Juan Rogelio Estrada Almazán

Expediente 1300/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1300/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Rogelio Estrada Almazán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, con base en las constancias que obran en autos; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante resolución constitucional pronunciada el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juzgado Sexto de Distrio del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, en auxilio de la labores de este Juzgado para el dictado de sentencia, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: Deje insubsistente la resolución de tres de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de liquidación relativo al juicio laboral número 264/2012, que promovió el quejoso contra el Gobierno del Estado de Tamaulipas; y, En su lugar, emita otra, con libertad de jurisdicción, pero subsanando los vicios formales advertidos. Por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y en atención a que por diverso proveído se recibió oficio por parte de la responsable, a través del cual allego diversa resolución de liquidación de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la sentencia que se emitiera en el presente juicio, así como el diverso 1326/2019, se procedió a dar vista a las partes, quienes no realizaron manifestación alguna al respecto. Así, por auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, este juzgado emitió pronunciamiento, en el sentido de determinar que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, razón la anterior, por la que nuevamente se procedió a requerir el cumplimiento de la ejecutoria, bajo los lineamientos que en la sentencia de amparo quedaron establecidos. En atención a dicho requerimiento, mediante oficio recibido en este juzgado el veinte de febrero de dos mil veinte, la responsable allego copia certificada de la resolución emitida el diecinueve del referido mes y año, por lo que en la fecha mencionada en primer término, se dio vista a las partes quienes no realizaron manifestación alguna al respecto. En ese orden, por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado emitió pronunciamiento, en el sentido de determinar que la ejecutoria aún no se encontraba cumplida, por lo que nuevamente, solicito el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Finalmente, por oficio recibido en este Juzgado el uno de mayo de dos mil veintiuno, el Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en cumplimiento, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, con la cual se ordenó dar vista a las parte quienes no formularon manifestación en torno a la vista otorgada, pese a estar notificados el tercero interesado y la parte quejosa, respectivamente, desde el cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, después de que este juzgador realizó una valoración de las documentales allegadas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles [de aplicación supletoria a la Ley de Amparo], de las cuales se desprende que se han colmado los extremos del fallo protector. Ello, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios dejara insubsistente la resolución de liquidación de tres de junio de dos mil diecinueve, y en su lugar emitiera otra con libertad de jurisdicción, pero subsanando los siguientes vicios formales: "Sin embargo, del análisis de la resolución reclamada se advierte que carece de fundamentación y motivación, pues la responsable no expuso los fundamentos legales que sustentaron la valoración de las pruebas analizadas. Pues, si bien es cierto, señaló que procedía a la valoración de las pruebas ofrecidas por la demandada, consistentes en la inspección ocular de quince de mayo de dos mil diecinueve; realizada por el actuario comisionado para tal efecto, dando fe el mismo que le fueron cubiertos los salarios correspondientes a las horas que reclamó del periodo comprendido del uno de febrero de dos mil diecisiete al quince de octubre de dos mil dieciocho. Así como el informe de autoridad rendido por Blanca Ábrego González, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que informó que las claves 078579E278106.0280327 y 078579E278104.0280021, fueron pagadas desde febrero de dos mil diecisiete. También, es verdad, que no señaló el valor probatorio de tales medios de convicción, para estar en condiciones de determinar si eran aptos y suficientes para concluir que le fueron cubiertos al actor los salarios correspondientes a las horas que reclamó del periodo comprendido del uno de febrero de dos mil diecisiete al quince de octubre de dos mil dieciocho. Aunado a que, tampoco expuso cuáles fueron las condiciones en las que se desahogó la inspección ocular referida, así como los elementos objeto de inspección, para así considerar que estos eran aptos y suficientes para acreditar el pago de los periodos cuantificados por el actor. Por lo que respecta a la prueba de informes rendida por Blanca Ábrego González, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, no expuso cuales fueron los elementos del citado informe que le generaron convicción de la información contenida en el mismo. Esto es, la responsable no fundó ni motivó la razón por la cual los medios de convicción analizados eran aptos y suficientes para tener por acreditado el pago realizado al actor de los periodos comprendidos del uno de febrero de dos mil diecisiete al quince de octubre de dos mil dieciocho. Lo cual era trascendente, pues la razón por la cual se abrió la liquidación fue para fijar el monto de dichas prestaciones; por lo tanto, al ser éste su objeto, debía quedar completamente