Juan Salazar Perez

Expediente 933/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
933/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Salazar Perez
  • Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a quince de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos. En atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, en veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Determinación que fue notificada el uno de julio del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación personal practicada por el actuario judicial de la adscripción. Causa estado. En ese sentido, atendiendo a lo asentado en párrafos presentes y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que del cinco al nueve de julio de dos mil veintiuno, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de junio del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el escrito firmado de manera electrónica por José Antonio García Casal, autorizado del quejoso en el amparo 546/2021 (carácter reconocido el cuatro de agosto de dos mil veinte) y de Isidro Arnoldo Medina Álvarez, quejoso en el amparo 771/2020 (carácter reconocido el veinticinco de septiembre de dos mil veinte), quejosos, atento a su solicitud, dígase que no ha lugar a requerir de nueva cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la complementación de los oficios remitidos el veintiuno de junio pasado, con el fin de que, remita domicilio de las personas físicas de nombre Enrique Araiza Anguiano y Moisés Araiza Anguiano, lo anterior, debido a que las personas referidas poseen personalidad jurídica propia, aptitud que es distinta a la que detenta la moral, aquí tercera interesada. Así también, contrario a lo manifestado por el promovente, los oficios dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde su origen, esto es, desde el proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, se formularon en el sentido de obtener domicilio para emplazar a la moral tercera interesada "COPROM del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable", sin requerir la información de los socios en su calidad personal, conforme a las consideraciones vertidas en líneas precedentes.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice:" V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1208/2017, promovido por Armando Álvarez González, en su carácter de ejidatario del Ejido "La Troje"; y, de presidente y apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "El Oloton", contra actos del Juez Segundo de lo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco y otra; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, Armando Álvarez González, en su carácter de ejidatario del Ejido "La Troje"; y, de presidente y apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "El Oloton", presentó demanda de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por el acto y autoridad que se precisan: ".III.- La autoridad o autoridades responsable. El C. Juez Segundo de lo Civil de Lagos de Moreno, del Tercer Partido Judicial. IV.- La norma general acto, u omisión que de cada autoridad se reclame. Del C. Juez Segundo de lo Civil de Lagos de Moreno, del Tercer Partido Judicial se reclama la resolución mediante la cual se otorga la posesión del predio rustico denominado "La Troje", como consecuencia de diligencias de Apeo y Deslinde promovidas por María de Jesús González Almanza en el expediente 1089/2009." SEGUNDO. Trámite del procedimiento constitucional. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó la demanda promovida, bajo el número 1208/2017, del índice de este juzgado; y se previno la misma. El once de diciembre de dos mil diecisiete, previa prevención cumplida, se admitió la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez por ministerio de ley y Notificadora, ambos del Juzgado Segundo de lo Civil, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco; y se ordenó emplazar en su carácter de tercera interesada a la sucesión intestamentaria a bienes de Juan González Lara y Clara Almaraz Morales, por conducto de su albacea María de Jesús o María de Jesús González Almaraz, como se advierte de la constancia de emplazamiento. El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en atención al oficio remitido por el Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad del Estado, se ordenó emplazar como terceros interesados a José Manuel Santoyo Castañeda, Jorge Santoyo Sánchez y Gustavo Guillen de la Rosa. El trece de mayo de dos mil diecinueve, la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, emplazó personalmente a los terceros interesados José Manuel Santoyo Castañeda y Jorge Santoyo Sánchez, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se apersonaron al presente juicio de amparo los terceros interesados José Manuel Santoyo Castañeda y Jorge Santoyo Sánchez. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, emplazó personalmente al tercero interesado Gustavo Guillen de la Rosa, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en atención a las manifestaciones realizadas por el quejoso, se ordenó emplazar como tercera interesada a Ma. del Rosario Santoyo Portillo. El doce de agosto de dos mil diecinueve, la Notificadora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Jalisco, emplazó personalmente a la tercera interesada Ma. Del Rosario Santollo Portillo, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. El diecinueve de agosto de ese año, se apersonó al presente juicio constitucional la tercera interesada Ma. del Rosario Santoyo Portillo. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió el expediente original del juicio de amparo 1003/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. El diez de octubre de la dicha anualidad, previos diferimientos que se realizaran, se celebró la audiencia constitucional en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En contra de dicha resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el que por ejecutoria de cinco de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, ordenó reponer el procedimiento para que se preveniera a la parte quejosa y, precisara si era su deseo promover la demanda de amparo como propietario del bien rústico denominado bordo "El Chayotillo". A dicho requerimiento la parte quejosa señaló que sí era su deseo promover la demanda de amparo como propietario del inmueble denominado bordo "El Chayotillo". Seguidas las etapas conducentes, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de una resolución dictada en un juicio del orden civil, cuya