Juan Saul Benitez Castillo
Expediente 640/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Saul Benitez Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. En virtud de lo anterior, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; misma que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además de que no se trata de un asunto de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Asimismo, archívese el duplicado respectivo por separado; con la indicación de que es susceptible de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Sin que haya lugar a ordenar la devolución del billete de depósito número N 804105, por la cantidad de $5,748.60 (cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), que la parte quejosa exhibió a fin de garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que mediante comparecencia de veintitrés del agosto del año en curso, fue devuelto el mismo. Ordénese glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el acta de comparecencia de catorce de agosto del presente año, mediante la cual Juan Saúl Benítez Castillo, ratifica el contenido y firma de su escrito presentado el siete de agosto del año actual, que obra en autos; y en atención a lo anterior, se provee: Como lo solicita el promovente, póngase a su disposición el billete de depósito números N 804105, a nombre de Juan Saúl Benítez Castillo, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., (BANSEFI), por la suma de $5,748.60 (cinco mil setecientos cuarenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), exhibido en el presente asunto para garantizar la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, autorizando para recibirlo a las personas que refiere, previa razón de recibido que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En contra de esa determinación, la autorizada de la parte quejosa interpuso recurso de revisión, correspondiendo conocer del mismo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, quien en sesión de diez de mayo del presente año, determinó en un primer punto, modificar la sentencia recurrida y en un segundo conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese tenor, la concesión del amparo por la Superioridad en comento fue para los efectos siguientes: "[.] En ese orden de ideas, si como ya se dijo, los intereses moratorios derivan del incumplimiento en el pago del préstamo, y éstos subsisten desde el momento en que no es devuelta la suma prestada en el término señalado, hasta que sea devuelto el dinero materia del préstamo, y en sentencia condenatoria, que dio lugar a pago de intereses se estipuló que la condena a intereses debía computarse desde que se constituyó en mora y hasta la solución total del asunto; resulta inconcuso que, en el asunto que nos ocupa, los intereses moratorios dejaron de actualizarse a partir de la fecha en que se realizó el pago de la cantidad de dinero materia del préstamo, esto es, el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, data en que compareció Sergio Rodríguez Aguilera, parte actora en el juicio natural, a recibir la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) consignada por la parte demandada, por concepto de suerte principal a que fue condenada, tal y como se constata con la imagen a que continuación se reproduce digitalmente: (Se inserta imagen) De tal suerte que, tal y como lo refiere el quejoso, los intereses moratorios se actualizaron a partir del siete de abril de dos mil doce (fecha de vencimiento del pagaré base de la acción), hasta la fecha en que se cubrió la suerte principal a que fue condenada la parte demandada, esto es, al veintinueve de junio de dos mil dieciséis; de ahí que, este Órgano Colegiado considera que de la fecha mencionada en primer término al momento en que fue devuelta la cantidad a que fue condenada la parte demandada, transcurrieron cincuenta meses y veintitrés días, tal y como se aprecia en las siguientes tablas: (Se insertan tablas) De ahí que como bien lo señala el quejoso, lo resuelto, por el Juez natural en la interlocutoria reclamada resulte incorrecto y contrario a derecho. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, la circunstancia de que el quejoso en sus conceptos de violación, haya referido que los meses sujetos a intereses moratorios eran únicamente cincuenta y uno y no cincuenta; sin embargo, a pesar de la imprecisión en que incurrió el quejoso al computar los meses materia de intereses moratorios, lo cierto es que su inconformidad la hizo derivar de la actualización de los mismos con motivo del pago realizado por concepto de suerte principal, lo que hizo que fuera dable analizar el mismo a la luz de dichas consideraciones. Así, ante lo fundado de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente sea conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez responsable deje insubsistente la interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil 01/2014 de su índice y, en su lugar, tomando en consideración los lineamientos expresados en la ejecutoria de amparo, resuelva conforme en derecho corresponda." Mediante auto de veintidós de mayo siguiente, se tuvo por recibido la aludida ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable, por el cumplimiento de la misma. En atención a lo anterior, el Juez Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, autoridad sustituta, mediante oficio 11063/2018, remitió copias certificada de la resolución de veinte de julio del mismo año, mediante la cual en acatamiento a le ejecutoria de amparo dejó insubsistente la interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, dictando otra en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, declaró procedente el incidente de liquidación de pago de intereses moratorios promovido por Sergio Rodríguez Aguilera, endosatario en procuración de Armando Torres Martínez, condenado a pagar a la parte demandada, aquí quejosa al pago de la cantidad de $76,150.00 (setenta y seis mil ciento cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), lo que realizó conforme a continuación se transcribe: ".En virtud de que en la sentencia ejecutoriada, se condenó al pago de intereses moratorios pactados a razón del 10% diez por ciento mensual, los que computados desde el 07 siete de Abril de 2012 dos mil doce, al 19 diecinueve de Julio de 2016 dos mil dieciséis, en que se promueve la planilla de liquidación materia de la presente resolución es de 50 cincuenta meses 23 veintitrés días. Ahora, considerando que $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), es la cantidad que se tomará como base para el cálculo de los intereses, por lo que el 10% diez por ciento mensual de dicha cantidad es de $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), la cual multiplicada por 50 cincuenta meses y 23 días, arroja un total de $76,150.00 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios." No pasa inadvertido para el suscrito, que en la resolución de que se trata, la autoridad responsable señaló que los intereses moratorios pactados a razón del 10% diez por ciento mensual, los computó del siete de abril de dos mil doce al diecinueve de julio de dos mil dieciséis, en que se promovió la planilla de liquidación; lo que resulta incorrecto, toda vez que en la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se determinó que los intereses moratorios se actualizaron a partir del siete de abril de dos mil doce (fecha de vencimiento del pagaré base de la acción), hasta la fecha en que se cubrió la suerte principal a que fue condenada la parte demandada, esto es, al veintinueve de junio de dos mil dieciséis y no al diecinueve de julio del citado año como inexactamente señaló el juez responsable. Sin embargo, ello no trasciende al resultado final del cómputo de los intereses moratorios, toda vez que la responsable se ciñó a los cincuenta meses y veintitrés días que determinó la superioridad. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta a nombre de JUAN SAUL BENITEZ CASTILLO, y en atención a que los rasgos de la firma que lo calzan son diferentes con los que obran en el escrito inicial de demanda, requiérase al promovente para que en el término de tres días, que se le concede de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado con identificación oficial vigente, de preferencia credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, para que bajo protesta de decir verdad, y advirtiéndole de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial, manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que obra en el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el mismo. Cabe señalar que la facultad de prevenir al promovente para que se presente a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta, tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dichos grafismos efectivamente fue quien promueve, máxime que, como se anotó, dicha firma discrepa con la que obra en el escrito de demanda de amparo. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que el promovente del juicio haga ante esta autoridad, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquel podría hacerse acreedor a las sanciones establecidas en el Código Penal Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 258, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 174, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas.". Notifíquese; hágase personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado José Félix Moreno Bravo, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.-
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