Juan Sebastián Estrada Velez

Expediente 1201/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1201/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Juan Sebastián Estrada Velez

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa JUAN SEBASTIÁN ESTRADA VÉLEZ, para desahogar la prevención formulada por auto de dos de septiembre del año en curso, sin que a la fecha hubiere comparecido a dar cumplimiento al requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de dos de septiembre del año en curso, y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de amparo, al no haberse desahogado la prevención de referencia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por JUAN SEBASTIÁN ESTRADA VÉLEZ. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

  4. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 02/09/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por JUAN SEBASTIÁN ESTRADA VELEZ; contra actos del JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL EN QUERÉTARO y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1201/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: a) Deberá de forma clara y contundente qué acto o actos son los que reclama en esta vía de garantías, y en razón de ello, (1) la naturaleza de los mismo, (2) la fecha de su conocimiento, (3) a qué autoridad o autoridades se los reclama, para lo cual además deberá referir de igual manera los antecedentes del mismo, esto es, narrar bajo protesta de decir verdad las situaciones de modo, tiempo y lugar que dieron lugar a tal acto o actos que reclame. Lo anterior, considerando que, si bien precisa en el capítulo correspondiente reclamar una resolución dictada en su contra y en consecuencia de ello una posible ejecución escrita o verbal a fin de cumplimentar dicha resolución; omite precisar en concreto la afectación en su persona, bienes o patrimonio que derive de cumplimentar dicha resolución. Asimismo, si bien señala como autoridades responsables únicamente a Jueces del orden Civil, lo cierto es que, de sus conceptos de violación hace destacar que se le pretende privar de su libertad. Máxime que, dentro de su capítulo de antecedentes bajo protesta de decir verdad refiere que el día uno de diciembre de dos mil diecisiete, se presentó en su domicilio una actuaria adscrita a los juzgados civiles quien traía una notificación de una resolución emitida por un juez civil en contra de la quejosa, siendo que por ese hecho se enteró de los actos reclamados, mientras que en su capítulo de conceptos de violación refiere que el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se presentó en el domicilio de su madre una persona que se dijo ser actuaria adscrita a los juzgados civiles la cual traía una notificación de una resolución emitida por un juez civil en su contra. Robusteciéndose con ello la incongruencia en cuanto a la fecha de conocimiento de los actos reclamados. Sin que escape a la vista del suscrito juzgador, que el amparista, refiera desconocer la fecha de radicación de tal resolución, lo cual no le exenta de conocer la afectación directa a su persona, bienes o patrimonio y respecto de la cual acude en amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la tesis número XX.57X, visible en la página 871, Marzo de 196, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Lo anterior, tiene apoyo en la tesis de Jurisprudencia P./J.127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, que sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXIV, Julio de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece en la página 348, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En la inteligencia de que deberá de exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, esto es, autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito e incidente de suspensión, ello en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable, la jurisprudencia por contradicción número 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable e la página 79, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que contiene: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento". Apercibiéndole que de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados, dentro del plazo para ello concedido, se procederá conforme a lo dispuesto por artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. En la inteligencia que de no exhibir las copias necesarias para la apertura del cuaderno incidental, se postergará la apertura del incidente de suspensión que solicita, hasta el momento en que exhiba las mismas. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 245, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, del mes de agosto del dos mil dos, en su novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público". Se apercibe al promovente de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad en términos 261, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el artículo 261 de la Ley de Amparo, castiga con pena de prisión al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En la inteligencia de que la aclaración de demanda deberá desahogarse necesariamente por el promovente, toda vez que ésta constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien ejercitó la demanda de amparo. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados PAVEL ERNESTO ZAMUDIO ARANGURE y JOSÉ JAIME ARIAS HERNÁNDEZ, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, al resto de las personas que menciona, hasta en tanto acrediten que se encuentran debidamente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho y haber registrado debidamente su cédula profesional en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. Se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Por tanto, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. En la inteligencia de que las copias exhibidas por el promovente de su escrito de demanda, quedan en forma separada de este expediente, en la Secretaría de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, se reserva acordar sobre lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se resuelva sobre la admisión o no de la presente demanda de amparo. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."

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