Juan Rosendo Hernández Hernández.

Expediente 644/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
644/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Teresa Hernández Hernández. y Otros.
  • Juan Rosendo Hernández Hernández.
  • Teresa Hernández Hernández.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes sin que se hubieran inconformado con el proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por consentida la mencionada resolución. Mediante oficio que al efecto se gire, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la presente determinación, para los efectos legales a que hubiere lugar. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vistos los autos del juicio de amparo directo D.P. 644/2018, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, que pronunció este tribunal colegiado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Teresa Hernández Hernández y Juan Rosendo Hernández Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable: Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Magistrado Presidente de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en la emisión de la nueva resolución, toda vez que la responsable se apegó a lo estrictamente establecido en dicha ejecutoria.

  3. Juicio de Amparo Directo

    En Pachuca de Soto, Hidalgo a ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la suscrita actuaria judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, siendo las 09:00 horas, en cumplimiento al auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, y al aviso dejado el cinco de noviembre del presente año, se hace constar: Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista a la parte quejosa Teresa y Juan Rosendo, ambos de apellidos Hernández Hernández, el auto de cuatro de noviembre del año en curso, quedando debidamente notificado, en razón de no haber acudido a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal, dentro de los dos días siguientes hábiles, que lo fueron seis y siete de noviembre del año en curso, no obstante al aviso que se le dejó el cinco de noviembre del presente año que transcurre en el domicilio proporcionado. Lo que hago constar con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la referida ley y para todos los efectos legales conducentes. Doy fe. En el cual se determino lo siguiente:Vistos los autos del juicio de amparo directo D.P. 644/2018, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia de doce de septiembre de dos mil diecinueve, que pronunció este tribunal colegiado, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Teresa Hernández Hernández y Juan Rosendo Hernández Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable: "1) Deje insubsistente el acto reclamado. 2) Dicte otra resolución en la que por los motivos aquí apuntados, no tenga por acreditado el elemento del delito de despojo consistente en que los activos ocupen un inmueble ajeno. 3) Hecho lo anterior, determine que existe insuficiencia probatoria para tener por actualizado el aludido delito. (.)." Con motivo del requerimiento respectivo a la autoridad responsable para que informara a este Órgano Colegiado sobre el cumplimiento de dicha ejecutoria, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, remitió el oficio 4051/2019-AP, al que anexó copia certificada de la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, que dictó en cumplimiento al fallo protector, con lo que se dio vista a los quejosos y terceros interesados, quienes no hicieron manifestación alguna. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la ley de la materia se analiza si la ejecutoria de amparo fue o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Proveído que corresponde dictar al Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado, en acatamiento al Acuerdo General número 5/2013, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del cinco de septiembre de dos mil diecisiete. De la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa, se advierte lo siguiente: Efectos de la Concesión del Amparo. Cumplimiento a la ejecutoria. Deje insubsistente el acto reclamado En resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte que la responsable dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, y en su lugar dictó una nueva sentencia (considerando tercero y resolutivo segundo). Dicte otra resolución en la que por los motivos aquí apuntados, no tenga por acreditado el elemento del delito de despojo consistente en que los activos ocupen un inmueble ajeno. La responsable manifestó que una vez realizado el estudio de la causa y de la resolución recurrida, se advertía que el natural expuso que se encontraba probado el delito de despojo, previsto por el numeral 218, fracción I del Código Penal para el Estado de Hidalgo, así como la plena responsabilidad penal de Teresa Hernández Hernández y Juan Rosendo Hernández Hernández, determinación que refirió vulnera en perjuicio de los sentenciados sus garantías de legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, manifestó que la actuación del juez no se ajustó a la normatividad imperante aplicable al caso en concreto, porque no estuvo en lo correcto al determinar, que en la especie, se colmaban los elementos de la materialidad del delito de despojo, toda vez que debió considerar que no se cuenta con suficientes elementos de prueba para tener por acreditados tales aspectos, principalmente porque la identificación del predio objeto del delito del despojo, no fue demostrada con el material probatorio que aportó el Ministerio Público y la parte ofendida, el cual sirvió de apoyo para el juez de origen, al dictado de la sentencia de