ejecución se verificó en la competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia. En esas condiciones, tenemos que los actos que se combaten en el presente juicio de amparo, son: La resolución de veinte de mayo de dos mil diez, emitida en los autos de la jurisdicción voluntaria 1089/2009, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco; en la que se desahogó la diligencia de apeo y deslinde, respecto del predio rústico conocido como "La Troje", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, asi como la falta de emplazamiento a dicho procedimiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez por ministerio de ley y Notificadora, ambos del Juzgado Segundo de lo Civil, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco; al rendir su informe justificado, manifestaron que son ciertos los actos reclamados; lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada de la jurisdicción voluntaria 1208/2017, del índice del Juzgado responsable, a la que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes y fundamentos de los actos reclamados. Para mejor compresión del asunto, se realiza una breve relación de los antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden de la copia certificada de la jurisdicción voluntaria de origen, allegada por la autoridad responsable, en los términos siguientes: I. María de Jesús González Almanza, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Juan González Lara y Clara Almanza Morales, también conocida como María Clara Almanza Morales, promovió diligencias de apeo y deslinde del predio rústico conocido como "La Troje", ubicado en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. II. El ocho de diciembre de dos mil nueve, el juez responsable admitió a trámite en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias de apeo y deslinde promovida; ordenó notificar a los colindantes (José Manuel Santoyo Torres; José Luis Torres Durón; Jesús Vázquez Valenciano; Nicolás Macías Torres y Alfredo Torres Durón, -todos del domicilio "El Chayotillo"; José Luis Terrones Jaime y Gerardo Terrones Torres -ambos del domicilio conocido como el rancho "El Chayotillo"-) para que en el término de tres días presentaran título o documentos que acreditaran su posesión y nombraran perito de su parte; asimismo, señaló día y hora para que se llevara a cabo dicha diligencia "apeo y deslinde". III. El veinte de mayo de dos mil diez, seguido que fue el trámite, en dicha data, se llevó a cabo la diligencia de apeo y deslinde. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente contienda constitucional. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Siendo las causas de improcedencia cuestiones de orden público, éstas deben analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del estudio de la demanda, se desprende que respecto de los actos que reclama La Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "El Oloton", ostentándose como propietaria del bien inmueble denominado Bordo "El Chayotillo", ubicado en la localidad denominado "La Troje" se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5 y 6°, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, referente a que la demanda de amparo debe ser formulada por el directo quejoso o, bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De conformidad con el artículo 5°, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo, debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual se entiende como todo menoscabo, ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, es decir, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el citado numeral, por mandato constitucional de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución General del País, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, limita el juicio de amparo a que sólo se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Así, se conoce que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente, lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe de tener legitimación. Dentro del concepto de legitimación de las partes debe distinguirse la legitimación en el proceso con la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere, o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho, o bien, porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que al rubro y texto dice: "LEGITIMACION "AD-CAUSAM" Y LEGITIMACION "AD-PROCESUM". La legitimación en el proceso y la legitimación en la causa son situaciones jurídicas distintas, toda vez que la primera de ellas, que se identifica con la falta de personalidad o capacidad en el actor, se encuentra referida a un presupuesto procesal, necesario para el ejercicio del derecho de acción que pretenda hacer valer quien se encuentre facultado para actuar en el proceso como actor, demandado o tercero; la falta de personalidad se refiere a la capacidad, potestad o facultad de una persona física o moral, para comparecer en juicio, a nombre o en representación de otra persona, en los términos de los artículos 44 a 46 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que si no se acredita tener personalidad," legitimatio ad procesum", ello impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción deducido en el juicio; es decir, la falta de dicho requisito procesal puede ser examinada oficiosamente por el Juez de la instancia, conforme lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles, o bien opuesta como excepción por el demandado en términos de lo preceptuado por la fracción IV del artículo 35 de dicho ordenamiento, en cuyo caso, por tratarse de una excepción dilatoria que no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que retarda su curso, y además de previo y especial pronunciamiento, puede resolverse en cualquier momento, sea durante el procedimiento o en la sentencia; en cambio, la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional; por tanto, tal cuestión no puede resolverse en el procedimiento sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, perentoria; así, estima este Tribunal Colegiado que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, se refiere a la legitimación "ad procesum", no a la legitimación ad causam. En consecuencia, si la parte demandada niega el derecho que hace valer la parte actora, por considerar aquélla que ésta no es la titular del derecho litigioso, resulta inconcuso que se trata de una excepción perentoria y no dilatoria que tiende a excluir la acción deducida en el juicio, por lo que tal cuestión debe examinarse en la sentencia que se