claro de dónde se obtenía su base. Esto es, para calcular el salario que sirvió de base para determinar el importe de las diez horas a que fue condenada la demandada, la responsable se limitó a señalar que los montos los obtuvo del informe rendido por Blanca Ábrego González, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, y de la inspección ocular desahogada en autos, pero no hizo referencia a si dichos medios de prueba contenían algún desglose de la información y el respaldo de su contenido. Asimismo, al calcular cada una de las prestaciones, tampoco citó fundamento que sustentara su cuantificación, lo cual resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica de quejoso, dejándolo en estado de indefensión al desconocer los motivos y fundamentos que la llevaron a resolver como lo hizo, de manera que pudiera oponer una eficaz defensa. En ese orden de ideas, si la autoridad fue omisa en citar el fundamento legal y expresar los razonamientos lógico-jurídicos; es decir, los fundamentos jurídicos que la llevaron a calcular las cantidades totales a que arribó, esa manera de resolver imposibilita al gobernado para rebatir sus argumentos. De ahí que en el caso se actualiza el vicio formal alegado." En efecto, en cuanto al primer punto, procedió a dejar sin efecto la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno. En cuanto a los vicios formales, respecto a la carencia de fundamentación y motivación, relativa a los fundamentos legales que sustentaron la valoración de las pruebas analizadas, de inspección ocular de quince de mayo de dos mil diecinueve e informe de autoridad a cargo de Blanca Abrego González, rendido esté ultimo el ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que informó que las claves 078579E278106.0280327 Y 078579E278104.0280021, fueron pagadas; así como tampoco señalo el valor probatoria de dichos medios de convicción, así como las condiciones en las que se desahogó la inspección referida, así como los elementos objetos de inspección. En la nueva resolución la responsable, otorgó pleno valor probatorio a las probanzas referidas con anterioridad, bajo el criterio "PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN MATERIA LABORAL SOBRE DOCUMENTOS. EL SEÑALAMIENTO DE SU OBJETO NO ES UN REQUISITO QUE DEBA INDICARSE AL OFRECERLA, AL ESTAR IMPLÍCITO AL FIJAR LOS HECHOS O CUESTIONES QUE PRETENDEN ACREDITARSE.", motivando que sobre la inspección judicial, la misma versa sobre el sistema "SET EXPERT" y archivos electrónicos, respecto a las claves de terminación 0280327 y 0280021, con el objeto de acreditar diversos pagos al actor y respecto a la diversa probanza de informe de autoridad, sobre dichas claves, la misma se adminiculo con la primer probanza y con el objeto de determinar que salarios se habían cubierto relativos a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, ello con el objeto de llevar a la verdad de los hechos expuestos por la partes. Así mismo también, sobre el diverso punto a dilucidar sobre el cálculo de cada una de las prestaciones, donde tampoco se citó fundamento y razonamientos lógico-jurídicos que sustentara su cuantificación, respecto a las prestaciones, la autoridad previo al realizar el desglose, estableció con base en el resultado de las probanzas de inspección ocular e informe de autoridad que el sueldo de diez horas lo era de $2074.00 (dos mil setenta y cuatro pesos 00/100), estableciendo los periodos a cuantificar, comprendidos desde julio de dos mil catorce, al mes de enero de dos mil diecisiete, así como respecto a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo, expuso el fundamento legal para basar su cuantificación, estableciendo también los periodos correspondientes. En ese orden, de lo narrado se advierte que la autoridad responsable en la nueva resolución emitida dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo relativa al presente juicio, pues en primer lugar dejo insubsistente la resolución de liquidación de tres de junio de dos mil diecinueve; así como en la nueva resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, procedió a subsanar la vicios que se advirtieron en la resolución que se ordenara dejar insubsistente por el Juzgado auxiliar; entonces se determina que la ejecutoria en el presente juicio de amparo ha quedado cumplida. En tales condiciones, háganse las anotaciones en los libros de gobierno y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, procédase al archivo de este expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada de la resolución emitida el cuatro de mayo del año en curso, dentro del expediente laboral 264/E/2012. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, y al tercero interesado vía oficio, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos.

  3. Principal

    ...al quedar demostrado que la autoridad responsable incurrió en defecto en el cumplimiento al fallo amparador, lo procedente es, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla cabalmente con la sentencia ejecutoria, subsanando las violaciones destacadas. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores...Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ...en cumplimiento a la sentencia de amparo, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por oficio número 22026/2019, de cuenta, anexó copia certificada del laudo dictado el pasado cuatro de diciembre, dentro del expediente laboral 264/2012. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computado a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convengan, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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