Juan Sanchez Hernandez
Expediente 959/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juan Sanchez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que signa el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que desechó la demanda de amparo promovida por Lauro Jesús Morales de los Santos, en su carácter de endosatario en propiedad de Yolanda Olivia González Aguilar, misma que le fue remitida por este juzgado al carecer de competencia legal, para conocer de la misma, para los efectos legales procedentes, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que signa el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 33037/2019, por el cual se le remitió el juicio de amparo 959/2019, del índice de este juzgado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Lauro Jesús Morales de los Santos, contra actos Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 959/2019. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107 Constitucional, fracción V, inciso c), 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 34, 47,170, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, este Órgano de Control Constitucional carece de competencia legal, para conocer de la presente demanda de amparo, acorde a los razonamientos que a continuación se expresan. De los preceptos referidos se advierte que sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, cabe precisar que el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se deberá entender por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, como a continuación se señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que el promovente hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el juez responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 499/2019, mediante el cual se desechó la demanda del juicio ejecutivo mercantil que promovió el propio quejoso. En este orden de ideas, se advierte que la determinación que por esta vía constitucional se reclama, resulta ser una resolución que puso fin al juicio; por tanto, se actualiza una hipótesis de procedencia del amparo directo. Lo anterior, en virtud de que, en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, el Pleno de la Suprema Corte consideró que ante el nuevo marco normativo constitucional y legal, los Tribunales Colegiado de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aun cuando no se hubiera agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley, aclarando que esto último no implica un problema de competencia, sino de procedencia. Criterio que dio origen a la jurisprudencia 6/2015, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese contexto, es evidente que el acto de autoridad que ahora se impugna no puede ser analizado por este órgano de control constitucional, pues pone fin al juicio de origen y corresponde su tramitación ante el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de amparo promovida por Lauro Jesús Morales de los Santos; en consecuencia, con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente juicio de amparo, dentro del cual obran la demanda original, así como por separado, las copias que le acompañan; al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar respecto de la cuestión competencial planteada, y tenga a bien acusar recibo de la recepción de la demanda y sus copias. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en el despacho ubicado en calle Uno número cien, letra "A", Colonia La Loma Xicohténcatl, Tlaxcala. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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