Juan Sánchez López
Expediente 280/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Sánchez López
Actuaciones
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, (foja 12 a 15), transcurrió del cinco al once de abril del año en curso, pues fue notificado por lista el tres de abril del presente año (foja 18) pues se le notificó tanto el proveído de veintiocho de marzo como el de dos de abril, ambos de la presente anualidad, a efecto de desahogar la prevención ahí inmersa, sin que hubiese dado cumplimiento a la misma. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo antes señalado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Se agrega al expediente la razón del actuario judicial adscrito, en la cual hace constar la imposibilidad de notificar de manera personal el proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, porque en el domicilio señalado para tal efecto sito en: ***, fue informado que no conocen al quejoso, por lo que se vio en la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado. En consecuencia, con apoyo en los artículos 27 fracción III inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, así como el presente acuerdo y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. ASIMISMO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE MÉRITO, POR ESTE MEDIO NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE DE LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DEL PRESENTE JUICIO EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EL CUAL DICE: Puebla, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe *, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite, de las que integran la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en cuanto a la designación de las autoridades responsables, y a los actos reclamados motivo por el cual debe requerirse la aclaración correspondiente. Para demostrar lo anterior, se hace notar la imprecisión en el señalamiento de las autoridades señaladas como responsables. Tales denominaciones resultan imprecisas debido a las reformas legislativas que se hicieron a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, motivo por el que ninguna denominación de las autoridades en cita, puede coincidir con las denominaciones que existen a la fecha en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ello, pues si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades -al margen de que ninguna existe con esas denominaciones - como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Luego, es indispensable que el quejoso proporcione la denominación concreta y actual de las autoridades que pretende involucrar en este juicio, pues los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada, pues el numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo impone esa carga al quejoso. Asimismo, de la de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en lo concerniente a los actos reclamados. Esto obedece al señalamiento que hizo el quejoso contra los actos reclamados, ya que en el capítulo correspondiente hace referencia a diversos actos, entre ellos, la posible carpeta de investigación, así como las medidas de protección, a que hace referencia en su demanda de amparo. Dichos actos encontrarían una causal de improcedencia, porque la existencia de una carpeta de investigación obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. En otras palabras, el juicio de amparo resultaría improcedente contra el acto genérico de "existencia de carpeta de investigación", porque la formación de una carpeta se realiza en cumplimiento a un mandato constitucional, motivo por el cual nunca podría ser objeto de control en el escenario de legalidad. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración: 1.- Proporcione las denominaciones correctas, actuales y completas de las autoridades que señaló como responsables. 2.- Manifieste si desea limitar los actos reclamados a la orden de presentación o orden de aprehensión así como la ejecución de las mismas. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que la prevención anterior, habrá de asegurar una delimitación correcta de los actos reclamados, y autoridades responsables para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones, al profesionista de nombre *, por estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ésta o las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y la quejosa) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe **, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Primera Mesa de Trámite, de las que integran la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Genero de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en cuanto a la designación de las autoridades responsables, y a los actos reclamados motivo por el cual debe requerirse la aclaración correspondiente. Para demostrar lo anterior, se hace notar la imprecisión en el señalamiento de las autoridades señaladas como responsables. Tales denominaciones resultan imprecisas debido a las reformas legislativas que se hicieron a la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, motivo por el que ninguna denominación de las autoridades en cita, puede coincidir con las denominaciones que existen a la fecha en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ello, pues si llegara a admitirse la demanda, se imposibilitaría la notificación a las referidas autoridades -al margen de que ninguna existe con esas denominaciones - como ha sucedido en otros asuntos que han terminado en sobreseimiento, por la falta de una autoridad concreta. Luego, es indispensable que el quejoso proporcione la denominación concreta y actual de las autoridades que pretende involucrar en este juicio, pues los órganos de protección carecen de facultades para elegir la autoridad que debe ser llamada, pues el numeral 108 fracción III, de la Ley de Amparo impone esa carga al quejoso. Asimismo, de la de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten diversas irregularidades en lo concerniente a los actos reclamados. Esto obedece al señalamiento que hizo el quejoso contra los actos reclamados, ya que en el capítulo correspondiente hace referencia a diversos actos, entre ellos, la posible carpeta de investigación, así como las medidas de protección, a que hace referencia en su demanda de amparo. Dichos actos encontrarían una causal de improcedencia, porque la existencia de una carpeta de investigación obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. En otras palabras, el juicio de amparo resultaría improcedente contra el acto genérico de "existencia de carpeta de investigación", porque la formación de una carpeta se realiza en cumplimiento a un mandato constitucional, motivo por el cual nunca podría ser objeto de control en el escenario de legalidad. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad efectué la siguiente aclaración: 1.- Proporcione las denominaciones correctas, actuales y completas de las autoridades que señaló como responsables. 2.- Manifieste si desea limitar los actos reclamados a la orden de presentación o orden de aprehensión así como la ejecución de las mismas. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberán exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso que la prevención anterior, habrá de asegurar una delimitación correcta de los actos reclamados, y autoridades responsables para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones, al profesionista de nombre **, por estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ésta o las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y la quejosa) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Notifíquese, y en forma personal al quejoso, y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martha Alicia Carballido Zamora, secretaria que autoriza y da fe.
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