Juan Rosas Hernández

Expediente 782/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
782/2015
Año
2015
Actuaciones
15
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Juan Rosas Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de quince días, para que el quejoso promoviera recurso de inconformidad contra el auto de tres de marzo de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hiciera. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y no se tramitó incidente de suspensión, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectivas.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que la tercera interesada Rosa María Molina Morales, durante el término de la vista que se le concedió para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento del fallo protector dictado el treinta de noviembre de dos mil quince, no efectuó pronunciamiento alguno; por ende, se procede a analizar de oficio si dicha ejecutoria está debidamente cumplida o no. Ahora bien, en resolución de treinta de noviembre de dos mil quince se dictó sentencia que en su resolutivo segundo concedió a Juan Rosas Hernández, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Penal de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el efecto de que: Dejara insubsistente el auto de bien preso así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte otro purgando los vicios de inconstitucionalidad arriba enlistados, esto es: 1. Precisara con qué pruebas se acreditan o no, cada uno de los elementos del cuerpo del delito; expresando el valor que corresponde a cada uno de acuerdo con las reglas establecidas en ley adjetiva aplicable, citando los preceptos legales pertinentes al caso, y además, todas aquellas circunstancias que tenga en consideración para ello (el porqué de su apreciación considerando las reglas, ya sea valoración tasada o libre), precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique, en específico el relativo a que la víctima sea mujer y la comisión del mismo por razones de género; 2. Puntualizara con qué elementos probatorios se acredita o no, la fracción VI del artículo 153-a del Código Penal para el Estado de Guanajuato, debiendo justipreciar y valorar los mismos; 3. Precisó, en su caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta ilícita; y, 4. De ser necesario, al abordar la probable responsabilidad, expresar el valor que otorgue a cada una de las pruebas, citando los preceptos legales pertinentes al caso, precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevó a cabo el antijurídico. Mediante oficio con número de registro 2091, se tuvo al Juez Penal de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, informando el cumplimiento de la sentencia de amparo, al que anexó copia certificada del auto de plazo constitucional de quince de febrero del año en curso, en el que dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó otra determinación -con libertad de jurisdicción-, decretando formal prisión contra el quejoso, en los siguientes términos: Describió los elementos del cuerpo del delito de feminicidio previsto en el artículo 153-a, relacionado con los diversos 138 y 18, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, atendiendo a la regla genérica de comprobación prevista en el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, constatando la existencia de los elementos. Asimismo, señaló con qué medios de prueba tuvo por comprobados cada uno de los elementos del delito, específicamente con la declaración y su ampliación de la tercera interesada Rosa María Molina Morales, de la que desprendió que hace aproximadamente doce años conoció al quejoso Juan Rosas Hernández, teniendo una relación de concubinato; que de dicha unión procreó tres hijos; quien además narró la agresión física y emocional que ha sufrido en forma constante y continúa, ya que su pareja sentimental consume drogas y alcohol; asimismo, señaló que el día dos de abril de dos mil quince, le pidió al quejoso alimentos para sus hijos, obteniendo amenazas de muerte y golpes por parte Juan Rosas Hernández y de Carlos Bolaños Morales. De igual forma, verificó las circunstancias de violencia intrafamiliar que padecía la tercera interesada con los testimonios de Evelina Morales García, Clementina García Patiño, J. Concepción Molina Álvarez y Enrique Morales García. Asimismo, constató en base a la inspección que realizó el fiscal investigador el tres de abril de dos mil quince que la persona que sufrió el ilícito (feminicidio tentado) se trataba de una mujer de nombre Rosa María Molina Morales, constatando las lesiones que sufrió, en base a la valoración de Eduardo Jaziel Araiza Arredondo, médico legista adscrito al servicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien emitió dictamen SPMC272/2015. Conclusiones médicas que fueron confirmadas por los diversos profesionistas en medicina Juan Manuel Oliva Hernández y el perito Álvaro Flores en sus dictámenes SPMC157/2015 y SPCC1904/2015, quienes