Juan Saez Vaca

Expediente 1176/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1176/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Saez Vaca
  • Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Juan Sáenz Vaca, a través del cual solicita la devolución de la garantía constituida en billete de depósito número N-816335, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $15,000.00, (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) a nombre del propio quejoso; en tal virtud, se provee lo siguiente. Dígase al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición toda vez que, si bien es cierto que el juicio de amparo en que se actúa a la fecha se encuentra concluido, no menos lo es que de la certificación secretarial que obra al rubro se obtiene que aún no ha transcurrido el término de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercera interesada promueva incidente tendiente a hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía exhibida por la parte quejosa, tal como se expuso en proveído de veintitrés de mayo pasado. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; REQUERIMIENTO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 1380, 1736, 135 y 7712, dirigidos al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán; en consecuencia, y en obvio de dilaciones procesales, requiérase al Administrador Local de Correos, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado de este proveído, de no tener impedimento legal o material alguno informe el trato que se les dio a las piezas postales en comento, debiendo acompañar copia de las facturas que amparan el envío de cartas de carácter oficial. APERCIBIMIENTO. Apercibido que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de control constitucional promovido por Juan Sáenz Vaca, por su propio derecho; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Magistrado responsable las constancias que remitió como sustento de su informe justificado consistente en los autos originales del toca I-325/2017, del juicio sucesorio testamentario 82/2012, primera, segunda, tercera (dos tomos), y cuarta sección (dos tomos), así como cinco cuadernos incidentales, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE BILLETES DE DEPÓSITO. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-816335, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue exhibido por la parte quejosa dentro de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, hágasele saber a la parte promovente que una vez transcurridos los seis meses, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de control constitucional promovido por Juan Sáenz Vaca, por su propio derecho; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNO DE PRUEBAS. Finalmente, devuélvase al Magistrado responsable las constancias que remitió como sustento de su informe justificado consistente en los autos originales del toca I-325/2017, del juicio sucesorio testamentario 82/2012, primera, segunda, tercera (dos tomos), y cuarta sección (dos tomos), así como cinco cuadernos incidentales, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE BILLETES DE DEPÓSITO. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-816335, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue exhibido por la parte quejosa dentro de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, hágasele saber a la parte promovente que una vez transcurridos los seis meses, a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dicho certificado de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte quejosa...la resolución con engrose de veintisiete de abril del año en curso, que en lo conducente narra: Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1176/2017-V, promovido por Juan Saenz Vaca, contra el acto del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad capital, y el Juez Mixto de Primera Instancia del Ario de Rosales, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad capital, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito, Juan Saenz Vaca promovió demanda de amparo, contra las autoridades precisadas supralíneas, de quienes reclamó los actos que precisó de la siguiente manera: ".La sentencia definitiva dictada en 31 treinta y uno de octubre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del Toca de apelación número I-326/2017 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el albacea definitivo señor Dagoverto Saenz Vaca en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 seis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia en ramo civil del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, dentro de la cuarta sección del juicio sucesorio testamentario seguido a bienes de Juan Saenz García número 82/2012." Actos que el promovente del amparo consideró violatorio, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito, se declaró incompetente para conocer de la demanda aludida, por considerar que la determinación reclamada no era de aquellas que ponen fin al proceso; por ese motivo, remitió el ocurso de mérito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para que ésta a su vez, la enviara al órgano jurisdiccional correspondiente. TERCERO. Posteriormente, por razón de turno, la