Juan Rosales Martinez

Expediente 1027/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1027/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Rosales Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1027/2020-1, promovido por Juan Rosales Martínez, contra acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que no fue desahogada la vista dada en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, en el que se puso a la vista el oficio 623/5/2021 y anexo, signado por el Presidente de la citada autoridad. Por tanto, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la autoridad de referencia. En el presente asunto, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución incidental de liquidación de dieciséis de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 105/5/2012. Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 30 a 34); resolución que causó ejecutoria el veinte de mayo siguiente, al no haberse recurrido por las partes (foja 44). Para observar la ejecutoria de mérito, el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia de la resolución interlocutoria de liquidación de veintiséis de mayo de la anualidad que transcurre (fojas 49 a 52). Por tanto, se determina que con dicho proceder el mismo ha quedado cumplido desde el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en que se emitió la resolución respectiva en el expediente 105/5/2012. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 623/5/2021 y anexo, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los actos realizados al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En atención a ello, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. Apoya lo dicho, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 728, (registro 192631), de rubro: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Rosales Martínez, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A : VISTOS los autos del juicio de amparo 1027/2020-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado ese mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito, Juan Rosales Martínez promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "La resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de fecha 16 de marzo de 2020, dictada en el expediente 105/5/2012." (foja 3). SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 1027/2020-1, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional (fojas 8 a 10). Asimismo, por auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se ordenó llamar a juicio al tercero interesado Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, lo que aconteció el veintidós de ese mismo mes y año (foja 20). La audiencia constitucional se desarrolló el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en los términos que se anotan en el acta que antecede (folio 29); y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para resolver el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado deriva de un procedimiento que se ventila en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que el acto reclamado es la resolución incidental de liquidación de dieciséis de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 105/5/2012. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, pues así lo aceptó al rendir informe justificado (página 12), remitiendo con ese informe la resolución interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veinte, (fojas 14 a 17), copias fotostáticas certificadas de constancias que integran el juicio laboral 105/5/2012; documentales públicas a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de fondo. En el presente asunto no se advierte causa que genere la improcedencia del juicio; por tanto, deben analizarse los conceptos de violación expresados, sin que para ello sea obligatorio transcribirlos, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 164618), que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El análisis de los conceptos de violación, así como de las constancias que integran el juicio de origen, conduce a las siguientes consideraciones. Se reclama la resolución incidental de liquidación de dieciséis de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 105/5/2012, emitida por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Acto de autoridad respecto del cual se considera viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues según dice el quejoso, no cuantifica correctamente el laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en razón de que respecto de las salarios caídos, fue condenada la demandada a razón de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100) quincenales, por la categoría de médico A de base que se le reconoció, y la responsable al momento de realizar la cuantificación, lo hizo con unas cantidades muy diferentes, sin establecer de donde las obtuvo, por lo que indica, no son acordes con la condena impuesta en el laudo. Asiste razón al impetrante de amparo. En efecto, para evidenciar esa conclusión, es necesario dejar establecida, en la parte que interesa, la condena en el laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el cual se encuentra firme (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas), a saber: ". Se deberá cubrir al trabajador por concepto de salarios vencidos desde el instante en que fue despedido injustificadamente 16 de noviembre de 2008, hasta el momento en que se dé cumplimiento al laudo dictado en este procedimiento, se conceda a la demandada al pago de aguinaldos actualizados y vacaciones del último año de servicios, al haber operado la prescripción de las prestaciones que rebasen dicho lapso, para lo cual se ordena la apertura del incidente de liquidación, debiéndose tomar como base el salario de la categoría de médico especialista A con el carácter de base de la cifra de $12,000.00 pesos quincenales, al que se le deberá integrar