Juan Santiago Orozco
Expediente 273/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Santiago Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 273/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, que estima violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés (fojas 57 - 61), este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó el juicio de amparo indirecto 273/2023, y desechó la demanda, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Mediante ocurso que presentó el quejoso ********************, interpuso recurso de queja contra ese auto (fojas 65 - 68), del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, registrado bajo el número 175/2023, y mediante ejecutoria dictada el seis de julio de dos mil veintitrés, lo declaró fundado y ordenó la admisión a trámite de la demanda de amparo. TERCERO. Admisión de la demanda. En cumplimiento a lo anterior, en proveído de doce de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió la demanda, solicitó informe a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 86 - 89). CUARTO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, modificado con el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; por reclamarse el acto que tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: "(.) la fijación clara y precisa del acto reclamado (.)", es necesario delimitar el acto combatido que se desprende de la demanda de amparo: El auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, emitido por los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, en el juicio de nulidad ********************, de su índice, en el que no se tuvo por promovida la queja por omisión al cumplimiento de la sentencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir el informe justificado convino en la existencia del acto reclamado (fojas 96 - 98), lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de nulidad ********************, las cuales se encuentran glosadas en autos, a las que se les otorga el valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°; en donde fue dictado el auto reclamado. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de las actuaciones que obran en el juicio de nulidad ********************, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que: 1. El cinco de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de revisión fiscal ********************, por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, se dictó sentencia dentro del expediente ********************, donde la Sala responsable tuvo por configurada la negativa ficta impugnada (fojas 164 - 183 del tomo de pruebas). 2. El uno de marzo de dos mil veintitrés, los Magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenaron iniciar el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por haber transcurrido en exceso el plazo de cuatro meses concedido a la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad (foja 188 del cuaderno de pruebas). 3. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, ********************, autorizado del actor, entre otras cuestiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, promovió queja por omisión al cumplimiento de la sentencia definitiva, de cinco de julio de dos mil veintiuno (fojas 198 - 200 ídem). 4. En atención a tal solicitud, mediante auto de tres de marzo de dos mil veintitrés (foja 201 ibídem), los Magistrados de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinaron que no había lugar a tener por promovida la queja de referencia, ya que conforme al artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de asegurar el cumplimiento de las sentencias, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puede actuar de oficio o a petición de parte, por lo que únicamente puede actuar de una forma u otra, por lo que al haberse iniciado el procedimiento de verificación de forma oficiosa, previsto en el citado numeral, en su fracción I, no podía admitir en el mismo sentido la queja promovida a instancia de parte. El referido auto es del tenor siguiente: "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintitrés.- Se da cuenta con el escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala el 07 de febrero próximo pasado, a través del cual, ********************, autorizado legal de la parte actora, ocurre en Queja por omisión en el cumplimiento dado a la sentencia definitiva de 05 de julio 2021, dictada en el juicio en que se actúa.- ACUERDO: Visto lo anterior, con fundamento en los artículos 58, fracción II, inciso a), número 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, y toda vez que del análisis de autos se advierte que mediante proveído de 01 de los corrientes, esta Sala inició el procedimiento oficioso de cumplimiento de la sentencia de 05 de julio 2021. previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual tiene como finalidad constreñir a la autoridad a que dé cumplimiento en tiempo y forma a la sentencia, objetivo idéntico al que se persigue con la promoción de la queja por omisión (promovida por la parte actora), habida cuenta que ambos procedimientos buscan obtener el cumplimiento de la sentencia, es evidente que NO HA LUGAR A TENER POR PROMOVIDA la queja de mérito, ya que como se precisó, conforme al referido artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a fin de asegurar el cumplimiento de las sentencias, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, PUEDE ACTUAR DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, LO QUE INDICA QUE ÚNICAMENTE SE PUEDE ACTUAR DE UNA FORMA U OTRA; siendo que, si esta Sala ya inició el procedimiento de verificación de forma oficiosa previsto en el artículo 58 fracción I: es inconcuso que no pueda admitir, en el mismo sentido la queja promovida a instancia de parte: pues el propio artículo señala que se actuará de OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ESTO ES, SE VA A ACTUAR DE UNA FORMA O DE LA OTRA, EMPERO, NO SEÑALA QUE PUEDAN IMPLEMENTARSE AMBOS PROCEDIMIENTOS DE FORMA SIMULTÁNEA.- Así entonces, ambos procedimientos tienen la misma finalidad y en tal sentido SI YA SE INICIÓ UNO U OTRO, EL DIVERSO PROCEDIMIENTO QUE NO FUE EJERCIDO, SERÁ INCOMPATIBLE Y EXCLUYENTE POR EL YA EJERCIDO, PUES EL PROPIO ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEÑALA EXPRESAMENTE: "...A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte...".- Por tal motivo, al iniciar el procedimiento de forma oficiosa, la queja por omisión queda sin materia, pues se reitera, ambos tienen la misma finalidad.