Juan Rodriguez Arreola

Expediente 178/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
178/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Juan Rodriguez Arreola

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Como según la certificación secretarial de cuenta, ha fenecido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciséis de febrero último, que desechó su demanda de garantías, sin que lo haya interpuesto, o manifestado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; de tal forma, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME, para todos los efectos procedentes. De igual forma, como de la constancia secretarial de cuenta, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; asimismo, se realiza su valoración documental como DESTRUÍBLE, en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, ni este Juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial que antecede, no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones del caso, en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a dieciséis de febrero de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, en cuanto apoderado jurídico de -, carácter que acredita con el original del poder general para pleitos y cobranzas que adjunta a dicho escrito, como quedó asentado en la constancia secretarial que antecede, y que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, con el número VII-178/2023-2. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: El auto dictado el nueve de febrero en curso, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ejecutivo mercantil -, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el diverso auto de cuatro de enero último, que admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, tanto en su demanda, como en el escrito mediante el cual, dio respuesta a lo expuesto por dicha demandada, en su contestación de demanda. Al respecto, el Suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional, por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción IX, todos del mismo ordenamiento legal, por las siguientes razones: El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." El artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo estipula: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. Del texto de dichos preceptos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para la parte quejosa, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de los agraviados, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de las llamadas garantías individuales y derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, pero si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del agraviado. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para la parte quejosa, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que pudiera resentir con esa clase de actos y que no se le puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto dictado el nueve de febrero en curso, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ejecutivo mercantil -, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el diverso auto de cuatro de enero último, que admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, tanto en su demanda, como en el escrito mediante el cual, dio respuesta a lo expuesto por dicha demandada, en su contestación de demanda, actuaciones que ahora constituyen los actos reclamados; y por ende, componen actos procesales; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no generan contra su esfera jurídica de derechos, una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha determiación no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa, sino sólo, y a lo más, en sus derechos adjetivos, lo que incluso puede encontrar reparación al resolverse el juicio de origen en definitiva. Como se ve, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, no constituye una violación de carácter irreparable para la parte quejosa, ya que sólo tienen efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio; por ello, se estima que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, los actos que se impugnan, no son de aquéllos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que obtenga resolución favorable a sus intereses en el juicio natural; y sólo en el caso de que no fuera así, ésta tiene oportunidad de hacer valer las violaciones de las que ahora se duele, en el amparo directo que promueva en virtud del fallo que le resulte desfavorable y aquéllas hayan trascendido al sentido de este último. A lo anterior, es aplicable por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 24/92, que de Octava Época, ha emitido el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Igualmente, es aplicable al caso, la Jurisprudencia visible en la página 538, del Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial". De lo expuesto, se obtiene que, en el particular, el auto dictado el nueve de febrero en curso, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, dentro del juicio ejecutivo mercantil -, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, contra el diverso auto de cuatro de enero último, que admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, tanto en su demanda, como en el escrito mediante el cual, dio respuesta a lo expuesto por dicha demandada, en su contestación de demanda, no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que afecta derechos procesales y los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrán desaparecer si la parte afectada, como ya se dijo, obtiene una sentencia favorable en el juicio de origen. Bajo tal escenario, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resultan manifiestas e indudables, las causas de improcedencia que se mencionan, por lo que SE DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y 172, fracción IX, todos del mismo ordenamiento legal. Por tanto, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo, para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere de su consentimiento. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a la parte quejosa, para que, cuando le sea posible y de estimarlo pertinente, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE), dar de alta al usuario -, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que se le notifique por este medio, e igualmente tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo. Finalmente, se tiene a la parte quejosa, por autorizada para recibir notificaciones, a la persona que precisa en su libelo constitucional Notifíquese vía electrónica.

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