condena. Es por ello, que manifestó que para determinarlo así, no obstante que es cierto, que el delito de despojo lo que protege es la posesión; lo cierto es que, los medios probatorios que obran en la causa penal deben dar certeza de la identidad del mismo, pues de lo contrario no estará plenamente demostrado el ilícito, es decir, que el bien inmueble ocupado resulte ajeno, de ahí que la prueba idónea para lograr la identificación del predio es la prueba pericial. Ahora bien, expuso que de la resolución reclamada se advierte que el juez de origen, tuvo por justificado el primer elemento de la materialidad del delito consistente en que el agente del delito ocupe un inmueble ajeno, elemento que necesariamente requiere la identificación positiva del inmueble objeto del delito de despojo, para de esta forma dilucidar el elemento normativo relativo a la ajenidad. Por tanto, señaló que a fin de acreditar el citado elemento el juzgador tomó en consideración: - La comparecencia y ratificación del escrito de querella presentado por Vicente Castro Monroy, ante el representante social el diecisiete de diciembre de dos mil catorce. - La declaración de Teresa Granados Juárez, rendida ante el agente del ministerio público el veinte de enero de dos mil quince. - La declaración de Matilde Olguín Mendoza, rendida ante el juez de la causa el veintiuno de enero de dos mil dieciséis., - La declaración de Benito Ávila Pérez, rendida ante el juez primigenio el ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Sin embargo, precisó que estos medios demostrativos son insuficientes para demostrar que los sujetos activos ocuparon un inmueble ajeno; pues dijo que no está identificada la identidad del inmueble, específicamente no se acreditó que la porción supuestamente ocupada por los agentes activos, se encuentre en posesión del querellante. Lo anterior es así, pues expresó que las declaraciones tanto del ofendido, como de los testigos de cargo no son suficientes para acreditar que el inmueble del que detenta la posesión el ofendido, sea en efecto el que ocuparon los agentes activos, ya que únicamente mencionan las medidas y colindancias del terreno, además de que indican que los activos ocuparon parte del terreno, sin que su manifestación en este sentido se encuentre robustecida con diverso elemento de convicción; y sostuvo que no puede perderse de vista que la prueba idónea para corroborar la identidad del inmueble es la pericial en agrimensura. En tal virtud, refirió que era la pericial en agrimensura la prueba idónea que podía corroborar la identidad del inmueble amparado por la escritura pública 19438 que contiene la protocolización de las diligencias de información testimonial ad perpetuam, promovidas en vía de jurisdicción voluntaria por Vicente Castro Monroy, original del plano topográfico expedido por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo y la sentencia de rectificación de medidas y colindancias, era el mismo que el que fue objeto de la conducta de ocupación por parte de los activos. Además, manifestó que si bien es cierto se desahogó en autos la prueba pericial en materia de topografía y avalúo de once de febrero de dos mil quince, suscrita y ratificada por el perito oficial, Edgardo Leonel Olguín Ángeles, en el cual concluyó la existencia de una superficie afectada de cuatro mil cuatrocientos cuarenta punto cero nueve metros cuadrados; lo cierto es que señaló que lo asentado por dicho perito, no genera convicción en el ánimo de quienes resuelven. De lo anterior, precisó que para identificar el inmueble avalado por la escritura pública 19438 que contiene la protocolización de las diligencias de información testimonial ad perpetuam, promovidas en vía de jurisdicción voluntaria por Vicente Castro Monroy y la sentencia de rectificación de medidas y colindancias, el perito únicamente tuvo como referencia el dicho del agraviado, por lo cual, refirió se pone en duda el resultado del dictamen, para identificar el inmueble; de ahí que no existe certeza de que la superficie que dijo se encontraba afectada sea parte del inmueble del que ostenta la posesión el sujeto pasivo, ello, pues dijo que el propio perito señala que su punto de referencia fue una opinión no profesional del ofendido. De igual forma, señaló que si bien se cuenta en autos con diversos dictámenes periciales, esos tampoco son aptos para acreditar el elemento del delito en estudio, es decir que los sujetos activos ocuparon un inmueble que les resultaba ajeno. En tales condiciones, precisó que si el primer elemento del tipo penal es la ocupación de un bien inmueble ajeno, esta ajenidad se prueba demostrando que el inmueble está en posesión del ofendido y que los agentes activos lo ocuparon. Sin embargo, reiteró que no está probada la identidad del inmueble supuestamente despojado; lo anterior, porque el ofendido dijo tener en posesión el bien inmueble avalado por la escritura pública 19438 que contiene la protocolización de las diligencias de información testimonial ad perpetuam, promovidas en vía de jurisdicción voluntaria por Vicente Castro Monroy y la sentencia de rectificación de medidas y colindancias. Pero, señaló que como se ha visto con las pruebas periciales que fueron desahogadas no es posible demostrar que el inmueble avalado por dichas documentales haya sido ocupado por los agentes activos. Además, expuso que no se puede perder de vista que el coacusado Mario Guillermo Cruz Orta, como parte de su defensa adujo que el terreno ocupado es propiedad de Tomasa Hernández; por lo que exhibió la documental consistente en contrato privado de compraventa de mil novecientos cuarenta y seis, celebrado