Juan Rodríguez Rodríguez
Expediente 320/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/05/2019
Partes del expediente
- Juan Rodríguez Rodríguez
- Juez Quincuagésimo Tercero Penal de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Notifíquese vía exhorto.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en el juicio de amparo anotado al rubro, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual se devuelve sin diligenciar el exhorto 72/2019 (origen 72/2019) de este juzgado; por tanto, dese de baja en el libro de gobierno respectivo. Ahora, de la diligencia de dos del mes en curso, realizada por la actuaria judicial adscrita al juzgado exhortante, se advierte que no pudo notificar al quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", el proveído veintinueve de abril pasado, pues refirió que le hicieron del conocimiento que ".el quejoso fue trasladado el veintisiete de agosto de dos mil dieciséis en Centro Federal de Readaptación Social número dos 'Occidente', por lo que ya no puede ser notificado en esas instalaciones.". En ese sentido, con fundamento en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el punto cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el numeral 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción a fin de que notifique al justiciable en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", el proveído de veintinueve de abril pasado, asimismo, lo requiera para que al momento de la diligencia, o en los tres días siguientes a aquel en que surta efectos dicha notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, sin necesidad de ulterior acuerdo. Se solicita al juez exhortado, que en términos del precepto 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, en caso de ser necesario, autorice la práctica de la diligencia encomendada en días y horas inhábiles.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, se notifica a la parte quejosa por lista el auto de veintinueve de abril del año en curso, que en lo conducente dice: Vista la demanda promovida por Juan Rodríguez Rodríguez, contra acto del Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 320/2019. Del escrito de demanda se advierte que el justiciable reclama ".la falta de celeridad procesal, concentración de actos y economía procesal, toda vez que desde fecha 2 de septiembre del 2011, dos mil once, en donde acepta el cargo conferido mi abogado particular no se ha continuado con el desahogo de pruebas ofrecidas por la defensa particular misma que fueron ofertadas y admitidas.". Este juzgado estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales en su orden establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por su parte, el precepto 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes. (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido.". Conforme al sentido de este último precepto, en relación con el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, en tratándose de actos emitidos en el juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos públicos subjetivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De modo que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente y tales actos se pueden impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le resulte desfavorable. En ese orden de ideas, resulta evidente que el acto reclamado mencionado, no deja al justiciable sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos formales o intraprocesales, toda vez que no se afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, el acto que se impugna no es de aquellos que prevé la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no le causa un agravio de imposible reparación, ya que la resolución que llegue a dictarse en el juicio donde el quejoso figura como imputado, puede ser favorable a sus intereses y en caso de no ser así, con motivo de las infracciones procesales que ahora pretende reclamar, podrá alegar esa violación procesal en amparo directo que en su caso promueva contra la determinación que llegue a dictarse. De ahí que no existe la conculcación actual y directa de un derecho sustantivo, sino de carácter formal o intraprocesal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, agosto de 1992, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como el diverso criterio jurisprudencial emitido por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, publicado a foja 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta la causal de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. Ahora, toda vez que el peticionario de amparo se encuentra interno en el ".Centro Federal de Readaptación Social del ALTIPLANO.", con fundamento en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el punto cuarto, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el numeral 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción a fin de que notifique al justiciable en el interior de dicho centro de reclusión, el contenido del presente proveído, asimismo, lo requiera para que al momento de la diligencia, o en los tres días siguientes a aquel en que surta efectos dicha notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, sin necesidad de ulterior acuerdo. Se solicita al juez exhortado, que en términos del precepto 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, en caso de ser necesario, autorice la práctica de la diligencia encomendada en días y horas inhábiles.
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