Juan Salgado Arroyo
Expediente 860/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Salgado Arroyo
- Juez de Ejecución del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos, Con Sede En Cuernavaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a los terceros interesados Diego Cabera Ruíz y Beatriz Ríos Ramos, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación del auto de once de noviembre de dos mil veinte, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágaseles a los terceros interesados, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LOS TERCEROD INTERESADOS DIEGO CABERA RUÍZ Y BEATRÍZ RÍOS RAMOS POR MEDIO DE LISTA EL SIGUIENTE ACUERDO: Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de agosto de dos mil veinte (foja 122), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Deje insubsistente el determinación de seis de junio de dos mil diecinueve dictado en la causa penal JCE/418/2019. En su lugar, emita otra con libertad de jurisdicción, la que podrá ser en el mismo sentido o uno diverso, pero subsanando las deficiencias precisadas en la resolución.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 06493/2020 (foja 121), exhibió un disco en formato DVD que contiene la audiencia de seis de junio de dos mil veinte, donde determina dejar insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve y emite una nueva en la que niega la petición de la defensa respecto al sentenciado, toda vez que, a su criterio no se acredita la procedencia de dicha petición de sustitución de la pena, en la causa penal JCE/418/2019; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dejado insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente penal JCE/418/2019 y en su lugar dictó otra siguiendo los lineamientos en la sentencia de amparo, en la que niega la petición de la defensa respecto al sentenciado, toda vez que, a su criterio no se acredita la procedencia de dicha petición de sustitución de la pena, todo ello, de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción, donde se desprende que si aborda las cuestiones señaladas en la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejará insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente JCE/418/2019 y en su lugar pronunciará otra sin las deficiencias de fundamentación y motivación que determinaron el otorgamiento de la protección constitucional, ello con libertad de jurisdicción. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó haber dejado insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente penal JCE/418/2019 y en su lugar dictó otra siguiendo los lineamientos en la sentencia de amparo en la que niega la petición de la defensa respecto al sentenciado, toda vez que, a su criterio no se acredita la procedencia de dicha petición de sustitución de la pena, todo ello, de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción, bajos los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de seis de agosto de dos mil veinte (foja 122), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Deje insubsistente el determinación de seis de junio de dos mil diecinueve dictado en la causa penal JCE/418/2019. En su lugar, emita otra con libertad de jurisdicción, la que podrá ser en el mismo sentido o uno diverso, pero subsanando las deficiencias precisadas en la resolución.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 06493/2020 (foja 121), exhibió un disco en formato DVD que contiene la audiencia de seis de junio de dos mil veinte, donde determina dejar insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve y emite una nueva en la que niega la petición de la defensa respecto al sentenciado, toda vez que, a su criterio no se acredita la procedencia de dicha petición de sustitución de la pena, en la causa penal JCE/418/2019; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dejado insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente penal JCE/418/2019 y en su lugar dictó otra siguiendo los lineamientos en la sentencia de amparo, en la que niega la petición de la defensa respecto al sentenciado, toda vez que, a su criterio no se acredita la procedencia de dicha petición de sustitución de la pena, todo ello, de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción, donde se desprende que si aborda las cuestiones señaladas en la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejará insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente JCE/418/2019 y en su lugar pronunciará otra sin las deficiencias de fundamentación y motivación que determinaron el otorgamiento de la protección constitucional, ello con libertad de jurisdicción. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó haber dejado insubsistente la resolución de seis de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del expediente penal JCE/418/2019 y en su lugar dictó otra siguiendo los lineamientos en la sentencia de amparo en la que niega la petición de la defensa respecto al sentenciado, toda vez que, a su criterio no se acredita la procedencia de dicha petición de sustitución de la pena, todo ello, de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción, bajos los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este Órgano Jurisdiccional el Acuerdo de seis de agosto dos mil veinte; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique de manera personal a la representación social dicho auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Administrador Regional en Cuernavaca, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual exhibe la publicación ante el Diario Oficial de la Federación y en el periódico "Excelsior", los edictos ordenados en el presente juicio de garantías, Agregando, que la publicación de los edictos se realizaron el seis, dieciocho y veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve.
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