entre Fausto Hernández como vendedor y Tomasa Hernández (como compradora). Circunstancia que manifestó pone en duda quién detenta la posesión de la porción del bien inmueble ocupado, sin que tal circunstancia se hubiere esclarecido durante el juicio. Es por ello, que refirió que toda vez que, los peritajes ya mencionados no permiten dilucidar que efectivamente la porción ocupada esté en posesión del ofendido, pues como se ha visto el perito oficial y los peritos de la coadyuvancia no permiten concluir que los profesionales que desahogaron tales experticiales hayan tenido datos suficientes que permitieran identificar el inmueble; e incluso el perito tercero en discordia fue claro en especificar que no existe afectación al predio que ampara la escritura pública 19438. En este aspecto, precisó que las pruebas allegadas a los autos no son suficientes para determinar que el inmueble ocupado por los activos haya sido ajeno, es decir, de la parte agraviada. Asimismo, expuso que, sin que sea óbice a lo anterior, la existencia de diversos medios de prueba que se desahogaron en autos, pues los mismos tampoco permiten corroborar en forma indubitable que el bien inmueble ocupado por los activos, haya sido el mismo que ampara el certificado parcelario, pues lo dicho por los testigos de cargo, las inspecciones ministerial y judicial de lugar, son insuficientes para establecer que Teresa Hernández Hernández y Juan Rosendo Hernández Hernández, efectivamente ocuparon el terreno que está en posesión del pasivo; pues de aceptarse lo contrario, se llegaría al absurdo de considerar a los testigos como peritos. Hecho lo anterior, determine que existe insuficiencia probatoria para tener por actualizado el aludido delito Atento a lo anterior, la responsable manifestó que, es evidente que los diversos medios probatorios que tomó en consideración el juzgador, son insuficientes para tener por acreditado de forma plena el elemento relativo a la ajenidad del inmueble, por tanto, expuso que no se cuentan con elementos suficientes para demostrar si los activos invadieron o no la superficie que refieren poseía el denunciante. De esta manera, expuso que es factible jurídicamente afirmar, que en el caso no existe prueba plena respecto a la comprobación de todos y cada uno de los elementos del delito de despojo, por ende, señaló que resulta inconcuso que tampoco puede considerarse acreditada su plena responsabilidad penal en la comisión de tal antisocial, sin que la institución ministerial y el ofendido hubiera fortalecido con otros medios de prueba que ofreciera en la etapa de instrucción a fin de que respaldara plenamente una sentencia de condena. En ese orden, dijo que es innegable que con el material probatorio de cargo aportado por la institución ministerial no logró demostrar el ilícito de reproche, así como la plena responsabilidad de los quejosos en su comisión, por ello, no se desvirtuó el principio de presunción de inocencia que opera a su favor. Por todo lo anterior, precisó que se advierte existe insuficiencia probatoria para tener por actualizado, el delito de despojo, por el que acuso el agente del Ministerio Público. Asimismo, señaló que toda vez que de las constancias de autos se advierte que Teresa Hernández Hernández y Juan Rosendo Hernández Hernández, se encuentran gozando de su libertad provisional bajo caución concedida por el juez del proceso se hacía innecesario ordenar su inmediata libertad. En consecuencia de lo anterior, la sala responsable, revocó la sentencia definitiva condenatoria dictada el treinta de mayo del dos mil dieciocho, por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Estado de Hidalgo, dentro de la causa penal 34/2015; absolviéndose a Teresa Hernández Hernández y Juan Rosendo Hernández Hernández, de la acusación que en su contra formuló la representación social por el delito de despojo en agravio de Vicente Castro Monroy, absolviéndolos igualmente de las demás consecuencias legales; toda vez que, de las constancias de autos se advertía que los imputados se encuentran gozando de su libertad bajo caución, y refirió se hace innecesario ordenar su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que hace al proceso y delito que nos ocupa. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, con las cuales la responsable funda su dicho de haber dado cumplimiento con los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, el Magistrado Presidente de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en la emisión de la nueva resolución, toda vez que la responsable se apegó a lo estrictamente establecido en dicha ejecutoria. Consecuentemente, hágase del conocimiento de la parte quejosa y terceros interesados este proveído para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo en vigor y, en su caso una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el numeral 202, primer párrafo del mismo ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, asimismo, remite copia certificada por triplicado de la resolución de veintiséis de septiembre del año en curso, dictada dentro del toca penal 489/2018, con la que dice dar cumplimiento al fallo protector emitido por el Pleno de este órgano colegiado, en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista con copia de la referida resolución, a los quejosos, así como a los terceros interesados, por el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo, dentro del cual podrán alegar lo que a su derecho convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; apercibidos que de ser omisos, este tribunal determinará lo procedente.

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