llegue a pronunciar en el juicio". Asimismo, sirve de apoyo la tesis siguiente: "INTERES JURIDICO Y LEGITIMACION PROCESAL. CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promuevan la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas". En el caso, la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "El Oloton", promueve el presente amparo en defensa de la propiedad del predio denominado "El Chayotillo", ya que aduce que con motivo de las diligencias de apeo y deslinde promovidas por María de Jesús González Almaza en el expediente 1089/2009, se vulneraron sus derechos humanos de audiencia y debido proceso, en virtud de que el bordo "El Chayotillo", es propiedad del Ejido "La Troje" y de los ejidatarios que pertenecen a dicha asociación . Sin embargo, se considera que, la aquí asociación quejosa, no tiene legitimación procesal para promover en defensa de la propiedad que refiere corresponde al citado Ejido "La Troje", debido a que en terminos de los numerales 32 y 33 de la Ley Agraria, la representación del Ejido corresponde al Comisariado Ejidal, por lo que la parte quejosa no tiene legitimación para defender la propiedad del bien que refiere corresponde a dicho Ejido. Sobre esa base, se estima que la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "El Oloton, no tiene legitimación para promover la vía constitucional en defensa de los derechos del Ejido precitado. Sin que se soslaye que el representante de la parte quejosa también promueva como ejidatario, puesto que tampoco en lo individual puede defender la propiedad que refiere corresponde al Ejido sino únicamente por cuanto corresponde a él en lo particular, cuestión que será analizada en los párrafos subsecuentes. De ahí que, si la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime por sí o por conducto, de su representante legal, o como en este caso, el Comisariado Ejidal, es inconcuso, que la parte quejosa La Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada el "El Oloton no puede promover como propietaria en defensa de los derechos del Ejido. Por tanto, el presente juicio es improcedente pues la promovente La Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "El Oloton, carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional en representación del Ejido "La Troje", por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5 y 6°, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." También sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dice: "AMPARO, LEGITIMACION PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO).No debe confundirse la falta de legitimación en causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo del acto que reclama, a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, con la cuestión relativa a si el propio acto es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, toda vez que esto último atañe al fondo del asunto y sirve para conceder o negar el amparo. Por tanto, si se reclama la orden de clausura de un establecimiento comercial, la circunstancia de que el quejoso sea el titular del contrato colectivo de trabajo y el que los trabajadores puedan resentir una lesión patrimonial, como consecuencia o repercusión de la clausura, no da base para la interposición del amparo, que sólo puede ser promovido por el directamente afectado, en el caso el propietario del establecimiento." Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte que, en el caso concreto, respecto de los actos reclamados por la quejosa Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "El Oloton" en su carácter de cesionario del bien denominado el bordo denominado "El Chayotillo" y Armando Álvarez González, en su carácter de ejidatario, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I, del diverso numeral 5o, ambos de la Ley de Amparo, como más adelante se verá. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; el citado precepto y fracción vigentes a partir del cuatro de octubre de dos mil once, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del precepto constitucional transcrito, se advierte que existen tres reglas para acudir al juicio de amparo: a) una de carácter general, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho; b) otra regla especial, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, finalmente, c) una tercera regla, cuando se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por otro lado, el artículo 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, consagra el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario; el cual dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5o de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la presentación de la demanda de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, dado que, para que la instancia resulte procedente éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional; ya sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. De todo lo hasta aquí señalado, se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a. /J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, que a la letra señala lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, que al respecto señala: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, consultable en la página 822, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Igualmente, se cita la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, visible en la página 1736, del rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Además, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo, indefectiblemente, a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Al respecto, se invoca la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, consultable en la página 1807, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Expuesto lo anterior, la resolución reclamada y, por ende, el procedimiento de las diligencias de apeo y deslinde cuya falta de emplazamiento reclama la parte quejosa, se llevó a cabo en términos de los artículos 1058 a 1062, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales disponen: "Artículo 1058.- El apeo y deslinde tendrán lugar cuando no se hayan fijado los límites que separan un fundo de otros u otros y cuando hay motivo fundado para creer que no son exactos ya porque naturalmente se hayan confundido, ya porque se hayan destruido las señales que los marcaban, ya porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo." "Artículo 1059.- Tienen derecho de promover el apeo: I. El propietario; II. El poseedor con título bastante para transferir el dominio; y III. El usufructuario. "Artículo 1060.