Juan Rodríguez Hernández

Expediente 444/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
444/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2015

Partes del expediente

  • Juan Rodríguez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes y se admiten como pruebas de la responsable 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la siguiente: a) Copia certificada de la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del expediente laboral 293/2014, de su índice. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió por la Presidenta de la 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado la omisión de emitir la resolución interlocutoria en el incidente de competencia promovido por la demandada dentro del juicio laboral número 293/2014, del índice de la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Ahora bien, del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, así como de las documentales que adjuntó a su informe justificado, las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que ésta emitió una resolución interlocutoria el ocho de septiembre de dos mil quince, mediante la cual declaró improcedente el incidente de competencia interpuesto por Grupo Sabritas, S.A. de R.L. de C.V. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, pues la omisión de dictar resolución interlocutoria ha quedado sin efecto al haberse emitido sentencia dentro del incidente planteado por el demandado en el juicio natural; por lo que, como se dijo al inicio de este acuerdo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al decretar el sobreseimiento en la causa, es inconcuso que cesa cualquier acto de esa autoridad tendente la pronta impartición de justicia al quejoso; además, al haberse emitido dicho acto durante la tramitación del juicio de amparo, hace que los efectos del acto que en principio se reclamó desaparezcan, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Sin que sea óbice de lo anterior, el hecho de que el quejoso también haya señalado como acto reclamado la continuación del juicio hasta el dictado del laudo, dentro de los plazos y términos que fijan la Ley del Servicio Civil y la Ley Federal del Trabajo, aun en la etapa de ejecución del mismo laudo; lo anterior es así, toda vez que tal petición no puede formar parte del acto reclamado que se circunscribe a la omisión concreta atribuida a la autoridad responsable. Razón por la cual se hace extensivo el sobreseimiento en relación con el acto citado con antelación. Sustenta el criterio anterior, la tesis 2a.CV/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2013, foja 732, Decima Época, cuyo rubro y texto a la letra dicen: CUMPLIMENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no solo la omisiones y dilaciones de tramitar en un juicio laboral dentro de los plazo y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes, sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de amparo, publicada en el diario oficial de la federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con un minuto del trece de octubre de dos mil quince.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dos de octubre de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes y se admiten como pruebas de la responsable 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la siguiente: a) Copia certificada de la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del expediente laboral 293/2014, de su índice. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió por la Presidenta de la 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado la omisión de emitir la resolución interlocutoria en el incidente de competencia promovido por la demandada dentro del juicio laboral número 293/2014, del índice de la Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Ahora bien, del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, así como de las documentales que adjuntó a su informe justificado, las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que ésta emitió una resolución interlocutoria el ocho de septiembre de dos mil quince, mediante la cual declaró improcedente el incidente de competencia interpuesto por Grupo Sabritas, S.A. de R.L. de C.V. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, pues la omisión de dictar resolución interlocutoria ha quedado sin efecto al haberse emitido sentencia dentro del incidente planteado por el demandado en el juicio natural; por lo que, como se dijo al inicio de este acuerdo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al decretar el sobreseimiento en la causa, es inconcuso que cesa cualquier acto de esa autoridad tendente la pronta impartición de justicia al quejoso; además, al haberse emitido dicho acto durante la tramitación del juicio de amparo, hace que los efectos del acto que en principio se reclamó desaparezcan, ya que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada. Sin que sea óbice de lo anterior, el hecho de que el quejoso también haya señalado como acto reclamado la continuación del juicio hasta el dictado del laudo, dentro de los plazos y términos que fijan la Ley del Servicio Civil y la Ley Federal del Trabajo, aun en la etapa de ejecución del mismo laudo; lo anterior es así, toda vez que tal petición no puede formar parte del acto reclamado que se circunscribe a la omisión concreta atribuida a la autoridad responsable. Razón por la cual se hace extensivo el sobreseimiento en relación con el acto citado con antelación. Sustenta el criterio anterior, la tesis 2a.CV/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2013, foja 732, Decima Época, cuyo rubro y texto a la letra dicen: CUMPLIMENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no solo la omisiones y dilaciones de tramitar en un juicio laboral dentro de los plazo y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes, sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de amparo, publicada en el diario oficial de la federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con un minuto del trece de octubre de dos mil quince."

  4. Principal

    Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve ***, por derecho propio, contra actos de: 1. Junta Especial Número 40 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 444/2015-II-A. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con un minuto del trece de octubre de dos mil quince. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Granada y Paseo de las Olas, número 704, fraccionamiento Costa Dorada, de esta ciudad; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a Aurelio Ontiveros Anguiano; asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Israel Damazo López Chevan, Gustavo Adolfo Sánchez Moreno, Ana Karenina Aguilar Gudiño, Fernando Antonio Aguilar Gudiño y Teódulo Alejandro Robles Robles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano