JUAN SANTIAGO CARRILLO y Otros.
Expediente 563/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan Santiago Carrillo
- JUAN SANTIAGO CARRILLO y Otros.
- Gobernador Constitucional del Estado Libre Y Soberano de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
- Julia Carrasco Herrera de Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Juan Santiago Carrillo y Julia Carrasco Herrera de Santiago, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1) Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 2) Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 3) Director General del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco. 4) Representante del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, con sede en esta ciudad. 5) Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. 6) Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. 7) Agente Determinador y/o Titular de la Quinta Agencia Especializada en Delito de Despojo del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad. 8) Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "A).- Del Señor Gobernador del Estado de Guerrero, se le reclama todos los mandamientos (.) que ha librado o este por librar a las ejecutoras, procedan de inmediato a despojarnos mediante el correspondiente lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Estos mismos actos se los atribuimos a las tres autoridades restantes ordenadoras (.). B).- De todas las referidas ejecutoras, con excepción del C. Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (.), como actos inminente y de tracto sucesivo (.) para que procedan de inmediato a despojarnos del bien inmueble cuya propiedad la acreditamos (.). Actos concretos reclamados, a todas las responsables ordenadoras.- La falta total de emplazamiento de alguna demanda que se haya entablado en nuestra contra, en el que se cumplan a plenitud las formalidades de ese juicio (.). C).- Del C. Delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se le reclama (.) la eminente cancelación del folio de derechos reales número 31415 de fecha 13 de julio de 1988, en el cual se encuentra inscrita nuestro título de propiedad, mediante el cual justificamos nuestra legitima propiedad del lote 40-BIS, del fraccionamiento Las Playas, de esta ciudad (.)." SEGUNDO.- Mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número de expediente 563/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 36 y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo abrogada, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades de naturaleza administrativa, cuya ejecución tiene lugar dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, del estudio integral de la demanda de garantías se obtiene que los quejosos, ostentándose como propietarios del inmueble inscrito en el folio de derechos reales 31,415, al tenor del contrato de compraventa que se protocolizó en la escritura pública 46,939, del índice del Notario Público Número Dos del Distrito Notarial de Tabares, reclaman: a).- Del Gobernador del Estado de Guerrero; Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco (Fideicomiso Acapulco); Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Agencia Especializada en Despojo del Distrito Judicial de Tabares: la emisión de la orden de desalojo, lanzamiento o desposesión del inmueble identificado como lote marcado con el número 40-bis, resultante de la subdivisión del lote 40, de la sección Rancho Grande, del fraccionamiento Las Playas, en esta ciudad, y su eventual ejecución, a que se refiere el inmueble inscrito en el folio de derechos reales 31,415. b).- Del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la cancelación del aludido folio de derechos reales 31,415. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables precisadas en el inciso a), del considerando que antecede, al rendir sus respectivos informes con justificación, en el caso del Gobernador del Estado de Guerrero; Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, e Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, por conducto del funcionario que los representó); negaron categóricamente la existencia del acto que les atribuyó la parte quejosa, el cual quedó precisado con antelación; sin que los quejosos aportaran dentro del procedimiento prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En tal virtud, si la parte quejosa no demostró con medio de convicción alguno la existencia de los actos reclamados respecto de las autoridades responsables en mención, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de garantías. Esta consideración encuentra apoyo en la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, página 236, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado a la autoridad registral. Es cierto el acto reclamado al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, pues al rendir su respectivo informe con justificación así lo manifestó expresamente, lo que constituye una confesión en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2; certeza que se corrobora además, con la impresión de los folios registrales 31,415 y del diverso 169996, al que se remite el primero; documentales que acompañó como sustento a su informe justificado y en alcance al mismo, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento toral de la parte quejosa se basa en el derecho de propiedad que tiene reconocido en la escritura pública 46,939, respecto del lote marcado con el número 40-bis, resultante de la subdivisión del lote 40, de la sección Rancho Grande, del fraccionamiento Las Playas, en esta ciudad, el cual quedó inscrito en el folio de derechos reales 31,415; y que fue afectado por la autoridad registral sin que previamente le hubiere sido salvaguardada su garantía de audiencia. Por otro lado, para dilucidar sobre la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente que con la eficacia probatoria concedida a las impresiones de los folios de derechos reales 31,415 y 169996, se observa que el asiento registral citado en primer término fue autorizado el trece de julio de mil novecientos ochenta y ocho, en cuyo apartado relativo a las inscripciones de propiedad aparece la anotación sobre la adquisición por compraventa en favor los quejosos Juan Santiago Carrillo y Julia Carrasco Herrera de Santiago, respecto del bien descrito con antelación; sin embargo, con posterioridad aparece la anotación de veintiuno de enero de dos mil cinco de la inscripción sobre la afectación a dicho predio del decreto de expropiación a que se refiere el asiento registral invocado en segundo término. Luego, del aludido folio registral 169996, se observa que su autorización data del catorce de marzo de dos mil cinco, en la que el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero aparece como propietario del inmueble descrito como fraccionamiento Las Playas II, dividido en 3 secciones, entre ellas, la denominada "Rancho Grande", a la que, según la escritura pública escritura pública 46,939, corresponde el lote marcado con el número 40-bis, resultante de la subdivisión del lote 40, de la sección y fraccionamiento en comento. Como puede observarse, efectivamente la autoridad registral canceló el folio registral 31,415, al haber extraído el inmueble ahí descrito para considerarlo como parte integrante del diverso 169996, sin embargo esto último sólo constituye una consecuencia del decreto expropiatorio publicado por duplicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el diecisiete y veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, a virtud de lo cual se expropió por causa de utilidad pública el predio del fraccionamiento Las Playas II, dividido en 3 secciones y 60 polígonos, dentro del cual se ubica el inmueble que defienden los quejosos, según se lee del propio instrumento notarial allegado. En ese orden de ideas, se tiene a la vista como hecho notorio, el diverso juicio de amparo 706/2018, del índice de este Juzgado de Distrito, el cual fue promovido por los quejosos Juan Santiago Carrillo y Julia Carrasco Herrera de Santiago, en el que precisamente reclamaron los actos que dieron origen a la promulgación del aludido decreto así como su ejecución que se traduce en la cancelación de los derechos registrados a su favor en el folio registral 31,415, que atribuyen al Delegado del Registro Público de la Propiedad; aduciendo además que lo anterior lo conocieron con motivo del informe justificado que rindió la autoridad registral en el presente expediente. Lo anterior pone de relieve el hecho de que la afectación del folio de derechos reales 31,415, deriva directamente del decreto expropiatorio en comento que constituye la litis constitucional en el diverso juicio de amparo 706/2018; lo anterior, sin pasar por alto que el quejoso Juan Santiago Carrillo también promovió un diverso amparo contra ese mismo acto que correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero bajo el número 337/2018, cuyas constancias obran agregadas a los presentes autos. Entonces, si se parte de la base de que el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; de ello se sigue que los alcances de una eventual sentencia amparadora contra la afectación al folio registral 31,415, atribuida a la autoridad registral responsable carecería de materia porque lo que se pretende someter a control constitucional en esta instancia sólo constituye una consecuencia directa de un diverso acto que se encuentra sujeto a revisión en otra instancia constitucional, esto es, el decreto expropiatorio que es materia de controversia en el juicio de amparo 706/2018, que fue promovido con posterioridad a virtud del conocimiento que tuvieron los quejosos con motivo del informe justificado rendido por la autoridad registral en esta instancia constitucional. Por tanto, no sería jurídicamente factible otorgar la protección de la justicia federal para que cesara la afectación del folio registral 31,415 sin que previamente se analice la legalidad del decreto expropiatorio, pues dadas las circunstancias reseñadas ello resulta jurídica y materialmente imposible; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que -se insiste-, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto que se solicita, pues tal afectación tiene su génesis en un acto de autoridad distinto que es objeto de controversia en otra instancia constitucional iniciada con posterioridad a la promoción de la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa, y por ende, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 563/2018, promovido por Juan Santiago Carrillo y Julia Carrasco Herrera de Santiago, contra los actos, autoridades responsables y por los motivos reseñados en los considerandos Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 563/2018 y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de trece de julio del año en curso; agréguense al expediente original el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución de éste, oficio de cuenta y testimonio de referencia, acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se desecha el presente recurso de revisión". En tal virtud, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, a fin de evitar el volumen innecesario del presente expediente, se desglosan las constancias certificadas que se obtuvieron del expediente original para crear el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión interpuesto; por lo que, únicamente agréguese su respectiva carátula así como las actuaciones posteriores que obran en original, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que del contenido del informe justificado rendido por el Encargado de la Delegación del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano, con sede en esta ciudad, y de las constancias que remitió en sustento del mismo, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo número 337/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, promovido por la quejosa Julia Carrasco Herrera, que se encuentra relacionado con el presente juicio; por tal motivo, solicítese atentamente al Titular de dicho órgano federal que de no existir inconveniente alguno, se sirva remitir copia certificada de la boleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio, sentencia y auto que la declaró ejecutoriada, lo anterior, a efecto de proveer sobre la procedencia de la acción constitucional. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de siete de agosto de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/3803/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
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