demanda que dio origen al expediente que se resuelve, fue enviada a este órgano de control constitucional; el cual, mediante acuerdo de dieciocho de diciembre siguiente, se avocó al conocimiento del asunto; lo radicó como el expediente 1176/2017-V; se admitió a trámite la demanda; se ordenó requerir a las responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación; se ordenó emplazar como tercero a Dagoverto Sáenz Vaca, en su carácter de albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de Juan Sáenz García; y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el seis de febrero pasado, en los términos asentados en el acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados son los siguientes:  La sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 326/2017 del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante la cual se revocó el fallo de primer grado y se reprobó el proyecto de repartición respectivo dentro de la cuarta etapa del juicio sucesorio 82/2012, tramitado a bienes de Juan Saénz García; y, como consecuencia, su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad capital, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, tal afirmación se vio corroborada con la copia certificada del toca de apelación 325/2017, que el magistrado responsable remitió junto con su informe justificado; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Sin embargo, del examen de las constancias que integran el expediente de origen no se desprende la actualización de alguna hipótesis que torne improcedente el juicio de amparo que nos ocupa; de manera que lo procedente es realizar el examen del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. Este juzgado Federal considera innecesario transcribir los conceptos de violación, debido a que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce toralmente que el magistrado responsable excedió sus facultades legales, al realizar una deficiente aplicación e interpretación de los artículos 1101, 1102 y 1103, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Ello, porque en su decir, los argumentos vertidos por los apelantes debieron considerarse inoperantes, debido a que fueron formulados en forma dogmática y constituían meras afirmaciones sin sustento lógico o jurídico en tanto que no precisaban cuál era la afectación que le irrogaba la determinación combatida; además, de ningún modo era factible que la Sala responsable analizara el proyecto de partición de herencia; habida cuenta que los disensos planteados por los apelantes ya habían sido desestimados al declararse improcedentes los incidentes de oposición al proyecto de partición, promovidos por el resto de coherederos; lo anterior, aunado a que no existe disposición legal que lo facultara para emprender el examen de mérito en forma oficiosa; por tanto, la Sala responsable únicamente podía aprobar el proyecto de partición respectivo en los términos en que fue presentado. Para robustecer su postura invocó las tesis de rubros "SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA.", "PARTICIÓN DE BIENES. LA APROBACIÓN DEL PROYECTO RESPECTIVO QUEDA SUPEDITADA A LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DEL INCIDENTE DE OBJECIÓN DENTRO DEL PROPIO JUICIO SUCESORIO, NO ASÍ, AL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).", "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.", "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE.", "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.", "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE LIMITAN A EXPONER LA INDEBIDA APLICACIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO, SIN APORTAR ARGUMENTOS PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD." y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE MERA LEGALIDAD DEBEN DESESTIMARSE POR INEFICACES.". Tales asertos resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, por los motivos que se exponen a continuación. Para un correcto entendimiento del asunto, se considera necesario reseñar los antecedentes más relevantes del asunto. 1. Luego de dar inicio a la cuarta etapa del juicio testamentario 82/2012, a bienes de Juan Sáenz García, el entonces albacea Juan Sáenz Vaca presentó proyecto de partición de herencia. 2. Inconformes, el resto de los herederos promovieron incidente de oposición al proyecto, el cual fue resuelto el seis de marzo de dos mil quince, en el sentido de declarar improcedente dicha incidencia, por considerarse toralmente que: ".como ya se dijo en líneas anteriores el inmueble que refieren los incidentistas que fue donado a favor de Dagoberto Sáenz Vaca, no es el mismo que se aprobó mediante sentencia interlocutoria de fecha 17 diecisiete de septiembre del 2012 dos mil doce, dentro de la segunda sección, pues de ser así el autor de la herencia no hubiese estado en condiciones de disponer de dicho inmueble en el testamento de fecha 20 veinte de enero de 2010 dos mil diez." 3. Posteriormente, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó la resolución de primer grado, relativa a dicha etapa cuyos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Ha procedido la cuarta sección relativa a la partición del haber hereditario de la sucesión