Juan Ruiz Herrera

Expediente 672/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
672/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Ruiz Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIAVista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el auto de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el trece de noviembre del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el presente juicio respecto de la incomunicación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos se advierte que el once de noviembre de dos mil diecisiete, el Actuario Judicial adscrito se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Mexicali, Baja California, para el efecto de que ********************, ratificara o no la demanda de amparo indirecto que se promovió a su favor. Por lo que después de hacer del conocimiento del directo quejoso del proveído de once del presente mes y año, éste manifestó que no ratificaba la demanda de amparo indirecto promovido en su favor, así como que se opone a la publicación de sus datos personales, firmando de conformidad. En mérito de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, por lo que hace a la incomunicación, por lo que se dejan sin efectos las providencias decretadas. ORDEN DE TRASLADO Por otra parte, no pasa desapercibido para el suscrito que respecto de la orden de traslado tampoco ratificó la demanda de amparo, por lo cual se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. A efecto de evidenciar lo anterior, conviene transcribir dicho precepto el cual establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.." El numeral transcrito no requiere de interpretación, pues de su contenido se aprecia claramente la disposición de que opera el sobreseimiento en el juicio cuando la parte quejosa no ratifique la demanda interpuesta a su nombre. Lo anterior cobra sentido si se toma en cuenta que uno de los principios que rige al juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, conforme al que sólo puede promoverse, tramitarse y resolverse si existe la petición de quien resiente una afectación en su esfera de derechos y la intención de obtener una sentencia que lo ampare y proteja contra el acto de autoridad. Por ello, cuando durante la sustanciación del juicio de amparo la parte quejosa no ratifica la demanda interpuesta a su nombre o expresamente se desiste, debe sobreseerse, puesto que se extingue la pretensión de la parte agraviada directamente afectada de obtener la protección de constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio sumario. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete. Hágase del conocimiento mediante oficio al Director del Centro de Readaptación Social, con sede en esta ciudad; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya necesidad de hacer mayor pronunciamiento en relación con la imposibilidad de notificar a las autoridades señaladas como responsables que asentó el actuario adscrito, en atención a lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos se advierte que el once de noviembre de dos mil diecisiete, el Actuario Judicial adscrito se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de esta ciudad de Mexicali, Baja California, para el efecto de que ********************, ratificara o no la demanda de amparo indirecto que se promovió a su favor. Por lo que después de hacer del conocimiento del directo quejoso del proveído de once del presente mes y año, éste manifestó que no ratificaba la demanda de amparo indirecto promovido en su favor, así como que se opone a la publicación de sus datos personales, firmando de conformidad. En mérito de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, por lo que hace a la incomunicación, por lo que se dejan sin efectos las providencias decretadas. ORDEN DE TRASLADO Por otra parte, no pasa desapercibido para el suscrito que respecto de la orden de traslado tampoco ratificó la demanda de amparo, por lo cual se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. A efecto de evidenciar lo anterior, conviene transcribir dicho precepto el cual establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.." El numeral transcrito no requiere de interpretación, pues de su contenido se aprecia claramente la disposición de que opera el sobreseimiento en el juicio cuando la parte quejosa no ratifique la demanda interpuesta a su nombre. Lo anterior cobra sentido si se toma en cuenta que uno de los principios que rige al juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, conforme al que sólo puede promoverse, tramitarse y resolverse si existe la petición de quien resiente una afectación en su esfera de derechos y la intención de obtener una sentencia que lo ampare y proteja contra el acto de autoridad. Por ello, cuando durante la sustanciación del juicio de amparo la parte quejosa no ratifica la demanda interpuesta a su nombre o expresamente se desiste, debe sobreseerse, puesto que se extingue la pretensión de la parte agraviada directamente afectada de obtener la protección de constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio sumario. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete. Hágase del conocimiento mediante oficio al Director del Centro de Readaptación Social, con sede en esta ciudad; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya necesidad de hacer mayor pronunciamiento en relación con la imposibilidad de notificar a las autoridades señaladas como responsables que asentó el actuario adscrito, en atención a lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

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