Juan Rodriguez Barragan

Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Juan Rodriguez Barragan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitieron las autoridades responsables: a) 1. Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistentes en copia certificada del toca penal 13/2020, de su índice (anexo I); y, cuatro discos versátiles digitales que contienen los registros audiovisuales de las audiencias celebradas el ocho y catorce de agosto del dos mil diecinueve, veintitrés de junio y siete de julio de dos mil veinte, celebradas en la carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA, del índice de la jueza de control responsable (glosados en sobre amarillo a foja 40 del presente expediente); y, b) 2. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, consistentes en copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA, de su índice (anexo II), y cuatro discos versátiles digitales que contienen los registros audiovisuales de las audiencias referidas en el inciso que antecede (glosados en sobre amarillo a foja 62 del presente expediente). Por tanto se ordena devolver dichas documentales a las mencionadas autoridades responsables; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que las mismas se encuentran dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dichas misivas, se haga constar la entrega de las citadas documentales. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Romina Ortiz Avila, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  2. Principal

    PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Juan Rodríguez Barragán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA. - Lo es el Magistrado AMADOR COUTIÑO CHAVARRÍA, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, actuando dentro de Toca de Apelación Penal número 13/2020. EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA. - Lo es el Juez de Control de la Región Judicial Centro en la Ciudad de Puebla (actuando como Juez de Control), dentro de la causa penal con registro 1022/2019/PUEBLA. IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como RESPONSABLE ORDENADORA, reclamo la resolución de fecha CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro de la TOCA NÚMERO 13/2020, DE LA TERCERA SALA UNITARIA, que confirma el (sic) REVOCA EL PROVEIDO FORMULADO POR LA JUEZ DE CONTROL DE LA REIÓN (sic) JUDICICIAL (sic) CENTRO DENTRO DE LA CAUSA PENAL 1022/2019/PUEBLA, EL 07 DE JULIO DE 2020. De la Autoridad señalada como RESPONSABLE EJECUTORA, reclamo la ejecución material de la resolución de fecha 04 de Marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro de la Causa Penal 1022/2019/PUEBLA, así como las consecuencias que se puedan derivar del citado acto reclamado." La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 17, 20, apartado A, fracciones I y V, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el dieciocho de marzo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 241/2021; asimismo, admitió a trámite el juicio -sin incidente de suspensión-, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al citado proveído admisorio, en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, se emplazaron con el carácter de terceros interesados a los siguientes sujetos: 1. A César Iván Hernández Rosas -víctima en la causa de origen-, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno; y, 2. A Érica Moralez Martínez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales y Financieros Mesa I, Puebla -fiscal interviniente en la causa de origen-. CUARTO. Sentencia, recurso de revisión y reposición del procedimiento. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se resolvió sobreseer en el juicio por las razones y fundamentos expuestos en el propio fallo. Inconforme, el quejoso -por conducto de su autorizado procesal en términos amplios- interpuso recurso de revisión, el cual se radicó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca R-97/2021, y en ejecutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo directo 241/2021, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, en los términos precisados en la parte final de esta ejecutoria." En ese sentido, el Tribunal de Alzada revocó el fallo impugnado y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se señalara nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se hiciera del conocimiento de las partes el acuerdo respectivo; ello, con motivo que la audiencia constitucional -y la sentencia que enseguida se dictó- fue signada electrónicamente antes de la hora y fecha que estaba señalada en autos para ello. QUINTO. Cita para audiencia. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Juan Rodríguez Barragán reclama lo siguiente: - De 1. Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. a) La resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación 13/2020, mediante la cual revocó -para los efectos precisados en la propia resolución- la determinación emitida por la Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en audiencia oral -relativa a la modificación de medidas cautelares- de siete de julio de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA; y, - De 2. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. b) La ejecución de la citada resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados- precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Acepta. 39. 2 Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Acepta. 60 a 61 Bis. Como se advierte de la tabla que antecede, las referidas autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados que les atribuyó la parte quejosa; de modo que se tienen plenamente probados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las pruebas remitidas por las responsables en apoyo a sus informes de ley, consistentes en los registros de audio y video de las audiencias celebradas en la causa penal de origen, así como copias auténticas del toca penal 13/2020, del índice de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y de la carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA, de la estadística del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; y, de las que se advierte que el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad ordenadora dictó la resolución reclamada y ordenó a la jueza de control responsable que la ejecutara. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles; publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. El toca y la carpeta judicial administrativa de los que derivan los actos reclamados, se tramitan conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de tal acto se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido -resolución de segunda instancia relativa a la revisión de medidas cautelares-, se sigue que la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza ninguna excepción al mismo. