tradicionalmente se conoce como interés jurídico. Así, para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que del escrito de demanda, de los informes justificados y de las pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte). b) Existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación). c) Acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo). d) Afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 1a. /J.168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, enero de 2008, página 225, que a la letra dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Ahora bien, en el caso particular el solicitante de amparo reclama la orden de desposesión y restricción de los derechos de propietario que ostenta respecto del inmueble ubicado en cerrada de Aries, lote 1 y 2, manzana 1, colonia sagitario, Atizapán II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, manifestando entre otras cosas, ser propietario del inmueble de referencia. Bajo ese esquema, es menester analizar si se acreditan los elementos constitutivos del interés jurídico a fin de demostrar la procedencia del juicio de amparo. En primer término, se demuestra el elemento identificado en el inciso a, un determinado individuo (principio de instancia de parte), ya que efectivamente existe instancia de parte, al ser el propio quejoso Juan Suárez Osorio, quien promovió la demanda de amparo. No obstante ello, el solicitante de amparo no acredita el elemento señalado en inciso b, existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación), pues no demostró que existe ese derecho que pueda constituir un perjuicio en su esfera jurídica. Es así, ya que al ostentarse el quejoso como tercero extraño en estricto sentido, al procedimiento de donde emana el acto reclamado, es menester que acredite el derecho que tiene respecto del bien que está siendo objeto del acto de autoridad, siendo necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal el derecho que tiene respecto de ese bien, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene ese derecho. Lo que en la especie no acontece, toda vez que las pruebas ofertadas por el quejoso resultan insuficientes para acreditar un derecho legítimamente tutelado respecto del inmueble que pretender defender en esta vía. En efecto, el solicitante del amparo ofertó copia certificada del contrato de asociación de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre Ernesto Alonso Gutiérrez González, en su calidad de Presidente de la asociación civil Unidad Nueva Vida, y el quejoso Juan Suárez Osorio, cuyo objeto fue la formación de un grupo de personas interesadas en la adquisición en copropiedad pro indiviso del inmueble denominado Sagitario II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Documento de fecha cierta al haberse exhibido en copia certificada de veintinueve de noviembre de dos mil trece, expedida por Alfredo Beltrán Baldares, Notario Público número 96 del Estado de México, quien dio fe de ser una fotocopia fiel y exactamente en todas y cada una de sus partes del contrato privado de asociación celebrado respecto del inmueble descrito con antelación; mismo que goza de valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, este contrato no constituye un documento traslativo de dominio, ya que solo exterioriza el propósito de adquirir el mencionado terreno en asociación con diversas personas para llevar a cabo un programa tendiente a la adquisición de terrenos habitacionales en Sagitario II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con posibilidades de urbanización y construcción de viviendas, obteniendo para beneficio del asociante, aquí quejoso, la porción número 1 y 2, de la fracción 1, con una superficie de 245.18 metros cuadrados, pero de ninguna forma demuestra la transferencia legítima de la propiedad del predio aludido, o en su caso, la legal posesión; por lo que no puede inferirse que tenga un derecho legítimamente tutelado en su favor y con ello, que acredite su interés jurídico. Luego, el quejoso ofertó los siguientes medios de prueba: - Siete recibos de pago expedidos por el actual Organismo Público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, respecto del servicio de agua contratado en el inmueble ubicado en cerrada de Aries, manzana 1, lote 1, Sagitario II, del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. - Cinco recibos expedidos por Unidad Nueva Vida, asociación civil, a nombre de Juan Suárez Osorio, por diversos conceptos, tales como cooperación de agua y drenaje del predio sagitario II, parte Bachilleres; aportación trámite drenaje y agua potable del predio sagitario II, parte bachilleres; cooperación para emparejar las calles y de instalación eléctrica, respectivamente. Documentos que se valoran en términos de los artículos 197, 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, con ellos solo se demuestra lo que ahí contienen, es decir, el pago por el servicio de agua potable, así como diversas aportaciones para los servicios de agua, drenaje y electricidad, empero, resultan insuficientes para acreditar la legítima propiedad o en su caso, la posesión del inmueble ubicado en la porción número 1 y 2, de la fracción 1, colonia Sagitario Atizapán II, con una superficie de 245.18 metros cuadrados, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Finalmente, el promovente del amparo ofreció la testimonial a cargo de Ernesto Alonso Gutiérrez González, desahogada en la audiencia constitucional de diez de abril de dos mil dieciocho, en la que, de forma esencial, el ateste manifestó que conoce al quejoso Juan Suárez Osorio, desde mil novecientos noventa y cinco por haber ingresado a la asociación nueva vida como asociado, siendo éste el presidente de dicha asociación; que conoce el fraccionamiento en donde se encuentra el inmueble que el quejoso defiende en esta vía, y que él no le vendió el terreno ya que pertenece a una asociación y sus fundadores, y que desconoce quién es el propietario del inmueble ubicado en cerrada de Aries, manzana 1, lotes 1 y 2, Sagitario II, del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, toda vez que están desocupados y pertenecen a la asociación civil nueva vida (foja 241 de autos). Probanza que se valora en términos de los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia; con la que lejos de demostrar la legítima propiedad