determinaron que las lesiones sufridas por la tercera interesada, que señaló la responsable en los puntos 1 y 2 sí ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, mientras que las diversas marcadas como 3 y 4 no las consideró de peligro para la vida, pero que sí tardaban en sanar más de quince días. Asimismo, expuso los motivos por los que tuvo por acreditados los elementos relativos a que la víctima sea mujer y la comisión del mismo por razones de género. De igual forma, con base en los anteriores medios de convicción el juez responsable concatenó cada uno de ellos, concluyendo que la agresión sufrida por Rosa María Molina Morales, tenía como finalidad privarla de la vida (situación que no aconteció), que tenía una relación íntima con el activo Juan Rosas Hernández, y constató la agresión frecuente y prolongada tanto en forma física y moral, además tuvo por acreditado el dolo con el que actúo el activo, concluyendo que existe la probable responsabilidad de Juan Rosas Hernández, precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar; por lo cual dictó auto de formal prisión. Por lo anterior, se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó su actuar por lo que restituyó al quejoso en el pleno goce de su garantía individual violada. En consecuencia, si la protección constitucional se emitió para ese efecto, se declara cumplida en su totalidad la sentencia. Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso por escrito con número de registro 2411, manifestó que no se cumplió con la ejecutoria de amparo al considerar que no acredita el cuerpo del delito de feminicidio ni su probable responsabilidad, por lo cual se debió ordenar su inmediata libertad; sin embargo, debe decirse que se otorgó libertad de jurisdicción al Juez responsable para que emitiera una nueva determinación en la que purgara los vicios de forma que se destacaron en la sentencia de amparo, lo que significa que podía dictar otra en el mismo sentido o en uno diverso; de ahí que las cuestiones relativas al fondo del asunto -que no se acredita el cuerpo del cuerpo del delito que se le atribuye-, no pueden ser materia de análisis, las que deberá hacerlas valer en la forma que estime pertinente. Ello, porque el efecto del amparo fue únicamente para que la autoridad responsable fundara y motivara la determinación en la que resolviera la situación jurídica del quejoso, lo cual atendió en la resolución que nos ocupa, como quedó asentado en párrafos que anteceden.

  3. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso: Vista la certificación que antecede, se desprende que la tercera interesada Rosa María Molina Morales, durante el término de la vista que se le concedió para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento del fallo protector dictado el treinta de noviembre de dos mil quince, no efectuó pronunciamiento alguno; por ende, se procede a analizar de oficio si dicha ejecutoria está debidamente cumplida o no. Ahora bien, en resolución de treinta de noviembre de dos mil quince se dictó sentencia que en su resolutivo segundo concedió a Juan Rosas Hernández, el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Penal de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, para el efecto de que: Dejara insubsistente el auto de bien preso así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte otro purgando los vicios de inconstitucionalidad arriba enlistados, esto es: 1. Precisara con qué pruebas se acreditan o no, cada uno de los elementos del cuerpo del delito; expresando el valor que corresponde a cada uno de acuerdo con las reglas establecidas en ley adjetiva aplicable, citando los preceptos legales pertinentes al caso, y además, todas aquellas circunstancias que tenga en consideración para ello (el porqué de su apreciación considerando las reglas, ya sea valoración tasada o libre), precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique, en específico el relativo a que la víctima sea mujer y la comisión del mismo por razones de género; 2. Puntualizara con qué elementos probatorios se acredita o no, la fracción VI del artículo 153-a del Código Penal para el Estado de Guanajuato, debiendo justipreciar y valorar los mismos; 3. Precisó, en su caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta ilícita; y, 4. De ser necesario, al abordar la probable responsabilidad, expresar el valor que otorgue a cada una de las pruebas, citando los preceptos legales pertinentes al caso, precisando la adecuación entre los motivos que aduzca y las normas que aplique, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevó a cabo el antijurídico. Mediante oficio con número de registro 2091, se tuvo al Juez Penal de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, informando el cumplimiento de la sentencia de amparo, al que anexó copia certificada del auto de plazo constitucional de quince de febrero del año en curso, en el que dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó otra determinación -con libertad de jurisdicción-, decretando formal prisión contra el quejoso, en los siguientes términos: Describió los elementos del cuerpo del delito de feminicidio previsto en el artículo 153-a, relacionado con los diversos 138 y 18, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, atendiendo a la regla genérica de comprobación prevista en el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, constatando la existencia de los elementos. Asimismo, señaló con qué medios de prueba tuvo por comprobados cada uno de los elementos del delito, específicamente con la declaración y su ampliación de la tercera interesada Rosa María Molina Morales, de la que desprendió que hace aproximadamente doce años conoció al quejoso Juan Rosas Hernández, teniendo una relación de concubinato; que de dicha unión procreó tres hijos; quien además narró la agresión física y emocional que ha sufrido en forma constante y continúa, ya que su pareja sentimental consume drogas y alcohol; asimismo, señaló que el día dos de abril de dos mil quince, le pidió al quejoso alimentos para sus hijos, obteniendo amenazas de muerte y golpes por parte Juan Rosas Hernández y de Carlos Bolaños Morales. De igual forma, verificó las circunstancias de violencia intrafamiliar que padecía la tercera interesada con los testimonios de Evelina Morales García, Clementina García Patiño, J. Concepción Molina Álvarez y Enrique Morales García. Asimismo, constató en base a la inspección que realizó el fiscal investigador el tres de abril de dos mil quince que la persona que sufrió el ilícito (feminicidio tentado) se trataba de una mujer de nombre Rosa María Molina Morales, constatando las lesiones que sufrió, en base a la valoración de Eduardo Jaziel Araiza Arredondo, médico legista adscrito al servicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien emitió dictamen SPMC272/2015. Conclusiones médicas que fueron confirmadas por los diversos profesionistas en medicina Juan Manuel Oliva Hernández y el perito Álvaro Flores en sus dictámenes SPMC157/2015 y SPCC1904/2015, quienes determinaron que las lesiones sufridas por la tercera interesada, que señaló la responsable en los puntos 1 y 2 sí ponen en peligro la vida y tardan en sanar más de quince días, mientras que las diversas marcadas como 3 y 4 no las consideró de peligro para la vida, pero que sí tardaban en sanar más de quince días. Asimismo, expuso los motivos por los que tuvo por acreditados los elementos relativos a que la víctima sea mujer y la comisión del mismo por razones de género. De igual forma, con base en los anteriores medios de convicción el juez responsable concatenó cada uno de ellos, concluyendo que la agresión sufrida por Rosa María Molina Morales, tenía como finalidad privarla de la vida (situación que no aconteció), que tenía una relación íntima con el activo Juan Rosas Hernández, y constató la agresión frecuente y prolongada tanto en forma física y moral, además tuvo por acreditado el dolo con el que actúo el activo, concluyendo que existe la probable responsabilidad de Juan Rosas Hernández, precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar; por lo cual dictó auto de formal prisión. Por lo anterior, se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó su actuar por lo que restituyó al quejoso en el pleno goce de su garantía individual violada. En consecuencia, si la protección constitucional se emitió para ese efecto, se declara cumplida en su totalidad la sentencia. Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso por escrito con número de registro 2411, manifestó que no se cumplió con la ejecutoria de amparo al considerar que no acredita el cuerpo del delito de feminicidio ni su probable responsabilidad, por lo cual se debió ordenar su inmediata libertad; sin embargo, debe decirse que se otorgó libertad de jurisdicción al Juez responsable para que emitiera una nueva determinación en la que purgara los vicios de forma que se destacaron en la sentencia de amparo, lo que significa que podía dictar otra en el mismo sentido o en uno diverso; de ahí que las cuestiones relativas al fondo del asunto -que no se acredita el cuerpo del cuerpo del delito que se le atribuye-, no pueden ser materia de análisis, las que deberá hacerlas valer en la forma que estime pertinente. Ello, porque el efecto del amparo fue únicamente para que la autoridad responsable fundara y motivara la determinación en la que resolviera la situación jurídica del quejoso, lo cual atendió en la resolución que nos ocupa, como quedó asentado en párrafos que anteceden.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********** y su autorizada **********, en atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector, las que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno, esto es, una vez que transcurra el plazo que también se otorgó a la tercera interesada para ese mismo efecto.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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