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Así, la resolución reclamada, se notificó al quejoso, por conducto de sus defensores particulares, a través de los medios electrónicos autorizados para tal efecto, el diez de marzo del presente año, por lo que esa notificación surtió efectos el once de marzo siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que, el plazo para la promoción del amparo transcurrió del doce de marzo al siete de abril de dos mil veintiuno, previo descuento de los días trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de marzo, uno, dos, tres y cuatro de abril, todos del dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles, en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo; 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo; y, Circular 3/2021 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la Semana Santa. En esa tesitura, si la demanda de amparo que motivó el presente juicio se presentó el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción fue oportuna. SEXTO. Procedencia o improcedencia del juicio. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, para que se pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción de amparo intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sentado lo anterior, resulta conveniente reiterar, que el quejoso comparece a esta vía de control constitucional a inconformarse respecto de los actos reclamados consistentes en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada por 1. Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 13/2021, mediante la cual revocó -para los efectos precisados en la propia resolución- la determinación emitida por la Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en audiencia oral -relativa a la modificación de medidas cautelares- de siete de julio de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA; y, su ejecución. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes relevantes que derivan de los informes justificados, y que son los siguientes: La carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA, del índice del Juzgado Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, se instruye en contra de Juan Rodríguez Barragán -aquí quejoso-, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla; cometido en agravio de César Iván Hernández Rosas -aquí tercero interesado-. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, impuso al hoy quejoso Juan Rodríguez Barragán las medidas cautelares consistentes en: Firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, cada quince días; y, La exhibición de una garantía económica por la cantidad de $ 300, 000.00 (trescientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Las cuales tendrían una duración de diez meses, y fenecerían el ocho de junio de dos mil veinte. (Fojas 193 a 196 del anexo I y DVD-1). El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, Juan Rodríguez Barragán, exhibió ficha de depósito por la cantidad de $ 300, 000.00 (trescientos mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de garantía económica impuesta como medida cautelar. (Fojas 242 y 243 del anexo I). Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veinte, ante el juzgado de control, Juan Rodríguez Barragán, solicitó la devolución de la garantía económica exhibida como medida cautelar (fojas 387 y 388 del anexo I); por lo que, la jueza de Control responsable, en auto de diecisiete de junio siguiente, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares. Previo diferimiento, el siete de julio del año próximo pasado, tuvo verificativo la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la cual, la jueza de Control (Rosa Aurora Espejel Prado): i) modificó la medida cautelar de garantía económica fijada al imputado -aquí quejoso- en un sesenta y cinco por ciento, por lo que ordenó devolverle la cantidad de $195, 000.00 (ciento noventa y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional); ii) indicó que debía continuar la presentación periódica del imputado, una vez que su salud mejorara y que las condiciones generadas con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19 lo permitieran; y, iii) ordenó girar oficio a la Dirección de Depósitos, Fianzas y Multas, para la devolución de la cantidad en comento. (Fojas 401 a 407 y DVD-4). El diez de julio de dos mil veinte, Miguel Ángel Rivera Monsalvo, asesor jurídico victimal, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución precisada en el punto precedente. (Fojas 417 a 421 del anexo I). El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la jueza de control ordenó remitir las constancias correspondientes a la Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en turno, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto. (Foja 467 del anexo I). El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas, informó a la jueza de control responsable, que devolvió al aquí quejoso el monto ordenado. (Fojas 516 a 518 del anexo I). El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla -Amador Coutiño Chavarria-, resolvió el medio de impugnación interpuesto, dentro del toca 13/2020, de su índice, en el siguiente sentido: ". III. Esta alzada encuentra fundados los motivos de discordia propuestos por la parcialidad impetrante, relativos a la falta de resolución de la A quo, a lo enunciado por el patrocinador legal de la parte ofendida, a saber, primeramente, respecto del debate que versó sobre la incongruencia con que se condujo JUAN RODRÍGUEZ BARRAGÁN a través de su defensa, pues indicó que realizó varios convenios con otros perjudicados en diversas causas penales seguidas por idéntico antisocial que, en suma, arrojan $115,000.00 ciento quince mil pesos que debe cubrir de manera mensual, de ahí que si ahora señala que percibe menos de $50,000.00 no es coherente que pueda satisfacer dicha cantidad y, por ende, se incrementa el riesgo de que se evada de la acción de la justicia; aspecto sobre el cual no recayó ningún tipo de resolución dictado por la togada del conocimiento. De igual manera, la juzgadora dejó de pronunciar razón alguna a uno de los argumentos torales expuestos por el hoy recursante, en cuanto a que existía la entrevista de María del Rosario Juárez Aduana, de la que se desprende que el encausado lanzó amenazas de causarle daño a sus hijos si atestiguaba en su contra. (.) Al respecto, advierto del audio y video remitidos para dirimir este asunto, que la jueza del conocimiento