Juan Rolando Loera Hernandez
Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juan Rolando Loera Hernandez
- Narzizo Guadalupe Coronado Mendez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por desechada la demanda promovida por Narzizo Guadalupe Coronado Méndez y otro. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 2 efectos legales. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se tuvo por desechada la demanda de amparo en que se actúa. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2, subpunto 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado y en YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 3 el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 4 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de julio de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Visto el oficio suscrito por el Asistente de Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, con residencia en esta ciudad, al cual anexa la demanda de amparo promovida por Narzizo Guadalupe Coronado Méndez y Juan Rolando Loera Hernández, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 836/2022. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden, tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama la orden de traslado efectuada el dieciséis de febrero (son precisar la fecha), pero conforme a lo narrado por la demanda, es del presente año, realizada del centro de reinserción social número 1 de Apodaca Norte, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince con sede EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 ??A???????????? en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde actualmente se encuentran internados. En ese sentido, se actualiza en forma manifiesta e indudable, acorde con el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la propia legislación, relativa al consentimiento tácito del acto, dado que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 4 IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, salvo las excepciones mencionadas, el que se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, o bien la parte quejosa haya tenido conocimiento, se haya ostentado sabedora del acto que reclama o de su ejecución, o bien impuesto de su contenido. Precisado lo anterior, en el caso, como se dijo, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que los quejosos reclaman las órdenes de traslado ordenadas por el director del Centro de Reinserción Social número Uno, de Apodaca, Norte, efectuadas el dieciséis de febrero de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 5 ??A???????????? dos mil veintidós al Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, en donde actualmente se encuentran internados. Por lo tanto, es claro que los impetrantes reconocen que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, fue ingresado al centro federal en el que actualmente se encuentran internos, es decir, en esa data tuvo ejecución y se agotó dicho acto, y por ende se establece que a partir de esa data, tuvieron conocimiento del último acto de ejecución de dicho acto, y estuvieron en aptitud de combatirlo en la vía que ahora promueven. En ese orden, se confirma indudablemente que la parte ahora quejosa, consintió tácitamente los actos reclamados, al no promover el juicio de amparo en su contra dentro del término de quince días que marca el dispositivo 17 de la legislación de la materia (21 de la Ley anterior); pues fue de su pleno conocimiento y estuvo en aptitud de hacer valer su derecho, desde el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en que se ejecutó el traslado que reclama al centro federal en el que actualmente se encuentra; y desde esa data, al cuatro de julio de la presente anualidad, en que se presentó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, ante este juzgado, transcurrieron en exceso los quince días; que tenía de plazo para ello, por lo que se determina que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea. Así es, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 6 constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto. Es orientadora la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de Nuestro Alto Tribunal con número de registro digital: 2023063, y con los siguientes datos de localización: Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada, del tenor literal siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 7 ??A???????????? Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 8 controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 9 ??A???????????? aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por su notoria improcedencia se desecha la demanda de amparo promovida por Narzizo Guadalupe Coronado Méndez y Juan Rolando Loera Hernández, contra actos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos se encuentra privados de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, les realice personalmente, en el lugar de su reclusión, la notificación de este acuerdo y las que específicamente se señalen en el trámite de este asunto. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 10 y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 11 ??A???????????? HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 12 Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente.
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