- La petición de apeo deberá contener: I. El nombre y posición de la finca que debe deslindarse; II. La parte o partes en que el acto deba de ejecutarse; III. Los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo; IV. El sitio donde están y donde deban colocarse las señales; y si éstas no existen, el lugar en donde estuvieron; y V. La designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento. Con la solicitud se presentarán los planes(sic) y demás documentos que deban servir para la diligencia. "Artículo 1061.- Recibida la promoción la mandará el Juez hacer saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión, nombren perito si quisieren hacerlo y señalará día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación cada uno a la hora de la diligencia. Artículo 1062.- El día y hora señalados, el Juez, acompañado del Secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la practicará conforme a las reglas siguientes: I. Verificará el apeo asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar, es de su propiedad; III. El Juez, al ir demarcando los límites del punto deslindado, otorgará posesión al promovente de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando; IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el Tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los hagan valer en juicio ordinario; y V. El Juez mandará que se fijen señales con mojoneras convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales. Los puntos respecto de los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente." Del contenido de los citados artículos, se advierte que las diligencias de apeo y deslinde, tendrán lugar cuando no se hayan fijado los límites que separan un fundo de otro u otros y cuando hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya porque naturalmente se hayan confundido, ya porque se hayan destruido las señales que los marcaban, ya porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo. Teniendo derecho de promover el apeo: I. El propietario; II. El poseedor con título bastante para transferir el dominio; y III. El usufructuario. Así, la petición de apeo deberá contener: a) el nombre y posición de la finca que debe deslindarse; b) la parte o partes en que el acto deba de ejecutarse; c) los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo; d) el sitio donde están y donde deban colocarse las señales; y si éstas no existen, el lugar en donde estuvieron; y d) la designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento. Con la solicitud se presentarán los planos y demás documentos que deban servir para la diligencia. Recibida la promoción el Juez, hará saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren perito si quisieren hacerlo; señalando día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, los interesados podrán presentar dos testigos de identificación cada uno a la hora de la diligencia. El día y hora señalados, el Juez, acompañado del Secretario, peritos, testigos de identificación e interesados que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, la practicará conforme a las reglas siguientes: I. Verificará el apeo asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieren los interesados; II. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar, es de su propiedad; III. El Juez, al ir demarcando los límites del punto deslindado, otorgará posesión al promovente de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si ninguno de los colindantes se opusiere o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando; IV. Si hay oposición de alguno de los colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, el Tribunal oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido. Si no se lograre el acuerdo, se abstendrá el Juez de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute y mandará reservar sus derechos a los interesados para que los hagan valer en juicio ordinario; y V. El Juez mandará que se fijen señales con mojoneras convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales. Los puntos respecto de los cuales hubiere oposición, no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente. Apoyan lo anterior, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala, emitida en la Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, página 2552, de rubro y contenido siguiente: "APEO Y DESLINDE, NATURALEZA DE LAS DILIGENCIAS DE (LEGISLACION DE DURANGO). Según el artículo 1194 del Código de Procedimientos Civiles de Durango, las diligencias de apeo y deslinde no tienen mas finalidad que la de fijar los linderos que separan dos fundos, ya porque se hayan destruido las señales que los marcaban, ya porque estas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo, por lo que es evidente que la sentencia que en dichas diligencias se pronuncie, no puede referirse sino a la fijación de dichos linderos, ordenando en su caso, la colocación material de las señales visibles que sirvan para identificarlos; de manera que si al practicarse el apeo o deslinde, resulta que alguno de los propietarios de los predios colindantes al del demandado estuviese invadiendo terrenos correspondientes a este, claro es que para poder el propietario reivindicar la porción relativa, debe ejercitar la acción posesoria correspondiente, procedimiento en el cual debe oírse ampliamente al detentador, permitiéndole rendir todas las pruebas que estimare pertinentes; pues aun cuando el apeo o deslinde tiende a determinar los límites y señales de dos fundos, no prejuzga indudablemente sobre el derecho de propiedad o posesión que uno de los colindantes o un tercero, pudieran tener sobre la totalidad o una porción de alguno de los predios deslindados." [Lo destacado es propio] Así como la diversa tesis, de la extinta Tercera Sala, emitida en la Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXIII, Cuarta Parte, página 19, de rubro y contenido siguiente: "APEOS Y DESLINDES, CONSECUENCIAS DE LOS. El apeo o deslinde sólo tiende a determinar los límites y señales de los predios, pero no prejuzga sobre la propiedad o posesión de uno de los colindantes o la que un tercero pueda tener sobre la totalidad o una porción de los predios deslindados." Ahora bien, como se precisó en el considerando segundo de esta sentencia, la quejosa Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "El Oloton", por conducto de presidente y apoderado general para pleitos y confianza y actos de administración Armando Álvarez González, y éste último como ejidatario del