Juan Soto Alvarez

Expediente 1249/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1249/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Soto Alvarez
  • Junta Especial Numero Treinta Y Uno de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos jurídicos conducentes, el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el quince de abril de dos mil veintiuno, en los autos del recurso de queja 23/2021, cuyo único punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el presente recurso de queja." En su atención, acúsese de recibo correspondiente al Tribunal de alzada y de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que da entrada el recurso de queja, mismo que quedó radicado con el número 23/2021; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo que promueve JUAN SOTO ÁLVAREZ, por derecho propio, contra actos de JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1249/2020-V, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese sentido, se advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación a los diversos 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I Constitucional, atendiendo a las siguientes consideraciones. Tales preceptos establecen: "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados;. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Por su parte, el dispositivo 107, fracción I Constitucional, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Finalmente, el artículo 2, fracción del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, establece lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por:[.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados." De los numerales antes expuestos, en lo que interesa, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. Establecido lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas, debe destacarse que la demanda que dio origen al presente juicio, fue remitida vía electrónica por lo que debe cumplir con la formalidad de estar signada con la firma electrónica respectiva de la parte quejosa, sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la demanda contenga la firma física del quejoso en virtud de que como se dijo con antelación la misma fue presentada de manera electrónica. No obstante, dicha demanda carece de la firma electrónica de JUAN SOTO ÁLVAREZ, la cual constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Circunstancia que, como se advierte, la demanda en línea que se provee, no adjunta evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del promovente -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2 del Acuerdo administrativo 12/2020. En el caso, no se advierte que el impetrante hubiere firmado de manera electrónica la demanda -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2 del Acuerdo administrativo 12/2020. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda (en el caso, firma electrónica) equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, no se estima que la promovente se encuentre imposibilitada para firmarla, ya que no manifestó impedimento alguno para ello, pues no refiere estar afectada de manera real y actual, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Para sustentar lo anterior, es dable señalar que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:"Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.(.)" Por su parte, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)". En consecuencia, tomando en consideración los actos que reclama, este juzgador considera que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de algún acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, debido a que el acto reclamado debe atenderse conforme a su naturaleza y no en atención a los agravios que éste refiere. Sustenta a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2018943, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, por tanto se desecha la demanda de amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 de los citados Acuerdos Generales se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido de los referidos Acuerdos Generales, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizados en los términos precisados en el escrito que se provee, a las personas propuestas. Finalmente, se hace de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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