Juan Rojas Salvador

Expediente 533/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
533/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
28/07/2016

Partes del expediente

  • Juan Rojas Salvador
  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite de la Unidad de Investigación A 1, en Toluca, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; de lo anterior se colige que al haber obtenido resolución desfavorable pudo interponer recurso de revisión, al ser a quien únicamente le irroga perjuicio la resolución referida; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión. Se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En cumplimiento al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada por inexistencia del acto reclamado. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) El duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Las anotaciones pertinentes háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 533/2016, promovido por Juan Rojas Salvador, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación A1 de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México Juan Rojas Salvador, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE. "C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite de la Unidad de Investigación A1, en Toluca, Estado de México, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México . II. ACTOS RECLAMADOS. La omisión de la responsable de emitir la determinación que corresponda, dentro de la carpeta de investigación 165080540009314." SEGUNDO. El quejoso señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la omisión que constituye el acto reclamado se le atribuye a un tribunal que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso reclama: La omisión de determinar la carpeta de investigación 165080540009314. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Trámite Tres de la Unidad de Investigación A1 de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (foja 19), al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto consistente en la omisión de determinar la carpeta de investigación, pues refirió que el veinte de enero del año en curso, emitió la determinación de abstención de investigar en la indagatoria que nos ocupa. Lo anterior, se robustece con la copia certificada enviada por el representante social responsable, de la referida carpeta de investigación, en apoyo al informe justificado de las responsables, se advierte que el veinte de enero de dos mil dieciséis, determinó la facultad de abstenerse de investigar, por el delito de fraude cometido en agravio de Juan Rojas Salvador, en la carpeta de investigación 165080540009314, por los motivos ahí expuestos (fojas 30 a 37). En consecuencia, como se puede apreciar tanto de las manifestaciones de las autoridades responsables como de las constancias que anexaron a su respectivo informe con justificación, se colige que no existe el acto aquí reclamado en esta vía constitucional, en los términos planteados por el quejoso, pues a la fecha de la presentación de la demanda (veinte de abril dos mil dieciséis), no existían las omisiones reclamadas; por tanto, se impone decretar el sobreseimiento del presente juicio, ante la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de emitir la determinación que corresponde en la carpeta de investigación 165080540009314. Es aplicable en la especie, la tesis XX.54 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. PARA PODER SER MOTIVO DE ANÁLISIS DEBEN RELACIONARSE CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Tomando en consideración que los actos reclamados deben examinarse en razón a la época en que se promueve la demanda de amparo, por tanto, si se promueve una demanda de garantías contra actos que en la fecha de la presentación de la demanda no existían, es evidente que el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo, sin que sea dable analizar actos ocurridos con posterioridad, en atención a que ello equivaldría a estudiar actos distintos a los que fueron reclamados al ejercer la acción constitucional." En tal virtud, al no quedar comprobada la existencia del acto reclamado, se atribuye a la parte quejosa desvirtuar esa manifestación; luego, al no haberse ofrecido medio de convicción alguno que acredite la existencia de las omisiones controvertidas, se impone decretar el sobreseimiento del asunto en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la tesis IV.3o. 72K sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Finalmente, si bien es cierto, no se emplazó al presente juicio al tercero interesado Juan Antonio Hernández Pérez, no debe pasar por alto que, uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita; entonces, en vista de que la presente sentencia no afecta a la parte tercero interesada y que la dilación procesal es la que en todo caso le acarrearía perjuicios, ello es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde, pues en la especie no se deja sin posibilidad de defensa y sobre todo porque la causa de improcedencia actualizada en el caso es inobjetable clara y patente. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 36 Tercera Parte, página ochenta y tres, de epígrafe: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Por ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en caso que se sobresea el juicio de garantías, la falta de emplazamiento a la parte tercera perjudicada le beneficiaría, y en aras de una pronta expedición de justicia, se debe pronunciar la sentencia que corresponda, lo anterior como se advierte de la tesis publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, página cuarenta y cinco, aplicada por analogía, y que lleva como rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Así, no obstante que el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará si se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento; sin embargo, para que se reponga éste, es menester que haya trascendido al resultado del fallo, causando un perjuicio a la parte no llamada al procedimiento, pues de lo contrario si no provoca agravio a la parte interesada, la omisión de no citarla no trascendió a su esfera jurídica, como sucede cuando se sobresee en el juicio de amparo por actualizarse una causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable la tesis de la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, página trescientos cincuenta, de título: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INNECESARIA CUANDO NO SE PRODUJO AFECTACIÓN A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCENDIÓ AL RESULTADO DE LA SENTENCIA.". Por lo expuesto, fundado y motivado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 533/2016, promovido por Juan Rojas Salvador, por propio derecho, contra la autoridad responsable y por los actos que precisados quedaron en el resultando primero, en términos del considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, la Comisión de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia al Titular de este juzgado de Distrito para ausentarse de sus funciones, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, sin que el Consejo de la Judicatura Federal haya otorgado autorización formal y expresa al secretario encargado del despacho para resolver en definitiva. En consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las doce horas del veintiocho de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es del rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. (S. J. F., 9ª Época, Tomo V, página 433).

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, mediante el cual a atención al requerimiento formulado en auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, remite copia simple del oficio DEMEX/TOL/4958/2016, de dieciséis de los actuales, dirigido al Agente del Ministerio Público de la federación Titular de la Agencia Primera Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales "A" de esa Delegación Estatal, en el que se le requiere en los términos precisados por este juzgado. En atención a lo anterior, se toma conocimiento de lo informado por el oficiante, sin que haya lugar a dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos, hasta en tanto, se informe a este juzgado las gestiones que se están realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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