Juan Samuel Cortez Pérez

Expediente 279/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
279/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Samuel Cortez Pérez
  • César Aurelio Rodríguez Navarrete
  • Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Queja

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO ELECTRÓNICAMENTE POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TORREÓN COAHUILA, CON ANEXO. TÉNGASE A LA AUTORIDAD EXHORTADA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO AL EXHORTO 34/2023, DE NUESTRO ÍNDICE, POR ELLO, ACOMPAÑA LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN REALIZADAS AL RECURRENTE, HACIÉNDOLE DEL CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL ACUERDO EN CITA, DICTADO DENTRO DEL PRESENTE RECURSO DE QUEJA.

  2. Queja

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO ELECTRÓNICAMENTE POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, CON SEDE EN TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, TÉNGASELE INFORMANDO QUE PROCEDIÓ A LA DILIGENCIACIÓN DEL EXHORTO REMITIDO EN QUINCE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, A FIN DE NOTIFICAR AL AQUÍ RECURRENTE, EL DICTAMEN DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO, ASÍ COMO EL DIVERSO ACUERDO DE QUINCE DEL MISMO MES Y AÑO, DICTADOS EN EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA; CIRCUNSTANCIA DE LA CUAL ESTE ÓRGANO COLEGIADO TOMA CONOCIMIENTO.

  3. Amparo en revisión

    EN ATENCIÓN AL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE TRES DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE RECLAMACIÓN, SIN QUE LA PARTE RECURRENTE HAYA IMPUGNADO EL ACUERDO DE SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL CUAL SOBRESERÓ EL RECURSO DE REVISIÓN, EN CONSECUENCIA, SE DECLARA QUE EL MISMO HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. MEDIANTE OFICIO QUE SE GIRE, INFÓRMESE LO ANTERIOR AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, ASIMISMO, DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE DE AMPARO INDIRECTO Y SUS ANEXOS, SOLICITÁNDOLE EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E). POR OTRA PARTE, NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN IV, DEL CAPÍTULO SEXTO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, QUE ABROGA EL DIVERSO ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO DESTRUIBLE. UNA VEZ QUE OBRE EN AUTOS EL ACUSE DE RECIBO DEL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, AGRÉGUESE SIN ULTERIOR ACUERDO.

  4. Queja

    Visto el dictamen de cuenta, se advierte que el Magistrado Félix Rogelio García Hernández, por decisión del Pleno de este tribunal, consideró que en dicho asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: (.) "Vistos los autos del recurso de queja penal 279/2023, interpuesto por ******, por propio derecho, contra el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, encargado del despacho por vacaciones de la titular, dentro del juicio de amparo indirecto ****; donde, ante la omisión del quejoso de dar cumplimiento a la prevención formulada el seis de agosto anterior, se le hizo efectivo al percibimiento ahí decretado y se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Lo cual, si bien, de primera instancia pudiera considerarse incorrecto, atendiendo principalmente que de autos se advierte que el impetrante se encuentra privado de su libertad e interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Gómez Palacio", en el Estado de Durango; entonces, si en el proemio de la demanda expresó que su nombre es ***** (foja 8 del juicio de amparo), en tanto que, al firmar su escrito en la parte final señaló que su nombre es **** (folio 10 ídem), es decir, que varía por una letra su apellido paterno, a saber, la "z" por la "s", hasta ese momento, esa circunstancia por sí misma, no genera incertidumbre sobre el nombre correcto del peticionario de amparo, por lo que, en todo caso, se le puede tener como *****. Por otra parte, respecto al requerimiento del Secretario del Juzgado de Distrito, de que debía señalar los nombres y domicilios de los terceros interesados, en virtud que se limitó a manifestar que en el caso no existían, pero omitió hacerlo bajo protesta de decir verdad; no debió soslayarse que en el apartado correspondiente el peticionario narró que fueron agentes de la policía del Estado de Hidalgo, quienes lo detuvieron, con motivo de la causa penal *****, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que se le sigue por el delito de secuestro; pero que desconocía la corporación a la que pertenecían; lo que hace presumir que de igual manera, no tiene noción del nombre de los elementos en cuestión. En esa tesitura, hasta ese momento esos datos son suficientes para proveer lo conducente sobre la admisión de la demanda. En todo caso, dependiendo de los informes, se pueden pedir las aclaraciones que resulten necesarias; lo que a su vez, dará oportunidad a que la defensora pública se entreviste con el peticionario de amparo y le brinde la asesoría correspondiente. Empero, a pesar de los razonamientos antes vertidos, se considera que en el caso, contra el acto reclamado por el impetrante, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; ya que, si el quejoso reclamó del Agente del Ministerio Público Especializado Contra la Tortura y la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra la Tortura, ambos adscritos a la Visitaduría General de la Fiscalía General; así como de la Visitaduría General, todos de la Procuración General del Estado de Hidalgo; la omisión de llevar a cabo las diligencias necesarias para la investigación de la verdad de los hechos, que dieran inicio a la carpeta de investigación ****, por el delito de tortura en su contra. Consecuentemente, el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta ser el idóneo para que el impetrante, en su carácter de víctima pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, aquella omisión de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, por lo que el quejoso debió agotar el recurso previo a acudir al amparo. Al respecto se invocan las jurisprudencias 1a./J. 28/2018 (10a.) y 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 943 y 945, con números de registros digitales 2017640 y 2017641, respectivamente, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." [Lo resaltado es propio] "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." [Lo resaltado es propio] En ese contexto, en virtud de que la causa de improcedencia de mérito que se advierte de oficio en términos del numeral 62 de la propia legislación, hecho que amerita devolver el presente expediente a la Secretaría de Acuerdos para que se provea lo conducente respecto a la vista que debe darse a la parte quejosa, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, a efecto de que esté en aptitud de manifestar lo que a su interés incumba; hecho lo cual, con manifestaciones o sin ellas, se resuelva lo que en derecho corresponda. (.)". Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso **** y ***** se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número *****", en el Estado de *****, gírese atento exhorto vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado, realice la notificación del presente proveído a la parte quejosa en el domicilio ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social *****, hecho que sea lo anterior, devuelva el exhorto con las actuaciones practicadas a este tribunal exhortante, vía electrónica. Una vez realizado lo anterior, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Félix Rogelio García Hernández, donde se encontraba.

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