Ejido "La Troje", esencialmente reclaman en esta instancia constitucional, que no fueron llamados a las diligencias de jurisdicción voluntaria 1089/2009, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco; en la que se llevó a cabo las diligencias de apeo y deslinde, respecto del predio rústico conocido como "La Troje", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Lo anterior, porque la asociación quejosa cuenta con una concesión y/o permiso de descarga de aguas residuales (explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de 334,000.00 metros cúbicos anuales), del bordo "El Chayotillo", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, por diez años, a partir del dos de diciembre de dos mil nueve, de conformidad con el oficio BOO.00/OCLSP/DAA/SSU/9251 (2009), y el quejoso Armando Álvarez González, al ser ejidatario de dicho Ejido y, por ende, propietario del citado bien. Aportando en esta instancia constitucional, como pruebas para acreditar su interés jurídico: 1. Copia certificada del Acta Constitutiva Preliminar para la integración de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "EL OLOTON", así como su reglamento, de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del notario público uno de Lagos de Moreno, Jalisco. 2. Copia certificada de la Protocolización del Acta de Asamblea de Asociados de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "EL OLOTON", celebrada el veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, ante el notario público seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato. 3. Copia certificada del certificado parcelario 000000078220, expedido a favor de Álvarez Villalobos J. Jesús, que ampara la parcela 241 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 4. Copia certificada del certificado parcelario 000000078223, expedido a favor de Álvarez Romero Antonio, respecto a la parcela 281 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 5. Copia certificada del certificado parcelario 000000078078, expedido a favor de Duron Gómez José Silvestre, que ampara la parcela 231 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 6. Copia certificada del certificado parcelario 000000078147, expedido a favor de Álvarez González Alfredo, que ampara la parcela 220 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 7. Copia certificada del certificado parcelario 000000078135, expedido a favor de Álvarez González Artemio, que ampara la parcela 191 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 8. Copia certificada del certificado parcelario 000000086064, expedido a favor de Rico Cervantes J. Jesús, que ampara la parcela 161 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 9. Copia certificada del certificado parcelario 000000078066, expedido a favor de Ibarra Hernández J. Carmen, que ampara la parcela 173 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 10. Copia certificada del certificado parcelario 000000077970, expedido a favor de Villalpando Salas Esteban, que ampara la parcela 286 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 11. Copia certificada del certificado parcelario 000000078148, expedido a favor de Ortiz Cervantes Ma. Rosalba, que ampara la parcela 225 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 12. Copia certificada del certificado parcelario 000000078202, expedido a favor de Ortiz Cervantes Ma. De los Ángeles, que ampara la parcela 226 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 13. Copia certificada del certificado parcelario 000000077976, expedido a favor de Melendrez Esquivel Alfonso, que ampara la parcela 259 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 14. Copia certificada del certificado parcelario 000000078091, expedido a favor de Ibarra Reyes José Francisco Javier, que ampara la parcela 235 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 15. Copia certificada del certificado parcelario 000000078003, expedido a favor de Santos Capuchino José María, que ampara la parcela 189 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 16. Copia certificada del certificado parcelario 000000078196, expedido a favor de Ramírez Duron Ma. Alicia, que ampara la parcela 289 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 17. Copia certificada del certificado parcelario 000000078129, expedido a favor de Ramírez Duron J. Refugio, que ampara la parcela 291 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 18. Copia certificada del certificado parcelario 000000077980, expedido a favor de Ramírez Duron José Cruz, que ampara la parcela 185 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 19. Copia certificada del certificado parcelario 000000077961, expedido a favor de Ibarra Mendoza José Luis, que ampara la parcela 257 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 20. Copia certificada del certificado parcelario 000000078238, expedido a favor del aquí quejoso Álvarez González Armando, que ampara la parcela 190 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 21. Copia certificada del certificado parcelario 000000077965, expedido a favor de Medina Vázquez Francisco, que ampara la parcela 186 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 22. Copia certificada del certificado parcelario 000000078022, expedido a favor de Meléndez González Francisco, que ampara la parcela 256 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 23. Copia certificada del certificado parcelario 000000078232, expedido a favor de Flores Vega Ricardo, que ampara la parcela 287 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 24. Copia certificada del certificado parcelario 000000078138, expedido a favor de Ramírez Álvarez José, que ampara la parcela 237 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 25. Copia certificada del certificado parcelario 000000078111, expedido a favor de Salas Torres Gustavo, que ampara la parcela 228 Z1 P2/2, del ejido "La Troje", de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el Registro Agrario Nacional. 26. Copia certificada del oficio BOO.00/OCLSP/DAA/SSU/9251 (2009), de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, expedido por el Director de Administración del Agua, de la Comisión Nacional del Agua. 27. Copia certificada de la escritura pública 27,822 (veintisiete mil ochocientos veintidós), llevada ante la fe del notario público tres del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, que contienen el contrato de compraventa del predio rústico ubicado en el citado municipio, registrado en la Oficina de Catastro municipal, bajo la cuenta 3525 rústico, denominado "La Troje" o "El Chayotillo" y anexos. 