Juan Sebastian González Castro
Expediente 135/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/02/2023
Partes del expediente
- Juan Sebastian González Castro
- Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea del Poder Judicial del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que obra un anexo consistente en copia certificada de la carpeta administrativa 123/2018, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, misma que fue remitida por la responsable; en consecuencia, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvase las constancias de que se trata, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo; no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio de mérito, se cerciore que la autoridad destinataria apunte las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, ******, en su carácter de quejoso, solicita copias certificadas de la sentencia y del auto en que se declara cumplida la misma y pide le sean entregadas a su autorizado, junto con las que solicitó en su escrito de cuatro de mayo pasado. Atento a lo anterior, respecto a las copias que solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídanse a su costa las copias que solicita, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal, asimismo, téngase como autorizado para recibir las copias que refiere a la persona que indica. En la inteligencia que para la recepción de las copias que solicitó, deberá tramitar su cita correspondiente en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el original del incidente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Juez de Control Especializada en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, y la Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizaron en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: - la orden de aprehensión librada en su contra y su cumplimiento. Previa substanciación del juicio de amparo, el catorce de enero de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Juan Sebastián González Castro, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta administrativa 123/2018 de su índice; y, 2. Dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, pero debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta las consideraciones precisadas en esta resolución." El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento; luego por acuerdo de veintitrés de abril siguiente, se tuvieron por recibidos los oficios 904 (con anexo), y 400LJ2010/710/2021, remitidos por el Juez de Control Especializada en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, y la Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante los cuales, la primera autoridad remitió copia certificada de las constancias que obran el cuadernillo de amparo 671/2019 de su índice, con las cuales dejó insubsistente únicamente respecto del quejoso Juan Sebastián González Castro, la orden de aprehensión especializada 1499/2018, número de orden de aprehensión 32/2018, en los autos de la carpeta administrativa 123/2018 de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, así como copia autorizada de la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que determinó negar el libramiento de la orden de aprehensión únicamente en contra de Juan Sebastián González Castro por el ilícito que refiere; y la segunda autoridad, comunicó que dejó insubsistente la ejecución de la orden de aprehensión emitida el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, en la carpeta administrativa 123/2018 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, circunstancia que comunicó a través de oficio al Titular de la Unidad de Mandamientos Judiciales para que instruya a los elementos de la policía de investigación a su cargo se abstengan de ejecutar la misma; y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Juez de Control Especializada en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, y la Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dieron cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se han dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a los quejosos en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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