o posesión del inmueble de mérito, se abona convicción sobre la falta de interés jurídico del quejoso, ya que como se vio, entre otras cosas el ateste manifiesta que los lotes a que alude el quejoso, están desocupados y pertenecen a la asociación civil nueva vida y sus fundadores. Circunstancias todas, con las que se reitera que el quejoso carece de interés jurídico para reclamar el acto tildado de inconstitucional. Al margen de lo anterior, suponiendo sin conceder, que a voluntad de los participantes se haya denominado como contrato de asociación al convenio de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y que con ello, se hubiera transferido al propiedad del inmueble ubicado en cerrada de Aries, manzana 1, lotes 1 y 2, Sagitario II, del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para acreditar su interés jurídico, también es necesario que el quejoso demuestre que el bien inmueble respecto del cual se ordenó el aseguramiento y custodia y que se encuentra a disposición del Juez Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa penal 2232/2015, es el mismo que ostenta en propiedad, no sólo en cuanto a su posible ubicación sino que efectivamente, esa superficie se encuentre afectada por el acto reclamado, o en su defecto, que parte de la misma es la que se ve perturbada por éste. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, tomo XIV, julio de 1994, página 634, del rubro y texto siguiente: INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, CUANDO UN TERCERO RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN INMUEBLE, UNA PARTE DEL CUAL DICE SER DE SU PROPIEDAD. Aun cuando el quejoso, como tercero extraño, para demostrar la afectación de su interés jurídico, ofrezca la instrumental pública para acreditar el extremo que una parte del bien embargado es de su propiedad, y además de advertirse que la denominación del predio y los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad son los mismos de uno y otro; si de autos no consta la superficie total del inmueble controvertido, es menester que el interesado ofrezca la pericial para demostrar la identidad de los bienes, es decir, para acreditar de esa manera que su terreno se encuentra dentro del bien secuestrado, porque puede darse el caso de que la superficie total del bien sea mucho mayor a la superficie de terreno embargado, y así que el inmueble propiedad del quejoso no haya sido afectado por el embargo. En ese sentido, del análisis íntegro de las constancias que obran en autos, el suscrito estima que el bien controvertido en el expediente natural, no es el mismo respecto del cual, el promovente de amparo acreditó ser propietario, como a continuación se evidencia. De la copia certificada del contrato de asociación de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre Ernesto Alonso Gutiérrez González, en su calidad de Presidente de la asociación civil Unidad Nueva Vida, y el quejoso Juan Suárez Osorio, se advierte que el solicitante de amparo adquirió una porción del inmueble denominado Sagitario II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, concretamente la porción número 1 y 2, de la fracción 1, con una superficie de 245.18 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 17.4 metros con calle, al sur 17.4 metros con L-3 M-1, al oriente 14.305 metros con calle, y al poniente 14.305 metros con CEAS. Mientras que, el inmueble objeto de aseguramiento y custodia por parte del Residente Local de Tlalnepantla, en la causa penal 2232/2015, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, Estado de México, se encuentra ubicado en sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con una superficie de 17,278.99 metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: al norte 163 metros, colindante de un terreno baldío; al sur 106 metros, en colindancia con instalaciones de la Comisión Nacional del Agua; al este 163 metros, colindante con propiedad privada; al oeste 163 metros y colinda con la colonia ex hacienda del Pedregal (foja 117 del juicio de amparo), de manera que si no se probó la identidad de los inmuebles, es claro que no probó su interés jurídico. Sin soslayar los recibos de pago expedidos por el actual Organismo Público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, respecto del servicio de agua contratado en el inmueble ubicado en cerrada de Aries, manzana 1, lote 1, Sagitario II, del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así como los librados por Unidad Nueva Vida, asociación civil, a nombre de Juan Suárez Osorio, previamente valorados, pero que, como se dijo en líneas que anteceden, con ellos solo se demuestra lo que ahí contienen, empero, resultan insuficientes para acreditar que en efecto, el inmueble ubicado en la porción número 1 y 2, de la fracción 1, colonia Sagitario Atizapán II, con una superficie de 245.18 metros cuadrados, se encuentra dentro del denominado sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con una superficie de 17,278.99 metros cuadrados. Finalmente, la testimonial a cargo de Ernesto Alonso Gutiérrez González, también valorada en párrafos precedentes, no aporta convicción para lo pretendido en el caso concreto, ya que con las manifestaciones vertidas por Ernesto Alonso Gutiérrez González, de modo alguno se acredita que el quejoso posea materialmente el inmueble ubicado en Sagitario II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, concretamente la porción número 1 y 2, de la fracción 1, con una superficie de 245.18 metros cuadrados, ni mucho menos que se trate del mismo predio que fuera objeto de aseguramiento y custodia según las constancias de la causa penal 2232/2015. Por tanto, como puede apreciarse el inmueble propiedad del quejoso no corresponde con el que fuera materia de aseguramiento y custodia en los autos del juicio original. Es así, dado que de las descripciones realizadas claramente puede observarse que la superficie, medidas y colindancias no coinciden con las del bien controvertido, además que como se advierte, el inmueble del quejoso tiene una superficie menor a la del predio sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de ahí que no hay certeza de que el bien del que se dice propietario el quejoso corresponda con el bien materia del acto reclamado. Aunado a ello, el quejoso no ofertó probanza alguna con la que demostrara la posesión