testamentaria, radicada a bienes Juan Sáenz García; en consecuencia: SEGUNDO. Se aprueba el proyecto definitivo de división y partición de herencia elaborado por el entonces albacea testamentario Juan Sáenz Vaca, de acuerdo con el considerando segundo de la presente resolución; en el entendido de que no se exime a los interesados de gestionar los permisos o licencias que deriven de la normatividad urbana aplicable, a fin de que quede administrativamente formalizada la subdivisión del inmueble en referencia. TERCERO. Se ordena mandar protocolizar las principales constancias del juicio en que se actúa, a la Notaría Pública que para el efecto designen los promoventes, para que una vez elevadas a la categoría de escritura pública, le sirva de título de propiedad a los herederos. CUARTO. Notifíquese personalmente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro" 4. Inconforme, Dagoverto Sáenz Vaca (otrora albacea definitivo) interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, argumentando toralmente que: "El Juez primigenio aprobó el proyecto de división y partición dentro de la cuarta sección del sucesorio planteado por Juan Sáenz Vaca, SIN REVISAR JAMÁS QUE DICHO PROYECTO LO HACE DENTRO DE LA CASA PATERNA Y DE LA ESCRITURA QUE LA AMPARA, LA CUAL LE CORRESPONDE ÚNICAMENTE A DAGOVERTO SÁENZ VACA Y NO A LOS DEMÁS HEREDEROS, siendo una total incongruencia, olvidando y dejando de estudiar por completo el testamento en sus cláusulas segunda y tercera." 5. Luego de analizar los argumentos vertidos por los apelantes, la sala responsable dictó la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la que sustancialmente determinó, lo que sigue: ".resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos 937 y 938 del Código Civil, que se leen: 'Artículo 937. Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella deberá estarse, salvo derecho de tercero.' 'Artículo 938. Si el autor de la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus bienes y se trata de una negociación que forme una unidad agrícola, industrial o comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos la parte que les corresponda. El precio de la negociación, se fijará por peritos. Lo dispuesto en este artículo no impide que los coherederos celebren los convenios que estimen pertinentes.' Así como el texto del numeral 1100 del Código de Procedimientos Civiles, que establece: 'Artículo 1100. El proyecto de partición se sujetará en todo caso a la designación de partes que hubiere hecho el testador. A falta de convenio entre los interesados, se incluirán en cada porción bienes de la misma especie, si fuere posible. Si hubiere bienes gravados, se especificarán los gravámenes indicando el modo de redimirlos o dividirlos entre los herederos.' Del contenido armonizado de los artículos antes transcritos se obtiene, con meridiana claridad, que la división y partición de la herencia debe sujetarse , en primer momento, a la asignación de porciones que el testador haya hecho en la memoria testamentaria, salvo derecho de tercero; y en caso de que no exista tal asignación, la distribución se hará siguiendo las reglas que los arábigos prevén, es decir, atendiendo a los acuerdos que para ese efecto tomen los sucesores y de no existir éstos a la naturaleza de los bienes. . . .el testador fue claro al señalar que, en la fecha en que otorgó el testamento, poseía dos bienes que forman uno solo, donde tenía ubicada su casa habitación (considerada como casa paterna), y el local que se renta a Tránsito del Estado, desde 1979 mis novecientos setenta y nueve, así como otras construcciones en el mismo predio, ubicado en la avenida Revolución Norte números 395 trescientos noventa y cinco y 371 trescientos setenta y uno, de la Huacana, Municipio del mismo nombre, del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, unidad topográfica que distribuyó de la siguiente manera: 1. Para DAGOVERTO SÁENZ VACA, en el área considerada como la casa paterna, ubicada en la avenida Revolución Norte número 395 trescientos noventa y cinco de la Huacana, Michoacán. 2. Para MIRIAM SÁENZ VACA, el área que ocupa y se le renta a Tránsito del Estado, situada en la misma avenida Revolución número 371 trescientos setenta y uno, de la misma población. 3. Para JUAN, DAGOVERTO, MIRIAM y MARGARITA SÁENZ VACA, la totalidad restante del inmueble en cuestión que, como dijo, está amparado con dos escrituras y que forma uno solo. En el proyecto de división y partición que presentó el entonces albacea JUAN SÁENZ VACA mediante promoción datada el 14 catorce de mayo de 2014 dos mil catorce, se indicó en lo esencial lo siguiente: -Fracción Uno Para JUAN SÁENZ VADA, que linda al Norte con DAGOVERTO y MARGARITA; al Sur con MIRIAM y EMILIO TORRES VÁZQUEZ; al Oriente con MARGARITA, MIRIAM y la Avenida Revolución Norte; y al Poniente con DAGOVERTO, comprendiendo: Terreno: 981.50m2 novecientos ochenta y un metros cuadrados, con valor de $636,012.00 seiscientos treinta y seis mil doce pesos. Construcción tipo II: 221.20 m2 doscientos veintiún metros con veinte metros cuadrados, valuados en $265,440.00 doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos. Total: $901,452.00 novecientos