al resolver, no enunció razonamiento alguno referente a tales premisas. (.) En el particular, se tiene que el letrado del ofendido en dicha reunión pública, frente a la potestad primaria, manifestó exhaustivamente su oposición de que se variaran las medidas cautelares por cuestiones relativas a la seguridad de una testigo que intervendrá en el procedimiento y por la falta de congruencia entre las pretensiones hechas por el indiciado con sus datos de prueba aportados ya señalados. Empero, la reguladora de primera instancia, sin atender a esa petición, justipreció que sí era viable la devolución de una parte del numerario en virtud de que si no obraban datos de incumplimiento en los otros procesos penales, en relación con los acuerdos reparatorios que había firmado con distintos dolientes, por qué debía considerar que es esta iba a desacatarlo, sin que ponderara si los datos que le habían hecho saber eran suficientes y guardaban o no coherencia con una verdadera disminución de las igualas salariales que percibía actualmente el inculpado, para así estar en aptitud de dar su fallo que en derecho procedía. Del mismo modo, tenía que atender lo referente a la entrevista de María del Rosario Juárez Aduana, de la cual, supuestamente, derivaron amenazas contra ella y sus hijos. Todo ello evidentemente trascendió al resultado de la decisión que se examina, en la medida que, sin atenderlas, optó por modificar la garantía económica. Entonces, es clara la carencia de la debida fundamentación y motivación de la arbitrante primaria en la medida que debe enfocarse a decidir integralmente la solicitud de los interesados y, eventualmente, continuar con el canal legal adecuado del sumario. Así las cosas, en virtud del ultraje a los derechos fundamentales ya precisados, estimo procedente dejar insubsistente el auto de 7 siete de julio de 2020 dos mil veinte, sin perjuicio de todo lo actuado en dicha audiencia, esto es, hasta el acto donde declara cerrado el debate para el único efecto de que la judicante se avoque exhaustivamente al análisis de aquel pronunciamiento, pero purgando cabalmente los vicios aquí destacados. Por lo expuesto, lo que ahora se impone es revocar el acto reclamado y debiendo fallar es de resolverse: ÚNICO. Se REVOCA el proveído formulado por la juez de control de la región judicial Centro, dentro de la causa 1022/2019/PUEBLA, el 7 siete de julio de 2020 dos mil veinte, para los efectos establecidos en el cuerpo de esta ejecutoria. (.)". Dicha resolución constituye el acto que por esta vía se combate. Ahora bien, del análisis del referido acto reclamado, esta autoridad Federal advierte, de oficio, que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados en sentido contrario), al tratarse de una actuación que no trae aparejada una ejecución irreparable al no afectar materialmente derechos sustantivos; en tanto que el juicio de amparo indirecto únicamente procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dichos preceptos establecen lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte(...)." De los preceptos transcritos se desprende, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, aquellos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable. En ese contexto, los derechos sustantivos que se pueden considerar como de imposible reparación y que tutela la Constitución Federal, son los derechos personales o reales, los cuales surten efectos legales independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras. Ello, en virtud que las afectaciones de esa naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable. Por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable, estará en condiciones de hacerlas valer, a través de los medios de impugnación previstos en ley, o incluso, mediante el juicio de amparo que se intente contra esa determinación. En estas condiciones, la característica fundamental de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables) se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan sólo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Al respecto, es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, Novena Época, registro 180415, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Explicado lo anterior, en la especie, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada por 1. Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación 13/2021, mediante la cual revocó la determinación emitida por la Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, en audiencia oral -relativa a la modificación de medidas cautelares- de siete de julio de dos mil veinte, dentro de la carpeta judicial administrativa 1022/2019/PUEBLA, hasta el acto donde declara cerrado el debate, 'para el único efecto de que la judicante se avoque exhaustivamente al análisis de aquel pronunciamiento' y resuelva conforme a derecho proceda; y, su ejecución. Así, por regla general, la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento por error en la sustanciación del juicio, no afecta materialmente derechos sustantivos, toda vez que tiene efectos meramente procesales o adjetivos. Sin embargo, dicha regla no es absoluta, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato mediante el juicio de amparo, por lo que el análisis de su procedencia contra este tipo de resoluciones implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce el procedimiento, tanto en las cosas como en las personas. En este punto, conviene destacar que los efectos para los cuales la Sala Unitaria ordenó a la jueza de control que dejara insubsistente la audiencia de revisión de medidas cauterales hasta el momento en que declaró cerrado el debate, fueron para que, una vez que analice de manera exhaustiva los planteamientos de todos los intervinientes, en específico, lo alegado por el asesor jurídico de la víctima, en el sentido que: a) pondere si los datos de prueba anunciados por la defensa son suficientes y guardan coherencia con una verdadera disminución de las igualas salariales que percibe actualmente el imputado; y, b) atienda lo referente a la entrevista de María del Rosario Juárez Aduana, de la cual, supuestamente, derivaron amenazas contra ella y sus hijos; hecho lo anterior, dicte el fallo que conforme a derecho corresponda. De lo anterior, resulta patente que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en la resolución reclamada, sino que se trata de violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, en tanto que sólo afecta derechos procesales, pues una vez que la jueza de control analice los alegatos vertidos en la audiencia de revisión de medidas cautelares por el asesor jurídico de la víctima, cabe la posibilidad que dicte una resolución favorable a los intereses del imputado -aquí quejoso- y, en caso de que el fallo le fuera desfavorable, tendrá a su alcance los medios de impugnación previstos en ley, e incluso, agotados aquéllos, el juicio de amparo, para controvertir todo aquello que le perjudique. Habida cuenta que, de ninguna parte de la resolución reclamada se advierte que se hubiere ordenado a la jueza de primera instancia que requiriera al imputado -aquí quejoso- para que reintegrara el numerario que le fue devuelto el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por el Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas, y tampoco la juzgadora lo hizo motu proprio; lo que evidentemente sí hubiera afectado materialmente su patrimonio. En ese tenor de ideas, si la autoridad responsable ordenadora 1. Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, revocó la determinación emitida por la diversa ejecutora, y ordenó a ésta que se avoque exhaustivamente al análisis de lo expuesto por los intervinientes, y hecho ello, se pronuncie sobre la solicitud de revisión de medidas cautelares, pero purgando cabalmente los vicios destacados en la resolución reclamada, es inconcuso que la misma no genera por sí, la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta, pues trastoca -presuntivamente- únicamente derechos de índole procesal. Ello, en atención a que una vez que la jueza de control responsable resuelva nuevamente la solicitud de revisión de medidas cautelares, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria emitida por la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el imputado estará en condiciones de reclamar la misma, si ésta es contraria a sus intereses y afecta derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales. Bajo esa óptica, es evidente que la actuación que en esta vía se combate, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General de la República, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Son aplicables al caso, en lo conducente, las jurisprudencias P./J. 37/2014 (10a.) y P./J. 17/91, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." En esa tesitura, toda vez que el acto analizado no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser estudiado en el amparo indirecto, entonces, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es preciso indicar, que la causa de improcedencia analizada, se interpretó de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, pues el hecho de que el quejoso, en su caso, alegue transgresión a sus derechos humanos o cuestiones de convencionalidad, de ninguna manera puede interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia sean inaplicables; es decir, no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que, el accionante debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, no implica que se le esté negando su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generarse una saturación de los tribunales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis III.4o. (III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que es del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." De igual forma, resulta aplicable la tesis número III.2o.C.3 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Atento a lo anterior, el suscrito Juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide que el juzgador se pronuncie sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Juan Rodríguez Barragán, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Amador Coutiño Chavarría, Magistrado de la Tercera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y 2. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada y, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, secretario quien autoriza y da fe. S E N T E N C I A

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio III-3646/2021, signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca de revisión 97/2021, de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por Armando García Ariza, autorizado en términos amplios del quejoso Juan Rodríguez Barragán, en contra de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, así como los autos originales de dicho sumario y dos anexos; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo directo 241/2021, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, en los términos precisados en la parte final de esta ejecutoria." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se desprende que el Tribunal de Alzada revocó el fallo impugnado y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se haga del conocimiento de las partes el acuerdo respectivo; ello, con motivo que dichas actuaciones -audiencia constitucional y sentencia- fueron signadas electrónicamente antes de la hora y fecha que estaba señalada en autos para ello. Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la parte tercera interesada; por oficio al Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (en vía de acuse); a las autoridades responsables; a la diversa tercera interesada; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio III-3646/2021, signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el toca de revisión 97/2021, de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto por Armando García Ariza, autorizado en términos amplios del quejoso Juan Rodríguez Barragán, en contra de la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio de amparo, así como los autos originales de dicho sumario y dos anexos; en consecuencia, acúsese recibo y agréguese a estos autos las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento del juicio de amparo directo 241/2021, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, en los términos precisados en la parte final de esta ejecutoria." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se desprende que el Tribunal de Alzada revocó el fallo impugnado y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se haga del conocimiento de las partes el acuerdo respectivo; ello, con motivo que dichas actuaciones -audiencia constitucional y sentencia- fueron signadas electrónicamente antes de la hora y fecha que estaba señalada en autos para ello. Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la superioridad, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la parte tercera interesada; por oficio al Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (en vía de acuse); a las autoridades responsables; a la diversa tercera interesada; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Romina Ortiz Avila, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

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