28. Dictamen pericial en materia de topografía -identificación de predio-, emitido por Andrés Gutiérrez Navarro, perito de la parte quejosa; y su ratificación. 29. Copia certificada de la resolución presidencial de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres, respecto a la primera ampliación definitiva a los vecinos solicitantes del poblado denominado "La Troje". 30. Copia certificada de la constancia de deslinde, brecheo y amojonamiento, acta de conformidad con la ejecución parcial de la resolución presidencial de primer ampliación, de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres. 31. Acta de posesión y deslinde relativa a la ejecución parcial de la resolución presidencial de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres. 32. Dictamen pericial en materia de topografía -identificación de predio-, emitido por Ana María Soto Avilés, perito oficial; y su ratificación. 33. Oficio BOO.812.04.01, de siete de febrero de dos mil diecinueve, signado por el director de Administración del Agua, del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua, al que adjunta el diverso BOO.812.02.02/, firmado por la Directora de Administración del Agua. 34. Copia certificada del oficio BOO.812.081/079-2017, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, firmado por el Director Técnico del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua. Analizados los documentos aportados por la parte quejosa, es de precisar que respecto a los señalados con los números 1 a 27, 29 a 31, 33 y 34, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o. Los cuales tienen el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, mismas que en su caso, se relaciona con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sin embargo, ellas no son aptas e idóneas para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. Se afirma lo anterior en virtud que la asociación quejosa y Armando Álvarez González, no probaron en este juicio constitucional, la calidad de colindantes al predio afecto a la diligencia de apeo y deslinde que se reclama. Cierto, de conformidad con el artículo 1058 del código adjetivo a la materia civil local, las diligencias de apeo y/o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites que separan una propiedad de otro u otros, o que habiéndose fijado hay motivo para pensar que no son correctos, ya sea porque se hayan confundido, o porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del originario. Por su parte, los diversos 1060, fracción III, y 1061, del código procesal civil local, refieren claramente que en la petición de apeo deberá contener, entre otros requisitos: "los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo" y, recibida la promoción el Juez, hará saber a los "colindantes" para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren perito si quisieren hacerlo; señalando día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. En ese tenor, resulta claro que para poder tener interés jurídico y participación en la diligencia de apeo y deslinde que se reclama, resulta necesario acreditar la calidad de colindante, característica esencial para el llamamiento a la misma. Así, para acreditar lo anterior, los quejosos ofrecieron un cúmulo de documentos; sin embargo, los mismos no son aptos e idóneos para acreditar la "calidad de colindantes" necesaria para ser llamados a la diligencia de la jurisdicción voluntaria 1089/2009, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Tercer Partido Judicial, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco, en que se llevó a cabo las diligencias de apeo y deslinde, respecto del predio rústico conocido como "La Troje", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Se explica. La copia certificada del Acta Constitutiva Preliminar para la integración de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominada "EL OLOTON", así como su reglamento, de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, ante la fe del notario público uno de Lagos de Moreno, Jalisco y la copia certificada de la Protocolización del Acta de Asamblea de Asociados de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "EL OLOTON", celebrada el veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, ante el notario público seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, identificados anteriormente con los numerales 1 y 2; únicamente acreditan el nacimiento de la asociación quejosa, la cual fue creada y autorizada para la concesión y/o permiso de descarga de aguas residuales (explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de 334,000.00 metros cúbicos anuales), del bordo "El Chayotillo", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en términos de la concesión 08JAL116160/12AHGR99, de dos de diciembre de mil novecientos noventa nueve, por un lapso de diez años. Concesión, que se corrobora con los oficios BOO.00/OCLSP/DAA/SSU/9251 (2009), de veintiuno de diciembre de dos mil nueve; BOO.812.04.01, de siete de febrero de dos mil diecinueve; y, BOO.812.081/079-2017, de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, contenidos en los numerales 26, 33 y 34; ya que con el primero, se acredita que prorrogó a la concesión inicialmente otorgada, por otros diez años, misma que empezó a contar el dos de diciembre de dos mil nueve; con el segundo se corrobora la prórroga otorgada, así como que el bordo denominado "El Chayotillo", ubicado en la localidad de "La Troje", en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y en el tercero que el agua que almacena el bordo citado, es propiedad de la Nación, en términos del párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que dicho bordo es alimentado por una corriente de un arroyo sin nombre que cruza más de dos predios y se encuentra ubicado en la cuenta del Río Verde, región hidrológica del Río Santiago, específicamente en la cuenca VIII Río Encarnación. Por lo que hace a la copia certificada de la resolución presidencial, de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres, respecto a la primera ampliación definitiva a los vecinos solicitantes del poblado denominado "La Troje"; la copia certificada de la constancia de deslinde, brecheo y amojonamiento, acta de conformidad con la ejecución parcial de la resolución presidencial de primer ampliación, de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres y el acta de posesión y deslinde, relativa a la ejecución parcial de la resolución presidencial