un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos. -Fracción Dos Para DAGOVERTO SÁENZ VACA, lindando al Norte con MARIO BACA SOSA; al Sur con JUAN y MARGARITA; al Oriente con el mismo y MARGARITA; y al Poniente con el mismo, comprendiendo: Terreno: 456.02 m2 cuatrocientos cincuenta y seis punto dos metros cuadrados, con valor de $295,500.96 doscientos noventa y cinco mil quinientos pesos con noventa y seis centavos. Construcción Tipo II: 153.40 m2 ciento cincuenta y tres metros con cuarenta centímetros cuadrados, con valor de $460,200.00 cuatrocientos sesenta mil doscientos pesos. Construcción III: 153.40 m2, valorados en $184,080.00 ciento ochenta y cuatro mil ochenta pesos. Total: $939,780.96 novecientos treinta y nueve mil setecientos ochenta pesos con noventa y seis centavos. -Fracción Tres Para MIRIAM SÁENZ VACA, lindando al Norte con JUAN; al Sur con EMILIO TORRES VÁZQUEZ; al Oriente con la Avenida Revolución Norte y al Poniente con JUAN, comprendiendo: Terreno: 233.54 doscientos treinta y tres metros con cincuenta y cuatro centímetros, valuados en $151,333.92 ciento cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos con noventa y dos centavos. Construcción Tipo I: 188.32 m2 ciento ochenta y ocho punto treinta y dos centímetros cuadrados, valorados en $696,784.00 novecientos noventa y seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos. Construcción Tipo II: 34.27 m2 treinta y cuatro punto veintisiete centímetros cuadrados, con valor de $102,810.00 ciento dos mil ochocientos diez pesos. Total: $950,927.92 novecientos cincuenta mil novecientos veintisiete pesos con noventa y dos centavos. -Fracción Cuatro Para MARGARITA SÁENZ VACA, constituida por la planta alta que esta sobre la edificación de la casa paterna, Incluyendo la parte del extremo Norte de la planta baja y la cochera; lindando al Norte con MARIO BACA SOSA; al Sur con JUAN; al Oriente con la Avenida Revolución Norte; al Poniente con JUAN y DAGOVERTO; y en su parte baja con la casa paterna comprendiendo: Terreno: 320.99m2 trescientos veinte metros con noventa y nueve centimetros cuadrados, valorados en $208,001.52 doscientos ocho mil un pesos con cincuenta y dos centavos. Construcción Tipo II: 250.10 doscientos cincuenta con diez centimetros cuadrados, valorados en $750,300.00 setecientos cincuenta mil trescientos pesos. Total: $958,301.52 novecientos cincuenta y ocho mil trescientos un pesos con cincuenta y dos centavos. Como se ve, aunque en la parte inicial del proyecto partitorio se indicó que al total del terreno materia de la sucesión se le restaba la parte que se le asignó a DAGOVERTO, relativa a la casa paterna; y la que se le otorgó a MIRIAM, referente al local que se rentaba a Transito del Estado; y que solo el resto de ese bien se distribuía entre los cuatro herederos, como lo ordenó el testador en la cláusula tercera del testamento. Sin embargo, para la porción que se le asignó a MARGARITA SÁENZ VACA se tomó parte de la casa paterna, pues se dijo que se le concedía la parte alta que está sobre la misma, así como el extremo norte de la planta baja y la cochera, distribución que no concuerda con la distribución propuesta por el testador, pues, como está visto, éste fue claro al señalar que el área señalada como la casa paterna sería para el referido DAGOVERTO SÁENZ VACA, sin haber excluido la planta alta de la misma, ni la parte norte de la planta baja, como tampoco la cochera, y siendo así, no es dable que en el proyecto de división de la herencia estas áreas se le otorgaran a la referida MARGARITA SÁENZ VACA, pues la casa paterna, en su integridad, porque el testador no excluyó ninguna de sus partes, se le otorgó a DAGOVERTO. Por lo anterior, es decir, porque la distribución del acervo hereditario no concuerda con lo ordenado por el de cujus, como lo indican los citados artículos 937 del Código Civil y 1100 del Código de Procedimientos Civiles, ya que se le está asignando a MARGARITA SÁENZ VACA algunas partes de la casa paterna, no obstante que el testador ordenó que esta edificación, en su integridad, pues no excluyó ninguna de sus secciones, corresponde a DAGOVERTO SÁENZ VACA, lo conducente es, en oposición a lo que el natural determinó, reprobar el proyecto de partición de la herencia presentado, precisamente porque no se sujeta a lo dispuesto por el de cujus en su última voluntad. La improcedencia del proyecto partitorio se robustece con el hecho que en autos no obra medio de convicción que informe a la autoridad judicial, con base en el croquis que se adjuntó para graficar esa propuesta de distribución, cuál es el área dentro del inmueble de la herencia que corresponde a la casa paterna y la que se le renta a Tránsito del Estado, a efecto de verificar que, en efecto, esas secciones fueron segregadas de la superficie total de ese bien raíz, como se afirmó en la propuesta distributiva, y que, a su vez, son las que se asignaron en particular a DAGOVERTO y MIRIAM SÁENZ VACA, respectivamente, como lo ordenó el testador. Y es que en dicha graficación sólo aparecen diseñadas las porciones que se otorgaron a DAGOVERTO y MIRIAM, así como las que se asignaron a JUAN y MARGARITA SÁENZ VACA, pero, se insiste, sin precisar que las de aquellos son las relativas a las que