material del inmueble de referencia, y por ende, una afectación sobre un derecho jurídico tutelado en su favor. Por tanto, como se adujo, el promovente de amparo no acredita su interés jurídico al no probar que se trate del mismo inmueble el que ostenta en propiedad con el que se aseguró y ordenó su custodia en en el juicio penal de origen, en principio, por sus medidas y colindancias y también por su superficie, apreciándose claramente que no tienen semejanza, por tanto, el quejoso tenía la carga procesal de acreditar fehacientemente que se trataba del mismo inmueble; sin embargo, no obra en autos probanza alguna con la que se pudiera estimar que ambos corresponden al mismo, o en su defecto, que el bien de su propiedad se encuentre dentro de la superficie del que fue puesto a disposición en la causa penal 2232/2015. Bajo ese contexto, si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demostró la identidad del inmueble materia del juicio de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble de su propiedad, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, se debe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que incuestionablemente se actualiza la causal de improcedencia invocada en el proemio de este considerando. Sustenta lo anterior, la tesis VIII.2º.14. C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, página 555, tomo II, diciembre de 1995, cuyo texto es el siguiente: PROPIEDAD Y POSESION DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACION CUANDO SE RECLAMA PRIVACION DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa. No pasa inadvertido la existencia del oficio 2240220012/DRVMZNO/RLT/132/2017, de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, que el Residente Local de Tlalnepantla, Estado de México, adjuntó como apoyo a su informe con justificación, mismo que se encuentra dirigido al representante y/o poseedor del lote de terreno 1, manzana 1, en la cerrada de Aries, del predio conocido como Sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el que, en cumplimiento a lo ordenado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa segunda de la Fiscalía Especial, informa que dicho lote deberá permanecer en el estado en que se encuentra, hasta en tanto se emita orden de levantamiento por parte de la autoridad correspondiente (foja 116 de autos). Documento que deriva de la custodia ordenada al Residente Local respecto del inmueble denominado sagitario II, parte bachilleres, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con una superficie de 17,278.99 metros cuadrados, en autos de la causa penal 2232/2015, y del que se infiere, está dirigido al lote de terreno que en el contrato exhibido por el quejoso se designa como la porción número 1, de la fracción 1; no obstante, aunque con éste se adujera la identidad del predio, precisamente respecto del lote 01, resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, ya que como se dijo en líneas anteriores, con el contrato de asociación de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, no se demuestra la legitima propiedad o posesión del aludido Y por lo que respecta a la porción número 2, de la fracción 1 -que también se intenta defender en esta vía- en primer término, no obra constancia con la que se acredite que se haya ordenado su custodia en forma concreta, aunado a que, con las pruebas aportadas por el quejoso, no se acredita que dicho lote se encuentre dentro del inmueble denominado Sagitario II, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Así pues, con los medios de prueba ofertados por el quejoso no se logró acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, además de la identidad del inmueble en controversia con el que adujo ser de su propiedad, pues ello debe realizarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; es decir, correspondía la carga de la prueba de ese extremo al solicitante de amparo, lo que, como se vio, en la especie no aconteció. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2002 página 115, que indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Atento a lo anterior, se considera innecesario verificar la acreditación de los demás elementos del interés jurídico, pues si no se actualiza uno de ellos, no es factible la acreditación del derecho en su totalidad. Sin que sea obstáculo que se haya demostrado la existencia del acto reclamado, pues esa circunstancia no es suficiente para que sea procedente el juicio de amparo, sino que era necesario que el peticionario acreditara que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2002 página 115, que indica: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En esas condiciones, resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Suárez Osorio, contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuarto y sexto. Notifíquese.
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"...Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por..."
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Agréguese a los autos la razón del Actuario Judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para dar cumplimiento al auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a efecto de emplazar al testigo ofrecido por la parte quejosa. En consecuencia, y tomando en consideración las manifestaciones vertidas por el actuario judicial; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al fedatario judicial adscrito a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle San Lorenzo, número 59-A, Colonia Lomas de San Agustín, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a fin de que notifique, de manera personal a Ernesto Alonso Gutiérrez González, testigo ofrecido por la parte quejosa; para que se presente en este recinto judicial ubicado en boulevard Toluca, número 4, colonia Industrial Naucalpan, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 53370, tercer piso; con identificación oficial vigente, en el día y hora establecido para la audiencia constitucional, esto es a las once horas con cuarenta minutos del diez de abril de dos mil dieciocho, en la que también se llevará a cabo el desahogo de dicha prueba testimonial a su cargo. Para tal efecto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación al 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización.
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