- Finalmente, téngase como direcciones de correo electrónico. los diversos: pensionesoaxaca2021@hotmail.com. pensionesmerida2021@gmail.com. juiciospensiones2021@hotmail.com. atoledo2022@gmail.com y atoledo2022@outlook.com; sin revocar el señalado en el escrito inicial de demanda.- NOTIFIQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL A LAS PARTES, previo aviso electrónico que se envié al correo electrónico o dirección de correo institucional.- Así lo acordaron y firman los CC. Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el Secretario de Acuerdos, quien da fe." Acuerdo que constituye el acto reclamado. 5. En proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, los Magistrados de la Sala responsable, refirieron que al haberse resuelto la pretensión de la parte actora en el diverso juicio número********************, no podían subsistir dos resoluciones respecto de una misma petición, por lo que determinaron que el juicio se encontraba totalmente concluido (foja 208 del tomo de pruebas). Proveído que es del tenor siguiente: "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de junio de dos mil veintitrés.- Se da cuenta con los escritos ingresados en la Oficialía de Partes, los días 15 de marzo y 15 de mayo de la presente anualidad, a través de los cuales, en el primero de ellos, ********************, por su propio derecho, solicita la prosecución del procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y además, señala nuevos autorizados y designa correos electrónicos para efectos del aviso previo: mientras que, en el segundo de los escritos de cuenta, ********************, en su carácter de abogado autorizado de la parte actora, del mismo modo, solicita la continuación del procedimiento de verificación de cumplimiento de la sentencia.- ACUERDO: Téngase por recibidos los escritos de cuenta y en atención a su contenido dígasele a los promoventes que, en relación a su petición de continuar con el procedimiento de verificación oficiosa de cumplimiento de la sentencia, no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, lo anterior es así, pues de la consulta a la sentencia de fecha 05 de julio de 2021, se desprendió que los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Sureste de este Tribunal, determinaron declarar la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta impugnada, ello sin imprimirle alguno.- Tal determinación fue así, habida cuenta que, en el Considerando Quinto, se resolvió que la pretensión de la parte actora en el presente juicio contencioso administrativo quedó colmada en el diverso juicio número******************** y por tanto, no podrían subsistir dos resoluciones respecto de una misma petición, a saber, el incremento de la cuota pensionaria en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; concluyendo así, que lo procedente era declarar la nulidad lisa y llana de la resolución negativa ficta controvertida, ya que la misma había nacido a la vida jurídica cuento que existía un pronunciamiento firme respecto de los aumentos que debían ser otorgados a la cuota de la actora.- Por tal motivo, toda vez que no existen efectos respecto de los cuales la autoridad enjuiciada deba dar cumplimiento a la sentencia definitiva, no es factible la prosecución del procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento. Contencioso Administrativo, de esa manera el presente juicio se encuentra totalmente concluido. Por otro lado, en relación con la designación de nuevos correos electrónicos para efectos del aviso previo previsto en el numeral 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dígasele a los promoventes que deberá estarse a lo acordado en el auto 03 de marzo de 2023, en donde se tuvieron por designados como correos electrónicos, los mismos que señaló en las promociones de cuenta.-Respecto de las persona señaladas en su escrito de cuenta, indíquesele al promovente que se les tiene como autorizados únicamente para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse en autos, a quienes se les tendrá con todas las facultades previstas en el artículo 5º de la Ley de la Materia, una vez, que acrediten ante este Juzgador encontrarse en el legal ejercicio de la profesión de licenciado en derecho.- Finalmente, al encontrarnos frente a un asunto totalmente concluido, se hace del conocimiento de las partes que, tienen un plazo de diez días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para recoger las documentales que como pruebas en términos del artículo 14, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, fueron exhibidas en original o copias certificadas ante esta Juzgadora, para la resolución del presente asunto, con el apercibimiento que transcurrido dicho plazo el expediente se mandará al Archivo de Concentración de este Tribunal como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, para su destrucción, lo anterior de conformidad con el Acuerdo E/JGA/16/2016, aprobado por la Junta de Gobierno y Administración de este Órgano Jurisdiccional, en sesión de 26 de marzo de 2016, asimismo por lo previsto en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.- NOTIFIQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL A LAS PARTES, previo aviso electrónico que se envié al correo electrónico o dirección de correo institucional.- Así lo acordaron y firman los CC, Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los autos del presente juicio, ante el Secretaria de Acuerdos (sic), Licenciado ********************, que da fe." Luego, en el caso, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que después de concluido el juicio, el amparo indirecto es procedente en los siguientes casos: 1. Contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución, consistente en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad para cumplirla u ordena el archivo definitivo del expediente. 2. Contra la última dictada en el procedimiento de remate, que es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o la que ordena la entrega de la posesión del bien rematado. 3. Contra los actos que gocen de autonomía, porque no tengan como finalidad directa e inmediata, la ejecución de la sentencia ejecutoria, o bien a impedirla u obstaculizarla. 4. Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos y sean ajenos a la cosa juzgada. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, que aparece publicada en la página 2764, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, con número de registro digital 2024100, de rubro y texto: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Así como la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que aparece en la página 230 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, con número de registro digital 196894, que dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En el presente asunto, el acto reclamado por el quejoso consiste en el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, emitido por los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, en el juicio de nulidad ********************, el que no se tuvo por promovida la queja por omisión al cumplimiento de la sentencia, que promovió en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Luego, dicho auto no constituye la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, dado que se emitió con motivo de la ejecución de la sentencia, en la que el aquí quejoso es parte. Acto reclamado que no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada de la parte quejosa. Asimismo, no puede verse de forma autónoma, sino dentro de un procedimiento de ejecución en el que como se indicó, el promovente del juicio es la parte actora, lo que trae como consecuencia que no se esté en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial. Por lo que el acto reclamado no pueden conceptualizarse como última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Además, el acto reclamado no corresponde a un acto de ejecución irreparable, ya que no afecta materialmente ni a la persona, ni a la familia, ni al domicilio, ni a los bienes de quien la opuso, esto es, a los derechos sustantivos que protegen dichos bienes jurídicos, ajenos a la cosa juzgada; y por ello, su repercusión es solo formal y únicamente respecto de derechos adjetivos; razón por la cual sólo producirá agravio material en la última resolución, si ésta es contraria al interés del quejoso. Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que aparece en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, con número de registro digital 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, el referido auto no constituyen la resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución de sentencia, constituyendo ésta, aquella en que se aprueba o reconoce de manera tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o se ordena el archivo definitivo del expediente. De esa forma se otorga la oportunidad de atacar las violaciones cometidas dentro de dicha ejecución y evitar el abuso del juicio de amparo, en aras del pronto y cabal cumplimiento de la sentencia que constituye cosa juzgada. En el caso, dicho acuerdo se dictó el uno de junio de dos mil veintitrés, pues los Magistrados de la Sala responsable, en que determinaron al haberse resuelto la pretensión de la parte actora en el diverso juicio número********************, no podían subsistir dos resoluciones respecto de una misma petición, por lo que el juicio se encontraba totalmente concluido. Auto que no fue señalado como acto reclamado en este asunto, no obstante que mediante acuerdo de siete de septiembre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, se requirió al quejoso para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda por lo que respecta al mismo, sin que lo haya hecho dentro del plazo que le fue concedido. Por las relatadas consideraciones, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, resulta innecesario realizar el análisis de las diversas causas alegadas por la responsable. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 273/2023, promovido por ********************, en términos del último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta al que se anexa la reproducción del acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, dictado en el juicio de amparo ********************, proveído del que se desprende, que la titular de dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada para el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, por los motivos y fundamentos que ahí expone; asimismo devuelve el original del juicio de amparo 273/2023 y un tomo de pruebas. Acúsese recibo. En atención a lo anterior, no se insiste en el conocimiento del asunto por parte de dicho Juzgado, y se ordena continuar con el trámite del presente asunto. Efectivo apercibimiento. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa ********************, no amplió su demanda de amparo, ni hizo manifestación al respecto, dentro del plazo que le fue concedido en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado y se ordena que el presente asunto, se revuelva en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de los autos, se desprende que en el presente juicio de amparo número 273/2023, el quejoso ************************, por derecho propio, mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, reclamó de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca, el auto dictado el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó por improcedente la queja por omisión interpuesta por la parte quejosa en el expediente ************************. Así, de la secuela procesal se desprende los antecedentes siguientes: a) El Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado por el quejoso. b) Se precisa de manera destacada que de la demanda de amparo, el quejoso ************************, señaló como domicilio particular el ubicado en calle ************************, ************************, ************************, ************************, ************************, ************************. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al respecto conviene hacer alusión al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). En ese contexto, conforme al texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia para conocer de la demanda, se debe precisar, en primer término, si los actos reclamados tienen ejecución o no. Para tal fin, importa mencionar que en relación con la naturaleza positiva o negativa de los actos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, de la que derivó la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso un carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Luego, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: A la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca: El auto dictado el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó por improcedente la queja por omisión interpuesta por la parte quejosa en el expediente ************************. De lo anterior, se advierte que el quejoso se duele que la autoridad responsable no ha velado porque el procedimiento de ejecución de sentencia