el testador les concedió, consistentes en la casa paterna y la porción que se renta a la referida oficina de tránsito, como se desprende de su contenido. . Pero, además, en el proyecto partitorio se anotó que la fracción 2 dos, asignada a DAGOVERTO SÁENZ VACA, linda por el norte con MARIO BACA SOSA, lo que no es acorde con lo que aparece representado en el croquis, pues en este se anotó que la porción de DAGOVERTO (marcada con el número 2), por tal viento, limita con una sección del propio predio en distribución, pero no con aquel colindante; aunado a que, como se indicó, en el gráfico en cuestión no está indicado si esa porción de DAGOVERTO se integra con la casa paterna que el testador le asignó por herencia, o sólo abarca la parte que le corresponde del resto del bien que debe distribuirse entre los cuatro herederos, incluido DAGOVERTO, o incluso, que abarca esas dos porciones, es decir, la casa paterna y la parte que le toca del resto del bien, después de excluir tal casa y la parte asignada a su hermana MIRIAM (relativa a la porción que se le renta a Tránsito del Estado). Aunado a que tampoco se advierte que esa porción '2' en realidad corresponda a la que se propone en el proyecto de partición, pues como en éste la superficie es de 456.00 m2 cuatrocientos cincuenta y seis metros cuadrados, mientras que la superficie que se obtiene en dicho croquis es de 283.20 m2 doscientos ochenta y tres metros cuadrados, considerando que se advierte que sus medidas son de 12.00 doce metros de frente por 23.60 veintitrés metros con sesenta centímetros de fondo. . Lo cual no se comparte, puesto que en este supuesto la superficie sería de 657.40 seiscientos cuarenta y siete punto cuatro metros cuadrados (obtenida de las medidas de 19.00 diecinueve metros de frente por 34.6 treinta y cuatro punto seis metros de fondo) y no los 456.00 cuatrocientos cincuenta y seis metros cuadrados que se indican en el proyecto; además que de ser así, se vuelve a patentizar que visto en su integridad el croquis, no se estaría especificando qué porción es el área de la casa paterna que el testador dispuso para DAGOVERTO SÁENZ VACA. En virtud que las causas de molestia analizadas en la presente ejecutoria resultaron fundadas y, por ende, suficientes para revocar el fallo impugnado, se estima innecesario examinar los restantes motivos de inconformidad.". El énfasis es añadido. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente asunto. De lo reseñado hasta aquí, se obtiene que no asiste razón al quejoso cuando aduce que las inconformidades esgrimidas por el apelante Dagoverto Sáenz Vaca, aquí tercero interesado, ya habían sido desestimadas al resolverse el incidente de oposición al proyecto de partición. Es así, porque lo resuelto en dicha incidencia fue que el bien señalado por los inconformes, como aquel donado en vida del de cujus en favor de Dagoverto Sáenz Vaca, era un inmueble distinto de aquél sobre el cual se elaboró el proyecto de partición y diverso a los bienes que fueron materia del respectivo testamento; y que por tanto, no existía motivo alguno para desaprobar dicha propuesta. En cambio, en los agravios planteados al interponer el recurso de apelación, Dagoverto Sáenz Vaca adujo esencialmente que el juzgador primigenio pasó por alto que el proyecto elaborado por su hermano Juan no era concurrente con la voluntad expresada por el autor de la sucesión, habida cuenta que, en el testamento, se constituyó un legado en su favor que se identificó como "casa paterna" y la partición propuesta afectaba una porción de dicho bien que le fue legado; tan fue así, que en un apartado de su escrito de agravios literalmente manifestó que: "El juez primigenio aprobó el proyecto de división y partición dentro de la cuarta sección del sucesorio planteado por Juan Sàenz Vaca, SIN REVISAR JAMÁS QUE DICHO PROYECTO LO HACE DENTRO DE LA CASA PATERNA Y DE LA ESCRITURA QUE LA AMPARA, LA CUAL LE CORRESPONDE ÚNICAMENTE A DAGOVERTO SÁENZ VACA Y NO A LOS DEMÁS HEREDEROS, siendo una total incongruencia, olvidando y dejando de estudiar por completo el testamento en sus cláusulas segunda y tercera.". Como se observa, contrario a lo argumentado por el peticionario del amparo, los argumentos formulados por el apelante no eran dogmáticos pues claramente exponían la afectación que generaría la aprobación de un proyecto que es contrario a la voluntad expresada por el testador, como sería el hecho de que un mismo bien fuere dispuesto para dos fines distintos, otorgado a dos personas diferentes o divido en una forma incompatible con lo establecido por el testador; pues ello podría generar una falsa idea de la realidad, lo que a su vez, se traduciría en una imposibilidad para materializar la voluntad final del de cujus; aunado a que se hizo énfasis en la constitución de los legados en favor de Dagoverto y Miriam, ambos de apellidos Sáenz Vaca. Además, desde esa perspectiva, válidamente puede afirmarse que, contrario a lo argumentado por el ahora quejoso, la responsable sí estaba en aptitud de analizar los argumentos vertidos por el apelante; se insiste, porque los argumentos esgrimidos en el incidente y en el recurso de apelación tenían finalidades distintas. Esto es, en el primer caso se