los incrementos posteriores." Luego, la responsable al momento de resolver la interlocutoria que nos ocupa, realizó la siguiente cuantificación: SALARIOS CAIDOS: $453,546.72 PESOS A partir del 01 de junio del 2017 al 1 de agosto de 2020, transcurrieron 38 meses, multiplicados por $11,935.44, arroja dicho resultado AGUINALDOS ANUALIZADOS: $40,978.20 PESOS El generado en el año 2017, lo es la cifra de $19,892.40 pesos. El aguinaldo generado en el 2018, lo es la cifra de $21,085.80 pesos. La suma de ambas cifras da dicha cantidad Sin embargo, la responsable fue omisa en indicar de donde obtuvo dichas cantidades, lo que trascendió en el resultado económico por liquidar, en perjuicio del hoy quejoso. Lo anterior, pues como se indicó, existe laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se reconoció al quejoso la categoría de médico especialista A, con un sueldo de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100) quincenales. Así, la responsable rompió una elemental regla del procedimiento jurisdiccional en materia del trabajo, al reducir la litis en el incidente de liquidación, pues como su propio nombre lo indica, su finalidad es únicamente cuantificar la condena establecida en el fallo condenatorio, lo que en el caso no realizó correctamente la autoridad laboral. Apoya lo expuesto, la tesis III. T. 261 L emitida por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página 317 (registro 210241), de rubro y contenido siguiente: "LAUDO, INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, DEBE AJUSTARSE A LO RESUELTO EN EL.- El incidente de liquidación sólo tiene por objeto la determinación, en cantidad líquida, mediante simples operaciones numéricas o contables, de las prestaciones a que se condenó en el laudo, sin que, por tanto, dicho incidente constituya una nueva oportunidad para ampliar la controversia o para introducir elementos ajenos a los que ya fueron decididos; de modo que, la circunstancia de que las partes no objeten la liquidación presentada por su contraria, que se aparta de lo que el laudo resolvió, verbigracia monto salarial, no puede implicar que la acepten, ni por ende, su silencio constriñe a la Junta a fallar la incidencia en el sentido pretendido, porque ninguna disposición legal permite que así sea y admitir lo contrario significaría la modificación o destrucción del sentido del laudo, cuya firmeza debe permanecer inalterable." Y el criterio sustentado por el anterior Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 79 Sexta Parte, página 45 (registro 254456), del rubro y texto que establecen: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN EN MATERIA LABORAL.- Dada la especial naturaleza de los incidentes de liquidación, que no tienen más objeto que cuantificar una condena pronunciada en el laudo correspondiente, las resoluciones que en ellos se dicten no pueden en modo alguno contrariar o rectificar las bases establecidas en los resolutivos del propio laudo, que constituye cosa juzgada, de tal suerte que si en el mencionado laudo existió un error aritmético o de otra naturaleza, el agraviado por el mismo debió reclamarlo en amparo directo y si no lo hizo o el amparo que promovió le fue negado, no es el incidente de liquidación donde puede rectificarse lo que ya tiene la autoridad de cosa juzgada y, por lo mismo, es obligatorio para las partes que intervinieron en el juicio." Esto es, el actuar de la responsable pone en evidencia que inobservó el derecho fundamental de legalidad establecido en el artículo 16 Constitucional, consistente en que todo acto de molestia que incida sobre el gobernado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, debe constar por escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que se traduce en la obligación de la junta laboral de establecer en la resolución reclamada, la cuantificación correcta de la totalidad de las prestaciones a cuyo pago fue condenada la patronal en el laudo de origen. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia I.7o. T. J/23 del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 39, Número 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 210942), del tenor: "INCIDENTE DE LIQUIDACION. MATERIA DEL.- La tramitación del incidente de liquidación tiene como función la de cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en el laudo definitivo. Por lo tanto, la autoridad responsable al dictar la resolución incidental correspondiente, tiene la obligación, en primer lugar, de verificar que los conceptos contenidos en la planilla de liquidación que presente el actor, coincida con la condena establecida en el laudo, independientemente de que la parte demandada haga valer o no alguna objeción al respecto, pues la omisión de la autoridad de verificar esa situación, es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se obliga al patrón a pagar algo a lo que no fue condenado." QUINTO. Efectos de la concesión del amparo. En esa virtud, debe concederse el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado, y emita una nueva en la que, reiterando lo que no es motivo de amparo, cuantifique nuevamente las prestaciones reclamadas a saldar, pero tomando en cuenta como base el salario de la categoría de médico especialista A, el cual es de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100) quincenales, tal y como quedó establecido en el laudo firme de treinta de noviembre de dos mil dieciséis. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Rosales Martínez en el juicio de amparo 1027/2020-1, respecto del acto reclamado mencionado en el considerando segundo de este fallo, por los motivos y para los efectos que se mencionan en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Oscar Guadalupe Ramírez Castillo, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores del juzgado.

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