Juan Rodriguez Sánchez
Expediente 128/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Rodriguez Sánchez
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), colóquese la etiqueta correspondiente en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
Debido a que la parte quejosa **********, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, por derecho propio, contra actos del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 128/2019 que le corresponde. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Acorde con el contenido de la norma transcrita, la procedencia del juicio constitucional, como medio de defensa extraordinario, está supeditada al hecho que el peticionario de amparo utilice todos los recursos ordinarios establecidos en la legislación respectiva, tendientes a nulificar o modificar el acto que le causa perjuicio. Entonces, el promovente de amparo tiene la carga procesal de agotar el recurso previsto en la ley que rige el acto reclamado antes de acudir a la instancia de amparo, pues de lo contrario la acción constitucional deviene improcedente, por desacato al principio de definitividad que rige al juicio bi-instancial. Lo anterior, implica que salvo las excepciones establecidas en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva resultará improcedente. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sustenta la consideración anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 171803 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/39 Página: 1214 "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad". Ahora bien, atento a la naturaleza del acto que se reclama en la demanda que se provee, conviene traer a contexto el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que establece: "Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia." De la interpretación del artículo transcrito, se advierte que procede el recurso de apelación contra las sentencias, los autos que resuelvan un incidente y los autos que causen un daño irreparable en la sentencia. HECHOS En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: a) El auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***********, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, en el cual la titular de dicho Juzgado se reservó el derecho de emitir la interlocutoria de divorcio, hasta en tanto resuelva de fondo el asunto. CONCLUSIONES Atento a lo expuesto, se colige que el acuerdo impugnado es apelable, en términos del artículo 509 transcrito en párrafos precedentes, pues se trata de un auto que causa un daño irreparable en la sentencia, porque el tema a dilucidar es la negativa de resolver sobre el divorcio solicitado por el actor aquí quejoso, en el juicio ***********, por lo que antes de promover el juicio constitucional, debió agotar dicho medio ordinario de impugnación, pues a través de éste pudo obtener la modificación o revocación del acto que controvierte y, al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y el amparo que intenta resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón que el auto de veintidós de enero de dos mil dieciocho causa daño irreparable en sentencia, al impedir que se resuelva sobre el divorcio solicitado por el quejoso, por lo cual contra dicho proveído procede la apelación. Apoya el criterio anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, atento al artículo 113 de dicho ordenamiento legal procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio, previa constancia que al respecto se deje en autos, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese de manera oportuna y legible el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
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