de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y tres, contenidos en los numerales 29, 30 y 31, las mismas acreditan la ampliación del ejido denominado "La Troje", así como los trabajos de deslinde, brecheo y amojonamiento, con motivo de la resolución presidencial y el acta de posesión y deslinde, del comisariado ejidal del ejido "La Troje". También se cuenta con los certificados parcelarios, identificados con los números 3 a 25; acreditan que las personas referidas en los mismos, entre los que se encuentran el quejoso Armando Álvarez González, son propietarios de las parcelas descritas en cada certificado, las cuales corresponde al ejido "La Troje". Por su parte, de la copia certificada de la escritura pública 27,822 (veintisiete mil ochocientos veintidós), llevada ante la fe del notario público tres del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, que contienen el contrato de compraventa del predio rústico ubicado en el citado municipio, registrado en la Oficina de Catastro municipal, bajo la cuenta 3525 rústico, denominado "La Troje" o "El Chayotillo", la cual inicialmente tenía una superficie de 9-66-07 nueve hectáreas, sesenta y seis áreas, siete centiáreas, pero con motivo de la diligencia de apeo y deslinde, contenida en la jurisdicción voluntaria 1089/2009, arrojó una superficie de 20-18-52 veinte hectáreas, dieciocho áreas, cincuenta y dos centiáreas, y anexos; identificada con el arábigo 27, del listado, acredita que en la data señalada, se llevó a cabo la compra venta del referido inmueble, vendido por María de Jesús González Almanza, en su calidad de albacea y heredera de la sucesión testamentaria de Juan González Lara y Clara Almanza Morales, a favor de José Manuel Santoyo Castañeda, Jorge Santoyo Sánchez y Gustavo Guillen de la Rosa, aquí terceros interesados. Finalmente, se cuenta con los dictámenes periciales en materia de topografía -identificación de predio-, emitidos por Andrés Gutiérrez Navarro, perito de la parte quejosa; y Ana María Soto Avilés, perito oficial; los cuales fueron debidamente ratificados, precisados con los numerales 28 y 32, a estos se les otorga valor de un indicio en términos de 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, en la Séptima Época, publicada en el Informe 1974, Parte II, página 38, de rubro y contenido siguiente: "PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba pericial será calificada por el juzgador según su prudente estimación, y como en la especie, el dictamen se apoya en documentos públicos que obran en el propio expediente del juicio de garantías y dicho dictamen contiene razonamientos y datos que producen convicción, ello es bastante para otorgarle valor probatorio. Los precitados elementos de convicción ofrecidos por la parte quejosa, no demuestran que sea colindante del predio del apeo y deslinde, pues, como ya se indicó, dicha asociación, carece de legitimación para acudir al juicio de amparo en nombre del Ejido La Troje, dado que ello le corresponde a la Asamblea de Ejidatarios o, en su defecto, al comisariado ejidal. Además, dichos medios de convicción no ponen de manifiesto que cuente con derecho de propiedad respecto de algún inmueble, sino que fue creada y autorizada para la concesión y/o permiso de descarga de aguas residuales (explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de 334,000.00 cúbicos anuales) del bordo El Chayotillo. Ahora, del contenido de los dictámenes periciales se aprecia lo siguiente: > El perito de la quejosa concluyó, en su dictamen, que el terreno rústico denominado La Troje o El Chayotillo, y el inmueble descrito en la escritura pública 27,822 (donde consta la propiedad de la promovente de la jurisdicción voluntaria) sí tiene concordancia; y que el predio rústico La Troje y El Chayotillo sí colinda con el bordo conocido como El Chayotíllo. > El perito oficial concluyó, en su dictamen, que no son coincidentes los inmuebles aludidos y que existe un traslape en la parte media del bordo El Chayotillo y el inmueble descrito en la escritura aludida, sin ser colindante con el predio rústico La Troje. Empero, ninguna de esas conclusiones conlleva a establecer colindancia alguna en favor de la quejosa. En ese tenor, como se adelantó, quienes tienen legitimación para ser llamados y participar en dicha diligencia son los colindantes del predio a delimitar, esto es, sus colindantes, como indica la fracción III, del artículo 1060, y el diverso 1061, ambos del enjuiciamiento civil local. De ahí, que si bien es cierto, la asociación quejosa, acreditó plenamente que tiene la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de 334,000.00 metros cúbicos anuales, del bordo "El Chayotillo", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en atención a la concesión y/o permiso 08JAL116160/12AHGR99, de dos de diciembre de mil novecientos noventa nueve, la cual fue prorrogada por diez años más, contados a partir del dos de diciembre de dos mil nueve, de conformidad con el oficio BOO.00/OCLSP/DAA/SSU/9251 (2009), bordo el cual colinda con el predio rústico ubicado en el citado municipio, registrado en la Oficina de Catastro municipal, bajo la cuenta 3525 rústico, denominado "La Troje" o "El Chayotillo", la cual inicialmente tenía una superficie de 9-66-07 nueve hectáreas, sesenta y seis áreas, siete centiáreas, pero con motivo de la diligencia de apeo y deslinde, contenida en la jurisdicción voluntaria 1089/2009, arrojó una superficie de 20-18-52 veinte hectáreas, dieciocho áreas, cincuenta y dos centiáreas, y anexos; del cual son propietarios los tercero interesados José Manuel Santoyo Castañeda, Jorge Santoyo Sánchez y Gustavo Guillermo de la Rosa, en términos de la copia certificada de la escritura pública 27,822 (veintisiete mil ochocientos veintidós), llevada ante la fe del notario público tres del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Lo cierto es que dicha concesión como ya se indicó de manera alguna le da el derecho real de colindante necesario, para poder ser llamado a la jurisdicción voluntaria 1089/2009, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Tercera Partido Judicial, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco; y participar en las diligencias de apeo y deslinde, respecto del predio rústico conocido como "La Troje", ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, pues, como se vio, con ninguno de los medios de convicción que aportó al presente sumario constitucional acreditó que sea colindante del predio materia de apeo y deslinde. De ahí que no acredite su interés