emitida en el juicio de nulidad de origen ************************, se realice en los términos y plazos señalados en la ley; por tanto, una vez que se excedió el plazo para que se acatara la resolución definitiva, interpuso el recurso de queja por omisión a efecto de que se cumpliera dicho fallo. Lo antes relacionado, pone de manifiesto que el acto reclamado a la autoridad responsable, constituye abstenciones que se producen al no realizar los actos que la ley les ordena (omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen), por lo que constituyen actos de naturaleza negativa; sin embargo, es factible considerar que tales tienen efectos y consecuencias positivos, pues, de manera directa, implican la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar los incrementos de pensión que le corresponde al quejoso. Luego, es claro, que los actos reclamados se asemejan por su forma de expresión a abstenciones u omisiones, sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tienen naturaleza positiva y como tal deben tratarse. Cierto, si bien la omisión de cumplimiento a la sentencia de nulidad de que se trata, -por su forma de expresión-, no producen un cambio material, no obstante, sus efectos o consecuencias mediatos son positivos, por ende, ejecutables; pues dichas consecuencias se traducen en el cumplimiento de la citada sentencia, esto es, que el quejoso disfrute de los incrementos de pensión concedida; de ahí que, atendiendo al criterio competencial a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde los actos reclamados tienen consecuencias materiales en el ámbito privado del quejoso, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 166109, de rubro y texto: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Conforme a dicho criterio jurisprudencial, la indebida cuantificación del pago de la pensión está intrínsecamente ligada al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar en el que cuantifica, cobra y disfruta, consideraciones que trasladas al presente caso, son aplicables, sin importar que no se haya demandado destacadamente la falta de pago, sino la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, ya que los efectos de la misma van encaminados a la realización del pago de pensión con cantidades actualizadas. Criterio que es acorde con la voluntad del quejoso, acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el mismo sentido lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2022. Bajo ese panorama, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso refiere tener su domicilio particular en ************************, ************************, ************************, ************************, ************************, ************************. En ese orden de ideas, se impone señalar lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el cual señala que: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo transcrito se desprende que ************************, municipio en donde tiene su domicilio particular el quejoso se encuentra dentro de los municipios que expresamente establece el citado Acuerdo General 3/2013, en los que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; por tanto, se encuentra fuera del ámbito territorial de competencia de este Juzgado. Por lo tanto, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo, el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo origen del presente juicio de que se trata, así como el escrito aclaratorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto. Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado de los autos se advierte que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda reclamó de la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, por el cual se desechó por improcedente la queja por omisión de cumplimiento interpuesta. Asimismo, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, en sus antecedentes la parte quejosa manifestó que el cinco de julio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva; y que en etapa de ejecución de sentencia, mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés, se inició el procedimiento de requerimiento de cumplimiento, previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para lograr el cumplimiento de tal sentencia definitiva. Y en auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado Instructor desechó por improcedente la queja interpuesta por la quejosa, bajo el argumento de que se dio inicio al procedimiento de requerimiento de cumplimiento previsto en el artículo 58 fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, del informe justificado remitido por la autoridad, así como del anexo consistente en copia certificada del expediente ********************, del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, se desprende que mediante auto de uno de junio de dos mil veintitrés, la Sala responsable, tuvo por recibido los escritos del quejoso *********************, así como de su abogado, mediante los cuales solicitaron la prosecución del procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en atención al contenido de dichos ocursos, la autoridad responsable determinó, no acordar de conformidad lo solicitado por la parte actora, asimismo por las consideraciones ahí expuestas, declaró totalmente concluido el citado juicio. Por tanto, con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con el auto de "primero de junio de dos mil veintitrés" dictado por la Sala Regional Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del expediente ********************, el cual se anexó a las constancias remitidas por la autoridad responsable y que obra a foja 126 del cuaderno de amparo en que se actúa, para que dentro del término de quince días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, cumpliendo con los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el contenido del auto de uno de junio de dos mil veintitrés, pronunciado por la autoridad responsable mediante el cual se tuvo por totalmente concluido el juicio ********************. Debiendo exhibir copias de dicho escrito para correr traslado a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como a las demás partes; con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se indica, o no exhibir las copias solicitadas, se resolverá el presente expediente, en los términos planteados en la demanda inicial de amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere, y se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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