planteó que el proyecto afectaba un diverso inmueble que fue donado por Juan Sáenz García, autor de la sucesión, a favor de su hijo Dagoverto Sáenz Vaca, y que precisamente por ese motivo, dicho inmueble no había sido materia del testamento, razón por la cual, el juzgador determinó que el incidente de mérito resultaba infundado, pues consideró que el proyecto se elaboró respecto a un predio distinto al aludido por los incidentistas. Mientras que en el recurso de apelación el tópico central fue la disposición específica que el testador estipuló en su testamento; lo que dio como resultado que el tribunal de alzada revocara el fallo de primer grado y reprobara el proyecto de partición planteado por el aquí peticionario del amparo; esto, debido a que en el testamento se estableció en forma específica que dos porciones determinadas del predio que conformaba la masa hereditaria debían ser otorgados a Miriam y Dagoverto, respectivamente, en tanto que la parte restante del inmueble debía dividirse entre sus cuatro hijos. Lo anterior, implica que el proyecto de partición únicamente podía comprender la parte respecto de la cual no se encontraba dividida y asignada en forma específica, se insiste, porque dos porciones del predio fueron asignadas directamente a Miriam y Dagoverto Sáenz Vaca (legados). De ahí, que aun cuando no haya mención en forma expresa la responsable sobre la constitución de los legados mencionados; la realidad es que fue correcto que realizara el examen atinente a dicho tópico, pues debe considerarse que, por lo general, el legado constituye una disposición atributiva de un derecho particular a cargo de la herencia, inspirada en el ánimo de beneficiar, ya que normalmente con el legado se determina una sucesión a título particular del favorecido al disponente. Abona a lo anterior, que el artículo 937 del Código Civil para el Estado de Michoacán es del tenor siguiente: "Artículo 937. Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella deberá estarse, salvo derecho de tercero." Como se observa, dicho numeral prevé que en los juicios sucesorios el eje rector es precisamente el testamento; de suerte que si en él se ha dispuesto una determinada distribución de los bienes que conformen la masa hereditaria, será obligación de la autoridad que conozca del sucesorio vigilar que esta voluntad sea respetada puntualmente, con la salvedad hecha de que tal distribución afecte los derechos de terceros. De suerte que, contrario a lo aducido por el amparista, sí existe una disposición legal que obliga a las autoridades a analizar incluso oficiosamente, que el proyecto de partición se ajuste a los lineamientos establecidos en el testamento. Esto quiere decir, que si en el caso el autor de la sucesión formuló testamento para disponer de sus bienes y éste se declaró legitimo, era necesario que las autoridades que conocían del juicio natural observaran que el proyecto atinente observara los lineamientos establecidos en dicho instrumento. Lo anterior, se debe al hecho de que el cumplimiento de la voluntad expresada por el de cujus al elaborar el testamento correspondiente, es de interés social y orden público, porque se trata de la disposición de los bienes que conforman la masa patrimonial de una persona; de modo que, resulta indispensable que se cumpla cabalmente con la partición que al respecto realice. En otras palabras, el juzgador que conoce de un asunto testamentario funge como garante de la voluntad estipulada por el testador; por esa razón se encuentra obligado a verificar que dicho instrumento sea observado cabalmente durante la tramitación de cada una de las etapas. En suma, si no existe constancia en la que el juzgador natural haya determinado que el proyecto de partición propuesto por Juan Sáenz Vaca, fuera compatible con la voluntad estipulada por el de cujus; resulta válido afirmar que, en términos del artículo 937 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, el tribunal de alzada estaba en aptitud de examinar dicho tópico; es decir, que el proyecto propuesto fuera compatible con lo expresado por el testador, en las cláusulas segunda y tercera del instrumento notarial mil seiscientos sesenta, cuyo contenido es del tenor siguiente: " SEGUNDA.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mis bienes que poseo actualmente los constituyen: A) DOS PREDIOS URBANOS AMPARADOS CON DOS ESCRITURAS Y QUE EN LA ACTUALIDAD FORMAN UNO SOLO, FÍSICAMENTE QUE ES DONDE TENGO MI CASA HABITACIÓN (CONSIDERADA COMO CASA PATERNA), Y EL LOCAL QUE ACTUALMENTE SE RENTA A TRÁNSITO DEL ESTADO, DESDE EL AÑO DE 1979, MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, ASÍ COMO OTRAS CONSTRUCCIONES EN EL MISMO PREDIO QUE SE UBICA EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN NORTE 395 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO, Y 371 TRESCIENTOS SETENTA Y UNO, RESPECTIVAMENTE DE LA HUACANA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE Y DISTRITO JUDICIAL DE ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN. TERCERA.- Declaro como a mis únicos y universales herederos de mis bienes presente y futuros que llegare a obtener con posterioridad JUAN, DAGOVERTO, MIRIAM Y MARGARITA SÁENZ VACA; pero pido que dichos bienes de apliquen distributivamente de la siguiente forma: A) PARA DAGOVERTO SÁENZ VACA, el área considerada como la casa paterna, ubicada en Avenida Revolución Norte 395 trescientos noventa y cinco de la Huacana, Michoacán.- B) PARA MIRIAM SÁENZ VACA, el área que actualmente ocupa y se le renta a Tránsito del Estado desde 1979, a la fecha y que se ubica en la misma Avenida Revolución Norte 371 trescientos setenta y uno, también de la Huacana, Michoacán; y, C).- PARA JUAN, DAGOVERTO, MIRIAM Y MARGARITA SÁENZ VACA, la totalidad restante del inmueble que, como se dijo se ubica en la Avenida Revolución Norte de la Huacana, Michoacán y esta amparado con dos escrituras y que físicamente forman uno solo." Lo anterior, debido a que, se insiste, el juzgador que conozca de asuntos en los que exista testamento, mediante el cual, se haya estipulado un destino específico para los bienes que conforman la masa hereditaria debe privilegiar la disposición ahí prevista, siempre que no se afecten los derechos de terceros. Considerar lo contrario, sería tanto como afirmar que la voluntad expresada mediante testamento puede observarse puntualmente o no; o bien, que en este tipo de asuntos válidamente puede resolverse inclusive con base en premisas falsas, como el hecho de que la partición propuesta comprenda bienes que no conforman la masa hereditaria, siempre que no exista inconformidad expresa por parte de los herederos. Precisamente por esa razón, resulta obligatorio que la autoridad que conoce del asunto verifique que los bienes descritos en el testamento coincidan con aquellos que materialmente son dispuestos por los herederos (en cuanto a su calidad, dimensiones y características); y, que la partición propuesta observe estrictamente los lineamientos estipulados en el instrumento correspondiente, salvo en el caso que no se haya realizado una división específica. De otro modo, se insiste, podría llegarse al absurdo de disponerse de objetos que no formen parte de la masa hereditaria o de una manera distinta a la expresada por el testador; lo cual, se traduciría en hacer nugatorio el derecho de aquél de disponer de sus bienes, en la forma y proporción que considere pertinente. No es óbice, que al resolver la contradicción 244/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "Época: Novena Época Registro: 160989 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 8/2011 Página: 952 SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA. La partición de la herencia es el acto jurídico efectuado respecto de la comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de una persona cuando concurren varios herederos y se da a cada uno lo que le corresponde según las reglas del testamento o de la ley, de manera que las partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en concretas y divisas. Además, es un acto declarativo, ya que sólo determina e individualiza un derecho preexistente y no definido, en virtud de que hasta el momento de la partición, la masa hereditaria formaba un patrimonio común a todos los herederos, reconociendo el dominio exclusivo que corresponde a cada uno, no desde que se realiza, sino a partir de la muerte del autor de la herencia. En ese tenor, y por el carácter declarativo del proyecto de partición y adjudicación, el juzgador no puede examinarlo oficiosamente, sino que debe constreñirse a ponerlo a la vista de los interesados y a hacer la declaratoria correspondiente cuando transcurra el plazo de preclusión, si no existe oposición alguna, o tramitar el incidente respectivo en caso de haberla, con la salvedad de que se encuentren en juego derechos de menores o incapaces, cuya debida salvaguarda es de interés público, en cuyo caso sí puede el Juez verificar oficiosamente el proyecto en cuestión. Contradicción de tesis 244/2010. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 1o. de diciembre de 2010. Mayoría de tres votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Tesis de jurisprudencia 8/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil once." Es así, pues debe entenderse que tal jurisprudencia parte de la base de que el proyecto de partición comprende aquellos bienes respecto de los cuales no se haya dispuesto un destino específico, esto es, cuando resulta necesario individualizar los derechos de los herederos, mediante un proyecto de partición. Empero, no puede considerarse que habiendo una asignación específica sobre un bien determinado que no tenga que ser dividido el proyecto pueda observarla de manera puntual o no, siempre que no exista oposición por parte del resto de los herederos; precisamente porque el testamento constituye el eje rector de este tipo de procedimientos; de manera que, al no referirse expresamente a los bienes asignados que no serán divididos, el citado criterio implica que no sería factible que la autoridad jurisdiccional analice oficiosamente un proyecto de partición de los bienes que deben ser previamente divididos cuando no habiéndose estipulado algún tipo de partición, tampoco se hubiere manifestado alguna inconformidad, salvo en el caso de que se haga valer una circunstancia que patentice que la distribución debe realizarse en una forma diversa (como sucedería si