jurídico, esto es un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Aunado a que, de manera alguna, se advierta que dicha diligencia de apeo y deslinde, genere una afectación a la concesión que tienen, esto es, una afectación al derecho de paso del líquido concesionado, pues se insiste, que la citada diligencia tiene como objeto fijar los límites que separan una propiedad de otro u otros, o que habiéndose fijados hay motivo para pensar que no son correctos, ya sea porque se hayan confundido, o porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del originario. Lo anterior, ya que no se desprende que con los actos reclamados se le esté privando del uso de dicha concesión que refiere, puesto que aun cuando el perito oficial haya referido que existe un traslape del bordo "El Chayotillo" con el bien materia de la escritura número 27, 822, lo cierto es que no asentó en su caso, que no pueda tener acceso para usar el citado bordo. De igual manera, debe decirse que tampoco el quejoso Armando Álvarez González, demuestra su carácter de colindante del predio que fue materia del procedimiento de origen, ya que si bien demuestra ser ejidatario con el certificado parcelario 000000078238, de una superficie de 2-08-30.63 del Ejido la Troje, no se desprende que haya demostrado que dicha propiedad colinde con la que fue materia del procedimiento de origen, ni tampoco que el bordo denominado del "Chayotillo" sea de su propiedad, puesto que la pericial ofrecida no versó sobre dicho tópico, sino, como se vió ella versó respecto del bordo "El Chayotillo" y el bien que ampara la escritura pública 27, 822, el cual es distinto en colindancias respecto del que es propiedad de la parte quejosa, ya que éste comprende una superficie de 20-18-52, veinte hectáreas, dieciocho áreas, cincuenta y dos centiáreas. Por lo que no bastaba que la quejosa demostrara ser ejidataria y por ende, parte del Ejido de donde se encuentra el bordo "El Chayotillo" sino también probar que el bien del que se ostenta propietario sea el mismo o parte del que fue objeto del procedimiento natural, ya que es la única forma de establecer con certeza que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, pues si los efectos del acto se materializan en un bien distinto al de la impetrante, resulta improcedente el juicio de amparo, como acontece en el presente asunto. En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I, del diverso numeral 5o, ambos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, en virtud de lo resuelto no es procedente pronunciarse respecto de las diversas causas de improcedencia que hace valer la parte tercera interesada. No se realizará mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, cabe precisar que si bien en sesión de cinco de septiembre de dos mil veinte, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el juicio, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, ordenó la reposición del procedimiento, ello se consideró así, únicamente para que se previniera a la parte quejosa para que precisara si era su deseo promover la demanda de amparo, también como propietario del bien rústico denominado bordo "El Chayotillo", y de ser así, se debería emprender el estudio relativo a sí en la especie se estaba en presencia de la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción II, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dicha reposición dejó abierta la posibilidad de que la parte quejosa ofreciera los medios de convicción que estimara pertinentes para acreditar su interés jurídico; empero, este resolutor considera suficientes los elementos de convicción existentes en autos para resolver el presente juicio. Lo anterior es así, pues no obstante la pretensión del quejoso de comparecer como propietario del bien rústico denominado bordo "El Chayotillo", no logró acreditar su interés jurídico, pues al efecto se cuenta con la prueba pericial del diestro oficial, en la que concluyó: ".que no son coincidentes los inmuebles aludidos y que existe un traslape en la parte media del bordo El Chayotillo y el inmueble descrito en la escritura aludida, sin ser colindante con el predio rústico La Troje." Énfasis añadido. Luego, esa opinión, a juicio del suscrito, resulta suficiente para considerar que ni aun ostentándose propietario del predio que se indica, la parte quejosa logró acreditar que tal predio fuera colindante con el que fue materia de las diligencias de jurisdicción voluntaria ya mencionadas. En ese sentido, se insiste, al margen de la calidad con que se ostente el quejoso, no quedó probado con el material probatorio allegado a los presentes autos, que el bien del que se ostenta propietario, sea el mismo o parte del que fue objeto del procedimiento natural, ya que es la única forma de establecer con certeza que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, pues si los efectos del acto se materializan en un bien distinto al del impetrante, resulta improcedente el juicio de amparo, como acontece en el presente asunto. En consecuencia, como ya ha quedado precisado, Armando Álvarez González, en su carácter de ejidatario del Ejido "La Troje"; y, de presidente y apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "El Oloton", ni como se ostentó en su calidad de propietario del predio rústico denominado bordo "El Chayotillo "no lograron acreditar con prueba alguna que fueran colindantes con el predio materia de apeo y deslinde"; de ahí que no existía obligación por parte de las responsables de llamarlos a las diligencias de jurisdicción voluntaria 1089/2009 promovidas por María de Jesús González Almanza, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Juan González Lara y Clara Almanza Morales, también conocida como María Clara Almanza Morales, respecto del predio rústico conocido como "La Troje", ubicado en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Por lo expuesto y fundado, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Armando Álvarez González, en su carácter de ejidatario del Ejido "La Troje"; y de presidente y apoderado general para pleitos y confianzas y actos de administración de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego denominado "El Oloton", contra el acto que reclamó del Juez y Notificadora, ambos del Juzgado Segundo de lo Civil, con residencia en Lagos de Moreno, Jalisco; por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que concluyó el engrose de este fallo, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe. RAAG/JARD

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