Juan Rosas Cruz

Expediente 337/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
337/2023
Año
2023
Actuaciones
26
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Rosas Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Del Estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no amplió la demanda de amparo dentro del término que le fue concedido en el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en aquél auto, y se le tiene por desinteresada en ampliar la demanda de amparo origen del presente asunto. En tales condiciones, en el caso se estima actualizada una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. Por otra parte, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo, que disponen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente, además de los casos previstos en las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando exista alguna otra disposición legal que así lo determine de manera expresa o tácita, por establecer algún presupuesto necesario sin el cual no sea posible abordar el estudio de fondo del acto reclamado. El segundo de los preceptos transcritos dispone en qué autoridades recaerá el carácter de responsables de los actos reclamados, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ilustra lo anterior, por las razones que informa, la tesis número XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V (febrero de 1997), registro 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO" El último artículo en cita, establece como requisito de las demandas de amparo, que se expresen las autoridades a las que se señale como responsables. Por lo cual, en caso de que un quejoso no señale como autoridad responsable a la que ordena, dicte o ejecute los actos reclamados; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, el juicio de amparo resultará improcedente, pues no sería posible jurídicamente examinar la constitucionalidad de actos atribuidos a una autoridad que no fue señalada como responsable, y por tanto, que no fue llamada a juicio ni se le dio oportunidad de ser oído, de alegar lo correspondiente y de ofrecer pruebas para sostener la constitucionalidad de un acto que realizó. En ese orden de ideas, es dable traer a colación que de la lectura integra de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado las retenciones y/o descuentos a la pensión percibida por el quejoso, a efecto de ser entregadas a la persona moral denominada ********************, por la cantidad de $172.******************** (********************pesos ********************/100 Moneda Nacional). Ahora bien, mediante proveído de tres de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Titular de la División de Prestaciones al Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México, a través del cual informó que la autoridad que se encuentra facultada para realizar los descuentos reclamados es la Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que en esa misma data se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que el aquí quejoso ********************, haya sido desahogado dicho requerimiento, como quedó establecido en líneas precedentes. En tenor es dable precisar que el promovente del amparo señaló como responsables a las autoridades denominadas Titular de la División de Prestaciones al Personal, y Titular de la División de Previsión y Control del Gasto, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Titular de la División de Trámite de Erogaciones y Coordinación de Presupuesto y Gestión de Gasto en Servicios Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas con sede en la Ciudad de México, respecto de las cuales el acto reclamado en este juicio de garantías resulta inexistente, toda vez que de su informe justificado se desprende que negaron el acto reclamado al manifestar que se no se encuentran facultadas para realizar dichos descuentos, sin que ésta última hubiese ofrecido prueba alguna que desvirtuar tal negativa. En consecuencia, si el aludido quejoso no señaló como autoridad responsable a la autoridad que en su caso se encuentra facultada para realizar los descuentos que reclama, pese a habérsele dado vista para ampliar la demanda por dicha autoridad, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II y 108, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia VI. 3o. J/44, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, Núm. 74, Febrero de 1994, página 67, con número de registro digital: 213345, de rubro y texto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.

  3. Incidental

    Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en los artículos 125, 128 y 146 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E Q U E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada ***, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente interlocutoria.

  4. Incidental

    téngase por rendido el informe previo de la autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental... se tiene como delegados a los profesionistas que señalan... como domicilio para oír y recibir notificaciones de la autoridad oficiante, el que indica en su misiva... dígase que no ha lugar a acordar favorable su petición; toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos de esa forma ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes...

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