algún menor estuviera involucrado o alguno de los herederos rechazara la parte alícuota que le correspondería). Ahora, si en el caso el tribunal de alzada consideró que existían diversas irregularidades que podían generar que el testamento fuera imposible de cumplimentarse o que el proyecto propuesto por el otrora albacea, aquí quejoso, resultaba incompatible o incluso contrario a la voluntad expresada por el testador, resultaba necesario que realizara el análisis correspondiente; se insiste, porque la voluntad del testador debe considerarse como la normativa que rige a los procedimientos sucesorios; precisamente porque considerar lo contrario sería tanto como desnaturalizar los juicios testamentarios. Además, lo argumentado en esencia por el apelante fue que en el testamento se asignó específicamente dos bienes inmuebles del predio, y que únicamente se dejó indeterminada la porción restante del terreno aludido y que el proyecto propuesto por Juan Sáenz Vaca afectaba las porciones legadas específicamente a Dagoverto y Miriam, ambos de apellidos Sáenz Vaca; de tal suerte, que las deficiencias técnicas del proyecto constituían un impedimento técnico y jurídico para que la sala responsable aprobara la partición planteada; precisamente porque resultaría imposible armonizar el citado proyecto con lo determinado en el testamento elaborado por el autor de la sucesión y más aún trasladarlo a la realidad. Por ese motivo, no resulta factible considerar que, en el caso, resulten aplicables las tesis invocadas por el promovente del amparo de rubros: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.", "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE.", "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.", "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE LIMITAN A EXPONER LA INDEBIDA APLICACIÓN DE UN ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO, SIN APORTAR ARGUMENTOS PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD." y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE MERA LEGALIDAD DEBEN DESESTIMARSE POR INEFICACES.". Es así, porque ya se dijo que los argumentos sí fueron eficaces al señalar que la resolución recurrida inobservaba los lineamientos contenidos en el testamento; por ende, era el caso de que el tribunal de alzada tenía la obligación de examinar si el proyecto formulado por Juan Sáenz Vaca, era concordante por lo dispuesto por el testador o no. Por otra parte, la inoperancia de los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional estriba en el hecho de que no se combaten en forma frontal y suficiente los argumentos que brindan sustento a la sentencia reclamada; habida cuenta que nada se argumentó para desvirtuar las inconsistencias apuntadas por la responsable; es decir, el quejoso se limitó a señalar que los argumentos resultaban dogmáticos y que ya habían sido desestimados por el juzgador de primer grado; empero, nada dijo en torno a que el proyecto afectaba las áreas asignadas a Dagoverto, y Miriam, no así la parte restante del predio que debía dividirse entre los cuatro herederos (incluyendo a Juan); ni siquiera respecto a que las dimensiones del proyecto y de los predios heredados no eran coincidentes; o bien, que el proyecto no evidenciaba que los predios asignados a los mencionados en primer lugar se hubieran excluido del proyecto. Tampoco formuló algún argumento u ofreció alguna prueba tendente a evidenciar que las dimensiones precisadas en el proyecto fueren coincidentes con la división señalada en el testamento respectivo; y, por el contrario, la responsable consideró que la partición propuesta era totalmente diferente a la prevista por el testador. Al respecto, resulta aplicable la tesis que se reproduce a continuación: "Época: Séptima Época Registro: 240779 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 139-144, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 26 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya. Amparo directo 7831/79. Víctor Olavarría Velázquez y otros. 9 de octubre de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretaria: Clara Eugenia González Avila Urbano. Séptima Época: Informe 1980, página 28. Amparo directo 102/77. J. Jesús González Cortázar. 8 de febrero de 1978. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. Secretario: Carlos Soto Villaseñor. Nota: Reitera tesis de jurisprudencia 122, Apéndice 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, página 360, bajo el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO." En tal virtud, ante lo ineficaz de los conceptos de violación analizados, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es NEGAR EL AMPARO. Cabe señalar que la negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos Juez Mixto de Primera Instancia del Ario de Rosales, Michoacán, al no haber reclamado por vicios propios SEXTO. Supresión de datos personales. En otro aspecto, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Saenz Vaca, contra los actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad capital, y del Juez Mixto de Primera Instancia del Ario de Rosales, Michoacán, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

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