Juan Rubén Gutiérrez Ávila

Expediente 886/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
886/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Rubén Gutiérrez Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días a que alude el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa recurriera el auto de veintiocho de agosto pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, residente en la Ciudad de México, atenta a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que por acuerdo plenario 19/2023 determinó el cambio de domicilio y proporciona la nueva dirección. Atenta a su solicitud que se informe el estado procesal que guarda el presente asunto, dígasele que se encuentra en ejecución de sentencia y en el momento que se genere una nueva actuación le será informado y se remitirá copia que así lo acredite.-

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Magistrado de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 886/2023-VII. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al derecho de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... En el caso, el acto reclamado es el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el toca 400/2023 de la estadística de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por medio del cual se desechó por extemporáneo el recurso de apelación promovido por el accionante -aquí quejoso-, en contra de la sentencia de cinco de junio del año en curso, emitida en el expediente C-852/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. Dicho precepto establece: ... El principio de definitividad del juicio de amparo que consagra la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En el caso, el acto examinado es impugnable a través de un recurso ordinario, pues el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa con el cual puede revocarse o anularse. Es así, pues los artículos 225, 232, 233, 234, 235, 236 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, disponen: ... De tales preceptos, se advierte que la legislación en materia civil otorga al gobernado un medio de defensa idóneo para dejar insubsistente el acto reclamado. Es así, pues la revocación es el medio de impugnación que la ley contempla para revocar o modificar el auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el toca 400/2023 del índice de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual el magistrado responsable desechó el recurso de apelación promovido por el quejoso, en contra de la sentencia de cinco de junio del año en curso, emitida en el expediente C-852/2021 del índice del Juzgado Primero de Partido Civil de esta ciudad. Máxime que el código procesal adjetivo no prevé la procedencia de otro medio de defensa contra esa determinación ni establece que sea irrecurrible. ... Consecuentemente, si el quejoso no interpuso el medio de defensa ordinario, no es factible que primeramente acuda al juicio de amparo, ya que debe observar el principio de definitividad, esto es, agotar el referido medio de impugnación. Por tanto, si la legislación que rige el acto de autoridad prevé un medio ordinario de defensa por el cual aquél puede ser confirmado, revocado o modificado, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, no obstante que el quejoso considere que el acto reclamado es de imposible reparación. ... Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad por las razones siguientes: a) No se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte. c) No se trata de un acto en que el quejoso sea tercero extraño a juicio, en virtud de que el promovente es parte actora en el procedimiento de origen, por lo que no tiene esa calidad. d) La procedencia del recurso de revocación está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. ... Por tanto, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en términos del diverso 113 de dicha ley. Domicilio procesal. Se reconoce como domicilio procesal del quejoso el ubicado en calle ********************, fraccionamiento ******************** de esta ciudad. Autorizado. Se reconoce a ******************** como autorizado del justiciable en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ... Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-

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